Nuevo Ministro de Hacienda: continuará la vieja política fiscal que nos lleva al despeñadero

La coalición político-ideológica y económico-mediática que gobierna, celebra. Los mercados están “tranquilos” pero el pueblo trabajador, ¡No!

El “manejo macroeconómico responsable” es el del estallido social chileno

Al ciudadano costarricense, “banco-mundializado”, Rodrigo Chaves Robles, le han encomendado hacerse cargo de la cartera de Hacienda, el ministerio de mayor relevancia en tiempos del ajuste estructural neoliberal.

 Se destaca que ha estado laborando para el Banco Mundial durante los últimos 27 años, resaltándose su papel en Indonesia, un país de casi 270 millones de habitantes, el 52 % de los cuales tiene que vivir con menos de 2 dólares diarios.

Su antecesora en el cargo, Rocío Aguilar Montoya, desde la perspectiva de los sectores populares, sociales y cívicos, salió por la puerta de atrás: varias veces violó la Constitución Política, quedando impune por ello. Algo de extrema gravedad, pero no para los mercados.

 Además, su ideológica macro-fiscalidad (con el aval de Carlos Alvarado Quesada), es la responsable de que miles de compatriotas se hayan empobrecido desde la entrada en vigencia del combo fiscal, impulsando el tránsito por la vía dolorosa de la confrontación social abierta al que parecen querer llevar al pueblo costarricense, insistiendo en políticas económicas fracasadas inspiradas en el neoliberalismo. Aunque ya tienen miedo y por eso buscan imponer la “ley mordaza”.

La coalición político-ideológica y económica-mediática que nos gobierna, celebra la designación de Rodrigo Chaves. Poco les duró el “llanto” por la salida abrupta de Rocío Aguilar. ¡Muerto el rey (o la reina), viva el rey! “Todo sigue en su lugar” (así decían en Chile, hasta hace poco).

Entendemos que Rocío Aguilar y Rodrigo Chaves son personas asociadas a la Academia de Centroamérica. De “casualidad”, el Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero Brealey, ¡también lo es! ¡Todo queda entre familia! La familia ideológica del neoliberalismo cubiertas por ese techo académico. ¡El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos tutelan directamente!

Chaves, según le “pidió” Carlos Alvarado Quesada, vendrá para mantener, como su tarea principal, la estabilidad de las finanzas públicas de Costa Rica (muy alicaídas, por cierto, pues su antecesora nos dejó con más deuda, con más pago de intereses y con más déficit).

Se pretende, según él, “mejorar la eficiencia y calidad del gasto”, para que haya una “prosperidad” en beneficio de toda la población. Eso sí, “con un manejo macroeconómico responsable”.

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con una evasión tributaria y elusión fiscal entre los 6 y los 8.5 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con el perverso sistema de exenciones-exoneraciones de 6 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con un cobro de intereses de la deuda pública rondando los 4 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si ya no se tienen, al menos, 2.5 puntos PIB dejados de percibir en aduanas por esos TLC del falso libre comercio

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si las grandes corrupciones, con ropaje legal o sin él, representan hasta un 7 % PIB, según el International Control Strategy Report (Volume I: Drug and Chemical Control), emitido por el Bureau For International Narcotics And Law Eforcement Affairs, del Unidad States Departament Of State (marzo 2018).

 Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si los dineros sucios del crimen organizado y del narcotráfico, circulando en nuestro país, podrían estar por encima de los 6 puntos PIB, según Central America Data/Global Financial Integrity, para 2014.

Básicamente, la preocupación de Rodrigo Chaves (como la fue la de Rocío Aguilar), es el “manejo macroeconómico responsable” que le interesa al sector bancario-financiero del país; ese mismo que tenía atesorado, a setiembre del 2018, casi 33 mil millones de dólares, según datos del propio BCCR.

Ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a 1 de cada 4 costarricenses, en la pobreza; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a un millón de personas en la informalidad; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene precarizados los salarios, reducido en su poder adquisitivo y con alto endeudamiento personal; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene en la quiebra a cientos y cientos de micro-pequeñas y medianas empresas; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene a casi toda la población agricultora del país en desesperante quiebra económica; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene un desempleo abierto de casi el 12 %, aunque ya supera el 20 % si le agregamos el desempleo encubierto.

