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Criterio Sobre la Aplicación de la “Ley de Autorización de reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional”

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Es por todos (as) conocida la situación que ha estado atravesando el país, por motivo de la propagación del virus llamado “COVID-19”, ante la cual se han dictado una serie de medidas sanitarias, con la finalidad de reducir la posibilidad de propagación del mismo.

En respuesta a esta situación, el Estado costarricense decreto estado de emergencia nacional por medio de Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S del 16 de marzo del 2020.

En este mismo orden de ideas, se tramito en la Asamblea Legislativa, el expediente N ° 21.854, como una posible medida para enfrentar la situación del país, en el ámbito del Derecho Laboral, proyecto que fue aprobado como Ley de la República y publicado en la Gaceta del 19 de marzo del 2020, como “Ley de Autorización de reducción de jornadas de Trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”, sobre la cual ANEP oportunamente presentó su oposición y observaciones, por no estar de acuerdo con el fondo del proyecto. Sin embargo, al ser hoy ley de la República, es necesario que nuestras bases tengan claridad de los alcances de dicha norma, las posibles restricciones, pero principalmente de cuáles son los aspectos sobre los que debemos estar vigilantes, en su aplicación.

Dentro de la exposición de motivos de dicha ley, se justifica en la afectación que la actual crisis ha tenido y está teniendo sobre las actividades comerciales, y económicas y por ende en las relaciones de trabajo. Bajo esta premisa se debe tener claro que para la aplicación de dicha ley deben en principio mediar dos supuestos iniciales y elementales, el primero es que únicamente se aplicaría esta norma, cuando se haya declarado un “Estado de Emergencia Nacional”, por lo que en condiciones normales, si una empresa tiene problemas de solvencia económica, siendo un caso particular, y no una situación de emergencia nacional, no se puede aplicar la reducción de jornada, y el segundo supuesto es que se está ante una afectación real y directamente relacionada con la situación de emergencia nacional decretada.

Por otra parte, la reducción de las jornadas reguladas en esta ley, al responder a un tema de emergencia nacional, y sus efectos, la misma únicamente puede ser temporal, es decir no se debe aplicar en el tiempo, ni de manera ilimitada. Debe responder a la situación económica de la empresa, frente a la situación de emergencia nacional, con una limitación temporal máxima de 6 meses. (Artículo 5 de la Ley)

La Ley está pensada para las empresas del sector, privado, no regula la reducción de jornadas en el sector público, sobre lo cual a este momento no ha sucedido, ni se ha regulado nada al respecto, por lo que por el momento lo que podemos tener presente es que no puede darse reducción de jornadas en el sector público, sino hay norma que lo permita, y si se llegará a emitir deben respetarse las mismas o mayores garantías que las que regulan en la ley de cita.

El primer requisito para que la reducción de jornada sea aprobada es que la empresa demuestra que ha tenido al menos en 20% de reducción en sus ingresos, y esa reducción debe estar directamente relacionada con la situación de emergencia nacional.

La ley da potestad al empleador para determinar cuáles son los contratos de trabajo que requieren ser reducidos en su jornada. Sobre este tema lo razonable y sobre lo cual debemos estar vigilantes, es que, si se aplica dicha reducción de jornadas, mínimamente se justifique en la real reducción de producción de determinadas secciones, departamentos o trabajadores de la empresa, directamente relacionada a la crisis nacional, y que no se aplique de manera antojadiza o arbitraria.

La ley establece un límite de la reducción de la jornada, hasta en 50% de la jornada ordinaria, y únicamente en los casos en los cuales las empresas demuestran tener pérdidas de hasta un 60% de las ganancias podrían reducir las jornadas hasta en un 75% de la jornada semanal ordinaria.

Sobre este tema se debe estar atento a la cantidad de horas que se mantenga trabajando a los trabajadores cuando esta reducción sea aprobada, es decir que, si una persona trabaja tiempo completa, únicamente podrá ver reducida a su jornada a medio tiempo. Y únicamente en casos extremos de pérdidas económicas de la empresa del 60% la jornada podrá ser reducida a un cuarto de tiempo.

Se debe tener claro que como quedo redactada la Ley, los patronos pueden aplicar la reducción de las jornadas de previo, a la solicitud ante la Inspección Nacional de Trabajo (ente encargado de autorizar o no la reducción de las jornadas) de dicha autorización, pero necesariamente dentro de los 3 días siguientes a la aplicación de dicha reducción el patrono debe solicitar la autorización, justificación mediante declaración jurada del patrono y certificación de un contador público autorizado, las pérdidas económicas.

En este punto lo que debemos vigilar, es que si en una empresa se ha reducido la jornada de los trabajadores, es que el patrono efectivamente pida la autorización dentro de los 3 días siguientes, y corroborar la información que den en el Ministerio de Trabajo, sobre las pérdidas económicas y sugiero que si se tiene alguna prueba en contrario, por medo de la cuales pueda acreditar que las pérdidas económicas no están relacionadas directamente con la situación de emergencia, o en realidad no hay pérdidas económicas, deberían aportar a la Inspección Nacional de Trabajo, para que sean valoradas a la hora de resolver si autoriza o no la reducción de jornada.

En los casos en los que se haya autorizado la reducción de jornada, se debe tener claro que en caso de que posteriormente ese trabajador termine su relación de trabajo, las prestaciones deben calcularse sobre los salarios recibidos antes de la reducción de la jornada. (Preaviso, cesantía, daños y perjuicios en contratos a plazo determinado)

Para efectos de los demás derechos laborales, si se tomaran en cuenta los salarios realmente percibidos durante la aplicación de la reducción de la jornada (ejemplo para efectos de aguinaldo, vacaciones, cuotas de la CCSS)

En caso de que la Inspección de Trabajo rechace la solicitud del empleador, la persona trabajadora tendrá derecho al pago de las diferencias salariales correspondientes al salario que habría percibido por su jornada ordinaria, y da la posibilidad también al trabajador de dar por terminada la relación laboral, de forma unilateral su contrato con responsabilidad para el patrono. (sin embargo, esto es un sin sentido, ya que los trabajadores lo menos que quieren es quedarse sin empleo, por lo que esto debe entenderse necesariamente como algo netamente voluntad del trabajador, es decir tiene el derecho de recibir las diferencias salariales y solo si quiere dar por terminado el contrato de trabajo)

Como dirigentes se debe estar vigilantes que estas reducciones de jornada no se apliquen solo a los dirigentes sindicales, o a las demás personas con fueros de protección.

ANEP denuncia conductas anti-sindicales y anti-obreras por parte de la autobusera TRACASA

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la intervención de las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ante las constantes prácticas anti-sindicales y anti-obreras por parte de la empresa autobusera TRACASA, está ultima encargada de prestar servicio en la zona Caribe de nuestro país.

Según la denuncia interpuesta por la ANEP ante la cartera de trabajo, la empresa presenta un doble discurso mostrándose ante el MTSS respetuosa del Estado de Derecho costarricense, sin embargo, en la practica la conducta es totalmente opuesta.

“Dada la valoración que hemos realizado, de último minuto, de la persistencia de conductas anti-sindicales y anti-obreras en la empresa de buses TRACASA-Limón, con antecedentes al respecto ante la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social; precisamente porque en varias ocasiones la ANEP ha insistido en que mediando el diálogo, se pueden resolver la controversia obrero-patronal persistente en dicha empresa, la cual, lamentablemente, no parece o no quiere trabajar con transparencia y buena fe en tal sentido, manteniendo un doble discurso”, indica la denuncia dirigida a la Ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero.

Incluso la ANEP, junto a su seccional en TRACASA, presentaron varios audios como prueba que testimonian el grado de indignación por proceder de la empresa, donde se escucha la voz de una trabajadora, que al parecer “tendría los días contados”.

Ante esta situación, la ANEP, también dirigió la nota al Consejo de Transporte Público (CTP) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a fin de que ambas entidades y en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan lo más rápidamente posible.

Con respecto a la solicitud ante el MTSS, la ANEP está solicitando que se convoque con urgencia a César López Solano y Luis Castillo Smith, personeros de la empresa en las oficinas centrales de la cartera de trabajo, al considerar que deben dar la cara ante esta circunstancia.  

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Subsidio ofrecido por Gobierno dejaría a miles en la miseria total

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-Se debe cubrir, sin excepción, a todas las familias compatriotas en desventaja.
-El Subsidio Social Subsidiario (SSS) propuesto por ANEP dará asistencia a 660 mil familias y con 250 mil colones mensuales.

La propuesta del Gobierno para otorgar un subsidio a 375 mil familias y por un monto de 200 mil colones mensuales, durante un trimestre, se queda cortísima. Están pensando en asistir, únicamente, a las personas trabajadoras que ya han perdido sus empleos producto de la pandemia del covid-19, o que han sido afectadas por reducción de jornada con rebaja salarial. ¡Esto está bien!, en principio.

Sin embargo, la gravedad de esta crisis obliga a pensar en todas las personas desempleadas que ya tenían tan grave condición social antes del estallido de la pandemia. ¿Cómo se van a quedar en casa con hambre? ¡Eso no es humano!

