Un diario que no es La Extra, La Prensa Libre, La República, Al Día o La Teja publicó: Trabajadores de Japdeva ganan más incapacitados que trabajando. En la misma semana dedicó un editorial sobre los “privilegios” de esos mismos trabajadores. No resultó el chantaje, tampoco la compra de conciencias, entonces en el manual para hacer negocios a costa del Estado lo que sigue es la mentira y la amenaza.
Cuando el Gobierno de José María Figueres, bajo el supuesto de “modernización y reingeniería” cerró el Ferrocarril al Atlántico, favoreciendo al negocio del transporte por carreteras, los titulares de ese mismo medio fueron igualmente tendenciosos y falaces. No importó despedir a más de 2.000 trabajadores, que se afectaran sus familias ni que sus hijos no pudieran estudiar: 15 años después la Presidenta Laura Chinchilla admite que fue un error cerrar el Ferrocarril al Atlántico. Hoy afilan sus colmillos contra otra institución limonense: JAPDEVA (La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica).
JAPDEVA representa distintas cosas para personas diferentes: para escuelas y colegios, aulas; para algunos municipios, calles; para mi, la institución que me permitió cursar los estudios secundarios y me abrió las puertas a una educación universitaria; para la provincia de Limón, la esperanza de un desarrollo integral de todo el Litoral Atlántico. No puedo guardar silencio cuando veo repetirse la misma charlatanería que se hizo con el Ferrocarril.
Mentiras y desinformación. Mienten o por ignorancia manifiestan, o no les importa desinformar: una convención colectiva es un conjunto de acuerdos suscritos entre el patrono y sus trabajadores porque así lo permite nuestro Código de Trabajo. Todo el contenido es por acuerdo voluntario entre patrono y empleados.
Tanto JAPDEVA como sus trabajadores están llamados a cumplir con los compromisos que voluntariamente asumieron. Pero vayamos un poco más allá: el señor presidente ejecutivo de JAPDEVA, Allan Hidalgo, nos sorprende cuando critica con tanta virulencia la convención colectiva después de haber ocupado el cargo de asesor legal de JAPDEVA al momento de pactarse este tipo de acuerdos. ¿Y entonces, a quien le creemos? ¿Al asesor legal de ayer o al presidente ejecutivo de hoy?
Los responsables del desorden. El problema de desorden administrativo en JAPDEVA es real y necesita resolverse, pero con honestidad. Sin excepción empleados y patronos tienen la obligación moral de sentarse y cerrar los portillos de abuso de la convención. Así se hace cuando hay intenciones de resolver los problemas, pero cuando la intención es de perpetuarlas con el propósito de usarlas como excusa o argumentos para satisfacer otros intereses como la concesión de puertos, de la retórica y los señalamientos no pasa el asunto.
Los jerarcas de JAPDEVA tienen la ineludible responsabilidad de administrar la institución en forma eficiente y productiva. De la responsabilidad de este desorden administrativo no se escapa nadie, hay suficiente para bañar a todos por igual.
Dentro de las funciones que le corresponde al Ejecutivo está la de resolver los problemas en su empresa y poner orden cuando es necesario, no quejarse en la prensa nacional por los problemas que le corresponde resolver.
Cuando el Ejecutivo se encuentra con dificultades en el cumplimiento de sus deberes, recurre a sus órganos superiores y, si el apoyo de estos no le satisface, le queda la opción de renunciar y le da la oportunidad a otro con la capacidad de cumplir la tarea.
Decir que el desorden administrativo es culpa de los trabajadores o su organización sindical es una excusa inaceptable.
Eso es reflejo de una pésima administración. Los trabajadores no son quienes han sido nombrados para administrar y dirigir la institución. Más preocupante es aun cuando un medio se presta voluntaria o involuntariamente para difundir, como si fuesen noticias, conceptos tan distorsionados y apartados de la realidad.
*Empresario