Ese “manejo macroeconómico responsable” es el que generó el estallido social en Chile. Ese “manejo económico responsable” es que hace el neoliberalismo. La gente no come macroeconomía. ! ¡La plata no alcanza! ¡Nos conducen por ese tormentoso camino!

San José, jueves 31 de octubre de 2019.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

ANEP celebra y aplaude la rebeldía de Corte Plena que confronta a la Contraloría

  • Combo fiscal-ley 9635 generó bruscas violaciones constitucionales
  • Presenciamos un conflicto de poderes de impredecibles consecuencias.
  • Municipalistas, en rebeldía también, saldrán a las calles próximamente

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebra y aplaude la decisión de Corte Plena del Poder Judicial de rebelarse contra la imperial orden de la Contraloría General de la República (CGR), de imponerle a este poder soberano y constitucional de la República, un mandato administrativo, extralimitándose groseramente en sus atribuciones, con relación a modificaciones salariales estructural del funcionariado judicial del país que ya estaba laborando antes de la entrada en vigencia de la ley 9635-combo fiscal, de tanto rechazo popular y ciudadano.

La CGR, cual gendarme-policía de la hegemonía ideológica-económica dominante, pone en peligro la estabilidad de la República y lanza una provocación de contenido inflamable de impredecibles consecuencias.

La indicada legislación, impuesta con triquiñuelas jurídicas y torciendo el procedimiento reglamentario del parlamento, hizo una derogatoria de facto de disposiciones medulares de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, saltándose las vías que la misma estableció para reformas constitucionales. Estamos encarando ya las graves consecuencias de ello.

La rebeldía de Corte Plena se suma a otras rebeldías institucionales ya en curso, como las de las universidades públicas y la de las municipalidades; agobiadas ya éstas por la presión fiscalista del Ministerio de Hacienda que atrofia el desarrollo de las comunidades del país al imponer de topes de crecimiento a sus presupuestos, irracionales y abusivos.

Precisamente, en el caso de las municipalidades, la rebeldía institucional se materializará en las calles en fecha próxima, según lo tiene previsto la ANEP.

Irresponsables e ideologizados legisladores como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Pedro Muñoz Fonseca, Víctor Morales Mora y Yorleny León Marchena, al servicio del ya más que evidente fracasado modelo neoliberal, deben ser señalados con el dedo acusador ciudadano por impulsar una legislación altamente confrontativa en varios planos, como el de la calle (que no está ni agotado ni acabado), y como el institucional, tal y como lo estamos presenciando.

La Constitución Política fue quebrantada por la misma Asamblea Legislativa  y su mayoría mecánica de signo neoliberal que opera bajo el dictado del gran “empresauriado” del país, tal y como lo denunció (valientemente, hay que reconocerlo), una señora diputada de la bancada del propio oficialismo.

 Tenemos un altísimo grado de optimismo en cuanto a que el retorno del equilibrio en la sociedad costarricense, tendrá un fuerte contenido de reacción social y popular de enorme expresión cívico-callejera.

Seccional ANEP-PPME compareció ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico

La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), compareció ante la Comisión Permanente  de  Seguridad  y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se apruebe y se envié al plenario legislativo el expediente Nº20.323, el cual busca dotar de un 5% de recursos provenientes del impuesto a personas jurídicas a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La comparecencia de la Seccional estuvo liderada por su presidente Gerardo Mora Ordóñez, en compañía de la directiva Johana Fernández Sequeira  y el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quienes brindaron sus argumentos que justifican la solicitud de inyectarle recursos económicos a la PPME, y que estos  sean utilizados en la contratación de nuevo personal policial.

Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME

Actualmente la Policía Profesional de Migración y Extranjería cuenta con 510 funcionarios quienes deben de atender el incremento en la visitación turística en aeropuertos y puertos, problemas con el fenómeno de inmigrantes, narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados, la trata ilegal y el tráfico de personas, así como; falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas. A esto se suma la falta de infraestructura, el conflicto Crucitas y la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio.

Declaraciones Johana Fernández, Seccional ANEP-PPME

Por estas y otras razones la Seccional ANEP-PPME ha venido solicitando en la anterior y actual Asamblea Legislativa reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, y estos sean destinados en fortalecer la Policía Profesional de Migración.

Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% al Organismo de Investigación Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.