Hablamos de las 309 mil personas que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estaban ya desempleadas, el 12.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). ¿Qué pasará con estas personas?

Por el contrario, la propuesta formulada por la ANEP, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, establece la posibilidad de cubrir hasta un total de 660 mil personas-familias sin ingreso alguno o muy reducido; y, aun así, de seguro, más compatriotas estarán entrando a la miseria producto de esta crisis de salud y de economía.

La propuesta de la ANEP para establecer el Subsidio Social Solidario (SSS), se financiaría con la declaratoria de una moratoria en el pago de intereses de la deuda pública, por un lapso igual de tiempo, tres meses, inicialmente; que permitiría emplear con ese fin social los 5.500 millones de colones diarios que el Ministerio de Hacienda está erogando para honrar esos intereses, considerados abusivos y obscenos.

Hablamos de que habría un monto mensual de unos 165 mil millones de colones volcados en la economía del mercado interno con lo cual se obtiene un doble efecto: solidaridad social y reactivación económica.

Creemos que hoy en día, dado los acontecimientos mundiales y el parón de la economía planetaria, una moratoria como la que plantemos tiene espacio político a raíz de que las rigideces fiscales, dogmáticas y fundamentalistas, inspiradas en el neoliberalismo, están siendo barridas por la lógica de los acontecimientos; y en los mismos países-cuna de tales políticas macroeconómicas y fiscales, las mismas están haciéndose añicos.

La propuesta de ANEP, incluida dentro del documento 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, mismas que -repetimos-, cuentan con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ya la conoce el Gobierno y estamos esperando, al menos, un “acuse de recibo”.

Costa Rica: Apuntes para un Programa Económico Urgente frente la crisis del Covid-19

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Por: Luis Paulino Vargas Solís, EconomistaDirector Centro de Investigación en Cultura y DesarrolloCICDE-UNED

Las condiciones que se viven:


1)    El Covid-19 plantea un desafío sanitario de dimensiones no vistas en generaciones.
2)    El tipo de medidas que es indispensable aplicar para frenar el contagio, tienen severas consecuencias económicas que, principalmente (aunque posiblemente no de forma exclusiva), tienen el aspecto de un abrupto “choque de demanda”, con una fuerte reducción de las ventas en diversos sectores de la economía, algunos de los cuales quedan cerrados del todo.
3)    Esto lanza a la economía a territorio negativo, y provoca un decrecimiento económico, el cual podría ser, al menos durante un tiempo, realmente agudo.
4)    Pero, por sobre todo, esto provoca desempleo y agravamiento de la pobreza, o sea, conlleva un costo humano y social, que debe ser atendido con sentido de urgencia y máxima prioridad.
5)    Razonablemente puede suponerse que una crisis sanitaria con estas características dure unos meses, después de lo cual debería haber una estabilización de la situación y un paulatino retorno a la normalidad. El proceso de recuperación será seguramente difícil, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y cultural.


Las prioridades: su ordenamiento en el tiempo


1)    Durante la fase aguda de la crisis sanitaria, la prioridad absoluta es el combate al contagio, y la defensa de la salud de la población y la vida de las personas.
2)    Al mismo tiempo debe haber un gran esfuerzo nacional encaminado a reducir al mínimo posible las implicaciones humanas de la contracción de la economía, o sea, preservar los empleos tanto como se pueda; apoyar de forma especial a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos de la economía social y solidaria; y brindar apoyos a las personas pobres y más vulnerables, así como a quienes se quedan sin empleo.
3)    Avanzar rápidamente hacia la planificación de un programa de recuperación de la economía y el empleo, que se debe poner en marcha tan pronto como sea posible y, como mínimo, tan pronto como las condiciones sanitarias se estabilicen.


