Los cuestionamientos se dan luego de la comparecencia de la Vicepresidenta de la República, Epsy Campbell en la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela de la Asamblea Legislativa sobre la situación de personal migratorio en puestos fronterizos.
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Derecho de respuesta al periódico La Nación
San José, sábado 18 de julio de 2020.
S.G. 17-21-2191-20
Honorable señor
Armando González Rodicio, Director PERIÓDICO LA NACIÓN
Por esta vía solicitó al medio de comunicación que usted representa un Derecho de Respuesta o Rectificación sobre la publicación realizada el miércoles 15 de julio del 2020 en el sitio web de La Nación, en la sección No coma cuento, así como en las redes sociales de su organización, con el titular #NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos, debido a que dicho titular presenta un claro agraviante hacia mi persona.
La solicitud de Derechos de Respuesta o Rectificación la realizo amparado en lo que establece la Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 29; así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Título III, Capitulo III, en los artículos 66, 67 y 69, perfilado por los diferentes fallos que ha emitido la Sala Constitucional, además, ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Como lo indicamos supra, la Honorable Sala Constitucional, ha fundamentado la sustentación del “Derecho de Respuesta o Rectificación”, de la siguiente manera:
«IIo.- Si lo pretendido por el recurrente es ejercer el derecho de rectificación y respuesta, cabe aclarar que los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan ese derecho, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y por ende, para efectuar por el mismo órgano de difusión su respuesta de conformidad con las reglas que establece el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De esta manera, el interesado deberá formular por escrito la correspondiente solicitud, ante el dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a que se publiquen o transmitan las manifestaciones que se proponga contestar, y se acompañará el texto de su respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. Ese texto deberá publicarse o difundirse -y tendrá que destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva-, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria y en los demás casos cuando se dé el próximo tiraje o transmisión que se hiciere después de ese plazo (…)» (Sentencia No. 7086-94, de las 13:24 hrs. del 2 de diciembre de 1994).
LOS INFUNDIOS A LOS QUE NOS REFERIMOS:
En la nota publicada por los periodistas Silvia Artavia y Aarón Sequeira se manifiesta que mi persona difunde información falsa sobre el proyecto que impulsa el Gobierno. con relación a la reducción de la jornada laboral y el salario en el sector público, al indicar en mi cuenta de Twitter lo siguiente “¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Dizque ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman “dietas”. ¿Será posible tal cinismo político?” (Subrayado mío).
Sin embargo, mi aseveración en redes sociales, con fundamento, quedó completamente respaldada durante la comparecencia de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), señora Pilar Garrido Gonzalo, en la sesión de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, del 14 de julio del 2020, al ser esta última cuestionada por el diputado José María Villalta Florez- Estrada sobre como el proyecto no tocaba el salario de los diputados y diputadas, además ampliado a otras jerarquías del Gobierno.
Al respecto el señor diputado Villalta, manifestó lo siguiente en el plenario legislativo:
“El proyecto de ley está tan mal planteado que podría generar una nueva y más grave desigualdad: se les rebaja los salarios a las y los trabajadores del sector público, pero no a los altos jerarcas del Gobierno -con salarios más altos- que no están sujetos a una relación laboral con el Estado.
El proyecto de ley plantea reducir en un 15% la jornada laboral del personal de la Administración Pública. Pero nuestra jurisprudencia constitucional y laboral ha establecido de forma reiterada que los jerarcas como ministros de gobierno no están sujetos por una relación laboral y, por lo tanto, no tienen una jornada laboral que reducir. Así lo dejó claro la Sala IV, en el voto N.°369- 2009, donde afirman que ‘las labores que desempeñan los funcionarios públicos “gobernantes” son de naturaleza política, nombrados por el Presidente en atención, principalmente, a su afiliación partidaria, de manera que su relación con el Estado -como se indicó- no es laboral ni estatutaria’.»
Algo similar ocurre con los directivos de instituciones autónomas que ganan jugosas dietas. No están sujetos a jornadas laborales, por lo tanto, a ellos no se les aplicaría el rebajo salarial, sólo a sus subalternos. Pasa lo mismo con los diputados y diputadas. No hay una relación laboral con el Estado ni aplica una ‘jornada laboral’. La remuneración se rige por una ley especial y se paga por dietas.
