¡Claro que nos falta mucho más! ¡Pero ya empezamos! Esta lucha por la defensa de los servicios públicos que se dan desde los ministerios del Poder Ejecutivo, de las entidades adscritas a los mismos, de las que reciben desde éstos diversos tipos de transferencias, ¡apenas empieza!
Es una especie de “evangelización política” que implica ganarse, una a una, las conciencias (incrédulas no pocas, temerosas otro tanto y escépticas la mayoría), eso sí amenazadas todas, en cada una de esas instituciones.
Es más, a conciencias empresariales que dependen de las compras de bienes y servicios que realizan todo este tipo de entidades del Poder Ejecutivo, para llevarlas al movimiento a fin de que sus negocios se mantengan y prosperen, porque si no es así, van a quebrar y dejarán a mucha gente sin empleo.
Esta especie de “evangelización política” para responder a la cruzada fundamentalista en contra del empleo público, es durísima. Sin embargo, hemos decidido emprenderla contra viento y marea, de conformidad con nuestras responsabilidades sindicales inmediatas; acorde con nuestra visión de país; así como siguiendo la hoja estratégica que marca el desarrollo de nuestro accionar en el seno de la corriente sindical en la cual militamos.
Quienes nos manifestamos el pasado lunes 20 de octubre, entregamos a la Asamblea Legislativa, dos documentos que resumen la visión construida, responsablemente, desde nuestra acera, la de “los y las de abajo”, sobre este asunto de recorte presupuestario, déficit fiscal, sistema tributario y justicia social; aspectos todos que están intrínsecamente ligados entre sí.
Resumimos, de seguido, algunas de las razones (contenidas en uno de los dos documentos entregados), que nos han motivado para asumir esta durísima carga, contra toda adversidad; teniendo siempre presente que, toda una vida, estas luchas “contracorriente”, siempre van de menos a más, pues están impregnadas de profunda justicia, sólida argumentación y nobles objetivos.
Nuestra conclusión central es que tales recortes al presupuesto de los ministerios para el 2015, en términos generales, muestran cuatro características esenciales.
PRIMERO: Agravan la afectación a diversos servicios públicos que se prestan desde los ministerios y sus programas y entidades adscritas; servicios que ya de por sí venían sufriendo grave deterioro y precariedad producto de restricciones presupuestarias severas en años anteriores.
SEGUNDO: Tales servicios están destinados a atender necesidades básicas de grupos de costarricenses muy desfavorecidos, económica y socialmente hablando. Los recortes, por tanto, profundizarán la dolorosa y peligrosa desigualdad en nuestro país.
TERCERO: En términos generales, estos servicios públicos son prestados por personas trabajadoras asalariadas del sector público central, cuyos regímenes salariales están en los niveles bajo y medio, así que no se ostentan lo que denominan algunos como “salarios de lujo”.
CUARTO: Por más recortes que se apliquen, incluso llegando a cierres técnicos ministeriales (como el caso de Cultura), no resolverán el grave problema del déficit. Al contrario, esos recortes, si se consolidan, agravarán más la situación social del país y de sus sectores más golpeados por el proceso concentrador de riqueza.
Por otra parte, lamentamos que tenga demasiado ruido una especie de “gritería histérica” en relación a los probables porcentajes de déficit fiscal en el presupuesto “general de la República” para el 2015; desarrollándose una malsana campaña de ataque al empleo público; pretendiéndose que la ciudadanía no pueda aquilatar y justipreciar, en igual dimensión y proporción, una serie de aspectos inherentes al asunto del déficit fiscal que deberían considerarse, más allá del tema de las remuneraciones salariales de quienes laboran para el sector Público. Veamos:
LA DEUDA DEL PAÍS. En el presupuesto en trámite, se contempla 1 billón, 700 mil millones de colones (1.700.000.000.000.00), para compromisos de deuda del país, en el 2015. ¿A quién le debemos?; ¿cuánto en total? ¿Quién gana con el pago de intereses? ¿Cuál ha sido la trayectoria del endeudamiento en las últimas administraciones gubernativas? ¿Con cuánto nos endeudamos en cada uno de esos gobiernos?… Solamente este pago de deuda para el 2015, es casi un 6% de Producto Interno Bruto (PIB). Entonces, el déficit es por la deuda; no por los salarios, ni por la inversión para la operatividad de los ministerios.
