Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
El país está totalmente crispado. Estamos en medio de una severa crisis económico-social desde antes de la llegada de la pandemia. Ésta la agudizó. Costa Rica se ha desdibujado completamente, al punto de que estamos ubicados en el listado de los 10 países más desiguales del planeta. Llegamos a una situación tal en que la quiebra técnica del Estado será realmente dramática en el corto plazo, si no hay de por medio modificaciones estructurales que corrijan el errático rumbo que le han impuesto al país los gobernantes partidos tradicionales.
En lo inmediato, la clase política tradicional solamente atina a seguir impulsando medidas económico-fiscales, dentro de los parámetros fundamentales que han dado soporte al gran fracaso económico-social en que han sumido al país. No muestran ni el mayor asomo de creatividad ni de innovación para sacar a Costa Rica del pantano en que está.
Como gran cosa, lo apuestan todo a un préstamo-convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 2.250 millones de dólares, de los cuales ya la Asamblea Legislativa aprobó el primer tracto, estando en este momento en fuerte debate lo concerniente a los restantes 1.750 millones de dólares.
Alvarado y su gobierno le están proponiendo al FMI asumir, a cambio de ese dinero, una serie de compromisos que no son más que un nuevo paquetazo de impuestos en contra de los sectores mayoritarios de la población costarricense; precisamente los grupos sociales más afectados por las políticas económicas de los últimos gobiernos y sus duras consecuencias en cuanto a precarización del trabajo, desempleo creciente, salarios congelados, ruina micro-pequeña y mediana empresarial; continuación del fraude fiscal y de las exorbitantes exoneraciones, más una fuerte alza en la concentración de la riqueza. Todos estos problemas se agudizarán con el convenio-préstamo con el FMI.
Lo paradójico del asunto es que el país posee, custodiada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), una alta cantidad de dólares; específicamente, unos 8.500 millones de dólares conceptuados como reservas monetarias. 1.750 millones viene a representar, aproximadamente, un 20% de ese monto de dinero guardado en el BCCR.
Sin embargo, tienen al país en medio de una gran tensión, en ruta de confrontación abierta, por su obcecada insistencia en que no hay más alternativa que acudir al FMI para obtener ese préstamo. Precisamente, en este mismo día, cientos de compatriotas se manifiestan en diversos puntos del país para mostrar su repudio (entre otros objetivos), a la propuesta de Alvarado de amarrarnos al FMI.
Con el apoyo total de Alvarado, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey repite, una y otra vez que no se puede coger esa plata; que no es posible utilizar esos dineros de las reservas monetarias como alternativa al préstamo-convenio con el FMI.
Para la ciudadanía de a pie, resulta incomprensible la posición del señor Cubero Brealey, como si el dinero, como si esas reservas monetarias fueran de su propiedad personal. Lo que pasa es que don Rodrigo está matriculado ideológicamente: él pertenece a esa secta de economistas neoliberales para los cuales uno de sus principales dogmas es la “independencia” del Banco Central, algo tan ridículo si lo contrastamos con la pertenencia de él al equipo económico gubernativo de Alvarado. Entonces, ¿cuál independencia?
Lo que tenemos que entender es que la cerrazón del presidente del Banco Central, su postura ideológica, la fuerte resistencia que muestra para comprender que no estamos en tiempos normales, obliga a que los sectores organizados de las mayorías populares, de manera consistente, construyamos la alternativa que le haga frente a lo que él representa y a los sectores que él protege.
Don Rodrigo sigue apelando a los postulados “sagrados” del recetario macroeconómico que él aplica a la situación estructural nacional de las finanzas públicas; todo lo cual va en contra del bien común y de la inclusión social. La necesaria consigna del momento, don Rodrigo Cubero Brealey, ¡suelte el dinero!, no tendrá el impacto necesario si no es pronunciada, con acciones concretas, por las miles de voces de las personas que nos sentimos perjudicadas por el recetario del señor presidente del BCCR.