Cabe mencionar y llama poderosamente la atención, que estos hechos noticiosos suscitados en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios un día antes de publicada la noticia “NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”, (subrayado mío), ni siquiera fueron tomados en cuenta por los periodistas para elaborar la nota que me ataca, a pesar de que incluso se volvió un hecho noticioso nacional y tendencia en redes sociales. Sólo se avocaron a tomar en cuenta las manifestaciones de la ministra Garrido Gonzalo, misma que fue puesta en evidencia al suministrar datos inexactos y, posiblemente falsos, ante la opinión pública y en la misma Asamblea Legislativa sobre los alcances de la propuesta de Gobierno.
Entonces queda claro que no ha sido la ANEP, ni mi persona, las que hemos difundido información falsa. Queda clarísimo para nosotros y para la opinión pública que ha sido el Gobierno de la Republica, presidido por Carlos Alvarado Quesada y la indicada ministra de Estado, quienes con tal de afectar a la clase trabajadora y, especialmente, a los trabajadores del sector público, quienes han aportado en el mismísimo Congreso de la Republica, información incorrecta, inexacta y posiblemente falsa; la cual no sólo ustedes no han verificado y, al parecer, más bien se regocijan en hacer eco y propalar tales inexactitudes. ¡Claro!, es entendible: ustedes les fascina vilipendiar la lucha sindical y, por supuesto, a quien suscribe este derecho de respuesta y rectificación.
Por estos motivos, reitero en nombre, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, organización sindical que dignamente represento, la solicitud inicial del derecho de respuesta o rectificación bajo las mismas condiciones en las que fue publicada la nota que atenta contra mi imagen.
Saludos.
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Impuesto al aguinaldo: el acabose de la agresión a la clase trabajadora
- Furia obrera será indetenible.
- Promotores de ingreso a la OCDE siempre lo ocultaron.
- Una hora de evasión fiscal recuperada significa más de dos veces lo que pretenden recaudar con el impuesto a los aguinaldos.
De la manera más enfática y fuertemente vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su más fuerte rechazo a la descabellada idea que, presuntamente, estaría proponiendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mentado “club de los países ricos” que ahora admite en su seno a “convidados pobres” como Costa Rica.
Decimos “presuntamente” porque no podemos descartar que sean elementos político-“empresauriales” nacionales los que hayan ido al seno de la OCDE con esa nefasta idea, considerando que si ellos mismos lo hicieran el costo político les resultaría catastrófico, dado ya están pagando muy alto la factura por la cadena de medidas anti-obreras que vienen tomando en el marco de la pandemia y antes de la misma.
Es más, la “tímida” y pública inicial reacción gubernamental ante la propuesta de la OCDE, incrementa nuestra sospecha de que a ésta le “vendieron” la idea de que sea ella la que realice el trabajo sucio de formularla.
Específicamente, la jerarca ministerial de Mideplan, Pilar Garrido Gonzalo y su homólogo de Hacienda, Elián Villegas Valverde dijeron que el Gobierno “analizaría” la propuesta, cuando lo que correspondía era haber formulado un fuerte rechazo gubernativo, de primera entrada, a tan descabellada idea.
Pronosticamos que, si semejante idea empieza a tomar cuerpo y, peor aún, es puesta a trámite parlamentario, la ira socio-laboral sería incontenible, indetenible, pues el aguinaldo no solamente es considerado como una sagrada conquista obrera, por lo tanto, intocable (y hasta ahora intocada); sino que, los comerciantes, de manera especial, saben lo vital que para sus negocios resultan los miles de millones de colones puestos a circular en la economía en el mes de diciembre.
Nos atrevemos a decir que la reacción de repudio y rechazo sería espontánea y no costaría mayor esfuerzo una convocatoria a las calles.
Los ¢117 mil millones que generaría ponerle un impuesto al aguinaldo, significan menos de la mitad de lo que se evade en impuestos en una sólo hora, pues con base en la estimación (muy bajita, por cierto), del anterior exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que anualmente en Costa Rica el fraude fiscal-tributario es del orden de los $3 mil 800 millones, a la hora de hacer la conversión a colones, el robo de impuestos alcanza, ¡por hora!, casi ¢253 mil millones.
