La Ley de Empleo Público propuesta en la Asamblea Legislativa de Costa Rica es el tema que actualmente monopoliza la discusión política en el país. La iniciativa, promovida por el FMI, busca reducir el gasto público con medidas como establecer un salario general básico para todos los empleados públicos exceptuando a los cargos políticos. Luis Castro y sus invitados analizan las medidas que el FMI quiere imponer en Costa Rica y que algunos consideran incluso un «golpe de Estado parlamentario».
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Constituida la seccional anepista en el Teatro Popular Melico Salazar
Trabajadores de Finca Bellavista conforman seccional de la ANEP
Covid-19: sindemia más que pandemia Factores socioculturales y económicos detrás de la crisis sanitaria
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED): el Covid-19 es una problemática social, cultural y económica, antes que biológica y médica. Si bien sus orígenes son biológicos, y sus manifestaciones extremas y más dolorosas, se dan en los hospitales, su evolución, y eventual complicación, está esencialmente influida por las relaciones sociales, puesto que es en la interacción humana como el SARS-CoV-2 se difunde y los contagios se multiplican.
ANEP repudia y rechaza el nombramiento de Gustavo Picado Chacón como Gerente Financiero de la CCSS
La “representante” sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Rodriguez González (cuya designación fue totalmente irregular, prácticamente a dedo por orden de Alvarado), debe dar la cara y explicar si votó ese nombramiento y/o porqué no dio la voz de alerta de que se iba a dar.
A continuación, el ciudadano don Roberto Mora Salazar nos explica las razones para que toda la ciudadanía honesta exprese su rechazo y su repudio al nefasto nombramiento de GUSTAVO PICADO CHACÓN cono Gerente Financiero de la Caja.
Pérdida de ₵217 mil millones en la CCSS por Gustavo Picado (junto 17 más) es nombrado como Gte Financiero
Estimada Licda Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República.
Reciba un cordial saludo.
Me presento ante su despacho de manera atenta y respetuosa, con el fin de formular DENUNCIA contra los nueve miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por INCUMPLIMIENTO DE DEBERES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA y la trasgresión a Control Interno para el Sector Público.
- ROMÁN MACAYA HEYES
- CHRISTIAN STEINVORTH STEFFEN
- MARÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS UMAÑA
- JOSÉ LUIS LORÍA CHAVES
- MARIELOS ALFARO MURILLO
- FABIOLA ABARCA JIMÉNEZ
- ÁLVARO SALAS CHÁVES
- MARITZA JIMÉNEZ AGUILAR
- MARTA ELENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
El día de hoy, la Junta Directiva de la Caja, nombró como nuevo Gerente Financiero de la Institución, a Gustavo Picado Chacón, funcionario que se encuentra acusado junto a 17 personas más, desde el año 2012, bajo el expediente 12-000046-0615-PE ante el Ministerio Público.
En total desapego a la normativa vigente, el cuerpo colegiado se desliga del oficio enviado el 16 de abril del año 2018 NºPE-0780-2018 por la Presidencia Ejecutiva, en el cual se dispone explícitamente que, los candidatos a puestos gerenciales, tendrían que aportar una certificación emitida por el Ministerio Público, haciendo constar que no tienen causas penales en su contra.
RAZONES DE GRAN RELEVANCIA:
- En octubre de 2012, la Comisión Especial Legislativa que investigó las causas de la grave crisis financiera que la CCSS experimentó a partir de 2009 (Exp: 18.201), determinó que Gustavo Picado Chacón fue corresponsable de la misma y, en razón de ello, recomendó su renuncia y su inhabilitación en cargos públicos; criterio que posteriormente avaló – por amplia mayoría- el Plenario Legislativo.
- En marzo de 2019, la Fiscalía General de la República notificó a esa Junta Directiva, la acusación penal en contra de Gustavo Picado Chacón y otros jerarcas institucionales, por los delitos de:
- INFLUENCIA CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA,
- FRAUDE DE LEY y
- ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA,
caso que yace actualmente en el Tribunal Penal de Hacienda del Primer Circuito Judicial de San José para su elevación a juicio (EXP: 12-000046-0615-PE) en el mes de agosto del año en curso.
