Estimado señor Defensor:
Primeramente, le expresamos el mayor de nuestros respetos.
Respetuosamente le solicitamos que, en uso de sus facultades, ejecute una intervención directa de su despacho sobre la Gerencia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a fin de rescatar esta importante Institución de lo que podría ser un profundo desorden administrativo que la estaría desangrando, según nuestra percepción.
Esta situación, señor Defensor de los Habitantes de la República, es producto de un ambiente de profunda irresponsabilidad que hemos venido denunciando, como es nuestro deber, desde hace muchos años, a través de los canales que establece la legislación vigente; y que ha dado como resultado investigaciones reveladoras por parte de la Auditoría General interna, de la Contraloría General de la República y hasta del Ministerio Publico, muchas de cuyas recomendaciones o actos finales no han sido acatados por las autoridades del ICT.
Uno de los factores que propician el clima de desorden es la frecuente ausencia de uno de los más importantes jerarcas administrativos. El señor Gerente de la institución, a contrapelo de lo que establece la Ley Orgánica del ICT (la cual determina sus funciones y labores específicas), ha dedicado buena parte de su tiempo a viajar, delegando, inconvenientemente, su autoridad y responsabilidad en la conducción administrativa.
Si se revisan los datos correspondientes a gastos de viajes en el ICT, podremos darnos cuenta de que el señor Gerente, cuya obligación fundamental debe ser la atención administrativa, ha participado en eventos y reuniones nacionales e internacionales que, presuntamente, no competen a sus funciones; y que más bien están relacionados con el nivel técnico y político, para lo cual existen personas encargadas y capacitadas, como los jefes de dirección y el mismo presidente ejecutivo.
Países como Guatemala, Cuba, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Belice, Puerto Rico, Canadá, Japón, son algunos de los destinos que ha visitado este funcionario, quien entre el 2002 y 2003 habría realizado, al menos, catorce viajes fuera del país, que habrían significado un gasto de más de doce mil setecientos dólares, o sea, más de cinco millones de colones, sin contar el consumo de la cuota de tiquetes aéreos del ICT y el costo de los viajes internos.
Ni aún con autorización de la Junta Directiva, creemos nosotros, se justifica que el señor Gerente dé prioridad a otras labores por sobre los deberes establecidos en la ley; menos en circunstancias tan difíciles y caóticas para la institución y para el sector turístico como las actuales. Desde hace casi siete años, la institución se ha visto inmersa en lo que el gerente ha llamado un proceso de “modernización” (que bien podría calificar como el más largo del mundo), caracterizado por múltiples desaciertos en su elaboración y altísimos costos de consultoría que ya alcanzan, en suma, casi treinta millones de colones.
Este proceso, que pareciera presentar una profunda incapacidad en las altas esferas administrativas en la Institución, ha tenido en vilo a los trabajadores de todos los departamentos, al punto de convertirse en uno de los factores más groseros de presión y desmoralización laboral que se han conocido en la institución; sumado esto al hecho de que desde hace siete años no se hace una verdadera recalificación de puestos, que es un derecho inapelable de los trabajadores, con el argumento de que se encuentra congelada por estar el ICT en proceso de reestructuración.
Además, por si lo anterior fuera poco, en este momento existen una serie de departamentos y áreas que no cuentan con presupuesto para el año 2003, al no estar incorporadas dentro del nuevo esquema institucional, aplicado ilegalmente pues no está aprobado por la Autoridad Presupuestaria. Durante seis meses la Dirección de Microempresas, el Area de Recursos Naturales (Análisis Administrativo), el Area de Coordinación, la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre (Trámites Legales) y el Departamento de Concesiones, han estado sin presupuesto propio, al no habérseles realizado su correspondiente Plan Anual Operativo, lo cual es inaudito en la administración pública. Esta situación viene afectando, profundamente, la moral y el rendimiento de los trabajadores, al no contar con los fondos expeditos para realizar sus tareas.
Urge por lo anterior que la Defensoría de los Habitantes de la República intervenga directamente según sus facultades, en la Gerencia del ICT y se realice un proceso de investigación rápido, profundo y objetivo sobre sus actuaciones, que por este medio estamos solicitando considerándonos tener el interés legítimo para ello y para lo cual, desde ya, nos ponemos a sus órdenes.
Agradeciendo su amable atención a nuestra solicitud, le saludan, respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Marco Tulio Picado Méndez
Miembro Junta Directiva Nacional
Rodrigo Herrera Rodríguez
Seccional ANEP-ICT
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c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Junta Directiva ANEP-ICT.
c.:Trabajadores y trabajadoras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
c.:Archivo.