O sea, una hora de evasión fiscal recuperada, equivaldría a poco más de dos veces lo que quieren arrancarle por impuesto de renta a los aguinaldos.
Dejamos alertada a las conciencias obreras de los sectores privado y público para que se alisten a movilizarse, con las previsiones sanitarias de rigor, si resulta necesario la defensa del aguinaldo. Primero es el impuesto… luego se atreverían hasta plantear su eliminación.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Todo listo para la manifestación vehicular pacífica
•Con respeto estricto a los protocolos sanitarios
•Habrá caminantes con distanciamiento físico entre sí
Tal y como se había anunciado con bastante antelación, este lunes 27 de julio se desarrollará la Manifestación Vehicular Pacífica, con respecto estricto a los protocolos sanitarios, prevista para iniciarse a partir de las 9 de la mañana, en Sabana Norte, al costado este del histórico edificio central del ICE. Se recorrerán importantes vías capitalinas.
Se dará a conocer un manifiesto conteniendo las reivindicaciones puntuales de los grupos participantes, reunidos en el marco del Encuentro Social Multisectorial; puntuales planteamientos que se dan en el marco de la agudización de la crisis fiscal y de sus perversas repercusiones en los planos económico-social, amén de los graves efectos que para éstos está teniendo la pandemia del covid-19.
Particularmente, los contenidos del manifiesto toman en consideración el drama social de las familias desempleadas producto de la pandemia, la de quienes ya venían sufriendo el flagelo de la informalidad y de quienes ya estaban sin trabajo, la creciente angustia económica asfixiante para las micro-pequeñas y medianas empresas; así como el agobio y el ataque constante al empleo público; son parte de los contenidos que serán bien remarcados con esta actividad.
En el acongojante y doloroso escenario nacional que abrió el coronavirus, se entiende que la Manifestación Vehicular Pacífica de mañana lunes 27, se considera como una primera acción dado que serán necesarias otras, pues dada la soberbia y prepotencia de la gestión de Alvarado, de su Administración, y del equipo de élite del gran empresariado que le rodea, no ha sido posible un diálogo social, transparente y fructífero, como lo exigen las condiciones de vida de deterioro ascendente para la amplia mayoría de las familias trabajadoras costarricenses. Diálogo real en el que venimos insistiendo desde el año 2018, sin encontrar voluntad política de la élite gobernante, y en el cual insistimos en tiempos de covid-19.
La actividad, de contenido abierto, también desea hacer un llamado a la unidad social de amplia base que permita construir, entre todas las fuerzas y sectores con interés de participar, una agenda conjunta con la visión y contenidos de quienes nos sentimos ya excluidos o a punto de serlo por una política económica que no está destinada para favorecer a la mayoría.
Se solicita a caminantes distanciamiento físico entre sí, uso de caretas o mascarillas y demás protocolos sanitarios.
San José, domingo 26 de julio de 2020.
Rebaja salarial en el sector público: golpear más duro a la Caja
- Movilizaciones obrero-sociales apoyaron su creación
- Movilizaciones obrero-sociales deben defenderla
Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45 % de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.
Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero privado ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.
Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que ANEP condena enérgicamente.
La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos que parecen haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.
Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia pues los enemigos de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.
Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector público.
Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla.
Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.
San José, lunes 13 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ANEP presenta denuncia disciplinaria laboral contra juez Contravencional del Juzgado de Bribri
• El juez indicó que no era de su competencia conocer los recursos de apelación por el caso de los trabajadores despedidos injustificadamente de la Municipalidad de Talamanca.
• Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica concuerda con ANEP al considerar que le correspondía al Juzgado Contravencional de Bribri darle trámite a los expedientes.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso una denuncia en Inspección Judicial contra el juez Contravencional del Juzgado de Bribri, Víctor Orozco Zarate debido a que consideró que “dicho despacho era incompetente para conocer los recursos de apelación” que presentaron varios trabajadores por el despido injustificado realizado por el Alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez.
