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-Demanda fue interpuesta en el 2012 por vecinos y dos asociaciones

Luego de ocho largos años de espera, el próximo 23 de enero a las 9:00 a.m. vecinos de Ciudad Colón y Santa Ana, junto a la Asociación Rescate de Valores Patrióticos y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), iniciarán el juicio contra el Estado y la empresa Autopistas del Sol, en busca de anular la concesión de la Ruta 27 (San José – Caldera).

La denuncia interpuesta desde el 26 de junio del 2012, se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente 12-003415-1027-CA, y figuran como demandados el Estado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como la concesionaria Autopistas del Sol.

Roxiris Vargas, vecina de Santa Ana e integrante de la Asociación Rescate de Valores Patrióticos, se mostró muy esperanzada de que este proceso por fin llegue a su etapa final. 

“Al fin después de ocho años podremos conocer el desenlace de esta lucha, y de una concesión que fue concebida desde un principio con una serie de irregularidades.   El Estado ha fallado con la fiscalización de esta obra y ha sido muy complaciente con la concesionaria, afectando al pueblo costarricense”, manifestó Vargas. 

Cuestionamientos y fallas

Dentro de los principales cuestionamientos que realizan los demandantes se encuentran la inseguridad que representa para los usuarios la ruta en general, el cobro de tarifas onerosas a base de convenios y adendas, lo que ha provocado, según estos el aumento de los costos que se le debe de reconocer a la concesionaria.

“Desde su génesis nunca se debió otorgar esta concesión, ya que el concesionario inicial Cartellone-Acosol no cumplía los requisitos, nunca debió traspasarse la concesión a Autopistas del Sol sin haber iniciado las obras. A esto se une que las tasas de descuento se incrementaron beneficiando a la concesionaria. De seguir con esta metodología el país terminará pagando más de 1.500 millones de dólares”, indicó Bernal Gamboa Mora, representante legal de los demandantes.

En el tema tarifario, critican que la Aresep no ha realizado una valoración adecuada para que la tarifa sea al costo, si no que la incrementaron un 30% “para que fuera atractiva a los inversionistas y esto creemos que también es ilegal”.

Con respecto a las obras desarrolladas en lo largo de la Ruta 27, aseguran que la carretera no cumple con el parámetro en la calidad del asfalto, ya que inicialmente el segmento Ciudad Colón-Orotina se construiría con concreto hidráulico, pero se colocó concreto asfáltico. Situaciones similares se presentan con otras obras, como con los taludes que van desde el kilómetro 30 al 46, que no se construyeron en terrazas como estaba contemplado en el inicio de la obra.

“Existen obras como el paso peatonal de Fórum que se eliminó del primer balance económico y se incorporó en el segundo balance, pero al doble de precio. Además, obras pendientes como los sistemas de pesaje automático, las áreas especiales de servicio, faltante de aceras, intercambios sin las especificaciones adecuadas, así como la reducción en los diámetros de las alcantarillas; provocando que la carretera se inunde en algunos tramos”, detalló Gamboa.

Para el representante legal y los demandantes es completamente “contradictorio o complicidad” de que, con estas fallas e incumplimientos por parte de la concesionaria, el Estado no accionará los mecanismos de sanción correspondientes, por lo que aportarán testigos expertos en temas de infraestructura vial para demostrar todas las falencias detectadas.

“Este juicio será bastante técnico por lo que aportaremos un ingeniero civil belga, dos funcionarios del Lanamme, así como al economista y quien fue el Gerente de Proyecto de la concesión, Stephan Brunner, este último para comprobar los fallos en el cálculo de tarifas”, manifestó Gamboa.

Petición de los demandantes

Ante esta serie de irregularidades solicitan al Tribunal Contencioso Administrativo, la imposición de las multas por los incumplimientos del concesionario en la construcción de las obras y mantenimiento.

Además, ante los graves incumplimientos, piden que los jueces valoren si amerita resolver (eliminar) la concesión. Adicionalmente si no se puede resolver la concesión, que se valore la nulidad de: los balances económicos (actualmente tres), adendas del contrato (actualmente cuatro) y el cartel de licitación.

La coalición político-ideológica y económico-mediática que gobierna, celebra. Los mercados están “tranquilos” pero el pueblo trabajador, ¡No!