Durante la comparecencia de esta mañana, se barajó por parte de algunos legisladores la posibilidad de utilizar fideicomisos para dotar de nuevos recursos a la PPME, posibilidad que no es muy bien vista por la Seccional, debido a que se debe iniciar un nuevo proceso legislativo, dejando de lado el avance que se ha logrado con el expediente legislativo Nº20.323

Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME

Es importante resaltar que la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del Ministerio de Seguridad Pública

Combo fiscal-ley 9635: miles a la expectativa sobre cruciales fallos constitucionales

Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades confrontadas con el “gendarme financiero”: la contraloría

Hace ya 9 meses de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó en Sala IV una Acción de Inconstitucionalidad contra los contenidos más estratégico-esenciales de la denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente conocida como combo fiscal.

Concretamente, se presentó el pasado 22 de marzo y se centró en dos ámbitos: el cuestionamiento profundo de que dicha legislación violentó las autonomías institucionales de rango constitucional establecidas en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949; por parte de las diputaciones actuales de signo ideológico-neoliberal (que son mayoría cuantitativa en la actual Asamblea Legislativa), ocurriendo así una derogatoria de facto de las estipulaciones en la materia de la actual Constitución Política, en primer lugar.

Aquí resaltamos los sensibles casos de las autonomías constitucionales violentadas del Poder Judicial, de las cinco universidades públicas, del régimen municipal, de la Caja, del ICE, del INS (entre otras).

En segundo lugar, una violentación abusiva y una no menos derogatoria constitucional de facto con relación a situaciones jurídicas consolidadas, afectando derechos sociolaborales y económico-reivindicativos de todas aquellas personas trabajadoras asalariadas de todo el sector Público costarricense, con fecha de ingreso a labores anteriores al 4 de diciembre de 2018.

Es criterio de los especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, a cargo de la elaboración y presentación de la mencionada acción de inconstitucionalidad, que ninguna de estas personas asalariadas estatales debió recibir ni un centavo de rebaja en su remuneración, ni tampoco variación alguna en el método de cálculo-composición de las mismas.

A poco más de un año de la aprobación-imposición de, podríamos afirmar, la más detestada legislación aprobada desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ni el Poder Judicial ni las universidades públicas están aplicando los contenidos abusivos de la ley 9635; y, por tanto, están en espera de que desde la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia surja la reparación del más grave daño sufrido por la carta magna desde dicho año, 1949.

A nivel de la propia institucionalidad republicana afectada por la arbitraria legislación, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad contra la misma, resaltando los casos de las universidades públicas y de diversas alcaldías municipales, encabezadas éstas por la de Alajuela, que fue la primera en salir a defender la autonomía constitucional del régimen municipal.

En el caso del Poder Judicial, los propios magistrados definieron, desde marzo anterior, que las nuevas regulaciones en materia de salarios para su propio personal definidas en la indicada y cuestionada ley, solamente aplicarían para el personal de ingreso con posterioridad al 4 de diciembre de 2018; precisamente la tesis de ANEP en la acción de inconstitucionalidad que están tramitándose en la Sala IV.

Ahora resulta que para el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR), cual “gendarme financiero” del bloque neoliberal en el poder, decide pasarle por encima a la propia institucionalidad republicana que, aunque maltrecha, todavía está vigente, al ordenarle al Poder Judicial imponerle a su personal con fecha de ingreso anterior al 4 de diciembre de 2918, regulaciones salariales que, precisamente, están cuestionadas en sede constitucional (como lo plantea la acción de la ANEP), por una parte.


Por otra, rechaza a las universidades públicas el presupuesto por éstas presentado para el 2020, debido, precisamente, a las acciones inconstitucionalidades pendientes de resolución definitiva sobre su naturaleza independiente a partir del rango autonómico constitucional que tienen.

Algo gravísimo puede estar pasando que no podemos dejar de mencionar. Una de dos. O la Contraloría General de la República (CGR), sabe ya, anticipadamente, cómo será la resolución final de lo que tiene en sus manos la Sala Cuarta en los dos ámbitos de escrutinio constitucional en desarrollo, lo cual la ha envalentonado como para rechazar las aprobaciones presupuestarias del Poder Judicial y de las universidades públicas para el 2020, ejerciendo ese repudiable rol de “gendarme financiero”.

