Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La necesidad que tiene el país de contar con una real legislación que le permita levantar el secreto bancario, pero levantarlo de verdad, es inobjetable. La furia que están mostrando los sectores financieros y económicamente más poderosos así lo ratifica. La prensa que les representa ya se ha descarado, sin asco, en tal sentido, por lo que podemos afirmar de que no queda la menor duda de que estamos hablando de una legislación de enorme urgencia para beneficio de la mayoría.
Y es que no solamente es una medida urgentísima dado la brutalidad anual de las cifras de la evasión y del fraude fiscal en todas sus manifestaciones. Lo que durante muchísimo tiempo veníamos afirmando ya es oficial: prácticamente son 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) lo que se dejan los ladrones de impuestos; criminales sociales que no son integrantes de la clase trabajadora, pues esta paga puntualmente lo que le corresponde, como ha sido demostrado hasta el exceso.
Algunos estiman que al día de hoy un punto PIB equivale a 372 mil millones de colones. Nosotros hemos venido manejando la cifra de 350 mil millones por cada punto PIB. Esto quiere decir que, por año, la evasión es de 2 billones 800 mil millones de colones; poco más de 7 mil 600 millones de colones diarios.
Esta cantidad de plata no se guarda debajo de un colchón. Prácticamente no es detectada porque la esconden bajo el esquema de secreto bancario, tal y como está en la actualidad. Por eso, urge levantar el secreto bancario según lo está proponiendo el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.
Por otra parte, el mismísimo gobierno gringo está alertando al país en cuanto al peligro de que el lavado de dinero esté ya apuntando hacia el financiamiento de las campañas electorales; un secreto a voces en el seno de la clase política (la hegemónica y la que no lo es).
El más reciente reporte anual de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Cumplimiento de la Ley y Narcóticos (Bureau Of International Narcotics And Law Enforcement Affairs), del Departamento de Estados del gobierno de los Estados Unidos, ha dado a conocer el pasado 2 de marzo lo siguiente, según nota de prensa que leímos: “El financiamiento de las campañas políticas en Costa Rica se ha convertido en un nuevo foco para el lavado de dinero durante el último año”.
Lo que tal informe está indicándonos, ¡costarricenses!, es que en la política electoral ya el dinero sucio entró a jugar. Y si se indica que fue “durante el último año”, habría que preguntarse: ¿fue para la campaña presidencial del 2018?; ¿fue para las elecciones diputadiles de la actual Asamblea Legislativa? ¿Tenemos ya gente en curul legislativa financiada por el narcotráfico? ¿Fue en las elecciones municipales que acaban de pasar donde ya entró el dinero narco? ¿Por qué este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha sido ampliamente difundido, divulgado, comentado, como debe serlo una noticia que debemos considerar de enorme importancia para la Democracia?
Según tal informe, somos un país sumamente frágil lo cual permite que Costa Rica tenga mucha vulnerabilidad para grupos del crimen organizado transnacional. Somos un punto de atracción “para crímenes financieros debido a limitaciones para el cumplimiento de la ley y a su ubicación en una ruta clave para el tráfico de narcóticos y bienes ilícitos”; indicando que “las instituciones financieras siguen siendo utilizadas para el lavado de dinero”.
Los llamados sportsbooks, los sitios de apuestas en línea (que en Costa Rica son legales), los importantes flujos de turistas y migrantes; la construcción, el mercado inmobiliario y los hoteles; representan ámbitos de negocios a los cuales les tiene puesto el ojo el gobierno gringo, pues estima que posibilitan los flujos ilícitos de capital que en territorio costarricense se pueden lavar fácilmente, debido a limitaciones en la ley para combatir los crímenes financieros.
El levantamiento real del secreto bancario, por tanto, se asocia directamente con el combate a los millones y millones de dólares que inundan la economía costarricense y que escapan al control fiscal, permitiendo la concentración de riquezas y de fortunas en dimensiones inimaginables para el pueblo costarricense, agobiado en su lucha por la subsistencia diaria.
Aunque en un inicio el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, se dejó decir que, en materia de lavado de dinero, de dinero sucio producto del crimen organizado y del narcotráfico, anualmente se estaría alcanzando el equivalente a 22 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), alegando conocer informes serios al respecto; rapidito se retractó (¿o lo “retractaron”?), alegando que se había “equivocado”. Sin embargo, admitió que 6 o 7 puntos PIB circulando en el sistema financiero y en la economía costarricense es algo real; cifra que hace ya bastante tiempo de nuestra parte la venimos mencionando.
Así las cosas, 7 puntos PIB de lavado de dinero indica que hablamos de unos 2 billones 450 mil millones de colones anuales. Es decir que unos 6 mil 700 millones de colones por día se mueven, ilegal y suciamente, en el sistema financiero costarricense; lo que no se puede combatir porque los mismos gringos dicen que la legislación costarricense tiene muchas limitaciones para combatir los crímenes financieros.
¿Cómo puede haber oposición a que se proceda a levantar el secreto bancario como Dios manda? ¿Cómo negar esta realidad de que, por día, cada 24 horas, al menos están disponibles unos 14 mil millones de colones (entre robo de impuestos y lavado de dinero); cifra casi tres veces superior a los 5 mil millones de colones, también diarios, que se deben pagar por los intereses obscenos que devenga la impagable deuda pública costarricense?
El levantamiento del secreto bancario está ya en vigencia en unos 150 países y quien se oponga a que en Costa Rica se dé la legislación necesaria para tal efecto, les hace el juego a criminales evasores de impuestos y/o a criminales del narcotráfico; o, lo que es peor, tienen grandes fortunas escondidas y/o camufladas en paraísos fiscales, enormes riquezas que, con toda seguridad, son por dinero mal habido.