De acuerdo con los hechos contemplados en la denuncia, el pasado 5 de junio, una trabajadora de apellido Selles, de la Municipalidad de Talamanca acudió al Juzgado Contravencional de Bribri a interponer el recurso de apelación contra la resolución administrativa de revocatoria del despido. Sin embargo, el Juzgado Contravencional de Bribri, declinó el conocimiento de este asunto al interpretar el artículo 159 del Código de Municipal y considerar que dicho despacho era incompetente para conocer este tipo de diligencias y ordenó remitir el asunto ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
El actuar del juez Orozco Zarate fue el mismo ante los otros recursos de apelación de despido injustificado presentado por otros tres trabajadores de la Municipalidad de Talamanca, tramitados bajo los expedientes número 20-000044-1537-LA, 20-000043-1537-LA y 20-000042-1537-LA.
Por su parte, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, elevó el caso al Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica solicitando un proceso de jerarquía impropia, ya que de acuerdo con la Reforma Procesal Laboral son los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía los que conocerán en materia de trabajo (como Juzgados de Trabajo por Ministerio de Ley) de todos los asuntos, cualquiera sea su valor económico, correspondientes a su circunscripción territorial, excepto de los conflictos colectivos de carácter económico y social, siempre y cuando en su territorio no exista Juzgado de Trabajo.
“Por lo que a criterio de la suscrita, contrario a lo considerado por el Juez Contravencional, ese despacho quedó facultado por ministerio de ley a conocer todos los asuntos con excepción de los conflictos colectivos de carácter económico y social, de ahí que no podría declararse incompetente para resolver un recurso de apelación por jerarquía impropia de su jurisdicción”, indicó la jueza del Primer Circuito Judicial Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Ana Naranjo Solano.
“Lo que nos preocupa es que los casos de los cuatro de los compañeros se encuentran prácticamente detenidos y es lamentable, por eso nosotros presentamos la denuncia ante la Inspección Judicial porque queda claro que el Juzgado Contravencional era el que debía de resolver. Lo que hace este juez es dilatar los procesos tan urgentes como es el recurso de apelación del despido injustificado”, explicó José Pablo Quirós, asesor legal de la ANEP.
Quirós agregó que la situación es preocupante, ya que este proceso puede durar años si no se revuelve con celeridad y la negativa del juez causa prejuicios graves a la parte más débil de la relación laboral, es decir, a los trabajadores quienes requieren volver a su puesto de trabajo lo más pronto posible.
En la denuncia presentada ante Inspección Judicial, la ANEP incluyó varias pretensiones en contra del juez Víctor Orozco Zarate; entre las que se encuentran el traslado del Juzgado Contravencional de Bribri con el objetivo de evitar perjuicios a los pobladores de la zona de Talamanca, ante la incompetencia laboral del Juzgador denunciado. Además, que sea sancionado con la suspensión de su cargo por 20 días sin goce de salario por el incumplimiento de labores en la tramitación de los expedientes antes mencionados y que se le ordene tramitar sin dilataciones injustificadas, futuros procesos laborales o de otra naturaleza, que sean de su competencia.
Seccional PPME continúa sumando esfuerzos para dotar de recursos a la Policía de Migración
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME) continúa trabajando duro para dotar de recursos frescos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), para la contratación de personal policial. Esto último, evidenciado por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
Por lo cual la seccional ANEP-PPME se reunió de manera virtual, el pasado viernes 03 de julio, con los diputados Jonathan Prensas e Ignacio Alpízar, así como con asesores legislativos de la bancada Nueva República, con el objetivo de solicitar el apoyo al expediente Nº20.323 que le daría recursos económicos a la Policía Profesional de Migración para la contratación de personal.
“En medio de esta pandemia se tuvo que cancelar la visita de los señores diputados y diputadas a los puestos fronterizos de la Zona Norte, por lo que en vista de la importancia de este proyecto de ley se realizó la reunión de forma virtual, con oficiales de distintas unidades de la Policía Profesional de Migración, para exponer las múltiples responsabilidades laborales y la necesidad urgente de contar con más personal, así como el deteriorado estado de muchas de las oficinas que albergan el personal y son la primera impresión que nuestros turistas perciben de Costa Rica”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la seccional ANEP-PPME.
