Mediante el Voto No. 152, del 25 de febrero de 2005, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha reivindicado el derecho fundamental a percibir salario mínimo, de un grupo de trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); quienes han venido sufriendo los más insospechados maltratos por parte de las autoridades de la institución y la indiferencia de las autoridades políticas nacionales por más de cinco años.
A estas personas, que laboran para una institución pública y que con lo que ganan allí mantienen a sus familias, no se les ha estado reconociendo el salario mínimo legal; estableciéndose una discriminación con respecto a los trabajadores fijos que realizan exactamente el mismo trabajo en idénticas condiciones. Tampoco se les reconoce otras reivindicaciones colaterales, como el Salario Escolar.
Adicionalmente, las autoridades administrativas de INCOP han llegado al absurdo de negar el derecho a percibir subsidios por incapacidad, pese a que todos ellos cotizan mensualmente para la Seguridad Social.
En la sentencia de comentario, los miembros del Tribunal de Casación resolvieron lo siguiente: “Se condena al demandado a cancelarle al actor el salario base o sobresueldo que si les reconoce a los trabajadores fijos (incluyendo el porcentaje que se debe pagar en forma acumulativa en el mes de enero de cada año por salario escolar); así como las diferencias resultantes por ese concepto en los renglones de vacaciones y aguinaldo y los intereses sobre dichas sumas desde que los rubros se debieron haber pagado y hasta su efectiva cancelación.”
El voto de la Sala reestablece la justicia en el INCOP, institución que hasta el día de hoy, había permanecido como una “república independiente”, a la que ni siquiera las autoridades políticas superiores habían podido someter al ordenamiento jurídico costarricense.
Reiteramos nuestra confianza absoluta en la independencia de los tribunales laborales, que representan una luz de esperanza para la clase trabajadora costarricense.
San José, 4 de marzo de 2005.