- En agosto de 2020, la Procuraduría General de la República, representante legal del Estado en esta causa, informó que – de acuerdo a un peritaje efectuado- el DAÑO SOCIAL causado por el Gustavo Picado Chacón y el resto de imputados, se estima en ₵217 mil millones.
- Las autoridades a cargo del proceso de selección del Gerente Financiero, habrían omitido, con aparente dolo, el requisito dispuesto en el oficio Nº PE-0780-2018 del 16 de abril de 2018, que exige a los candidatos aportar una certificación emitida por el Ministerio Público haciendo constar, que no aparecen causas pendientes o, en su defecto, las causas penales abiertas en su contra.
- Las Normas de Control Interno para el Sector Público son de acatamiento obligatorio para las instituciones sujetas a fiscalización de la Contraloría General de la República, entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las mismas prevalecen sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control de fiscalización legalmente atribuidas. Asimismo, su inobservancia genera las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable. No obstante, el haber nombrado como Gerente Financiero a Gustavo Picado Chacón, sin tomar en cuenta los supra indicados presuntos delitos de FRAUDE FINANCIERO que el Ministerio Público le atribuye al tal funcionario, las autoridades a cargo del proceso de selección habrían trasgredido lo preceptuado en los apartados 2.3 y 2.4 de tales Normas, relativas al FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA INSTITUCIONES y a la IDONEIDAD DEL PERSONAL
Es importante y, de gran relevancia recordar a los miembros de la Junta Directiva que, aunque hayan olvidado algo tan trascendental, la Normativa emitida por la Contraloría General de la República en materia de Control Interno, en su artículo 2º indica:
Artículo 2° – Establecer que las “Normas de control interno para el Sector Público” son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización, y que prevalecerán sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. Asimismo, que su inobservancia generará las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable.
2.4 Idoneidad del personal: El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control respectivas. Con ese propósito, las políticas y actividades de planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a la contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se estime suficiente para el logro de los objetivos institucionales.
Así las cosas, los Miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que, nombraron al señor Gustavo Picado Chacón como Gerente Financiero, a sabiendas de que existe una posible actuación dolosa. Por ello, deben responder, todos y cada uno de ellos, por su incumplimiento de deberes y, el DEBER DE PROVIDAD en la función pública que reza:
(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.
Los delitos generalmente tipificados y que podrían ser considerados como actos de corrupción son:
- prevaricato,
- cohecho,
- malversación,
- exacción,
- concusión
- encubrimiento,
- nepotismo,
- desfalco,
- retardación de Justicia,
- omisión de deberes públicos,
- tráfico de influencias y otros, con algunas diferencias en la terminología.
El deber de probidad tiene un vasto contenido, toda vez que implica que la conducta de funcionario debe apegarse en todo momento a postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio, buena fe, etc.
La Junta Directiva en pleno, no puede alegar desconocimiento ya que fueron alertados en su momento por el Ministerio Público, la Procuraduría General y, el suscrito en fecha 16 de diciembre del 2020
https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2020/12/16/sigue-la-corrupcion-en-la-ccss/
También solicito a la Fiscalía General de la República, haga valer el artículo 19 de la Ley Constitutiva de la Caja que dice:
Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva, los gerentes de División y el resto del personal de la Caja que, por dolo o por culpa grave, ejecuten o permitan la ejecución de operaciones contrarias a la presente ley o sus reglamentos, responderán con sus bienes por las pérdidas que tales operaciones irroguen a la institución, sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente.
PETITORIA:
Se aplique todo el peso de la Ley a todos los miembros de dicha Junta Directiva que votaron afirmativamente para que dicho funcionario fuese elegido como Gerente Financiero de la Institución, en contra del ordenamiento jurídico y la normativa vigente.
Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-0396-0099
Régimen municipal entregó manifiesto a diputados pese a bloqueos
ANEP apoya denuncia en contra de la Presidencia del Directorio Legislativo por poner en riesgo la salud y el bienestar de la población laboral de la Asamblea Legislativa ante casos de Covid-19
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), apoya contundentemente la acción de denuncia realizada por la Unión de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (UTRALEG) en contra de la Presidencia del Directorio Legislativo ante el Ministerio de Salud, por poner en riesgo la salud y el bienestar de la población laboral de la Asamblea Legislativa ante los casos de COVID-19 reportados en dicho recinto.