El “manejo macroeconómico responsable” es el del estallido social chileno

Al ciudadano costarricense, “banco-mundializado”, Rodrigo Chaves Robles, le han encomendado hacerse cargo de la cartera de Hacienda, el ministerio de mayor relevancia en tiempos del ajuste estructural neoliberal.

 Se destaca que ha estado laborando para el Banco Mundial durante los últimos 27 años, resaltándose su papel en Indonesia, un país de casi 270 millones de habitantes, el 52 % de los cuales tiene que vivir con menos de 2 dólares diarios.

Su antecesora en el cargo, Rocío Aguilar Montoya, desde la perspectiva de los sectores populares, sociales y cívicos, salió por la puerta de atrás: varias veces violó la Constitución Política, quedando impune por ello. Algo de extrema gravedad, pero no para los mercados.

 Además, su ideológica macro-fiscalidad (con el aval de Carlos Alvarado Quesada), es la responsable de que miles de compatriotas se hayan empobrecido desde la entrada en vigencia del combo fiscal, impulsando el tránsito por la vía dolorosa de la confrontación social abierta al que parecen querer llevar al pueblo costarricense, insistiendo en políticas económicas fracasadas inspiradas en el neoliberalismo. Aunque ya tienen miedo y por eso buscan imponer la “ley mordaza”.

La coalición político-ideológica y económica-mediática que nos gobierna, celebra la designación de Rodrigo Chaves. Poco les duró el “llanto” por la salida abrupta de Rocío Aguilar. ¡Muerto el rey (o la reina), viva el rey! “Todo sigue en su lugar” (así decían en Chile, hasta hace poco).

Entendemos que Rocío Aguilar y Rodrigo Chaves son personas asociadas a la Academia de Centroamérica. De “casualidad”, el Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero Brealey, ¡también lo es! ¡Todo queda entre familia! La familia ideológica del neoliberalismo cubiertas por ese techo académico. ¡El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos tutelan directamente!

Chaves, según le “pidió” Carlos Alvarado Quesada, vendrá para mantener, como su tarea principal, la estabilidad de las finanzas públicas de Costa Rica (muy alicaídas, por cierto, pues su antecesora nos dejó con más deuda, con más pago de intereses y con más déficit).

Se pretende, según él, “mejorar la eficiencia y calidad del gasto”, para que haya una “prosperidad” en beneficio de toda la población. Eso sí, “con un manejo macroeconómico responsable”.

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con una evasión tributaria y elusión fiscal entre los 6 y los 8.5 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con el perverso sistema de exenciones-exoneraciones de 6 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con un cobro de intereses de la deuda pública rondando los 4 puntos PIB

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si ya no se tienen, al menos, 2.5 puntos PIB dejados de percibir en aduanas por esos TLC del falso libre comercio

Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si las grandes corrupciones, con ropaje legal o sin él, representan hasta un 7 % PIB, según el International Control Strategy Report (Volume I: Drug and Chemical Control), emitido por el Bureau For International Narcotics And Law Eforcement Affairs, del Unidad States Departament Of State (marzo 2018).

 Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si los dineros sucios del crimen organizado y del narcotráfico, circulando en nuestro país, podrían estar por encima de los 6 puntos PIB, según Central America Data/Global Financial Integrity, para 2014.

Básicamente, la preocupación de Rodrigo Chaves (como la fue la de Rocío Aguilar), es el “manejo macroeconómico responsable” que le interesa al sector bancario-financiero del país; ese mismo que tenía atesorado, a setiembre del 2018, casi 33 mil millones de dólares, según datos del propio BCCR.

Ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a 1 de cada 4 costarricenses, en la pobreza; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a un millón de personas en la informalidad; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene precarizados los salarios, reducido en su poder adquisitivo y con alto endeudamiento personal; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene en la quiebra a cientos y cientos de micro-pequeñas y medianas empresas; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene a casi toda la población agricultora del país en desesperante quiebra económica; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene un desempleo abierto de casi el 12 %, aunque ya supera el 20 % si le agregamos el desempleo encubierto.

Ese “manejo macroeconómico responsable” es el que generó el estallido social en Chile. Ese “manejo económico responsable” es que hace el neoliberalismo. La gente no come macroeconomía. ! ¡La plata no alcanza! ¡Nos conducen por ese tormentoso camino!

San José, jueves 31 de octubre de 2019.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP