Todos los sectores sociales y populares se han venido articulando, en medio de una gran diversidad, para desplegar con éxito lo que hemos denominado el REFERÉNDUM DE LA CALLE.
Ahora bien, si la Asamblea Legislativa y/o el propio Gobierno de la República abogan porque esta dura situación de confrontación social a la vista, se resuelva dentro de los cauces de la institucionalidad republicana; la opción de un referéndum para consultar al pueblo en el asunto del TLC, podría ser viable con ciertas condiciones, como las siguientes:
1- La promoción y el financiamiento necesario para un profundo, pausado y altamente equitativo debate nacional, de frontera a frontera y de costa a costa, que permita a la gente conocer qué contiene el denominado TLC, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. Este proceso es imprescindible para que el mayor número posible de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses tengan plena noción sobre lo que se irían a pronunciar, ya sea a favor ó en contra.
2- Bien podría promulgarse una ley para el caso específico de un referéndum sobre el TLC; no obstante, tal legislación debe tener suficientes normas claras y fundamentales como la igualdad de acceso de las tesis encontradas (el NO y el SÍ); de forma tal que ambas posiciones tengan la misma cantidad de espacios en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, para que la gente tenga equidad en el acceso a las argumentaciones en uno u otro sentido.
3- En la redacción de dicha ley, deben tomar parte las representaciones sociales y productivas más visibles, en cuanto a las posiciones encontradas sobre el TLC. Además, debe establecer que los dineros que habrían para financiar campañas de base en una ó en otra dirección, deben acreditar total transparencia y procedencia ética.
4- Sería necesario la conformación de una Comisión de Alto Nivel, constituida por ciudadanos y ciudadanas de altísima honorabilidad y de incuestionable solvencia moral, para fiscalizar todo el proceso organizativo; comisión que trabajaría conjuntamente con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para certificar una credibilidad absoluta e incuestionable sobre el proceso de debate y sobre los resultados finales de una consulta popular como ésta, sin precedentes en la historia nacional.
San José, 3 de marzo de 2005.
