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Nuestra posición sobre las jornadas de repudio ciudadano ante el acuerdo con el FMI y el aumento del costo de vida con más impuestos para el pueblo trabajador

Publicada el 01/10/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

|ANEP – ASDEICE y la corriente sindical que integramos junto a otras organizaciones, hacemos de conocimiento público nuestra posición ante el movimiento Rescate Nacional, en el marco de las jornadas de 30 de setiembre

1- Ante el descontento generalizado de una gran mayoría ciudadana, la corriente sindical que integramos, decidió a través de dos de sus organizaciones (ANEP –ASDEICE), como muestra unitaria de buena fe, aceptar la invitación que mediante visita presencial, nos hiciera parte de la dirección del Movimiento Rescate Nacional en persona de José Miguel Corrales y otros ciudadanos, para participar de la jornada que habían programado para este día miércoles.

2 –Que de esta forma, adelantamos acciones que teníamos programadas para los próximos días, y este 30 de setiembre realizamos en San José, un plantón frente al Banco Central de Costa Rica para evidenciar la necesidad de usar parte de las reservas internacionales como alternativa al convenio con el FMI. Así mismo, compañeros de nuestras organizsciones, en medida de sus posibilidades, se integraron a participar en distintos puntos regionales para que no se cargue la crisis con más impuestos para el pueblo trabajador.

3- Que en materia de más impuestos para los de abajo y condonación de impuestos para grupos con utilidades multimillonarias, desde 2018 diferimos de la ruta del equipo económico del Gobierno de Alvarado y defendimos los destinos del país con una serie de propuestas en mano, saliendo a las calles exigiendo justicia tributaria para que el rico pague como rico y el pobre como pobre.

4- Que desde inicios del mes de agosto, junto a sectores privados, en momentos en que el temor de la crisis sanitaria inhibía el derecho a protestar contra quienes aprovechaban el dolor del COVID-19 para impulsar su agenda económica, nos pusimos en la primera línea organizando la primera jornada de calle mediante la caravana del 27 de julio, exigiendo junto a la agricultura campesina, y miro y pequeña empresa, que el equipo económico de Gobierno, dejara de ver solo hacia el poder económico y volviera sus ojos a las necesidades de los sectores sociales, laborales y productivos.

5- Que desde que inició la pandemia del COVID-19, hemos realizado a Gobierno los días 14 de abril, 29 de julio y 17 de agosto una serie de propuestas para atender la crisis con equidad, solicitando además una mesa de crisis con sectores sociales, a la que el Gobierno ha hechos oídos sordos.

6 – Que hemos planteado siempre propuestas en mano, soluciones dialogadas para los grandes temas nacionales, haciendo uso también de la democracia de la calle como mecanismo legítimo de expresión del sentir popular.

Por tanto, proponemos: Avanzar hacia unidades más amplias, que permitan clarificar de forma conjunta consignas, objetivos, agenda y discurso, en defensa de las necesidades insatisfechas del pueblo trabajador, y contra las políticas públicas que insisten en la misma receta económica concentradora y excluyente que crea desempleo, desigualdad, aumento de la pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos y damnificados y descartados de la economía.

Es hora de que los líderes y liderezas sociales demos ejemplo de unidad y los distintos sectores y movimientos sociales (Rescate nacional incluido) avancemos hacia una sola instancia de convergencia y coordinación, que con una dirección conjunta o compartida desarrolle acciones orientadas hacia la justicia social, económica y fiscal; en busca del bienestar de las mayorías.

Denuncia ANEP: INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución

Publicada el 01/10/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

–ANEP expuso dicha problemática ante las máximas autoridades del INA, a la fecha el problema persiste.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a través de su seccional ANEP-INA, denuncia ante la opinión pública el gasto injustificado y malos manejos con los fondos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ya que en la actualidad existen varios funcionarios, que se encuentran laborando fuera de la institución, sin embargo, continúan activos en la planilla del INA; es decir el INA paga sus salarios.

Este escenario se viene presentando desde el año 2018, mediante una serie de convenios, en los que el INA presta funcionarios a otras instituciones del Estado hasta el año 2022, asumiendo el Instituto el pago de salarios por un monto total de ₡490.688.775.00. Incluso dejando plazas vacantes congeladas en la institución que son esenciales; o en algunos casos recargando funciones a trabajadores del INA.

En uno de los casos un funcionario de la Unidad de Servicio al Usuario (Agencia Nacional de Empleo) del INA, con un salario mayor a los 1.7 millones de colones, fue trasladado al Instituto Costarricense de puertos del Pacifico (INCOP). Actualmente el pago de las remuneraciones que percibe este funcionario siempre han sido cubiertas por el presupuesto del INA, su clave (puesto) no cuenta con sustituto, porque la misma se encuentra presente en la relación de puestos de forma activa para poder hacer efectivo el pago de su salario. El cargo dejado está siendo atendido mediante la figura de recargo de funciones por otra funcionaria de la institución.

En el cuadro adjunto se puede ver el salario percibido por cada funcionario, así como la institución en la que se encuentra laborando a través del convenio interinstitucional y la proyección de lo que estaría cancelando el INA a cada funcionario durante el tiempo de vigencia de cada acuerdo.

Freddy Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-INA, manifestó que esta situación es del conocimiento pleno del Presidente Ejecutivo, la Gerencia General, Unidad de Recursos Humanos y de todos los funcionarios. Ya que la ANEP expuso dicha problemática ante las autoridades del INA y a la fecha el problema persiste.

