Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
El monto actual del salario mínimo, el que se utiliza para reconocer, anualmente y a nivel del sector Privado de la economía el alza en el costo de la vida, se queda muy corto si se contrasta con lo caro que resulta vivir en Costa Rica.
Cuesta muchísimo llegar a fin de mes, o de la quincena, en hogares como los de los choferes de bus, las trabajadoras domésticas, los y las oficiales de la seguridad privada, la clase obrera bananera y piñera, el peón agrícola, la gente trabajadora del comercio y servicios, por ejemplo.
Es por ello que dos importantes organizaciones sindicales que en sus filas cuentan con importantes grupos de clase trabajadora asalariada privada, vienen levantando la bandera de que en Costa Rica ocupamos un nuevo salario mínimo, congruente con lo caro que es vivir en nuestro país; pues la fijación anual por costo de vida al actual salario mínimo es una ridiculez, una burla, una miseria.
Hablamos del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Para empezar, estamos mal cuando no se concibe que la mejor política salarial posible en una verdadera democracia, es aquella que permite el ascenso social. Eso no está sucediendo en nuestro país.
Ambas organizaciones denuncian que el cálculo del actual salario mínimo en Costa Rica está orientado a correr tras el consumo de los productos incluidos en la canasta básica como parámetro de ingesta y sobrevivencia (índices de pobreza), pero no aleja a las familias de la línea de pobreza. El cálculo de la fijación se limita únicamente a las necesidades de consumo básico y no contempla posibilidades de movilidad social.
Anotan, por ejemplo, que el trabajador agrícola realiza jornadas de trabajo que normalmente se extienden hasta doce horas al día. Por tanto, este trabajador no podrá realizar ninguna otra actividad económica que le permita ajustar sus ingresos y permitirse el consumo de otros bienes y servicios pues se encuentra estrictamente condicionado al consumo limitado de los bienes básicos para su supervivencia, con un único ingreso: el pago del salario que recibe por su trabajo.
Otro aspecto crítico es que no es correcta la relación de precios de consumo de manera general, ya que en la realidad los establecimientos comerciales tienen diferencias considerables en los precios de acuerdo con las zonas del país en las que nos encontremos; y, desdichadamente resultan más cuantiosos en las zonas de mayor vulnerabilidad como lo son las zonas rurales.
SITRAP y ANEP ponen el dedo en la llaga al afirmar que no se puede proyectar un incremento salarial que ocasione efectos negativos en la sociedad al detener la posibilidad de desarrollo el comercio y de la economía desde la producción del trabajo; sin embargo, la creciente ola de criminalidad, la saturación del sistema de seguridad social, las tasas de desempleo y de trabajos subempleados, también son repercusiones negativas para la sociedad y se vinculan, de manera directa e indirectamente, al insuficiente salario mínimo que se ha mantenido en las últimas décadas.
Dicho lo anterior, un nuevo salario mínimo se impone en el país, considerándolo como un esfuerzo atinado hacia la reducción de la brecha de la desigualdad y para posibilitar a las familias movilidad social que les permita salir de la línea de pobreza, agregar al salario elementos de proyección del consumo de las personas asalariadas más allá de lo que establece la canasta básica.