O, más grave aún, el ente contralor asume el rol de tribunal constitucional de facto, presionándole indebidamente, acrecentando así la sensación de miles de personas de que la democracia autoritaria actualmente instaurándose en el país, solamente nos augura tiempos tormentosos de imprevisibles tempestades sociales.

Finalmente, nos preguntamos: ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo?; ¿ó, tendrá una coordinación política con éste en la sombra?…

San José, 22 de diciembre de 2019.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“Renegociación” de tarifas de APM-Terminals: cualquier centavo que la transnacional rebaje, ¡el pueblo tendrá que reponérselo!

-Emplazamiento público a Oscar Arias, a Laura Chinchilla y a Francisco Jiménez (exministro del mopt de ambos y expresidente de japdeva): ¡salgan a dar la cara!

-ANEP hace un llamado a especialistas jurídicos patrióticos para llevar el caso al Ministerio Público

¡Inmoral!, ¡Antiético!, ¡Vulgar! Son los más apropiados calificativos que encontramos, al hacerse público ya,  para calificar el proceso de “renegociación”, a la baja, de las altísimas tarifas de operación portuaria que, complacientemente, le fueron concedidas al emporio transnacional APM-Terminals, al cual le fue otorgada la operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), hasta hace poco operada por JAPDEVA; mediante un proceso de concesión tan controversial como cuestionado, en su momento, por los sindicatos SINTRAJAP y ANEP y otros sectores de la ciudadanía patriótica costarricense, alertando de manera preventiva y en su momento lo que ya es una realidad: una concesión fallida que está golpeando (y que golpeará todavía más), el bolsillo del pueblo trabajador.

Efectivamente, tanto SINTRAJAP como ANEP desplegamos una rotunda oposición, técnica y profesionalmente fundamentada, a esa concesión, abusiva y expoliadora del patrimonio público nacional, en manos de JAPDEVA. Hoy, con la frente muy en alto, decimos: ¡TENÍAMOS RAZÓN! Con JAPDEVA se hacía mejor y era más barato.

En los últimos meses hemos visto al gran empresariado exportador-importador rasgarse las vestiduras, llorar lágrimas de cocodrilo, al sentir en carne propia la voracidad tarifaria de AMP-Terminals, cuando en aquel momento vilipendiaban las posiciones sindicales responsables y patrióticas que denunciábamos lo que finalmente ocurrió: el expolio de JAPDEVA y la entronización de una especie de saqueo legalizado a las golpeadas finanzas de la gente. Particularmente ha sido tan fuerte la gritería de los exportadores bananeros y piñeros que Carlos Alvarado Quesada les abrió la mesa de la “renegociación”. El político del PLN, también gran empresario del banano, Antonio Álvarez Desanti, salió a dar, de manera farisea, también su lamento testimonial.

Los términos de la “renegociación” ya están dados: Se trata de una “renegociación” entreguista como lo fue la propia concesión. APM-Terminals no perderá un solo centavo de dólar y será el Estado, el pueblo costarricense, el que le repondrá cualquier rebaja tarifaria, por mínima que ésta sea.

Las alternativas para que APM, si accede a rebajar tarifas, no pierda un centavo son las siguientes: a) ampliar el plazo de concesión, a más de los 33 años inicialmente otorgados; b) reducir el aporte que la transnacional debe dar para el desarrollo de Limón; c) que el Estado le construya obras adicionales y/o que le compre equipo para una mejor operatividad; d) que el Estado le gire dinero, fondos, directamente a favor de APM, es decir, que el pueblo todo, a través de los impuestos que paga, le subsidie a los exportadores-importadores su actividad en los muelles del Atlántico.

Así fue pactado en el contrato de concesión que negociaron en su momento Oscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda, en su condición de ocupantes de la Presidencia de la República, al dar la viabilidad política pertinente; junto al señor Francisco Villalobos, ocupante en ambos gobiernos de la cartera ministerial de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como también de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA. ¡Salgan a dar la cara!

ANEP hace un llamado a connotados especialistas jurídicos de naturaleza patriótica para que analicen la posibilidad de llevar a estas personas al Ministerio Público, pues son las responsables directos de un contrato tan perjudicial para el patrimonio público del país y tan perversamente dañino para los bolsillos del pueblo costarricense, que ya ha sido sumamente explotado con esta leonina concesión; sin hablar de lo que ya está sufriendo la comunidad limonense y lo que todavía le espera a ésta si esta barbaridad contractual se consolida todavía más.

