Una enorme peligro para la institucionalidad democrática de Costa Rica, representa la acción de inconstitucionalidad que con la venia de Oscar Arias Sánchez, su hermano Rodrigo y varios de los adláteres de ambos, presentaron contra los artículos 137 y 138 del Reglamento Legislativo; para cercenar el derecho de enmienda que le asiste a los señores diputados y a las señoras diputadas, del Primer Poder de la República, la Asamblea Legislativa, según nuestra Constitución Política.
Luego del golpe demoledor que sufrió la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, cuando la Sala IV le cercenó su derecho de reformar la Constitución Política, en el caso de la reelección presidencial; ahora surge esta acción de inconstitucionalidad, del mismo grupo de interés, que abre el camino para el cierre político del parlamento costarricense, independientemente de que en la formalidad siga existiendo.
El sesgo autoritario de los hermanos Arias Sánchez, como representantes de los sectores económicos dominantes del sistema bipartidista, ha quedado completamente al desnudo.
Podemos discrepar de la forma en que funciona nuestra Asamblea Legislativa. Podemos exasperarnos del recurso de la presentación de mociones para imponer visiones partidistas en la tramitación de las leyes; pero jamás, seremos cómplices de la transformación de la institucionalidad democrática vigente a través de subterfugios legalistas de tufo totalitario, usurpando de un poder a otro, la división que al efecto estableció nuestra Carta Magna, en 1949.
Se gesta un Golpe de Estado “a la Fujimori”, cuyas consecuencias podrían ir más allá de la institucionalidad republicana vigente; abriendo el camino para alimentar tesis de solucionar la crisis política que vivimos por canales no democráticos.
Formulamos el más respetuoso pero vehemente llamado a la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como salvaguarda de nuestro ordenamiento constitucional, para que no caiga en esta peligrosa provocación antidemocrática; para que no legitime el sesgo autoritarista de un reducido grupo de costarricenses que, si bien tienen mucho poder político y económico concentrado en sus manos, nos quieren imponer ahora su particular visión de país (la neoliberal, con TLC incluido), la cual no es compartida por las amplias mayorías del pueblo costarricense.
San José, 19 de agosto de 2004.