“Al tener conocimiento de que existen compañeros fuera de nuestra institución y que el INA asume su salario correspondiente de manera mensual, nos cuestionamos: ¿Por qué la Administración cede funcionarios a otras instituciones Públicas y no puede solventar las necesidades internas?, como por ejemplo el Núcleo Agropecuario hace ya más de 4 años que no tienen jefatura, además hace 2 años no hay encargado de Planeamiento y Evaluación y todavía no ha sido nombrado, por lo que por el exceso de trabajo se ven recargados los compañeros administrativos, así como los docentes.”, detalló el presidente de la Seccional de ANEP.

Para Bonilla, saltan a la luz muchas interrogantes sobre el manejo de estos convenios y el por qué el INA está incurriendo en esta erogación de pagos y qué papel asume el Servicio Civil, y si este último tiene conocimiento o no de estos convenios.

“No sabemos cuál es la política de esta administración al otorgar plazas que realmente necesitamos para cederlas a otras instituciones, sabiendo que de un modo u otro se está pagando una duplicidad de funciones. ¿Por qué la Administración avala dichas erogaciones en donde Costa Rica sufre esta pandemia y la directriz del gobierno es disminuir el gasto?”, finalizó Bonilla

Cuadro sobre funcionarios trasladados del INA a otras instituciones.

INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución by EugenioGuerrero on Scribd

ANEP logra reinstalación de trabajadores en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José

Publicada el 29/09/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Pese a existir el fallo de un juzgado laboral que ordena la reinstalación de los trabajadores, el Comité de Deportes y Recreación de San José, se ha negado a la reubicación de los trabajadores. La ANEP solicitaría la presencia de un juez laboral, junto a la Fuerza Pública, para que se trasladen a la institución a realizar la debida reinstalación.

Fallas en planificación ponen en jaque recursos del MSP

Publicada el 23/09/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Ministro Soto anuncia “policías sin botas ni uniformes para el 2021 por recorte en presupuesto”.

El ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, anunció que los recortes en el presupuesto dejarían policías sin uniformes ni botas para el año 2021, inclusive, nos dice que se vería afectada la reparación de vehículos y pago de alquileres de delegaciones. Aunque en otras ocasiones hemos secundado ese discurso, porque tenemos clara la importancia de que nuestros abnegados policías cuenten con las herramientas e insumos necesarios para el desempeño de sus funciones, consideramos oportuno apuntar que, olvida el señor ministro que en la actualidad (2020), muchos funcionarios carecen de botas y uniformes, se ha reducido la alimentación y que muchas delegaciones siguen esperando ser intervenidas.

No se logra entender y digerir, como un ministerio con tantísima necesidad, devolvió en el año 2019, hace poco, la suma de ₵3.273 millones porque no pudo ejecutar esos recursos. Esa es una historia repetida año tras año, a pesar de cientos de delegaciones en mal estado, falta de botas, uniformes, cinturones, fundas, chalecos ¡se devuelve dinero por imposibilidad de ejecución! Ello solamente se puede atribuir a falta de planificación, mala gestión de los departamentos y funcionarios responsables, o problemas con el sistema de gestión y ejecución de compras. Si lo ultimo fuera la causa, desde hace mucho se debieron promover las reformas útiles y necesarias, a efectos de maximizar el uso de los recursos y, por ende, mejorar las condiciones de la población policial, así como la seguridad ciudadana.

La bandera que hemos levantado en ANEP se relaciona con la reivindicación de la función policial, hemos defendido la inyección de recursos, nos hemos opuesto a la reducción de los mismos, no obstante, no hemos observado las mejoras que se requieren con urgencia. Impuesto a sociedades, impuesto al banano, recursos de la CNE, donaciones millonarias de la República Popular de China o de los Estados Unidos de América. Por ejemplo: China donó más de ₵3.300 millones en el 2018, EEUU viene donando de manera sostenida equipo, dinero e insumos, pero ¡no alcanza!

Así las cosas, nos parece que el ministro Soto debería explicar las razones por las cuales nuestros uniformados carecen de botas y uniformes en la actualidad, al mismo tiempo que se ha limitado la alimentación en las delegaciones y se sigue desatendiendo lo ordenado por la Sala Constitucional en cuanto a la reparación inmediata de delegaciones insalubres.

Es preciso planificar, fiscalizar, priorizar y maximizar los recursos con que cuenta el MSP, para el cumplimiento de sus competencias.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública al 8432-2880.

Presidente prostituye mesas de diálogo

Publicada el 31/08/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Al convocar corresponsables de crisis, alegan sectores

Nota: Diario Extra

Para distintos sectores, el mandatario Carlos Alvarado Quesada está prostituyendo el supuesto proceso de diálogo al convocar corresponsables de la crisis por la que atraviesa el país, como lo son algunos expresidentes de la República.

Al menos así lo creen José Miguel Corrales Bolaños, dirigente del Movimiento Rescate Nacional, y Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de que el gobierno convocara una mesa de diálogo público con los exmandatarios Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) y Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), para conversar sobre transformaciones y desafíos que enfrentan Costa Rica.

