Los grandes consorcios empresariales-corporativos, los de los capitales concentrados, abusivamente y hasta ilegales en no pocos casos (a los cuales hay que ponerles rostro, cara… y en eso estamos), están (y con la ayuda de su “peonada político-parlamentaria, mediático-latifundista), rotunda y férreamente opuestos a dos cosas; y, harán lo que sea para impedir que este estado de cosas cambie, aunque sea un poco.
PRIMERO: Están radicalmente en contra de que a la fuerza obrero-laboral que explotan se le pague un poco más y más decentemente, si se cambia el actual sistema del salario mínimo en el sector privado, estableciéndose algo nuevo en Costa Rica, como el concepto de “Salario Mínimo Vital”.
SEGUNDO: Están brutalmente en contra de que se les pare la fiesta orgiástica de acumulación desenfrenada de la riqueza a la que están acostumbrados. Con toda furia, no quieren: a) que se les pare, contundentemente, la robadera de impuestos y tributos en todas sus manifestaciones; b) que se les controle, de verdad, el abusivo sistema de exenciones y exoneraciones con el que hacen grandes negocios; c) que se les ponga a pagar impuestos realmente progresivos de acuerdo a las ganancias de capital anuales que obtienen; y, d) que se les controle la plata que manejan en el sistema financiero-bancario, producto de su asociación directa o indirecta, tácita o implícita, con la impresionante cantidad de dinero sucio producto del crimen organizado que se lava todos los días, hora tras hora, en la economía nacional.
Ante la amenaza que les representa que algo de lo anterior pudiera cambiar, para beneficio del bien común y de las grandes mayorías; decidieron desviar su atención, respetado pueblo ciudadano que nos honra leyéndonos, hacia el sistema de Empleo Público, vía manipulación mediática, a fin de que usted asuma que quienes trabajan para el Estado son una “pandilla de facinerosos”, una “maleantada”; misma que está sumida en una “orgía salarial”, llena de privilegios, prebendas, gollerías, beneficios. Por todo ello es que hay déficit fiscal, afirman.
Más allá de lo que haya que discutir y cambiar en materia de Empleo Público, rechazamos, tajante y rotundamente, que el personal asalariado estatal sea el responsable del déficit fiscal.
Éste es producto, por ejemplo, de la robadera de impuestos, de esas exenciones y exoneraciones abusivas, de la ausencia de verdaderos impuestos de renta al capital, de la altísima cantidad por pago de intereses de la deuda del país; e, incluso, de la ausencia de un impuesto a las transacciones bancarias que transitan en el circuito financiero del país, producto de las astronómicas sumas de dinero sucio producto del crimen organizado.
Le han intoxicado a usted, ideológicamente hablando; y han agredido psicológica y emocionalmente, a miles de conciencias obreras asalariadas y empleadas del sector Público; las cuales trabajan de manera decente, honesta, honrada, comprometida con el servicio público en el cual laboran.
Como representantes de una de las corrientes sindicales más importantes del país en estos momentos, hemos planteado (incluso, generando la incomprensión y hasta el ataque de otros de nuestros pares en esta lucha social), que todo lo que haya que hablar del Empleo Público, debe hablarse; que todo lo que haya que corregir del Empleo Público, debe corregirse (para arriba – para abajo); que todo lo que crean que deba transformarse en materia de Empleo Público, lo podemos discutir.
Paralelamente, es contundente nuestro rechazo a que se derogue, de facto, el Estado Social de Derecho que todavía está rigiendo las relaciones obrero-patronales en el Empleo Público; tal y como lo está haciendo, saltándose la Constitución y la Ley, la ARESEP; o como lo pretende el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, propiciando la desaparición tácita de los alcances constitucionales establecidos en materia de Convenciones Colectivas de Trabajo de todo tipo, hasta las municipales.
Lo que pretenden es que no quede piedra sobre piedra en materia de Empleo Público; y, en lo específico, exterminar, liquidar, anular, reducir al mínimo a las organizaciones del conglomerado laboral estatal: sus sindicatos; mismos que, por cierto, plantean el tema del salario mínimo en el sector privado de la economía.
¡No dejan alternativa! Así es que el próximo lunes 26 de octubre de 2015, a partir de las 6 horas y en varios puntos de la República, importantes grupos de trabajadores y de trabajadoras que laboran para una diversidad de servicios públicos, se habrán de manifestar, de manera pacífica y cívica, en estado de huelga; para repudiar la perversa campaña en su contra; para defender su propia dignidad, su empleo, su salario y la seguridad de sus propias familias; e, incluso, para defender el propio Estado Social de Derecho.
Además, dado el “encierro carcelario” que significa para las personas trabajadoras del sector privado no poder manifestarse libremente pidiendo mejores condiciones de trabajo, como el cambio en el sistema del salario mínimo, todas esas miles de conciencias laborales del sector Público lo harán por ellas.
Se debe concebir esta huelga que arranca el próximo lunes 26, como parte de un proceso de acumulación de voluntades y de fuerzas, cívico-patrióticas y sindicales-sociales, hacia un potentísimo movimiento de unidad popular en la acción, en semanas próximas. Ya el pasado viernes 16 de octubre, una importante expresión de voluntades líderes en tal sentido, se manifestó. La Democracia de la Calle, ¡otra vez!, se expresará este lunes 26… y del lado correcto.