Fondo Nacional de Solidaridad Social


1)    Objetivo: atender y aliviar las implicaciones humanas y sociales derivadas del deterioro de la economía, y atenuar la contracción económica que se sufra.
2)    Aprovechar la baja del precio de los combustibles: el economista, Dr. Olman Segura (Segura Bonilla 2020), de la UNA ha formulado una propuesta para la constitución de un fondo que ayude a preservar el empleo en micro, pequeñas y medianas empresas, aprovechando para ello la baja en el precio del petróleo, de forma que ésta no se  traslade a los precios. El diferencial correspondiente permitirá  alimentar ese fondo. Segura estima que ello rendiría alrededor de ₡7000 millones al mes, lo que permitiría beneficiar a unas 70.000 personas con un subsidio de ₡100.000 mensuales, de forma que, cumpliéndose algunas otras condiciones, se preserve el empleo de estas personas. Me parece una idea absolutamente pertinente y necesaria.
3)    Recargo temporal solidario: establecer un recargo temporal (6 meses) a diversos impuestos: impuesto sobre la renta (tanto personas físicas como jurídicas, e incluyendo tanto ingresos del trabajo como los provenientes del capital), impuesto sobre rentas y ganancias de capital, impuesto sobre casas de lujo y automotores, graduado según una escala progresiva que garantice máxima justicia y equidad en el reparto de las cargas. El Ministerio de Hacienda debería estudiar un diseño de este recargo temporal progresivo, con el objetivo de que, en lo posible, rinda un monto de al menos ₡20 mil millones mensuales, y de esa manera beneficiar con un subsidio de ₡100.000 mensuales al menos a unas 200.000 personas. Según el grupo de trabajo FES-OES (Friedrich Ebert Stiftung, Observatorio Económico y Social UNA 2020), hay estimaciones del exviceministro de Hacienda José Francisco Pacheco, según las cuales un recargo del 10% al impuesto al salario, aplicado por una sola vez, daría un monto aproximado de ₡13 mil millones. Esto sugiere que el monto de ₡20 mil millones mensuales que propongo es viable, pero, además, esta propuesta que formulo, que responde a la misma motivación, es de alcances más amplios y, al cabo, más justos y equitativos, ya que hace partícipes ingresos de fuentes diversas (no solo del trabajo) y algunos recursos patrimoniales de carácter privilegiado. Es lo que corresponde en vista de las circunstancias excepcionales que hoy vivimos.
4)    Programa “Proteger”: todos los recursos que pudieran obtenerse a partir de lo indicado en los dos puntos anteriores se sumarían a los fondos, por un billón de colones, que el gobierno ha contemplado en su programa “Proteger” (Oviedo 2020) a fin de ampliar la cobertura, y apoyar a más personas en condiciones difíciles y a las micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos solidarios, que pudieran enfrentar problemas.
5)    Meta propuesta: con base en los recursos provenientes de las diversas fuentes mencionadas, se tratar de hacer llegar un subsidio mensual de ₡100.000 a un número de personas que, deseablemente, pudiese llegar a las 400.000. Esto no solo representaría un alivio necesarísimo para la vida de muchas familias, sino que además apuntalaría la economía en un momento en que ésta lo requiere de forma especial.
6)    Agresiva acción internacional: los diversos organismos internacionales se muestran hoy día muy dispuestos a conceder financiamiento en condiciones favorables, con el objetivo de aliviar los efectos económicos y sociales de la crisis.  Incluso esos organismos proponen posponer los pagos de deuda externa, al menos en el caso de los países más pobres. El gobierno debe aprovechar al máximo estas posibilidades, tanto para obtener fondos adicionales como para aliviar las obligaciones de la deuda externa, y así fortalecer los programas de auxilio a las personas y sectores más vulnerables, mantener la estabilidad del tipo de cambio y, al menos en parte, financiar un vigoroso programa de recuperación económica, una vez la emergencia haya sido superada.