“El término diálogo lo están interpretando mal, lo están satanizando y prostituyendo. Evidentemente tanto doña Laura, como don Miguel Ángel son corresponsables del momento crítico que vive nuestro país. Hay cosas que son urgentes como reactivar la economía costarricense, como por ejemplo a través de la agricultura, para lograr eso hay que darle crédito oportuno y barato al agricultor, para eso son las juntas de crédito del Banco Nacional las cuales las tienen cerradas, para eso es urgente el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción y lo tienen más bien en la lista de las instituciones que pretenden cerrar”, denunció Corrales.

Añadió: “Pero no solamente eso, en momentos tan angustiantes como los que estamos viviendo, como lo es la pandemia, donde la gente no solo puede morir del coronavirus, sino de hambre, entonces estos espacios de diálogo deben de ser totalmente distintos. Nosotros el martes 25 de agosto le pedimos al presidente Alvarado que nos recibiera porque teníamos una serie de sugerencias, varias de esas sobre cómo se podría combatir la corrupción y cuál fue respuesta, la puerta cerrada. Por eso me parece que se está prostituyendo el termino diálogo y lo peor no es eso, sino con quién están supuestamente dialogando”.

Vargas puntualizó como perverso que se esté contemplando siquiera la venta de activos del Estado como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR)

NO HAY

Por su parte, para Vargas es más que evidente que no hay una verdadera mesa de escucha y negociación.

“Eso que convocó el gobierno se le puede llamar de cualquier forma menos diálogo. Eso es un fraude político, una especie de operación mediática para ver si lograban un poco de credibilidad y a lo sumo, eso fue lo que denominamos buzón digital de sugerencias”, señaló el dirigente sindical.

Agregó: “Este gobierno tiene una línea ideológica clarísima y para darle fuerza, andan buscando con quién coinciden con ella, de ahí que se vea a personas como Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, en cuyos gobierno el déficit fiscal se disparó, la concentración de la riqueza creció y la pobreza se extendió, así que ni el gobierno, ni Laura Chinchilla ni Miguel Ángel Rodríguez tienen legitimidad política para proponer las barbaridades que están insinuando que quiere venir con las negociaciones del Fondo Monetario Internacional”.

Vargas puntualizó como perverso que se esté contemplando siquiera la venta de activos del Estado como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR).

COSTA RICA ESCUCHA

Hay que recordar que la mesa de diálogo en la que participaron Rodríguez y Chinchilla forma parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, impulsado por el gobierno con el objetivo de escuchar los distintos sectores y lograr acuerdos que permitan dar soluciones a problemas inmediatos y estructurales que tiene el país.

Entre otros temas, en el espacio se tocó la consolidación fiscal y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que los diputados aprobaran el crédito rápido por $504 millones.

Dicho préstamo es el inicio de una serie de negociaciones con el FMI para más financiamiento y una hoja de ruta entre el organismo y gobierno costarricense.

Esa ruta, la cual no ha sido clara por parte de las autoridades, ha sido motivo de críticas por parte de legisladores de oposición.

“Voté en contra el préstamo del FMI por la poca transparencia y el manejo oscuro de este gobierno, quien ha ocultado los verdaderos entendimientos con el Fondo Monetario Internacional. Yo no voy a prestarme para firmarle al gobierno un cheque en blanco de un crédito del que detrás hay intereses, agendas oscuras y hasta tiburones, que lo que quieren es empujarnos a que haya una negociación con el FMI para la venta de instituciones del gobierno como: Kölbi, Fanal y el BCR a precio de gallina flaca”, aseveró Franggi Nicolás Solano, congresista verdiblanca.

Similar manifestó el frenteamplista José María Villalta Florez-Estada la semana anterior cuando el Congreso dio primer debate al jugoso empréstito.

“No estamos en contra de los préstamos de apoyo presupuestario, pero con este crédito no se habla de la otra parte de la historia, que, según comunicados del propio gobierno, este instrumento es la llave para negociar un acuerdo stand by con el FMI. Entonces aquí el gobierno nos pide la llave, pero preguntamos qué abre esa llave, dígannos qué van a hacer con esa llave, no nos quieren decir qué negociaron o qué van a negociar, que no es menor”.

Como parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, el gobierno se ha jactado de informar foros virtuales con organizaciones sociales, empresariales y sindicales, entre otras, impulsadas por el Ministerio de la Presidencia y las vicepresidencias de la República.

POLITÓLOGO OPINA

Para el reconocido politólogo Sergio Araya Alvarado los procesos de diálogo deben tener una metodología bien establecida, así como un efectivo punto de arranque.

Para el experto si esos puntos no están claramente definidos la gente puede creer que se le está tomando el pelo, como se dice popularmente, y eso no solo genera desprestigio sino una sensación de engaño, que puede terminar en indignación y crispación ciudadana.

“Me parece muy extraño que no estuvieran los demás expresidentes. Yo hubiera hecho una sola mesa con todos los expresidentes, de todos los colores y de todas las líneas económicas, porque aquí veo otro problema. En este tipo de procesos de diálogo efectivo con negociación incorporada, no basta con dos horas en una reunión de Zoom, tiene que haber todo un proceso, es decir si eso es de verdad un proceso de diálogo, esto no basta con que yo habilite una plataforma para escuchar a los actores que yo quiero escuchar, porque si no lo que se ve es como una tomadura de pelo, que lo que se está es ganando tiempo, mientras otros son los que realmente están construyendo las propuestas que sí cuentan con el apoyo del gobierno. Entonces deben tener mucho cuidado”.