La denuncia presentada este 22 de abril a las 10:30 de la mañana, dirigida al Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza y en poder de la ANEP, deja en evidencia el accionar del Directorio de la Asamblea Legislativa con respecto a los casos positivos de COVID-19 detectados en el plenario en los últimos días y meses, omitiendo por completo las recomendaciones del Director de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, Walter Rodríguez Araya y el propio Ministerio de Salud.
Según consta en la denuncia, uno de los casos se habría presentado el 19 de marzo del presente año, cuando la diputada Ivonne Acuña Cabrera, fue reportada positiva por Covid-19 por lo que se le giro orden de aislamiento.
Según consta en oficio DM-DSS-032-2021-03-19 20, suscrito por el Director de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, Dr. Walter Rodríguez Araya, del 20 de marzo de 2021, indica que el nexo de contagio de la señora diputada se dio desde el domingo 14 de marzo del 2021 y ella estuvo positiva asintomática durante toda la semana, participando de las sesiones del plenario legislativo.
“De acuerdo con el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, referentes a casos positivos de COVID-19, todas las personas que tuvieron contacto cercano con la Diputada, durante el periodo del 14 al 19 de marzo del 2021, por ser un caso confirmado de COVID, debieron ser ‘puestas en cuarentena en el domicilio actual por un espacio de al menos 1O días”, indica la denuncia.
En la denuncia presentada por UTRALEG se hace referencia a que, en los días del 14 al 19 de marzo del 2021, la diputada Acuña Cabrera, estuvo en contacto cercano con los Diputados del plenario, y con el personal en general de la Asamblea Legislativa, en espacios comunes como cafetín, parqueo, ascensores, pasillos, siendo los diputados en primera instancia contactos de riesgo de exposición con un caso confirmado.
“Debió girarse orden de aislamiento a los diputados y las diputadas, sus asesorías y todo aquel personal que tienen la relación directa en el proceso de ley en específico el personal de apoyo dentro del plenario, con la finalidad de contener posibles contagios mayores, y resguardar el derecho a la salud del personal de la Asamblea Legislativa y sus respectivas familias, evitando un brote del virus, en mayores proporciones”, menciona la denuncia.
Por medio de oficio DM-DSS-032-2021-03-10 del 20 de marzo del 2021 el Director del Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, una vez analizado el caso en conjunto con el Ministerio de Salud, recomienda el aislamiento de los diputados de la Asamblea Legislativa, por ser todos en ese momento contactos directos con una persona positiva.
Cuestionamientos a la Presidencia Legislativa
El 21 de marzo del 2021, por medio de oficio UTRALEG-JD-019-03-2021 , el sindicato solicita a Eduardo Cruikshank Smith, Presidente del Directorio Legislativo, se procediera a acatar la recomendación del Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, con la finalidad de resguardar la seguridad y salud de las personas trabajadoras de la Asamblea Legislativa, haciendo ver que muchos laboran en el edificio donde está el plenario, así como en el mismo piso donde está ubicado el despacho de la diputada.
“Pese a la recomendación girada por el Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, y a la solicitud expresa realizada por la Unión de Trabajadores Legislativos, de resguardar la salud del personal de dicha institución, el señor Cruikshank Smith, emite un comunicado por medio del cual solicita a los señores y señoras diputadas presentarse a sesionar al plenario el día lunes 22 de marzo del 2021, hasta tanto no se dé un pronunciamiento del señor Ministro de Salud, poniendo el riesgo a toda la población de la Asamblea y sus respectivas familias”.
*Mismo escenario, diferente accionar*
En el mes de julio del 2020, en la Asamblea Legislativa se presentaron 2 casos positivos de Covid-19, ante lo cual acordaron suspender las sesiones del plenario desde el 6 al 1O de julio, por prevención y resguardo de la salud de las personas.