Ahorrar en los pagos por intereses


1)    Intervención del Banco Central: dada la excepcionalidad de la situación, el Banco Central debe estar dispuesto a participar activamente en los mercados secundarios de la deuda pública, con un objetivo prioritario: lograr una reducción significativa de las tasas de interés de los bonos del gobierno y, por esa vía, una significativa reducción en los gastos por intereses, a fin de aliviar la situación fiscal y liberar recursos que puedan destinarse a fines de más provecho y urgencia.
2)    Pagos excesivos: los datos de gastos por intereses de la deuda pública correspondientes al año 2019, sugieren que, en promedio, durante ese año se pagó una tasa del 8,3%. Este dato coincide plenamente con el dato el promedio histórico ponderado que publica el Ministerio de Hacienda en su página web. Entretanto, la Tasa Básica Pasiva, un indicador de las tasas a las que los bancos y otras entidades financieras captan recursos del público, cayó por debajo del 6% en julio de 2019, y concluyó el año en 5,75%. En el momento en que escribo esto, se sitúa en 4,35%.
3)    Injustificable: no hay ninguna razón sensata que permita justificar esa enorme diferencia (que en diferentes momentos ha oscilado entre 2,5 y hasta 4 puntos porcentuales), entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las que pagan los bancos por la captación de ahorros de la gente.
4)    Ahorro significativo: cada punto de menos en las tasas que se pagan por la deuda interna, reporta un ahorro de aproximadamente unos ₡160 mil millones anuales. Hacer bajar las tasas en 3 o 4 puntos, reportaría un ahorro total en el orden de entre ₡500 mil a ₡600 mil millones de colones en un año.
5)    El Banco Central puede hacerlo: posee las herramientas técnicas, y también al autorización legal, según el artículo 52, incisos c) y f) de su Ley Orgánica.
Plan Nacional de Producción de Alimentos
1)    Reparar un error histórico: los grupos que han conducido el país durante los últimos 35 años, han hecho que el país incurra en un grave error, al abandonarse la agricultura que produce alimentos, y con el maltrato sistemático y reiterado contra nuestras productoras y productores. Esta coyuntura de crisis desnuda que esa estrategia política ha sido realmente criminal, puesto que nada infundiría más tranquilidad en momentos tan duros como los actuales, que el poder disponer de una provisión segura de alimentos.
2)    Aprovechar recursos externos: una parte del financiamiento que se obtenga en el exterior debería destinarse a crear un fondo que, con carácter de urgencia, se destine a promover la producción de alimentos básicos, agrícolas, pecuarios y del mar. Su ejecución quedaría a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
3)    Subsidios: si, por ejemplo, se formase un fondo de ₡50 mil millones de colones, se podrían dar subsidios directos a pequeños productores y productoras, eventualmente un subsidio que oscile entre ₡1 y 1,5 millones, que beneficie a unos 35 a 40 mil productoras y productores, con la expresa finalidad de promover la producción alimenticia.
4)    Condiciones complementarias: a fin de dar eficacia a la propuesta, deben satisfacerse una serie de otras condiciones complementarias:

a.     Deudas: llevar a cabo una concienzuda reestructuración de las deudas, que amplíen los márgenes de maniobra para que productores y productoras reinicien sus proyectos productivos, con tranquilidad y certidumbre.
b.    Comercialización: garantizar canales de comercialización que pongan en contacto directo a productoras y productores con las masas consumidoras urbanas, sin la influencia distorsionante de intermediarios.
c.      Cadenas de suministro: garantizar el acceso a los insumos requeridos para el normal desenvolvimiento de la producción.
d.    Compras públicas: el Estado garantizará la compra directa, por medio del Consejo Nacional de la Producción, de una parte de la producción (podría ser alrededor de un 20%), la cual se entregará como subsidio alimentario a las familias más pobres.
Programa de recuperación económica
1)    Compromiso patriótico: El país, en forma generosa, dialógica y muy patriótica, debe acordar un ambicioso programa de recuperación económica, una especie de Plan Marshall criollo, para recuperar la economía y el empleo, el cual se empezará a ejecutar tan pronto como se pueda y, al menos, una vez la crisis sanitaria se haya superado.
2)    Fondos externos: de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento externo a las que se pueda recurrir durante la presente crisis sanitaria, más los fondos ya disponibles (incluidos los $1.500 millones obtenidos mediante la emisión de eurobonos) y una vez cubiertas las necesidades perentorias que ésta plantea, se reservará tantos recursos como sea posible para financiar un amplio programa de inversión pública. Deberíamos fijar una meta en el orden del 4-5%, como proporción del PIB, de recursos que se reservarán y destinarán a este fin.
3)    Acuerdo nacional: reconociendo las múltiples trabas y obstáculos que hoy dificultan la ejecución de obra pública, debe avanzarse en un gran acuerdo nacional, que permita simplificar al máximo los procesos y trámites, incluyendo un compromiso explícito, tanto por parte del sector público como del privado, para no interponer obstáculos a esos procesos.
4)    Prioridades: en una primera etapa, y con carácter urgente, se priorizarán proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos y que de manera explícita procuren incorporar a las mujeres y favorecer las regiones más empobrecidas y rezagadas del país. Por ejemplo, para la reparación, ampliación y mejora de centros educativos; clínicas y dispensarios de salud; reparación de calles, carreteras, aceras, puentes, parques y espacios públicos, entre otras posibilidades. También mejoría, reparación y ampliación de la infraestructura necesaria para las labores de cuido, así como ampliación de los servicios, incluyendo comedores escolares y centros de cuido de niños, niñas y personas mayores, entre otras opciones similares que es urgente explorar.
5)    Plazos más largos: debe contemplarse un amplio programa que relance la infraestructura y la productividad, de forma incluyente y equitativa. Las prioridades deberían estar en áreas como las siguientes: energías alternativas; acueductos; transporte público; tratamiento de aguas residuales y recuperación de ríos contaminados; fibra óptica; un programa nacional de vivienda que, mediante avales y subsidios, le dé acceso a casa propia a familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo del percentil 70; laboratorios de investigación en universidades públicas, comprometidos con la generación de conocimiento y tecnologías que favorezcan a micro y pequeñas empresas, cooperativas, emprendimientos sociales y solidarios y,  en general, empresas de capital nacional.