Dejamos constancia explícita de nuestro respetuoso anhelo para que las fuerzas vivas y sanas de la comunidad limonense asuman, ahora, un renovado papel de responsabilidad cívica ante esta vergonzosa e indignante circunstancia con este, repetimos, inmoral, antiético y vulgar proceso de “renegociación” de las abusivas tarifas que se están cobrando en las tarifas de Moín por parte de la transnacional APM Terminal; especialmente en estos momentos en que el propio Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), don Rodolfo Méndez Mata está admitiendo, cínicamente, que esta concesión fue un error.

Como la capacidad de soñar no tiene límite, tal vez sí sea ésta la ocasión en que el pueblo limonense se levante y demande un real respeto de parte de los gobernantes a tanta burla reiterada por parte de las sucesivas autoridades ejecutivas y legislativas del ya tripartidismo reinante en la cosa pública del país.

“Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la Patria, es mucho más grave e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan”: apelamos a este extraordinario pensamiento cívico del gran patriota costarricense, don Joaquín García Monte, para reiterar el llamado vehemente a que don Óscar Arias, a doña Laura y don Francisco Jiménez, para que salgan a dar la cara; y, ojalá, tengamos la oportunidad de ver que dan la cara en estrados judiciales.

San José, viernes 3 de enero de 2020.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

ISP califica de afrenta a la democracia solicitud de disolución de la ANEP

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y sus más de 700 organizaciones afiliadas alrededor del mundo; que aglutinan a 20 millones de trabajadores públicos, enviaron un voto de apoyo y respaldo a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), calificando los ataques antisindicales por parte del alto corporativismo empresarial  como una afrenta a la institucionalidad democrática costarricense.

Así lo hace constar la ISP en una carta dirigida a la ANEP y a su Secretario General, Albino Vargas Barrantes, donde indican que tal solicitud riñe con el principio de libertad sindical en el marco del convenio 87 de la OIT

“A todas luces y bajo la normativa laboral reconocida internacionalmente, esta imprudente solicitud de ser acogida por el Estado costarricense, riñe con el principio de libertad sindical en el marco del convenio 87 de la OIT, así como también se contrapone a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la cual Costa Rica se precia de ser muy respetuosa”, indica el documento enviado por la ISP.

Ante este escenario la Internacional de Servicios Públicos indica que se mantendrá atenta a lo que pudiera acontecer ante un eventual desenlace al respecto y exhorta al Gobierno costarricense a no acoger tal solicitud por ser una “afrenta a la institucionalidad democrática costarricense”.

«Tenga la ANEP plena y absoluta certeza, que la ISP y sus más de 700 organizaciones afiliadas, constituyen una fuerza vital en respaldo y solidaridad hacia su afiliada la ANEP», finaliza el documento.

Carta de apoyo enviada por la ISP

Carta de apoyo de la ISP a la ANEP by EugenioGuerrero on Scribd

ANEP solicita al Gobierno incluir a la Policía Penitenciaria en reajuste salarial

Mediante su seccional en la Policía Penitenciaria, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregó un documento en Casa Presidencial en Zapote, solicitando al Gobierno de la República incluir a los miembros de la Policía Penitenciaria en la mejora salarial propuesta para Seguridad Pública.

El documento entregado en Casa Presidencial indica “Es importante señalar que, la función de los miembros de la Policía Penitenciaria es una de las más peligrosas y desgastantes en materia de seguridad. Además, el salario de estos compañeros y de estas compañeras no compensa justamente el alto riesgo y los niveles de responsabilidad que enfrentan diariamente”.

Además, agrega que los cuerpos policiales del país cumplen una función extraordinaria en materia de seguridad, y que justamente, están incluidos en una misma ley.   

Actualmente el salario base de un Agente de Policía Penitenciario ronda los 328 mil colones.  

Benjamín Sevilla sobre solicitud de aumento

El pasado miércoles 10 de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo anunció un ajuste técnico de hasta un 6% en los salarios más bajos, el cual se aplicará a puestos correspondientes a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Academia Nacional de Policía, Policía de Control de Drogas y Policía de Migración y Extranjería, dejando por fuera a la Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fiscal y Guardaparques.