FORO SE INUNDÓ DE CRÍTICAS

Medardo Umaña

“Con todo respeto esta conferencia está arreglada y es una pérdida de tiempo estar viendo esto. Los tres dejan en mucho que pensar porque en están en la misma argolla”.

Jonathan Vargas

“Cada intervención del presidente, sigue con su discurso de candidato, promesas eternas y esperanzas sobre humo”.

Jorge Delgado

“Doña Laura tiene el voto del gobierno para buscar un puesto en el BID, ¿será acaso que va a cuestionar algo del gobierno? Pusieron a gente que se está viendo beneficiada”.

Freddy Azofeifa

“En Argentina llegó el FMI y hoy en 2020 están en quiebra. El Estado no tiene que vender sus empresas a manos privadas”.

Andres Cabezas

“Esta gente va a quebrar el país y todos lo saben. Nadie manda por encima del FMI”.

Joel Díaz

“Una élite de sinvergüenzas reunidos que se han aprovechado de sus puestos para robarnos sin deparo”.

Alejandra Montiel

“Por qué ahora vienen a proponer cosas que esos gobiernos no evitaron cuando estuvieron de presidentes. Hablar y señalar es fácil cuando no se aportó nada cuando se pudo”.

Luis Fernando Monge

“Blablablá, con qué moral van a hablar”.

En pandemia policías migratorios deben compartir chalecos antibalas

Publicada el 18/09/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

La seccional ANEP- PPM denuncia dos puntos importantes y que preocupan mucho al personal en relación a la crisis actual que se vive por la pandemia y de los cuales muchos oficiales han salido contagiados.

El primer elemento, es que los chalecos antibalas, elemento fundamental para el desarrollo de la labor operativa se encuentran vencidos, por este motivo la Unidad de Armería se encuentra recogiéndolos, pero lamentablemente no se están reponiendo.

Los oficiales que entran a trabajar deben recibir chalecos los sudados de sus compañeros

Lo que lleva al segundo punto y es que para no salir desprotegidos, deben compartirlo con quienes acaban de salir de turno. Esto se encuentra completamente fuera de los lineamientos de higiene y segundo por las acciones operativas la mayoría están sudados y oliendo mal.

Gran cantidad de los uniformados y de parte de la seccional ANEP Policía Profesional de Migración le piden a los altos mandos acciones prontas, a fin de que los casos de covid 19 dentro de los oficiales y usuarios no continúe en aumento.

Ya de parte de Gerardo Mora, presidente de la seccional se le solicitó la información al señor Stephen Madden Barrientos, Director de la Policía Profesional de Migración información al respecto para saber cual va a ser el accionar de la institución.

Gobierno gastará ¢9.400 mills. en “Censo del Bicentenario”

Publicada el 10/09/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Es requisito de la OCDE, indica ministra Pilar Garrido

NOTA: Diario Extra

En el 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) llevará a cabo el “Censo del Bicentenario”, para lo cual se dispone de un presupuesto de ¢9.426 millones.

Así lo explicó este miércoles la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante los diputados de la Comisión de Hacendarios en el marco de la defensa del presupuesto de la República del próximo año.

La jerarca recordó que en el marco de los cambios que el país aplicó para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se impone un requerimiento para la periodicidad de censos cada 10 años.

Para financiar estos recursos, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) tiene dispuesto hacer una transferencia al INEC por ¢3.450 millones.

El resto del presupuesto para el censo sale de recursos que recoge el mismo INEC por la Ley 9694 aprobado en junio pasado del impuesto a las primas de seguro con ¢1.621 millones y el resto de un superávit libre de INEC que según la ley le permite crear fondos para proyectos especiales como este, por un monto de ¢4.355 millones.

Floribel Méndez Fonseca, presidenta del INEC, resaltó la importancia de esta herramienta estadística para el país, ya que con estos datos actualizados se podrá mejorar y actualizar proyectos y políticas públicas.

CENSO EN PANDEMIA

El diputado Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, cuestionó cómo hará el INEC para implementar un censo en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Méndez explicó que deberán replantear la recolección de la información en campo. Si bien reconoce que la operación estadística en un censo nacional es compleja, para ello en noviembre próximo se llevará a cabo un “censo piloto” para aplicar diferentes técnicas en la recolección de la información.

En ese sentido el INEC buscará mantener tanto la técnica tradicional de entrevistas cara a cara, mediante un protocolo sanitario que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud.

Y por otro lado con la aplicación de un “autocenso” para cuando no hay posibilidad de una entrevista directa se le contacta a la persona y se le envía las preguntas de forma electrónica.

Sobre la barrera de la regla fiscal que el INEC sobrepasará en su presupuesto del 2021 por este proyecto, la jerarca explicó que ya están trabajando con las autoridades respectivas para que no haya problemas en ese aspecto.

“Me parece que gastar casi ¢10 mil millones para el censo es demasiada plata”, comentó el diputado Vargas, que fue el único legislador de la comisión que mostró alguna oposición sobre el tema.

El censo del bicentenario obligará a contratar a 14.500 personas durante tres semanas para que durante el mes de julio 2021 realicen la recolección de la información. Se visitarán alrededor de 1.800.000 casas y entrevistará a 5.200.000 personas.

Los datos preliminares del censo se comenzarán a conocer al final del 2021.

*Colaboró la periodista Sharon Cascante.