Las 109 mil personas desempleadas de restaurantes serían directas beneficiarias del Subsidio Social Solidario propuesto por la ANEP al Gobierno

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Es hora de que los dogmas macrofiscales se dejen a un lado.

Subsidio solidario propuesto es de 250 mil colones por persona o familia. Monto se financiaría con una moratoria del pago de intereses de la deuda pública

Con dolor y con enorme preocupación, y hasta gran angustia, nos enteramos de la dramática denuncia pública formulada por la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), acerca del cierre de 7.980 establecimientos y de que ello ha implicado, dramáticamente, 109 mil despidos.

Anuncios parecidos se vienen escuchando por estos días, vaticinando una grave crisis social, más allá de la de salud que ya padecemos.

Para estas 109 mil personas trabajadoras de los restaurantes (como para las demás en idéntica o parecida situación), acatar la recomendación oficial de quedarse en casa, es una situación sumamente compleja, de gran estrés y de sufrimiento familiar. Quedarse en casa bajo estas condiciones no es humano.

Por eso queremos insistir en la propuesta de la ANEP para el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), por un monto de 250 mil colones mensuales para personas trabajadoras desempleadas y/o en la informalidad. Quienes han perdido su trabajo, según la denuncia de Cacore, perfectamente califican para recibir tal subsidio.

Como se constata ya a nivel mundial, los países están tomando decisiones impensadas hasta hace poco, en materia de políticas públicas destinadas no solamente a combatir y detener la pandemia, que también está afectando a Costa Rica; sino que ya están impulsando acciones estatales fuertes para socorrer a las miles de personas trabajadoras que están perdiendo sus empleos, así como a miles de empresas y negocios que necesitan apoyo gubernamental directo para subsistir y reactivarse económicamente.

Los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), como el Banco Mundial y como el Banco Central Europeo, por ejemplo, están abandonando sus dogmas macrofiscales de corte neoliberal, incluyendo la regla fiscal; y orientando la toma de decisiones para la atención de la pandemia, por un lado; y, por otro, evitar al colapso total de las economías.

ANEP ha propuesto el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), como parte de las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19; propuestas que tienen el aval del Encuentro Social Multisectorial.

Se necesita, a efectos del establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), que el Gobierno de la República y la propia Asamblea Legislativa adopten la decisión política de decretar, al menos, una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, inicialmente por tres meses.

Hablamos que eso permitiría tener un fondo para el Subsidio Social Solidario (SSS), de 165 mil millones de colones por mes; cantidad que puede dar sustento económico-financiero a unas 660.000 personas trabajadoras desempleadas, por ese monto de 250 mil colones mensuales, incluyendo las 109 mil de los restaurantes que ya se han quedado en la calle.

Recordemos que esos 165 mil millones de colones al mes, son porque se entra en moratoria en el pago de tales intereses que, al día, representan 5.500 millones de colones. 660.000 familias en desamparo ahora, podrían quedarse en casa sin padecer sufrimiento alguno; incluyendo las 309 mil personas desempleadas que ya se sabía de su existencia antes del estallido de la pandemia del Covid-19.

ANEP ya entregó a Casa Presidencial documento oficial de las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, dentro de las cuales resalta la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS). Estamos en espera.

San José, jueves 26 de marzo de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Covid-19: Faltante de personal en la Policía de Migración dificulta controlar puntos ciegos en el cordón fronterizo

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Ante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia Covid-19 y las disipaciones emanadas desde Casa Presidencial para restringir el acceso de extranjeros al país, ha quedado evidenciado el faltante de personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta última no da abasto para controlar los puntos ciegos fronterizos a lo largo de 300 kilómetros.

Luego de ochos días de ser aplicada la medida de cierre de fronteras en el país, esta es la posición y análisis que realiza la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME),  quien destaca el esfuerzo diario para cumplir a cabalidad con las disposiciones.

“Son más de 300 kilómetros de frontera y pocos los policías. Sabemos del esfuerzo qué han realizado los oficiales de la Policía Profesional de Migración en las Oficinas Policiales Regionales del Cordón Fronterizo de lado norte de nuestro país, empezando por Limón, seguimos hacía Guápiles, Sarapiquí, San Carlos, Los Chiles, Upala y Peñas Blancas, para evitar el ingreso de personas por puntos no autorizados, esto en coordinación con otros Cuerpos Policiales, pero es evidente el faltante de personal”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la Seccional

La seccional ANEP-PPME ha insistido ante diversas instancias políticas de la necesidad de dotar de más personal y recursos a este cuerpo policial, que desarrolla una estratégica función en el resguardo de la seguridad del país.