Documento presentado en Casa Presidecial

Seccional ANEP-Taxistas solicita ante Consejo de Gobierno pagar en tractos el canon de ARESEP

La Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas), solicitó al Consejo de Gobierno que el pago del canon de ARESEP con un costo de ¢113.000.oo, incluido en el cobro del marchamo, sea pagado por tractos o bien, sólo se cobre la mitad del monto, tal y como se realizó el año anterior.

La solicitud realizada por la seccional, se une a la que presentaron el pasado 5 de diciembre ante el mismo ente, solicitando que se les exima o se les permita pagar en tractos el pago del marcho del año 2020. Esto debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.  

 “La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta entregada el pasado 5 de diciembre.

La propuesta de la Seccional sobre el canon de la ARESEP, se debe a que hace una semana, el Consejo de Transporte Público (CTP), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el gremio de taxistas, acordaron pagar en tractos el canon del CTP el cual tiene un costo de ¢92 mil 411. Ese monto lo podrán cancelar de la siguiente forma: un primer pago de ¢55 mil 447, un segundo pago de ¢23 mil 103 y el último de ¢13 mil 861.

Compartimos el documento presentado por la Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas)

Carta al Consejo de Gobierno-Seccional ANEP-Taxistas by EugenioGuerrero on Scribd

Entrevista con representantes de la Seccional ANEP-Taxistas

ONU Costa Rica rectifica: el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos

Luego de que ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE dieran a conocer el pasado 10 de octubre el informe de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas (ONU), el cual calificó el proyecto de ley que busca regular las huelgas como incompatible con los tratados de Derechos Humanos para Costa Rica, muchos sectores pusieron en entredicho este pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones sindicales antes mencionadas, enviaron una nota cuestionando y solicitando una aclaración a la oficina del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica sobre el papel y el informe de los Relatores Especiales.

Conferencia de Prensa

En la respuesta del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, dirigida a la ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE, rectifican que el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

“Sobre el planteamiento de su nota indico que de conformidad con las obligaciones internacionales que le corresponden al Estado de Costa Rica en materia de derechos humanos provenientes del derecho internacional incluyendo los tratados internacionales, los Estados tienen el deber de cumplir con dichas obligaciones. La Oficina de País que promueve el cumplimiento e implementación de estas obligaciones”, indica la carta OCR 029-2019, firmada por Alice Shackelford,  Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica

Respuesta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Asimismo, agregan que: “Los procedimientos especiales recogen un conjunto diverso de mecanismos que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos y prevenir violaciones relacionadas con temas o situaciones particulares o examinar la situación de países específicos”.

Y en consecuencia resaltan que “los Procedimientos Especiales constituyen un instrumento clave para asegurar el cumplimiento de los DDHH en los países y sus recomendaciones deben ser consideradas oportunamente por los Estados”.

Walter Quesada, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE consideran oportuna la aclaración del Sistema de Naciones Unidas de Costa Rica, ante el convulso escenario que vive el país, y a la vez, agradece la iniciativa de crear alianzas con los sindicatos y los diversos sectores del país para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH), como lo indica la misiva, en la que se solicita el interés de sostener una reunión con nuestras organizaciones lo antes posible, para discutir sobre los mecanismos y acciones para cumplir tales fines.   

Rafael Mora, Asesor Político ANEP

Aclarados esos puntos, no es justificable que actores políticos, empresarios y algunos medios de comunicación debiliten el mandato de los Procedimientos Especiales de la ONU.

Conferencia de Prensa

Carta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

ONU Costa Rica rectifica: el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Huma… by EugenioGuerrero on Scribd

Carta ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE al Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Respuesta a Onu- Costa Rica – Anep-Asdeice-siiice-upins (1) by EugenioGuerrero on Scribd

Informe de Relatores Especiales de la ONU

Proyecto de Ley para regula… by EugenioGuerrero on Scribd

Posición de la ANEP ante posibilidad de aumento de salario a los policías de Fuerza Pública

Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.

Está información ha esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP, la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el ejecutivo lo paraliza.

Adoptar una posición pesimista no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de sacarlos de la Ley 9635”.

Si asuntos de más sencilla subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición salarial de los policías. 

Esperemos que nuestros gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las Finanzas Públicas.

Esta posición de la ANEP, aplica para los cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones salariales.