La próxima conmemoración histórica, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, en nuestro país mostrará una sumatoria de malestares nunca antes vistos.
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Entrevista completa de Hispan Tv sobre empleo público
El Secretario General de la ANEP conversó con el medio Hispan TV, de la televisión estatal de Irán, el cual transmite en idioma español para la región latinoamericana de esta lengua y para España; acerca del proyecto «Ley Marco de Empleo Público» que el neoliberal gobierno Alvarado-Piza ya envió a la Asamblea Legislativa.
Informe FMI: Deshonestamente ético, socialmente injusto y fiscalmente parcializado
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, deja pública constancia por esta vía del comunicado de prensa, ante el pueblo costarricense y, particularmente, ante la clase trabajadora del país; su más vehemente crítica y su rechazo absoluto al más reciente informe emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con relación a la situación fiscal del país, por considerarlo deshonestamente ético, socialmente injusto y fiscalmente parcializado.
Como es de conocimiento público, recientemente estuvo en el país una misión de dicha entidad financiera multilateral, encabezada por el ciudadano británico Ravi Balakrishnan, quien insistió mucho en ser atendido por la corriente sindical que nos honramos en representar (y suponemos que por otras entidades no oficiales).
En tal sentido, nos sentimos con autoridad para señalar lo siguiente:
PRIMERO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es deshonestamente ético. Los responsables de su elaboración, encabezados por Mr. Balakrishnan, no se esmeran en reconocer que en la sociedad costarricense existen otras visiones sobre la realidad del problema fiscal del país; visiones que están sólidamente sustentadas; máxime cuando una seria entidad internacional-regional, de reconocida solvencia moral e independencia, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), ha puesto el dedo en la llega con relación a los diez desafíos fiscales estructurales más relevantes que tiene el país en estos momentos. Ello le fue dado a conocer a Mr. Balakrishnan, pero poco le importó. En todo caso, jamás pensamos que lo consideraría. Nuestra cortesía en atenderle no nos llevaría a la ingenuidad de pensar que algo así ocurriría.
SEGUNDO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es socialmente injusto. La expoliación fiscal-tributaria que sufre la mayoría ciudadana de este país (especialmente sus clases trabajadora y media), ya no da para más cargas impositivas, como lo ordena dicha entidad al “recomendar” que se ocupa de un nuevo ajuste fiscal. La gente no puede seguir siendo sacrificada en sus ingresos y en su situación económico-financiero en aras de atender, macrofiscalmente hablando, una carga de deuda pública abusiva y obscena. Hay un proceso acelerado de pauperización en los sectores populares y medios; hay un proceso sostenido de crecimiento de la desigualdad; y, se da un cruel y sistemático proceso concentrador de riqueza que, al parecer, le importó un bledo a la misión del FMI, al menos, al menos.
TERCERO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es fiscalmente parcializado. La interconexión entre la naturaleza perversamente injusta del sistema tributario costarricense, con la gravedad de la atención de la deuda pública y su carga obscena de pago de intereses, no fue objetivamente considerada por la misión del FMI que nos acaba de visitar, encabezada por Mr. Balakrishnan. Tal informe refuerza, por el contrario, la persistencia de la profunda inequidad impositiva que está hundiendo al país, como si en el futuro mediato el FMI prefiriera que se le pudiera un auxilio a su mejor estilo condicionante de imposición de políticas de mayor gravedad en cuanto a su impacto social demoledor que es lo que nos tememos.
Hacemos un llamado a toda la ciudadanía patriótica de nuestro país a rechazar este informe del FMI y a la construcción de una alternativa de resistencia con ocasión de la histórica conmemoración del PRIMERO DE MAYO.
San José, martes 16 de abril de 2019.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Primero de Mayo: en auge el deterioro de la convivencia social del país
Enojo obrero; desempleo, inestabilidad y amenaza al trabajo; inseguridad y violencia; clase gobernante viendo para otro lado; concentración de la riqueza en auge
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la próxima conmemoración histórica, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que es de carácter universal, en el caso de Costa Rica muestra una sumatoria de malestares nunca antes sentidos todos juntos, como en la presente circunstancia nacional.
Esa suma de malestares ha generado un acelerado deterioro de la convivencia armónica de la sociedad, poniendo en grave riesgo la misma estabilidad democrática del país que, sino fuera por la fortaleza de una institucionalidad heredada (aunque hoy en alto riesgo de ser pulverizada), hace tiempo habría colapsado.
Está en auge el deterioro de la convivencia social del país y es en tal marco de circunstancias que la clase trabajadora y sus distintas organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas se aprestan a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en un marco global de total adversidad.