“Esperamos una solución pronta a éste problema qué es de varios años, instamos al Gobierno, a los diputados y las diputadas para qué se le dé a la Policía Profesional de Migración los recursos qué se necesitan para poder realizar el trabajo de campo y control migratorio en el territorio nacional, principalmente en los puntos ciegos qué hemos detectado y qué son de conocimiento de todas las autoridades policiales”, dijo Mora.

Para la seccional,  es importante hacer énfasis de que la medida implementada de control al día de hoy, es debido al constante cambio en las conductas sociales de seguridad y salud pandémica presentadas a la fecha, lo que evidencia que es un tema de constante evolución y sorpresas; donde desde años antes se viene requiriendo o arrastrando un gran faltante de oficiales de migración, bien sea para cubrir funciones a lo largo de las fronteras costarricenses, aeropuertos, centros de aprehensiones, así como en operativos en territorio nacional , entre otros.

Éstos son algunos de esos puntos ciegos qué no son de ahora, tienen muchos años de existir.

Puntos ciegos en Limón: Matina (la barra de mahuanba), Batán, Siquirres (Barra de Parismina), Guácimo, Pocora, El Humo, Jiménez.

Puntos ciegos en Sarapiquí: Caño Las Marías, Caño La Tigra y Lomas de Boca Sarapiquí.

Puntos ciegos en San Carlos: Boca Tapada, Boca San Carlos, Cureña, Cureñita, Cureñón, Caño la Venada,  El Castillo, Pital.

Puntos ciegos en Los Chiles: Todo el cordón de Las Tablillas  (incliyendo Cevichito), el Empalme de Los Chiles, Cuatro Esquinas, Medio Queso, la Trocha, Palo Arco, Coopevega, San Humberto, Tiricias, Crucitas , entre otros.

Puntos ciegos en Upala: México de Upala, San Antonio, San Isidro, Berlín, Homuza, El Delirio, El Manzano, El Mojón (La Cruz), Nazareth.

Puntos ciegos en Peñas Blancas: Las Tecas/Macorì, Cabalceta por Cruz Blanca, Mauro, Los Castanos, Callejón/Managüita, Álvaro la Teca, Juan Bululo, Gavilán, Cabinas Las Guido, Tona, Esquina del Muro, El Guanacaste, El Papaturro, Esquina bar la Macha.

Otros lugares: Las Vueltas, Conventillos, Copalchi, El Valle, Las Pampas, Pueblo Nuevo, La Libertad, La Garita, Los Andes, IAFA (DEL ORO), Santa Cecilia, Santa Elena, El Caoba, Piedras Azules.

Marítimo: Puerto Soley, el Jobo, Cuajiniquil

ANEP propone 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, desarrolló una propuesta ante la emergencia nacional que atraviesa el país; propuesta denominada “15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19”.

Esta propuesta tiene como objetivo enfrentar la pandemia del Covid-19 con solidaridad, con inclusión social y en pro del bien común; para la reactivación económica y el fomento productivo.

A continuación, presentamos la propuesta formulada por la ANEP con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial.  

I- MEDIDAS PARA LLEVAR DINERO AL BOLSILLO DE QUIENES MÁS SUFREN LA CRISIS

01-Emitir legislación para otorgar un subsidio social solidario para la emergencia, de 250 mil colones mensuales, para personas trabajadoras desempleadas (antes de la crisis y después de ella). Los dineros saldrán de la moratoria de, al menos por tres meses, en el pago de intereses de la deuda pública. Este pago, en la actualidad, es de 5.500 millones de colones diarios, cada 24 horas, que da un total mensual de 165 mil millones de colones. Esto permitirá cubrir hasta unas 660 mil personas; dentro de las cuales estarían las 309 mil que no tenían trabajo antes de la crisis del covid-19. La legislación debe incluir ambos aspectos: moratoria de la deuda y subsidio social solidario. Legislación que debe complementarse con otra para el levantamiento de la regla fiscal, que es contraria al desarrollo de programas sociales en situaciones de emergencia; particularmente para habilitar a las municipalidades a complementar una política de solidaridad con las personas vulnerables.    

02-Acceso a dinero ahorrado pensiones individuales. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.309, ley para entregar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

03-Acceso a dinero ahorrado fondos de capitalización laboral. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.856, para la entrega de los fondos de capitalización laboral (FCL), inicialmente previsto para los casos de reducción de jornada laboral por la crisis; sin embargo, debe ampliarse y generalizarlo para toda la clase trabajadora, pública y privada, que haya acumulado fondos al momento de la emisión de esta legislación, con el fin de relanzar la reactivación económica para el mercado interno.