Un escenario similar ocurrió el mes de diciembre el 2020, los diputados acordaron adelantar el receso de fin de año a partir del miércoles 16 de diciembre 2020, se suspendieron las sesiones del plenario y demás comisiones porque varios funcionarios del Departamento de Relaciones Publicas se mantendrían aislados por contacto de un caso de COVID 19.
“Por lo que el accionar del Plenario ante estos nuevos casos, es arbitrario, injustificado y pone en riesgo la Salud de las personas trabajadoras de la Asamblea Legislativa y sus familias, así como la salud pública en general, por ser alrededor de 57 posibles contagios directos, que pueden ocasionar un brote del virus en importantes proporciones. Por lo que solicitamos la intervención inmediata del Ministerio de Salud”, se extrae de la denuncia.
Compartimos denuncia.
ANEP apoya denuncia en contra de la Presidencia del Directorio Legislativo por poner en riesgo la salud y e… by EugenioGuerrero on Scribd
Ante la petición de declaración de alerta roja por las gerencias de la Caja: ¿y de dónde cogemos la plata que demandará tal situación?
- ANEP propone moratoria parcial del obsceno pago de intereses de la deuda pública
- Se podría disponer de hasta unos 630 mil millones de colones
Las máximas cúpulas político-gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): gerencias General, Médica, Administrativa, Financiera, Logística, Pensiones, Infraestructura y Tecnología; así como la dirección del Centro de Atención de Emergencias y Desastres; enviaron una desesperada carta al Dr. Román Macaya Hayes, en su condición de Presidente Ejecutivo de la institución, planteando lo que para tales autoridades es la Saturación Hospitalaria ante el estado actual de la situación de la pandemia del covid-19.
Solicitan a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “…la declaratoria que corresponde en razón del nivel de emergencia en que nos encontramos frente a la saturación de los servicios de salud, que ha ocasionado el aumento exponencial de casos COVID 19; estando dicha comisión facultada por Ley para declarar la alerta que se requiere de manera urgente”.; pues, “…ya se ha manifestado de forma reiterada que se ha materializado el riesgo y se ha producido la saturación de los servicios de salud y por lo tanto, se tienen suficientes elementos objetivos,…” para una alerta roja.
Se indica en la carta al presidente ejecutivo de la CCSS que, la “Alerta Roja se reserva para momentos donde se determine la saturación en la capacidad de respuesta, por ejemplo, saturación de los servicios de salud”.
Una eventual declaratoria de alerta roja como lo plantean las cúpulas gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implicará una mayor movilización de recursos humanos: profesionales, técnico-especializados, asistenciales y de servicio; y, a la vez, de recursos financieros que, presuntamente, no estarían disponibles para enfrentar el mayúsculo reto de una alerta roja por saturación hospitalaria.
Y es aquí, en tal situación, que Alvarado y su gobierno deben hacer una escogencia fundamental: la salud y la vida de las personas; ó, la salud del sistema bancario-financiero que se encuentra tan excesivamente robusto que llegó la hora de pedirle un aporte solidario con la urgencia requerida.
ANEP propone, así las cosas, que se decrete una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, al menos por un trimestre, 90, días de manera tal que el país y su sistema de salud dispongan de una cantidad de dinero fresco por la cantidad de 630 mil millones de colones, equivalentes a un 1.75 % de Producto Interno Bruto (PIB).
Bien se sabe que la impagable deuda pública ha llegado a tal nivel que está demandando un obsceno pago diario, cada 24 horas, de, prácticamente, 7 mil millones de colones, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Hacienda.
Es hora de decisiones estratégicas, realmente heroicas, en función del bien común y de la salud de las personas trabajadoras, principalmente; las cuales, por ejemplo, no tienen dinero para salir del país a vacunarse.
«La élite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y, encima, los obligan a encerrarse en sus casas». De manera atinada, lo ha planteado el pensador latinoamericano, filósofo chileno, Gastón Soublette, en su reciente entrevista para BBC-Mundo.
Si el 75 % de la deuda pública costarricense está centrada en deuda pública interna; y si ésta es, en gran parte, entre entes del sector estatal (“se coge plata de un bolsillo para pasarlo a otro del mismo pantalón”), no habrá grandes riesgos de descalabro financiero y, mucho menos, de que se diga que esta operación de reingeniería financiera intra-sector Público, es una especie de default; considerándose que el principal de la deuda se mantendrá intocado.
