La renuncia de la Intendenta de Pensiones, Marjorie Jiménez Varela, y el escandaloso salario que devengaría de 11 millones 400 mil colones mensuales, le da una nueva dimensión a la discusión sobre tema del Empleo Público y a las remuneraciones de los mismos, especialmente tratándose de los máximos cargos de la alta cúpula política-tecnocrática del Estado, en toda su institucionalidad.
Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP es urgente la promulgación de una ley general para regular los salarios al más alto nivel de toda la cúpula “político-tecnocrática y burocrática del Estado”, estableciendo que ningún salario debería estar por encima del que se asigne al máximo cargo público del Estado, que es el de Presidente de la República y que, “además, se llega a él por decisión soberana del pueblo, mediante las elecciones cuatrienales”.
“Particularmente, deben ventilarse, públicamente, la naturaleza actual del régimen salarial en todos los entes del sistema financiero público, de las superintendencias, los bancos del Estado, los organismos reguladores, rectores y contralores”, dijo Vargas.
Para la ANEP los salarios que se pagan en las altas jerarquías de la Superitendencia de Pensiones (Supen), en la Superintendencia de Valores (Sugeval), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en la Superitendencia de Seguros (Sugese), en la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugese), en la Superitendencia de Telecomunicaciones (Sutel), están completamente ajenos a la realidad salarial media y baja del sector Público; puestos que ya están, prácticamente, con salario congelado.
“Valdría contrastar estas realidades salariales con la que tiene el personal del Ministerio de Salud que combate, en las peores condiciones, el zika, la malaria, el dengue, la chikungunya; la de nuestros policías de todas las fuerzas del Poder Ejecutivo, con un quehacer cada día más peligroso; tan sólo para mencionar dos de los más emblemáticos casos de grupos del empleo público injusta y perversamente atacados como culpables del déficit fiscal”, señaló el Secretario General de la ANEP.
La ANEP hace un llamado público al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera para que reviera su desafortunada declaratoria de impotencia y oriente a su especializado equipo asesor, la redacción de un proyecto de ley para regular y unificar el régimen salarial de todo el empleo público en la alta cúpula política tecnocrática y burocrática del Estado, pero sin dejar ninguna entidad por fuera, aunque implique en algunos casos impulsar alguna reforma constitucional.
Vargas finalizó indicando que también realizan una exhortación vehemente a los diputados y a las diputadas para que paren” la fiesta salarial” en esos altos niveles del aparato estatal. “¡La fiesta salarial del sector Público está en las alturas de tal tipo de entidades y otras de similar naturaleza!”.
