Como parte de los nuevos episodios en desarrollo y para este año 2016, de la continuación de la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del Empleo Público, en contra de los salarios de todas las personas que laboran para el Estado y en contra de sus propias familias, desatada el año pasado; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue puesta contra la pared para que, al tenor de resoluciones de la Sala IV, haga público cuánto salario devenga, por ejemplo, la señora trabajadora de los CEN-CINAI; así como también, el salario mayor del sistema de la banca pública costarricense; incluyendo, por supuesto, el monto total del salario de cada uno de los honorables señores magistrados que autorizaron la divulgación pública, total e irrestricta, de las remuneraciones que por concepto de salario, son devengadas por la totalidad de la clase trabajadora del Estado, en todas sus modalidades.
Pareciera que, desde una perspectiva objetiva de transparencia en el uso de los fondos públicos, no habría nada que objetar. Pero el asunto se las trae, pues no estamos en “tiempos normales” de paz social.
Efectivamente, el latifundio mediático líder en prensa escrita, como promotor de la indicada campaña, dado su carácter de vocería oficial del capital oligárquico-neoliberal, ha desatado la confrontación social desde una perspectiva de clase contra clase, provocando al bloque laboral estatal y sus organizaciones; utilizando como estandarte de “su guerra”, los salarios del Empleo Público, para así enfrentarlos contra sus pares asalariados del sector privado; tratando de tal forma conformar, de facto, una especie de “política de alianzas” en este escenario sociopolítico de alta intensidad confrontacional del capital contra el trabajo, desatada por ellos. Por cierto, que no debemos olvidar a la apelación a la apología del odio en el desarrollo de ésta, “su guerra”.
Tal ofensiva confrontacional de parte de la hegemonía económico-plutocrática que se manifiesta en las páginas de las informaciones “editorializadas” de ese tipo de prensa latifundista-mediática; busca, además, la reversión de importantes instrumentos, colectivos e individuales, del Derecho del Trabajo, en una carrera loca hacia la precarización total del empleo en Costa Rica; bajando el de carácter público al del nivel del salario mínimo en el sector privado y la sobreexplotación laboral que éste conlleva; para, finalmente, en una fase ideal final, tener a toda la totalidad de la clase trabadora, pública y privada, “centroamericanizada”, salarial y laboralmente hablando. Es éste el objetivo estratégico fundamental.
La más mínima racionalidad sindical, supuestamente, entiende lo que acabamos de plantear. Por tanto, el camino de la unidad en la acción, conjuntando las diversidades dado que es más lo que nos une lo que nos separa, es lo que se impone. Algo venimos avanzando en tal sentido.
Ahora bien, con la firma presidencial y el ejecútese del Poder Ejecutivo a la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), disponemos de un potente instrumento de defensa laboral jurídica que, bien empleado, será un fuerte aliado obrero en la confrontación capital-trabajo que está en desarrollo, según lo han dispuestos esos sectores todavía hegemónicamente poderosos; los cuales aunque no van a elecciones, pretenden gobernar desde las salas de redacción de tales latifundios mediáticos, como ya bien lo sabemos.
Por otra parte, la lucha contra el fraude fiscal, actualmente en desarrollo y que ha quedado inserta en la confrontación social indicada, tiene en el respectivo proyecto de ley que se está tramitando en el parlamento actual, su razón estratégica fundamental: es el establecimiento del registro de accionistas para que la administración tributaria y solamente ella, en representación de la ciudadanía y para tales efectos, tenga la nómina de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y/o de los integrantes personalizados de los fideicomisos. He aquí otro campo para la actividad militante de los sectores sociales que no deberíamos ver con pasividad.
La importancia de tal registro, aunque solamente sea de acceso directo por parte de la administración tributaria, va más allá del concepto de transparencia que se enarbola cuando se trata de la exhibición pública de los salarios del empleo público; que, como bien sabemos, la invocada transparencia en materia de éstos, es solamente una excusa dentro del proceso de satanización mediático-neoliberal del mismo, es decir, del empleo público.
La importancia de tal registro tiene que ver con la suciedad tóxica en que está sumido el sistema financiero-económico costarricense, a fin de limpiarlo de tanto dinero mal habido que por él circula como flujos financieros de la intrusión en nuestra economía, por ejemplo, del dinero narco vía, precisamente, esas sociedades anónimas.
Como se podrá apreciar, hay una concatenación sensible de elementos, superficialmente provenientes de contextos diferentes pero que no pueden verse aislados unos de los otros. Precisamente, esto de los salarios públicos y los accionistas privados, muestra a las claras la conexión que les vincula si es que hablamos de transparencia con verdadera convicción; pero como ha sido insertado el problema en la coyuntura confrontacional en desarrollo, entre capital y trabajo, no queda más que asumir tal contexto en su integralidad multidiversa que tal coyuntura presupone.