VOCES SINDICALES

Albino Vargas

ANEP

“Estar en la OCDE fue una soberana embarcada para este país porque no le van a hacer caso, primero cuando la OCDE está pida que se le ponga impuestos al gran capital y a las altas rentas. Por otro lado, están forzando a hacer gastos que no son necesarios en este momento de tanta crisis social y económica para miles de familias trabajadoras. Yo creo que están creando condiciones para que cuando termine este gobierno algunos de sus altos cargos pasen a integrar la burocracia de lujo que tiene la OCDE en su sede en París. Algunos jerarcas que impulsan estas cosas, a lo mejor están pensando en concursar para írsela a tirar rico a Francia como altos funcionarios internacionales”.

Rodrigo López

ANPE

“Nadie puede estar contento de estar afiliado a una institución que aparte que nos cuesta muchos miles de millones de dólares la afiliación. Nos exige o condiciona cierto tipo de estándares para poder ser parte, no solamente del staff de países que están en ellos como organización, sino para decir que evolutivamente estamos creciendo como sociedad activa, como sociedad económicamente viable dentro de los parámetros neoliberales que están dominando el mundo. Me parece un ridículo que tengamos que utilizar dineros que podrían estar siendo inyectados a programas de desarrollo social en asuntos de un conteo que particularmente me parece no es prioridad que tenga el país. Mucho le debe el Estado costarricense al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a la deuda histórica por la no cancelación de dineros que le tocan por ley y la no cancelación de lo que fue el traspaso del primer nivel del Ministerio de Salud a la Caja, para que ahora se diseñen estrategias para gastar una enorme cantidad de dinero y seguir golpeando en los servicios básicos públicos que deberían estar teniendo una tendencia a reforzarse”.

Marvin Atencio

Siprocimeca

“Estar en la OCDE nos ha costado una millonada, todavía yo no he visto cuál es la ganancia o el valor real para Costa Rica por estar metido en la OCDE, de qué forma nos está beneficiando si más bien vemos recomendaciones que van en contra de los intereses de la clase trabajadora y la situación económica del país, más bien nosotros hemos criticado esas posiciones tan extrañas. Para nosotros el pago de la membresía es exageradamente caro para lo que estamos obteniendo. Es una inversión con poco beneficio desde el punto de vista económico, estratégico. Deberían de tomar esos dineros y abonarlos a la deuda del Estado que es una urgencia en este momento por la situación país, a la cual la Caja le está haciendo frente”.

AyA registra pérdidas por ¢29.400 millones

Publicada el 08/09/2020 | por ANEP | 2 comentarios

Entre 2018 y 2019, denuncia sindicato tras auditoría

NOTA: Diario Extra

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) registró pérdidas por ¢29.423.413.055 durante 2018 y 2019, según consta en un informe de Estado de Resultados, elaborado por la Dirección Financiera.

La seccional ANEP-AyA denuncia que este hecho se suma a la baja ejecución presupuestaria que se presenta este año, ya que hasta el mes de mayo habría alcanzado un 32%.

“De un total de 96 metas trazadas durante el año 2019, solo se cumplieron 23, y de ¢298.795 millones presupuestados, solo se gastaron ¢142.565 millones”, indicó Edwin Marín, de ANEP-AyA.

Si se compara la ejecución presupuestaria del plan de inversiones entre los fondos específicos y fondos corrientes de la institución hasta mayo de 2018, 2019 y 2020, esta no alcanza ni el 50% de su inversión a mayo, según el Resumen Ejecutivo de Caja de la Dirección Financiera de AyA, del que DIARIO EXTRA tiene copia.

2018 CRíTICO

Estadísticas del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR) revelan que para hace dos años la administración de AyA estableció un presupuesto de ¢99.218 millones en inversiones, sin embargo, solo se ejecutaron ¢58.190 millones, lo que representa un 58%.

Es decir, de mayo a diciembre de ese año solo se avanzó un 27% del plan de inversión, un progreso relativamente bajo.

Un punto a destacar es que la ejecución del presupuesto de inversión entre enero y mayo de los últimos años no registró un nivel superior al 50% (ver recuadro).

DIFERENCIA

Según el Informe de Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento, al 31 de octubre de 2019, el Instituto invirtió un 50% del presupuesto general, siendo el rubro de menor avance el programa Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) con un 48%; es decir, ¢977,68 millones.

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”, explicó Álvaro Barrantes, intendente de Aguas.

SINDICATO ALEGA

Ewin Marín, líder de ANEP-AyA, asegura que concuerda con lo expuesto por la Intendencia de Aguas, pues consideran que la baja ejecución presupuestaria es una gran limitante en el progreso de proyectos de alta necesidad en la ciudadanía costarricense.

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos”, denunció.

Para los representantes de los trabajadores la preocupación en el manejo presupuestario se centra en la necesidad de ejecutar proyectos claves para evitar racionamientos y mejorar la calidad del agua.

PLANES PRIORITARIOS

La Intendencia de Aguas rescata que los principales proyectos que presentan rezagos son el Proyecto Orosi II, el cual consiste en llevar abastecimiento del líquido potable al área metropolitana desde esa zona. Según datos del AyA, la obra tiene un avance del 58%.

“Este proyecto supliría 2,5 metros por segundo de agua, es la solución para los racionamientos. Se viene planeando desde hace 10 años y a hoy lo que nos dice AyA es que estará listo en 2025 y cuesta entre $400 millones y $500 millones. Tiene atrasos porque tuvo que estar listo desde hace casi tres años para que hoy no haya racionamientos”, explicó Barrantes.