De acuerdo con el seguimiento cotidiano que hacemos en ANEP de cómo se mueve el comportamiento obrero-ciudadano y con base en nuestra perspectiva-país, destacamos algunas razones:
ENOJO OBRERO: El costo de la vida sigue alto, ya no hay incrementos salariales realmente compensatorios y, prácticamente, estamos en época de congelamiento salarial. Es cada vez más creciente la estrechez y apretazón económico-financiera en los hogares del pueblo trabajador, lo cual no solamente ponen en retroceso la calidad de vida de las familias, sino que aumenta la tensión y el estrés en el seno de las mismas, creando condiciones para golpear esta base fundamental de la vida en sociedad.
DESEMPLEO, INESTABILIDAD Y AMENAZA AL TRABAJO: La cifra oficial de la gente sin trabajo, del 12 % se queda corta ante el drama cotidiano de las personas que no encuentran trabajo, destacándose un gran segmento de jóvenes. Quienes tienen empleo con salario fijo, temen perderlo sintiéndolo en riesgo como nunca antes. Prácticamente, la famosa estabilidad laboral del empleo público está en proceso de desaparición.
INSEGURIDAD Y VIOLENCIA: La competencia feroz por la subsistencia, la exclusión social en ascenso y la indetenible desigualdad, están provocando un incremento tanto en la cantidad como en la calidad del delito; evidenciándose episodios de violencia entre las personas que no tenían tanta crudeza como, por ejemplo, las reacciones de furia entre los conductores de vehículos. La otra delincuencia, la del crimen organizado y la del narcotráfico, avanzan incrementando la sensación nacional de inseguridad.
CLASE GOBERNANTE VIENDO PARA OTRO LADO: Enormes segmentos de la ciudadanía se muestran hoy más distantes que nunca de los partidos políticos, especialmente los de la tríada gobernante (PLN, PUSC y PAC) y de los que gravitan y bailan el son que toca la misma. Las pocas excepciones, escasísimas, por cierto, solamente confirman ese gran divorcio entre el pueblo y su clase tradicional gobernante. Resulta emblemático de este fenómeno, contemplar la estructura-construcción del nuevo edificio legislativo: un verdadero bunker hacia lo alto y cerrado por todo lado.
CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN AUGE: El pueblo fue “castigado” con un paquetazo de impuestos de profundo sesgo regresivo. Viene otro en camino. El fraude fiscal sigue sin control y la estructura tributaria vigente solamente facilita la concentración de la riqueza. No hay reactivación económica. La deuda pública impagable y su obscena amortización diaria de intereses estrangula lo poco que queda del aparato público destinado a procurar la inclusión social.
En ANEP formulamos el más vehemente llamado para una masiva participación obrero-ciudadana este PRIMERO DE MAYO.
Seccional Administrativa del MSP denuncia pésimas y peligrosas condiciones laborales
Pese a denuncias ante Viceministra de Seguridad y oficial mayor del MSP nada ha cambiado
Las malas condiciones de trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no sólo se dan con los oficiales de la Fuerza Pública, ya que la Seccional ANEP-Administrativa del MSP denuncia que funcionarios trabajan bajo pésimas y peligrosas condiciones.
Según la seccional, estas condiciones se presentan en su mayoría en delegaciones policiales fuera del Área Metropolitana, donde los funcionarios administrativos trabajan con carencia de equipo, hacinamiento, en infraestructuras con órdenes sanitarias y con riesgo a su integridad física.
“Los funcionaros y funcionarias administrativas carecen de computadoras e Internet, esto imposibilita cumplir con solicitudes de envío de información y documentos a oficinas centrales del ministerio. También laboran en condiciones de hacinamiento en infraestructuras que incluso cuentan con órdenes sanitarias de clausura”, indicó Mainor Anchía, Directivo Nacional de ANEP.
Otra de las problemáticas que denuncian los funcionarios, es el riesgo a su integridad física, ya que por falta de espacio en las edificaciones deben laborar junto a armerías y cajas de arena donde los oficiales manipulan las armas de fuego. Además, deben de soportar insultos y acoso por parte de detenidos que son trasladados a celdas de las delegaciones.
“Nos indican que en una ocasión mientras un oficial se encontraba manipulando un arma de fuego en la caja de arena, se escapó un tiro que por poco impacta a uno de los compañeros. A esta situación se suman los insultos y el acoso verbal de las personas detenidas principalmente hacia las mujeres. El problema se genera por no tener las condiciones adecuadas de espacio en infraestructura en las diversas delegaciones”, dijo Anchía.
La Seccional ANEP-Administrativa del MSP también cuestiona el recargo de labores que no van acorde a sus puestos y contratos; entre estas asignaciones se encuentran trabajos de cocina, misceláneo, recepcionistas, papelería, avituallamiento, entre otros.