Mora indicó, que al finalizarla reunión los diputados del bloque de Nueva República, ofrecieron su apoyo con dicho proyecto de ley qué se encuentra en la Comisión Legislativa de Narcotráfico y Seguridad. Además, los legisladores se comprometieron a buscar otras opciones que permitan lograr el objetivo de fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
“Sabemos que después de que pase esta pandemia aumentarán los flujos migratorios de extranjeros, en busca de una mejor calidad de vida: por la situación económica en la que quedará el mundo y más debilitado en los países pobres, aumentarán también los delitos de trata y tráfico de personas, así como el tráfico internacional de drogas. Desde el lado positivo de la acción del Estado costarricense con respecto a la atención del Covid 19, también esperamos que sea un destino turístico recomendado y que por lo tanto aumente significativamente los ingresos de turistas internacionales, por lo que se hace necesario los recursos y nuevo personal”, externo Mora.
Otros temas
Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el tema del Puesto Fronterizo Las Tablillas dónde oficiales de migración y extranjería atienden publicó en contenedores provisionales. Por lo que es necesario presentar un proyecto de ley para qué legalicen la creación del puesto fronterizo tal y cómo lo ordenó la Sala Constitucional. Además, se habló de la importancia de la propuesta para la creación del puesto fronterizo de control migratorio en México de Upala.
La reunión también contó con la participación del asesor legislativo de la ANEP, Roberto Zeledón.
ANEP solicita mayor protección a oficiales de Fuerza Pública ante faltante de insumos contra Covid-19
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante su seccional en la Fuerza Pública demanda a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), mayor protección a oficiales de Fuerza Pública, debido al faltante de insumos para prevenir el contagio de Covid-19 en algunas delegaciones.
La solicitud de la seccional, nace luego de varias denuncias y reportes de los mismos oficiales de la Fuerza Pública, destacados en diversas delegaciones del país sobre el faltante de insumos, como mascarillas, alcohol en gel, entre otros.
“En ANEP seguimos recibiendo constantes llamadas y mensajes de delegaciones policiales de Heredia, Alajuela, Cartago, Limón y San José, manifestando que no se les ha dotado de equipo de protección suficiente, aunque conocemos de las donaciones realizadas por la CNE al Ministerio de Seguridad Pública, en aras de apoyar el trabajo que vienen ejecutando nuestros abnegados policías. En algunos casos, se nos indica que saben que ingresaron algunos artículos, pero que son manejados a “discreción” por la dirección o el mando”, indicó Mainor Anchía, presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Otras de las preocupaciones de la seccional, es el estado de insalubridad de muchas delegaciones, las cuales también presentan hacinamiento y escasos productos de limpieza, escenario perfecto para la propagación del virus SARS-CoV-2.
“Hemos recibido información de aparentes casos positivos en Tibás y en Guanacaste, que se vendrían a sumar a los casos de Guacarí de Heredia y otros. En tal sentido, es menester insistir en que se establezca una estrategia por parte del Poder Ejecutivo, que permita atender a nuestros compañeros y compañeras, toda vez que, varios de ellos, nos externan el temor de contagiar a sus seres queridos al momento de ser enviados a guardar cuarentena”, externó Anchía.
Otro de los reportes que llegan a la secciona ANEP-Fuerza Pública, se refiere a la exposición del personal adulto mayor de la Fuerza Pública, así como con personal que presenta factores de riesgo ante el COVID-19
“Esperamos esto sea corregido, en atención de la Circular Nº MSP-DM-DVA-RVB-0117-2020, misma que fue emitida por el despacho del viceministro (Randall Vega). Hemos constatado compañeros con padecimientos en controles de carretera, en comisión, en actividades que implican naturalmente un mayor riesgo al contagio. Nuestros policías son personas de valor, tienen una gran convicción de servir, pero no son inmunes al COVID 19, como de alguna manera pareciera haberse considerado”, finalizó Anchía.
Propuestas
Ante ese panorama, para la seccional ANEP-Fuerza Pública, se debería trabajar en alguna metodología que permita minimizar el riesgo de transmisión, generando en la medida de las posibilidades, reubicaciones temporales que disminuyan los desplazamientos que tienen que realizar los uniformados.
Otra alternativa, podría ser establecer un mecanismo que permita hacer uso de los buses de la institución, para brindar transporte al personal policial de zonas rurales, que prestan servicio en San José y, que por lo general utilizan el transporte público.
Cartel licitatorio del Incofer generaría desempleo en tiempo de crisis
• Unos 70 trabajadores de empresa privada que brindan el servicio operativo-logístico para el Incofer, se quedarían sin empleo en setiembre.