Respecto de este proyecto el sindicato indica que se encuentra estancado y es la principal razón por la que siguen los racionamientos, medida que afectó a 350.250 habitantes del área metropolitana.

PÉRDIDAS

Parte del agua que se obtiene de las nacientes no llega hasta los usuarios, lo que provoca una pérdida importante del líquido vital. En años anteriores se habló de un proyecto para contrarrestar esa pérdida, pero se ejecutó hace poco.

“Más de la mitad del agua que capta se pierde en la red y no se contabiliza ni le llega al usuario. El proyecto (RANC) busca reducir esa pérdida a cerca de un 30% a un 35%.

Nos preocupa porque arrancó recientemente y debió implementarse hace mucho tiempo. Se espera que esté en aproximadamente tres años”, expresó el representante de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

FACTURACIÓN

El reciente caso de los errores en facturación y la odisea que enfrentan aún muchos usuarios, quienes reclaman sobrecobros, debido a las tarifas estimadas, también es parte de los cuestionamientos de la Intendencia de Aguas.

“En el caso del AyA el sistema de facturación está muy viejo y da problemas, inclusive probablemente los sistemas de facturación pudieron generarse en parte por el sistema obsoleto. Es un proyecto que debió arrancar hace mucho tiempo y según la institución va a estar hasta el 2026”, afirma el intendente.

SOLUCIÓN

La Intendencia de Aguas manifiesta que para hacer frente a las necesidades empresariales AyA requiere duplicar la cantidad de inversión tarifaria, la cual actualmente ronda los ¢60.000 millones.

AYA RESPONDE

El Diario del Pueblo consultó a la institución con respecto a la ejecución presupuestaria de 2019 y la siguiente fue la respuesta.

“La revisión reciente de la Ejecución del Plan Estratégico y sus metas indica que se ha cumplido sobre la base de 46 objetivos, un 83%, por encima del 70% (de los cuales un 66% corresponde con más del 85%). Se cuenta con un plan de acción para abordar las desviaciones y se han establecidos controles específicos para el área de proyectos”.

Respecto a la ejecución presupuestaria de proyectos durante el año anterior AyA informa: “Según el Resumen Institucional que se encuentra en el SIIP de la CGR, el presupuesto al 31 de diciembre 2019 del AyA fue de ¢251.561.480.73 miles y su ejecución fue de ¢187.189.162.07 miles, que corresponde a un 74,41% de ejecución”.

“Importante señalar que para una institución que desarrolla obra el avance de esta debe valorarse sobre una base plurianual (varios años) y no anual, esto en razón del ciclo de los proyectos que comprende estudios básicos, diseños, contratación y construcción; en general, las obras toman en promedio tres años y se ven afectadas por diversas causas externas, tal como cambios en las obras, fenómenos climáticos, apelaciones durante los procesos licitatorios, entre otros”, agrega.

Al consultar sobre la responsabilidad de la ejecución presupuestaria, además de por qué el porcentaje de este rubro no es más elevado, indicaron: “La responsabilidad de la ejecución del presupuesto descansa directamente en las jefaturas y direcciones, gerentes de unidades ejecutoras, que solicitan los presupuestos, con planes aprobados y gestionan sus centros de costos y gastos. Como se indicó supra hay diversas razones que impiden que la ejecución presupuestaria sea la deseada”.

Edwin Marín

Seccional ANEP

Álvaro Barrantes

Intendente de Aguas

Dineros del IVM se usaron en construcción de Parque Viva

Publicada el 25/08/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

CCSS compró ¢4.706 millones en títulos de La Nación

Nota: Diario Extra

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinó ¢4.706 millones a la compra de títulos de La Nación y sus subsidiarias, cuyo dinero se captó en parte para la construcción de Parque Viva.

Así se desprende de los Estados Financieros del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de los cuales este medio tiene copia, y de hechos relevantes dirigidos al Mercado de Valores.

Hubo dos emisiones, la A14, realizada del 21 de marzo por un monto de ¢10 mil millones con un vencimiento al 2024. Se habría hecho a través de Aldesa.

La segunda es la B14 por ¢11 mil millones con vencimiento a 2025 y cuya emisión se realizó el 4 de abril de 2014. En ambas participó la Caja como comprador de los títulos con fondos de IVM.

Del hecho relevante FC-29-2014 se extrae que el objetivo de la captación de recursos es la inversión en activos productivos de largo plazo como la remodelación del Autódromo La Guácima (Parque Viva), anfiteatro, un centro de exhibiciones y plazas al aire libre, áreas de acceso y recreación.

Otra parte indicó La Nación se dirigiría a la cancelación de pasivos de entidades públicas y privadas, considerados estratégicamente convenientes, así como para financiar requerimientos de capital para inversiones futuras.

A la fecha, la CCSS habla de la tenencia de ¢2.950 millones en títulos de La Nación y sus subsidiarias, debido a que la otra parte del dinero invertido habría venido retornando a la institución a través de los vencimientos.

Sería esta la única empresa no financiera en la que el IVM decidió invertir para ese periodo (2014), según los estados financieros. El resto de las inversiones en el sector privado las constituyeron en bancos y mutuales.

DIARIO EXTRA dio a conocer que la Junta Directiva de la Caja pidió explicaciones recientemente a la Gerencia de Pensiones sobre la conveniencia de mantener dichas inversiones.