“La molestia es bastante grande, ya que muchas de las situaciones fueron denunciadas ante la Viceministra de Seguridad Pública, Fiorella Salazar y el oficial mayor del MSP, Randall Vega, en una reunión realizada a finales del año anterior, sin embargo, a la fecha no han realizado ninguna acción para cambiar esta situación”, detalló Anchía.
Para la seccional es de vital importancia que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública presten atención a esta situación, ya que repercute en la seguridad ciudadana y la atención que se brinda a todos los costarricenses.
ANEP:»Proyecto de empleo público del Gobierno no es sostenible»
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dio a conocer su primera reacción sobre el proyecto de ley de reforma al empleo público presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa. Además, cuestionó la negativa del Gobierno de responder 29 planteamientos sobre este tema enviados por el sindicato en enero anterior.
Compartimos la carta enviada al Gobierno de la República el lunes 28 de enero
San José, lunes 28 de enero de 2019.
Honorable señora
María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra
MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
Honorable señor
Steven Núñez Rímola
Ministro
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política
Estimada señora Ministra:
Estimado señor Ministro:
- En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
- Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).
- Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
- Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
- Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.
- Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.
- Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.
- Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.
- La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.
- Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.
- Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismonegociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.
- Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:
- Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.
- Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.
- Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.
- Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.
- Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.
- Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.
- Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, tiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.
- Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.
- Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la delfallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.
- Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, esta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.
- Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!
- Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.
25. Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.
- Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.
Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.
- Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, podría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.
- Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.
- En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.
Esteban Calvo: Cambios y riesgos para la legislación laboral
CCSS: ANEP solicita separar de sus cargos a personas investigadas por supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y administración fraudulenta
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se encuentra finalizada la acusación en contra de 18 personas funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adoptar una medida cautelar que busca la reubicación de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes figuran como imputadas por presuntamente cometer delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.
La pretensión de nuestra organización sindical es que a los funcionarios investigados se les reubique en otras unidades idealmente, fuera de las oficinas centrales de la institución.
“Que, de manera perentoria, esa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), adopte una medida cautelar tendiente a la reubicación de los funcionarios acusados en otras unidades fuera –idealmente-, de las oficinas centrales de la institución. Ello hasta que se adopte en firme la sentencia que eventualmente emitiría el Tribunal Penal de Hacienda”, indica el documento.
La solicitud de la ANEP, toma mucho más peso, al considerar que actualmente varios de los imputados continúan laborando en los puestos desde donde se tomaron las decisiones investigadas por la Fiscalía y, que a la vez son claves en la toma de decisiones en la CCSS.
“Ante las graves acusaciones de fraude que pesan sobre los acusados de marras, resulta razonable suponer que su interés personal incidirá en sus criterios y decisiones en detrimento del interés supremo de los asegurados. Es decir, existe riesgo que, de manera individual o conjunta, estas personas manipulen bases de datos y/o documentos para generar probanzas ficticias a su favor o eliminar evidencias”, manifiesta la carta dirigida a la Junta Directva de la CCSS.
Otro de los argumentos de la ANEP para solicitar la separación del cargo “es que los imputados podrían ser propensos a intimidar a funcionarios de las direcciones Actuarial y Económica, Financiero Contable, Inversiones y Financiero Administrativa que fungirían como testigos en el presente caso; toda vez que en tales instancias se habrían gestado los presuntos fraudes endilgados por el Ministerio Público”.
Los funcionarios que debe ser separados de sus cargos son:
| Funcionario | Puesto |
| Luis Guillermo López Vargas | Director Actuarial y Económico |
| Gustavo Picado Chacón | Jefe del Área de Investigación Económica |
| José Luis Quesada Martínez | Jefe del Área de Riesgos de los Fondos Institucionales |
| Iván Guardia Rodríguez | Director Financiero Contable |
| Carlos Montoya Murillo | Jefe del Área de Tesorería General |
| Christian Hernández Chacón | Jefe del Área de Colocación de Valores |
| Yorleny Madrigal Mora | Analista de Inversiones |
| José Alberto Acuña Ulate | Director Financiero Administrativo |
| Roy Retana Mora | Jefe del Área de Crédito y Cobro |
Cabe destacar que en razón de sus cargos José Luis Quesada Martínez es miembro del Comité de Inversiones de IVM; mientras que Carlos Montoya Murillo lo es del Comité de Inversiones del Seguro de Salud. Por su parte, José Alberto Acuña Ulate, Iván Guardia Rodríguez y Roy Retana Mora son integrantes del Comité de Crédito de IVM.