Téngase en cuenta que la Alerta Roja podría potenciar, todavía más, el autoritarismo gubernamental de seguir impulsando cierres económico-sociales para afectación de las más amplias mayorías de la población costarricense; con los efectos multidimensionales (sociales y culturales y ya no solamente económicos) que hacen que la pandemia, sin dejar de serlo, ahora sea una sindemia; según lo ha denunciado el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en su carta oficio CICDE-023-021, fechado 7 de mayo, dirigido a la Presidencia de la República y su Ministro de Salud, así como a las presidencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Repetimos, la propuesta de ANEP para destinar el pago de obscenos intereses de la deuda pública, al menos por 90 días, para enfrentar la Alerta Roja de la Saturación Hospitalaria que está generando la pandemia y ante la transición de ésta (sin dejar de serlo), a la situación de sindemia (como lo plantea el CICDE-UNED); no implicará riesgo de colapso financiero ni mucho menos asomo de un default.
San José, domingo 10 de mayo de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Abogados de ANEP logran reinstalación de afiliados en el INTA- MAG y la alcaldía de Talamanca
Solicitan respetar lineamientos de distanciamiento en ambulancias que trasladan pacientes con cita programada
Así lo manifestó la seccional ANEP-Cruz Roja en una nota enviada a la Gerencia de Recursos Humanos de la Cruz Roja Costarricense y al Departamento de Gestión del Instituto Nacional de Seguros (INS), ya que actualmente en el traslado en ambulancia de pacientes con citas programadas, se irrespetan los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con respecto al distanciamiento por la pandemia Covid-19.
Ricardo Castro Calderón, Presidente de la seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense, detalló que en varias oportunidades han dialogado sobre el traslado de los pacientes de citas programadas del INS y la CCSS durante la pandemia, sin embargo, no han tenido un cambio por parte de las autoridades, esto a pesar de que el país se encuentra atravesando la tercer ola de contagio del Covid-19.
“Con tal de trasladar la mayor cantidad de pacientes posibles y así minimizar el uso al máximo de las unidades es que, por parte del INS, se gira la directriz de que deben de viajar al menos cuatro pacientes en la parte trasera de la ambulancia y de ser necesario uno en la parte delantera, irrespetando con esto la disposición del ministerio de salud sobre los 1.8 metros de distanciamiento social, poniendo en riesgo la salud del personal de la Cruz Roja y pacientes”, explicó Castro.
Actualmente los lineamientos generales (LS-SS-003) establecidos por el Ministerio de Salud para el traslado extra hospitalario (terrestre, aéreo y acuático) de personas en el marco de la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19) indican “que la capacidad máxima del aforo de la ambulancia en el traslado será del 50% de lo indicado en el permiso de circulación”
Además, agrega “en los transportes programados y de no urgencias, el aforo será de un paciente con su acompañante o de dos pacientes. (egresos, citas programadas).
En el documento, la seccional detalla las medidas internas de las ambulancias que se utilizan para el traslado de pacientes con cita programada, donde dejan en claro la capacidad de las unidades con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud.
“Nuestras unidades tienen una medida en su módulo trasero es de 2.93 metros de largo, 1.49 metros de ancho y 1.32 metros de alto, como podemos sacar las cuentas ante las medidas en la parte trasera no deberían de viajar un máximo de dos personas, cabe mencionar que también en dicho espacio hay una camilla telescópica de uso propio de la unidad, además en la parte delantera tenemos unas medidas de 1.44 metros de ancho y 1.32 metros de alto, en dicho espacio no se cumple la disposición del distanciamiento social para llevar a un paciente a la par del conductor, estas son las medidas de las unidades Toyota Hiace techo bajo, también se utilizan las unidades Toyota Land Cruiser doble tracción con espacios más pequeños, entre otras”, indica el documento.
Ante esta situación, la seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense solicita a las autoridades respectivas, que el servicio de traslado de pacientes con cita programa se proceda a ejecutar con lo que dicta el documento emitido por el Ministerio de Salud, con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y usuarios.