Lo anterior obedece a que, según la CCSS, se ha dado una disminución de la calificación de riesgo de las mismas, pasando de “AAA” en el momento que se realizó por primera vez la oferta de mercado a “A” al día de hoy.

Indican que la Junta Directiva en el artículo 9º de la sesión No.8818, celebrada el 17 de diciembre de 2015, acordó la venta de los títulos valores de La Nación y subsidiarias, sin embargo por las condiciones de los precios de mercado y la poca demanda de estos ha sido imposible hacer efectivas dichas ventas.

CCSS: “TENÍA UNA CALIFICACIÓN AAA”

La Gerencia de Pensiones señaló a El Periódico del Pueblo que toda inversión que realiza el Fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se hace de conformidad con la normativa. Explicaron que las inversiones son avaladas y aprobadas por los comités y con el apoyo de los análisis y acuerdos de la junta de Riesgos.

En este caso, aseguran se realizó un análisis financiero y un criterio de riesgo.

Sobre por qué invertir en La Nación, comentaron que el Mercado de Valores Costarricense es muy incipiente y poco desarrollado en la oferta privada de títulos valores, lo cual ha sido característico aún más en los últimos años.

“De la poca oferta pública siempre se han realizado los estudios respectivos para determinar la viabilidad técnica y legal de invertir o no, donde en su mayoría no cumple ni financiera ni legal”, recalcaron.

Aducen que el IVM ha contado en su momento con inversiones en títulos valores de empresas como Atlas y Durmán Esquivel, además de las ya mencionadas de bancos privados.

No obstante, acotan que la oferta de empresas privadas no financieras de calificación AAA, desde el 2015, es prácticamente nula y no se han realizado inversiones nuevas.

DIPUTADO CUESTIONA

El diputado Dragos Dolanescu manifestó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que pediría explicaciones a la CCSS sobre la inversión en títulos de La Nación y sus subsidiarias.

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”, expresó el legislador.

Las declaraciones del parlamentario hacen referencia a que para el momento de la emisión del 4 de abril de 2014, trascendía en la prensa, que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial había fijado fecha para la audiencia preliminar en el caso de La Nación por presunta defraudación fiscal en la venta de dos rotativas.

Finalmente, la empresa llegaría a una conciliación con el Estado por ¢2.277 millones en noviembre de ese año.

Dolanescu agregó que “se ve muy feo cómo una empresa se capitaliza con el dinero de las pensiones de todos los costarricenses y de inmediato paga deudas con Hacienda, suena como raro eso de pedir plata prestada al Estado para pagar deudas que se tiene también con el Estado, así es muy fácil para algunos hacerse millonarios a costilla del pueblo costarricense y aprovecharse de sus influencias para no afectar sus finanzas personales”.

VALORAN LLEVAR CASO AL MINISTERIO PÚBLICO

El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo que están pensando llevar el caso incluso hasta el Ministerio Público.

“Desde el punto de vista que los dineros de los trabajadores que tanto sacrificio les cuesta ganarlo y que vayan a apuntalar a negocios abiertamente lucrativos para reducidos grupos económicos que ya acumulan demasiado dinero es un acto censurable”, comentó.

La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. “Parecen ser más de ¢4 mil millones, no descartamos enviarlo al Ministerio Publico porque no es la primera vez que se presentan cosas como esta en la inversión de fondos del IVM”, finalizó.

• Dragos Dolanescu

Diputado

• Albino Vargas

Secretario ANEP

“La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. Parecen ser más de ¢4 mil millones”.

Sindicato denuncia tráfico de influencias en AyA

Publicada el 25/08/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

NOTA: Diario Extra

Un nombramiento hecho en 13 días a una funcionaria que no contaba con los requisitos del puesto es la nueva polémica que involucra al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según el sindicato ANEP-AyA, ocurrió un posible tráfico de influencias con la designación de Kattia Sánchez Sánchez, quien habría laborado para el ahora gerente institucional, Manuel Salas Pereira, en la empresa INNO Inmobiliaria.

“Los errores se están cometiendo en la Gerencia General y aquí lo que vemos es un posible tráfico de influencia, no es común que a una persona se le nombre en 13 días e inclusive se sigue presentando la alteración de requisitos”, menciona Edwin Marín, de la seccional ANEP-AyA.

Sánchez habría presentado su oferta de servicios el 22 de mayo de 2019 ante el Instituto, luego el 5 de junio de ese mismo año el gerente general solicitó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se nombrara a la funcionaria de manera interina en un puesto de ejecutivo especialista.

“Se habla de temas de interés institucional y no se justifica cuál es ese interés, y esto se suma a los procesos de contratación irregulares que se reportaron por la auditoria”, dijo Marín.

La solicitud de la designación interna queda en evidencia en el memorando GG-2019-01709 del 5 de junio de 2019, 13 días después de que Sánchez presentara la oferta de servicios.

FUNCIONES

Las funciones que le fueron asignadas a Sánchez en el puesto están relacionadas a la gestión de proyectos, supervisión de cumplimiento de requisitos, brindar capacitaciones y ser coordinadora de la comunicación entre líderes.

También se le designó proponer cambios en políticas y reglamentos internos para mayor efectividad de la organización funcional y hacer informes para entidades externos, con respecto a la ejecución de presupuestos.