Recordemos que la investigación realizada por la Fiscalía determinó que los imputados, en apariencia, habrían aprobado aumentos de salario de manera irregular, esto entre el 2006 y 2010. El caso fue abierto en el 2012, a raíz de una denuncia interpuesta por el economista Daniel Muñoz Corea con el apoyo de la ANEP.
Este caso fue uno de los expedientes que ordenó revisar la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, a su ingreso como jefa del Ministerio Público. Tras la revisión, por parte de la FAPTA, el expediente se reactivó, se amplió la investigación y se logró acusar.
ANEP aplaude y apoya a la UNGL por defender autonomía municipal ante el Ministerio de Hacienda
Organizaciones relacionadas con el régimen municipal coinciden en que la Ley 9635 violenta la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) aplaude el accionar de la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL) al defender la autonomía municipal ante el Ministerio de Hacienda por la aplicación de la Ley 9635, popularmente conocida como “Ley del Combo Fiscal”.
Nuestra organización sindical insistió desde antes de la aprobación de la Ley 9635, en la necesidad de pronunciarse y hacer esfuerzos para que no afectara la autonomía constitucional al régimen municipal.
“Fue escuchado nuestro reclamo, la UNGL enfrenta mediante una carta a la Ministra de Hacienda en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal. Desde hace meses lo dijimos el combo fiscal dio una especie de “Golpe de Estado” técnico”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
En la carta enviada a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, la UNGL cuestiona de que se le quiera imponer a los Gobiernos Locales un tope del 4,67% en el crecimiento del gasto corriente de sus presupuestos ordinarios. Esto contradice, la potestad legal que tienen los municipios para definir su administración y sus presupuestos.
“Limitar el crecimiento del gasto corriente en 4.67% es un desacierto, ya que estos ingresos no constituyen transferencias del Ministerio de Hacienda, sino que son la expresión de la Autonomía del Régimen Municipal. Este tope al crecimiento del gasto corriente, se traduce en la limitación del desarrollo de proyectos sociales que converjan en el fortalecimiento del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cada cantón”, indica la misiva.
Además, agrega que “las Municipalidades tienen autonomía para regularse y sufragar, mediante gasto corriente, nuevos servicios. Incluso, respaldados con los análisis financieros pertinentes, están en condiciones de crear la cantidad de plazas que consideren necesarios en procura de la administración de los intereses y servicios locales.
ANEP se ha reunido con varios representantes de diversos municipios del país para analizar el impacto negativo de esta ley en el régimen municipal y las acciones a seguir para evitar mayor afectación a los trabajadores y a las comunidades.
“Por estas razones hacemos un llamado a los demás gobiernos locales a trabajar en conjunto para proteger la autonomía municipal”, recalcó Vargas.
Es importante resaltar que la ANEP, ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley 9635, por lo que insta e invita a la UNGL a seguir también el camino jurídico- legal y a unirnos en esta lucha que apenas empieza.
Carta enviada por la UNGL al Ministerio de Hacienda
Carta Ungl al Ministerio de… by on Scribd
Mesa Sindical de Mujeres convoca a manifestación de las “Ollas Vacías” contra canasta básica tributaria
La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) realiza un llamado a toda la ciudadanía en general para realizar una manifestación denominada “Ollas Vacías” contra la canasta básica tributaria, el próximo jueves 4 de abril a partir de las 2 de la tarde, frente al edificio central del Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda.
La manifestación tiene como objetivo mostrar la disconformidad con la manera en que el Ministerio de Hacienda ha conformado la canasta básica tributaria, ya que a los productos excluidos se les aplicarán impuestos del 13%, convirtiéndolos en artículos incomprables para algunos sectores, lo que provocaría ollas con menos alimentos en los hogares costarricenses, de ahí el nombre de la manifestación.
Para la Mesa Sindical de Mujeres, los resultados están hoy a la vista, con una una serie de medidas impositivas que ya empiezan a agobiar a los costarricenses y el escenario del ruido de ollas vacías es el ideal para mostrarle al Gobierno lo que se avecina para el pueblo.
Esta maniobra del gobierno de sacar productos de la canasta básica tributaria ocasionará que en las familias más pobres no puedan adquirir los alimentos necesarios para una alimentación nutritiva, sana y adecuada en cantidad y calidad, golpeando aún más a las familias compuestas por mujeres jefas de hogar que históricamente han hecho milagros con el presupuesto familiar para alimentar a sus hijos, hijas, nietos y nietas. Es inaceptable que se excluyan de la canasta básica frutas, verduras y legumbres, entre otros alimentos.
La Mesa Sindical de Mujeres está integrada por la Central Sindicales Juanito Mora Porras-ANEP (CSJMP-ANEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), estas a la vez aglutinan a decenas de sindicatos costarricenses.
