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Las poblaciones vulnerables y en riesgo de exclusión social: víctimas inocentes del problema fiscal.
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Drama social que cuestiona la ideología del equipo económico PLUSC-PAC
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Debemos hacer constar nuestra más enérgica condena por la grave violación de Derechos Humanos que ha ocurrido en contra de los niños y de las niñas que se quedaron sin atención y sin comer en los centros de atención de la denominada Red de Cuido, por cuanto no recibieron durante el mes de diciembre los fondos necesarios para su funcionamiento.
Tal violación a los Derechos Humanos de esta vulnerable población infantil al borde de la exclusión social, también afectó al estudiantado receptor de las becas del programa Avancemos, así como a las familias en pobreza extrema que dependen para su subsistencia vital y mínima de las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La responsabilidad política, personal y directa, le corresponde a la señora Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya; sin que por ello se exima a sus superiores máximos, los señores Alvarado y Piza.
Generar gran vergüenza saber que Costa Rica, cuyos gobiernos vienen tirando piedras en materia de Derechos Humanos, tiene techo de vidrio, considerando la integralidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, incuestionablemente, cubre a las poblaciones violentadas con la deshumanizada retención de fondos que ha denunciado, de manera tan atinada, la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica(Unared).
Esta circunstancia dolorosa no puede ser catalogada de otra forma como una acción socialmente criminal, dejando al desnudo que la gente (sobre todo la más vulnerable, económicamente hablando), no es prioridad para la tríada gobiernista PLUSC-PAC; sino las cuestiones macro-fiscales tendientes a fortalecer al sector bancario-financiero del país, gran ganador de los últimos tiempos con el crecimiento de la desigualdad y de la concentración de la riqueza.
El Estado, según nuestra concepción, es uno sólo y, por tanto, las necesidades urgentes de la población costarricense ya excluida en lo económico o en riesgo de serlo, debió ser absoluta prioridad antes de que el Ministerio de Hacienda prefiera correr a pagarle al Banco Central de Costa Rica (BCCR), los 498 mil millones de colones en deuda de corto plazo que esta última entidad le había prestado; siendo que ambas entidades son parte de la misma estructura financiera- estatal del aparato público costarricense.
Definitivamente, esta dolorosa situación de discriminación social y de violación de Derechos Humanos no solamente cuestiona uno de los principios básicos del neoliberalismo, la “independencia” del BCCR; sino que, además, muestra que Costa Rica seguirá en severo retroceso afectando a las mayorías trabajadoras del país, si se sigue insistiendo en un proyecto ideológico cuyo fracaso ya es constatable en varias partes del orbe, con fuertes resistencias populares.
Lamentablemente, en la hegemonía político-gubernativa dominante en nuestro país, lo que nosotros denominamos el triunvirato PLUSC-PAC, no hay ya contenidos ni socialdemócratas ni de humanismo cristiano en quienes gestionan la política económica fiscal del binomio Alvarado Piza.
Debemos resaltar la oportuna reacción de denuncia de parte de la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica (Unared), expresando la total disposición de la ANEP de colaborarles en lo que estimen conveniente.
San José, viernes 4 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