II- MEDIDAS PARA REDUCIR COSTO DE LA VIDA

04-Regulación precios de medicamentos. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.368, que regula el alto y abusivo precio de los medicamentos en Costa Rica.

05-Moratoria de créditos. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.852, para declarar moratoria en el pago de créditos de 100 millones de colones o menos, durante la emergencia y hasta el mes de agosto (o más allá); aunque, en realidad, lo que corresponde es plantear la condonación total de créditos de micro, de pequeños y de medianos emprendimientos, directamente golpeados por la crisis del covid-19, que sean iguales o menores a dicha cantidad.

06-Condonación de deudas sector agropecuario. Aprobación del Expediente Legislativo 21.798 para condonación de deudas del sector agropecuario (ya firmado por 35 personas diputadas), con miras a garantizar soberanía seguridad alimentaria al pueblo costarricense en la emergencia y más allá de ella.

07-Techo a tasas de interés. Aprobación del Expediente Legislativo No. 20.861, que regula el cobro excesivo en las tasas de usura, que las deja en un máximo de 39 %, pero que aún es insuficiente comparado con los grandes capitales ya acumulados por esta vía del cobro excesivo de intereses.

08-Moratoria de servicios públicos a población que perdió ingresos. Emitir moratoria, durante el período que dure la crisis en el pago de los recibos de agua, de luz, de teléfono y de internet, para todos aquellos hogares de personas desempleadas, subempleadas o recientemente despedidas por la crisis del covid-19, especialmente; aunque debe generalizarse para que quien tenga salario fijo pueda disponer de recursos para la solidaridad activa con los que menos tienen o no tienen nada, especialmente sus familiares más cercanos en condición de franca desventaja social.

09-Precios de artículos de primera necesidad. Establecimiento de un severo control de precios de los artículos imprescindibles para la emergencia sanitaria actualmente en desarrollo, con su correspondiente inclusión en la canasta básica; así como para los artículos necesarios de la canasta básica a fin de garantizar la sobrevivencia humana mediando alimentación fundamental y nutritiva.

III. MEDIDAS PARA CONTAR CON DINERO PÚBLICO PARA FINANCIAR LA EMERGENCIA; ESPECÍFICAMENTE POR EL DEBILITAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA CAJA Y POR LA MORATORIA EN PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

10-Impuesto temporario solidario a la riqueza. Emitir legislación para un impuesto transitorio de un 10 % al patrimonio de las grandes fortunas (personales-familiares), y riquezas corporativas; por ejemplo, aquellas firmas empresariales de renombre que han venido declarando “cero” ganancias y/o “pérdidas” durante los últimos 5 años, al menos.

11-Impuesto temporario solidario a las transacciones financieras grandes. Emitir legislación para establecer un impuesto, también transitorio, a las transacciones financiero-bancarias superiores a los 30 mil dólares (impuesto vigente ya en algunos países de la Unión Europea -UE-); considerando que los bancos (públicos y privados) acumulaban al estallido de la crisis del covid-19, una cantidad por encima de los 30 mil millones de dólares, según el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR).

12-Impuesto temporario solidario a los altos salarios y pensiones. Todo salario superior a la cantidad de 5 millones de colones debe contribuir, obligatoriamente, con un impuesto solidario del 25 % sobre el exceso de tal cantidad y durante el tiempo que dure esta crisis; impuesto que debe pagar tanto la alta tecnocracia política del Estado, como la alta gerencia del corporativismo privado-empresarial del país.

13-Secreto bancario. Emitir legislación para la eliminación del secreto bancario propuesto desde la Asamblea Legislativa anterior, en el informe de Los papeles de Panamá;y, asunto retomado por el actual Ministro de Hacienda.

14-Gestión internacional de la deuda pública: Costa Rica, mediante su actual gobierno, debe alzar la voz ante la comunidad internacional y plantear la condonación de la deuda pública de todos los países como los nuestros; deuda que ha sido contraída con los diversos organismos financieros internacionales y que ahora será más impagable que nunca antes.

IV– MEDIDAS PARA APOYAR LA ACCIÓN FRENTE A LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19

15-Compra de medicamentos que se han estado produciendo para aumentar las defensas del sistema inmunológico ante la pandemia del covid-19, como el Interferón Alfa 2B, producido en Cuba; así como otros fármacos que con la misma finalidad ya está ofreciendo China.