-Emplazamiento público a Oscar Arias, a Laura Chinchilla y a Francisco Jiménez (exministro del mopt de ambos y expresidente de japdeva): ¡salgan a dar la cara!
-ANEP hace un llamado a especialistas jurídicos patrióticos para llevar el caso al Ministerio Público
¡Inmoral!, ¡Antiético!, ¡Vulgar! Son los más apropiados calificativos que encontramos, al hacerse público ya, para calificar el proceso de “renegociación”, a la baja, de las altísimas tarifas de operación portuaria que, complacientemente, le fueron concedidas al emporio transnacional APM-Terminals, al cual le fue otorgada la operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), hasta hace poco operada por JAPDEVA; mediante un proceso de concesión tan controversial como cuestionado, en su momento, por los sindicatos SINTRAJAP y ANEP y otros sectores de la ciudadanía patriótica costarricense, alertando de manera preventiva y en su momento lo que ya es una realidad: una concesión fallida que está golpeando (y que golpeará todavía más), el bolsillo del pueblo trabajador.
Efectivamente, tanto SINTRAJAP como ANEP desplegamos una rotunda oposición, técnica y profesionalmente fundamentada, a esa concesión, abusiva y expoliadora del patrimonio público nacional, en manos de JAPDEVA. Hoy, con la frente muy en alto, decimos: ¡TENÍAMOS RAZÓN! Con JAPDEVA se hacía mejor y era más barato.
En los últimos meses hemos visto al gran empresariado exportador-importador rasgarse las vestiduras, llorar lágrimas de cocodrilo, al sentir en carne propia la voracidad tarifaria de AMP-Terminals, cuando en aquel momento vilipendiaban las posiciones sindicales responsables y patrióticas que denunciábamos lo que finalmente ocurrió: el expolio de JAPDEVA y la entronización de una especie de saqueo legalizado a las golpeadas finanzas de la gente. Particularmente ha sido tan fuerte la gritería de los exportadores bananeros y piñeros que Carlos Alvarado Quesada les abrió la mesa de la “renegociación”. El político del PLN, también gran empresario del banano, Antonio Álvarez Desanti, salió a dar, de manera farisea, también su lamento testimonial.
Los términos de la “renegociación” ya están dados: Se trata de una “renegociación” entreguista como lo fue la propia concesión. APM-Terminals no perderá un solo centavo de dólar y será el Estado, el pueblo costarricense, el que le repondrá cualquier rebaja tarifaria, por mínima que ésta sea.
Las alternativas para que APM, si accede a rebajar tarifas, no pierda un centavo son las siguientes: a) ampliar el plazo de concesión, a más de los 33 años inicialmente otorgados; b) reducir el aporte que la transnacional debe dar para el desarrollo de Limón; c) que el Estado le construya obras adicionales y/o que le compre equipo para una mejor operatividad; d) que el Estado le gire dinero, fondos, directamente a favor de APM, es decir, que el pueblo todo, a través de los impuestos que paga, le subsidie a los exportadores-importadores su actividad en los muelles del Atlántico.
Así fue pactado en el contrato de concesión que negociaron en su momento Oscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda, en su condición de ocupantes de la Presidencia de la República, al dar la viabilidad política pertinente; junto al señor Francisco Villalobos, ocupante en ambos gobiernos de la cartera ministerial de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como también de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA. ¡Salgan a dar la cara!
ANEP hace un llamado a connotados especialistas jurídicos de naturaleza patriótica para que analicen la posibilidad de llevar a estas personas al Ministerio Público, pues son las responsables directos de un contrato tan perjudicial para el patrimonio público del país y tan perversamente dañino para los bolsillos del pueblo costarricense, que ya ha sido sumamente explotado con esta leonina concesión; sin hablar de lo que ya está sufriendo la comunidad limonense y lo que todavía le espera a ésta si esta barbaridad contractual se consolida todavía más.
Dejamos constancia explícita de nuestro respetuoso anhelo para que las fuerzas vivas y sanas de la comunidad limonense asuman, ahora, un renovado papel de responsabilidad cívica ante esta vergonzosa e indignante circunstancia con este, repetimos, inmoral, antiético y vulgar proceso de “renegociación” de las abusivas tarifas que se están cobrando en las tarifas de Moín por parte de la transnacional APM Terminal; especialmente en estos momentos en que el propio Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), don Rodolfo Méndez Mata está admitiendo, cínicamente, que esta concesión fue un error.
Como la capacidad de soñar no tiene límite, tal vez sí sea ésta la ocasión en que el pueblo limonense se levante y demande un real respeto de parte de los gobernantes a tanta burla reiterada por parte de las sucesivas autoridades ejecutivas y legislativas del ya tripartidismo reinante en la cosa pública del país.
“Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la Patria, es mucho más grave e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan”: apelamos a este extraordinario pensamiento cívico del gran patriota costarricense, don Joaquín García Monte, para reiterar el llamado vehemente a que don Óscar Arias, a doña Laura y don Francisco Jiménez, para que salgan a dar la cara; y, ojalá, tengamos la oportunidad de ver que dan la cara en estrados judiciales.
San José, viernes 3 de enero de 2020.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