Siete días después, el 12 de junio y mediante el oficio GG-2019-01786, el subgerente general del AyA, Annette Henchoz, le comunicó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se aprobaba el nombramiento interino, haciendo una excepción a la regla.

“En adición al memorando GG-2019-0179, en concordancia con la justificación aportada para el nombramiento interino de la Ing. Kattia Sánchez Sánchez, se autoriza a realizar dicho nombramiento, haciendo una excepción de lo establecido en la Directriz No. GG-2017-02945 en cuanto al tema de subutilización del puesto”, menciona el escrito dirigido por Henchoz.

Ante esto, el sindicato considera que la forma de actuar de la Gerencia es criticable.

“¿A quién se le da una plaza subutilizada, por qué hacer una excepción a una directriz? Se pierde la confianza en la Gerencia General y la junta directiva no está haciendo nada. Inclusive a la fecha no sabemos si se tomaron medidas con respecto a los auditorajes con los procesos poco transparentes”, menciona Marín.

MEJORA DE PUESTO

Tan solo tres meses después de que fuese nombrada en el puesto, el propio gerente general le solicita a la Dirección de Capital Humano que se traslade a Kattia Sánchez a otro puesto “con cargo de ejecutivo experto a partir del 01 de octubre del 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019”, se lee en el documento.

El sindicato critica que se haya hecho una excepción a la directriz que limita subutilizar plazas y además aduce que se siente desconfianza con respecto a las decisiones que emiten quienes dirigen la entidad.

DIRECTRIZ

Precisamente, el 12 de diciembre de 2017 el gerente Manuel Salas emitió la directriz GG-2019-00285, titulada “Nombramientos y Movimientos de Personal”, documento dirigido a las jefaturas.

“Es preciso aclarar sobre el tema de subutilización de plazas que para las nuevas contrataciones en puestos catalogadas de servicios especiales y de cargos fijos, no se permitirá contratar nuevo personal subutilizando las plazas”, expresa la orden.

Y agrega que “los postulantes deberán cumplir al 100% los requisitos exigidos en los manuales institucionales para ocupar las plazas disponibles vacantes, lo anterior con el fin de dar el mejor aprovechamiento y con ello la mejor ejecución presupuestaria”.

El texto también menciona que solo podrá haber una subutilización de una plaza cuando haya escasez de personal y debe estar debidamente justificada.

“Eso se está manejando dentro de la misma red de cuido de la junta directiva, Annette Henchoz fue nombrada por este gobierno y se apresta para hacer excepciones, entonces para qué se emiten directrices si no se van a cumplir”, comentó Marín.

Inclusive, el gerente rectifica lo mencionado por la directriz el 5 de febrero de 2019 con la resolución GG-2019-00285.

“Se mantienen las disposiciones emitidas en la directriz No. GG-2017-02945, de fecha 12/12/17, relativas al tema de la subutilización de plazas para las nuevas contrataciones en puestos catalogados de servicios especiales y de cargos fijos”, dice el documento.

GERENTE

El gerente Manuel Salas critica las denuncias que últimamente han circulado en diversos medios de comunicación en una carta que dirigió a los funcionarios de la entidad el pasado 19 de agosto.

“Grupos privados y políticos, perfectamente coordinados en el mensaje, repiten y se apoyan mutuamente con pretendidas denuncias, exageraciones, distorsiones, verdades a medias y llanas mentiras”, reza el escrito.

“Su táctica consiste seleccionar aquellos temas que son más fácilmente susceptibles de enfocar negativamente en la opinión pública y darles una connotación de corrupción e incompetencia”, añade la carta.

También, Salas se refiere a las opiniones que tienen diversos sectores cuando se denuncian actos de corrupción y salen a la luz pública.

“No son más que opiniones fundamentadas en titulares, notas livianas de prensa, filtraciones incompletas de información interna y febriles teorías de conspiración, que nunca le dan el espacio debido a las muchísimas explicaciones serias que ha dado la institución. Luego, por supuesto sirven para un refrito, cuando carecen de material nuevo. Nada de esto es casualidad”, agrega.

Al respecto, la seccional ANEP considera sentir preocupación, ya que si se debilita demasiado la entidad podría haber un riesgo o intención de querer privatizarla.

“Hay una pérdida de confianza y sentimos que no hay transparencia, nosotros estamos informando y diciendo a la población lo que sucede a lo interno y encontrarle la solución al problema”, expresó el presidente del sindicato.

Salas también justifica la inversión de $45 millones en la modernización de la plataforma tecnológica de la institución que forma parte de los temas por los cuales deberán comparecer los miembros de la junta directiva ante los diputados.

“Sin duda es uno de los ataques más infundados, acríticos e incoherentes que potencialmente podrían dañar de forma grave al AyA, si lograran su objetivo. Algunos lo han llevado a la prensa, que se caracteriza por su sensacionalismo”, relata la carta.

El comunicado dirigido a los trabajadores menciona que de manera paulatina irán explicando los temas por los cuales se cuestiona a la administración de Acueductos y Alcantarillados.

Edwin Marín

Seccional ANEP-AYA

“La situación en AyA es algo crítico, aquí se ha generado un fenómeno sociopolítico como nunca antes desde su creación se ha visto, es preocupante cómo hay tanto despilfarro, discriminación, falta de transparencia. Parece que quieren debilitar la institución para someterla a una posible privatización, esto va a terminar en una intervención administrativa del AyA, y estos hechos hacen que se ponga en juego la estabilidad del personal”.