EXENCIONES Y EXONERACIONES. La propia Contraloría General de la República (CGR), las ha cuantificado en un 5.8% de PIB. Es decir, prácticamente, otro 6% de PIB: 1.740.000.000.000.00 colones.
EVASIÓN TRIBUTARIA Y ELUSIÓN FISCAL. El propio Ministerio de Hacienda las calcula en un 7.75% de PIB. Es decir, prácticamente, un 8% de PIB. Casi 2.400.000.000.000.00 (¡Dos billones cuatrocientos mil millones de colones!).
DÉFICIT FISCAL. Ante la “gritería histérica” de que el “apocalipsis fiscal” está cerca dado que en el 2015, el déficit estará en un 6 – 7 de PIB, ¿por qué no definir con cuánta cifra podemos vivir y con cuánta cifra no? Así determinaríamos abordajes racionales y objetivos para manejarlo.
LOS RESPONSABLES DEL DÉFICIT. Es igualmente imperioso (como en lo de la deuda), determinar la responsabilidad de los gobiernos inmediatamente anteriores al actual, en la generación del déficit que alimenta la actual “histérica gritería” por su “elevada” cifra. Pareciera que “no se pueden tirar piedras teniendo techo de vidrio”. ¡No sacrifiquen al pueblo por este asunto del déficit, motivados por trifulcas politiqueras inter-partidos o intra-partidos!
PRESUPUESTO “GENERAL DE LA REPÚBLICA”. Se puede establecer otra contabilidad de las finanzas estructurales del Estado, considerando la totalidad del aparato que lo compone. Los especialistas admiten que en este parlamento solamente se debate acerca del 40% de la estructura financiera global-integral del Estado. El otro 60% pasa por otro lado, específicamente, por la Contraloría General de la República (CGR). Por eso es que ponemos entre comillas, la frase “general de la República”.
EMPLEO PÚBLICO. En lo que respecta a la corriente sindical que representamos, básicamente conformada en la coalición sindical “PATRIA JUSTA”, hemos propuesto al Gobierno una serie de planteamientos al respecto. Deben los sectores líderes de la cruzada fundamentalista contra el empleo público, tanto los que se ven como los que están ocultos, definir qué es lo que quieren en materia de empleo público, toda vez que con las generalizaciones abusivas y la satanización indiscriminada que están ejecutando, solamente atizarán la hoguera de la confrontación social abierta.
RECORTES: QUIEBRA DE EMPRESAS Y DESEMPLEO. Los recortes aprobados en comisión, de materializarse, afectarán a muchas micro, pequeñas y medianas empresas que tienen en el sistema de compras del Estado, su razón fundamental para existir. No puede negarse que no pocos empleos asalariados del sector privado, precisamente dependen de esta parte del sector público, para el sostenimiento de cientos y cientos de familias. Los recortes aprobados en comisión generarán quiebras de empresas y, por tanto, incrementarán el flagelo del desempleo; amén de una serie de demandas por rompimiento contractual unilateral en materia de alquileres, de servicios de limpieza, de vigilancia y otros.
RECORTES: SUS AFECTADOS SÍ PAGAN IMPUESTOS. Las personas trabajadoras, asalariadas o no asalariadas, que están ligadas a cada uno de los recortes presupuestarios que se están imponiendo, pagan, puntualmente, los dos impuestos fundamentales del sistema tributario costarricense; por cierto que ambos, en situación de alta regresividad que los hace totalmente injustos. El de renta, si corresponde, es rebajado de planilla. El de ventas, al momento mismo de la compra.
RECORTES: DÉFICIT SEGUIRÁ-MÁS CONFLICTO SOCIAL. Estos recortes, por más drásticos que sean, no resolverán el problema del déficit fiscal. Por el contrario, potenciarán más el conflicto social. Por un lado, a lo interno de los ministerios por la inestabilidad laboral y salarial en perspectiva (eliminación de partidas para anualidades, dedicación exclusiva y otras; rebajas salariales no descartables, cero recursos, ambiente laboral precarizado en grado sumo, etc.). Por otro, las demandas de la población receptora de muchos de esos servicios públicos ministeriales, que los recibirán en condiciones más deterioradas, auguran una mayor conflictividad usuario-laboral.
RECORTES: MÁS DESIGUALDAD. Los recortes aprobados y eventualmente por consolidarse, incrementarán el pernicioso tránsito que lleva este país por los injustos caminos de la desigualdad creciente y sistemática, fortaleciendo su contracara: la concentración abusiva de la riqueza. ¡Seguiremos! ¡No pararemos!