• ANEP solicitó una reunión con representantes del ministerio de la Presidencia, Incofer y de la empresa Transfeco, encargada de dar mantenimiento y servicio a los trenes.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ve con suma preocupación y alarma el cartel licitatorio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) denominado “Servicios de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana” el cual vendría a generar una mayor afectación económica y desempleo en tiempos de crisis.
Para ANEP el cartel licitatorio del cual se están recibiendo ofertas de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), amerita una valoración integral por cuanto existen temas obreros-laborales involucrados. Además, es necesario el abordaje de la vigencia de la misma actividad micro-empresarial hasta ahora participante en la prestación de los actuales servicios de logística, en vista de que nuestra organización posee representación sindical en la misma y se podría generar un conflicto social innecesario en el marco de la pandemia del Covid-19 y el riesgo inminente de más desempleo.
“Este cartel licitatorio va a perjudicar a los trabajadores de la parte operativa- logística que actualmente operan para el Incofer, ya que la licitación menciona que se requieren cobradores, pero con grado académico superior, es decir, que cuenten con bachiller o estudios universitarios. Alrededor de un 60% a 70% de los trabajadores que hacen esas funciones actualmente para el Incofer no tienen ese rango y no tienen los recursos ni las condiciones para estudiar debido a que la mayoría son cabeza de hogar. Al solicitar esos requisitos y no tenerlos, obviamente creemos que se van a generar los despidos”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
De acuerdo con Vargas, el cartel licitatorio afectará a los trabajadores que realizan el cobro tanto en el tren como en los puestos de estación y prácticamente conllevaría la renovación completa del personal, lo cual se traduce en que unos 70 trabajadores aproximadamente se quedarían sin empleo.
“Hay mucha preocupación en los trabajadores de perder sus empleos dada la situación actual que enfrenta el país. En el caso de un cobrador del tren se les está solicitando formación académica de Tercer Año aprobado y preferiblemente Bachillerato en Educación Secundaria, prácticamente aquel que tiene bachillerato es el que va a tener más opción para obtener el puesto de cobrador. A la vez solicitan capacitaciones o certificaciones de servicio al cliente, Ley 7600, comunicación y atención de emergencias. Este cartel es discriminatorio, se podría considerar desigual en cuanto a los atestados que se les están pidiendo ahora”, agregó Vargas
Además, existen cuestiones referentes a las funciones que se les exigen y que no son propias de ese puesto que se está solicitando, este es un tema importante de definir porque los perfiles son la parte más sensible de una contratación.
El Secretario General de ANEP y su seccional en Transfeco consideran la necesidad de establecer una reunión urgente con los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, ministro y Silvia Lara Podevano, viceministra; así como con Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y la empresa Transfeco & Cía., en representación de Jorge Castro Murillo.
Algunas consideraciones de ANEP que contiene el cartel que son de cuidado tiene que ver con el establecimiento de los perfiles, las funciones asignadas y el puesto; la validación en la elaboración de los perfiles a la población vulnerable y la realidad laboral de los colaboradores; el cartel no posee ninguna referencia de participación de género ni de población discapacitada de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades; asimismo, los criterios de evaluación deben de ser revisados ya que genera duda al brindar el puntaje de 100 % al precio menor es excesivo. Aparte de las observaciones de legalidad y oportunidad del cartel, debe atenderse a los plazos previstos en la ley de contratación y su reglamento y el tipo de licitación con respecto a la una eventual objeción al cartel en atención al interés legítimo que ostentaría la persona trabajadora afectada.
Recorte abusivo contra el desarrollo local
• Se avecinan despidos agravando más el caso social en desarrollo
_Inaceptable nuevo ataque a la autonomía de las municipalidades_
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgica condena por la torpe y malintencionada decisión tomada por el gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.
Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.
El recorte de 41 mil 500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan sólo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.
Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?
Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso a la autonomía constitucional de las municipalidades.
ANEP alerta a la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, para que se organicen y defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar.
Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.
ANEP hace un vehemente llamado a toda la comunidad institucional laboral de las municipalidades, en especial a las agrupaciones sindicales de su población trabajadora, para que estén en máxima alerta con la finalidad de que, nuevamente, salgamos en defensa de la estabilidad republicana de los gobiernos locales, así como para salir en defensa de la estabilidad laboral y social de las municipalidades.
San José, sábado 4 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesadab Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
