Con gran presencia de dirigentes de las seccionales municipales de la ANEP y alcaldes de varios municipios, se presentó en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley Nº21.430 que busca devolver la autonomía constitucional al régimen municipal, la cual fue violentada con la aprobación del combo fiscal.
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Representantes de cuerpos policiales afinan detalles para marcha del 24 de junio
Representantes sindicales de diversos cuerpos policiales del país, se reunieron el pasado 28 de mayo en la sede de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el objetivo de finiquitar detalles de la marcha por la dignificación de los derechos laborales de los cuerpos policiales a realizarse el próximo 24 de junio.
En la reunión participaron representantes sindicales de Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Control Fiscal, Guardaparques, así como Policía Control de Drogas, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea y Guardacostas.
Dentro de las consignas de la manifestación se encuentra la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, ya que con la entrada en vigencia de esta ley, se le elimina a los funcionarios policiales el reconocimiento al rubro por carrera policial, los cuales están reconocidos por los requisitos académicos, como el noveno año, los cursos de carrera policial y especialización, así como las anualidades y los quinquenios.
Otras de las consignas de la marcha de cuerpos policiales, es solicitar que no sean incluidos en la Ley Marco de Empleo Público. Además, de que se coloque nuevamente en agenda de la Asamblea Legislativa el expediente N° 17.695 Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales.
Es importate recordar, que la marcha de cuerpos policiales se realizará con funcionarios en su tiempo libre, acompañados por sus familiares. La misma tendrá como punto de salida la sede de la ANEP, ubicada en calle 20 norte, 300 metros norte del Hospital Nacional de Niños a las 9 de la mañana.
Denuncian penalmente al MSP por cinco delitos
Se trata de los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Cuatro oficiales de la Fuerza Pública interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), ente adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Según indican los expedientes penales número 19-179-619,19-295-619, 19-296-619, 19-294-619, los hechos denunciados se deben a la destrucción dolosa de pruebas documentales por parte del CISED, las cuales serían claves en juicios laborales contra el MSP. Esta acción por parte del CISED tendría como objetivo afectar a los oficiales de la Fuerza Pública a fin de que sus reclamos laborales no puedan prosperar
Milene Arroyo Sánchez, abogada penalista de los oficiales de la Fuerza Pública que interpusieron la denuncia, explicó que durante los juicios laborales y en virtud de la normativa, es a la parte patronal a quien le corresponde aportar la prueba con la que se puede demostrar dichos extremos; ya que es el MSP quien la tiene en su poder y custodia.
«El CISED ha estado ordenando la destrucción indiscriminada del expediente personal del policía, registro de control de asistencia, registros de control de entrega de armas, archivos, bitácoras de entradas y salidas, tarjetas de marcas, constancias de planillas, contrato laboral, libros de roles. En estos documentos se llevaba el control de los horarios y jornadas laboradas para todos y cada uno de los servidores policiales y por ende de los policías que demandaron laboralmente, haciendo nugatorios sus derechos, ya que al no existir prueba que respalden sus reclamos se declaran sin lugar sus demandas”, explicó la defensora perteneciente al bufete 4A
Según la denuncia, la destrucción de documentos también se estaría presentando posterior a que el Juzgado de Trabajo previene al MSP de presentar dicha documentación, lo que se convertiría en un desacato a los mandamientos judiciales.
“Aún más grave es el hecho de que en varios de estos casos a pesar de que el Juzgado de Trabajo le previno al Ministerio de Seguridad Publica, representado por la Procuraduría General, que presentara la prueba, luego de notificada de dicha prevención en forma dolosa, el CISED destruye posteriormente dicha prueba, desacatando los mandamientos judiciales de requerimiento de prueba y así consta en las actas de eliminación de documentos. Unido a ello en varias de las actas de eliminación se consignan hechos falsos. Lo cual evidencia que el Ministerio de Seguridad Pública busca evitar el pago de extremos laborales e indemnizatorios a favor de los servidores policiales”, indico la abogada penalista.
Para los denunciantes se podría estar ante el mayor fraude procesal de la historia de Costa Rica, a la vez, que indicaron que esto será solo el comienzo de una serie de denuncias, las cuales se incrementarán más adelante.
“Nos encontramos ante el mayor fraude laboral en la historia del país y lo más alarmante es que ha sido realizado por el propio Estado, en este caso por el Ministerio de Seguridad Publica y de lo cual ha tenido pleno con el conocimiento, la Procuraduría General de la Republica. Sin embargo, en lugar de denunciarlo, la Procuraduría ha avalado e incluso defendido este delito ante los Tribunales de Trabajo”, finalizó la defensora.
Para la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública, este tipo de casos no deben quedar impunes y deben ser conocidos por la opinión pública, máxime que se estaría afectando a 15.000 servidores pertenecientes a todas las policías adscritas al MSP con la destrucción sistemáticamente de toda la documentación que sirve de prueba en los procesos laborales para demostrar las horas extras, jornadas, días feriados y de asueto laborados.
ANEP-Fuerza Pública cuestiona accionar del MSP ante muerte de Policías de Fronteras
Manifiesto público de la ANEP con relación al ataque a la población laboral del IAFA
El Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), tiene una importancia estratégica para el país. Para su funcionamiento, las personas trabajadoras asalariadas al servicio de esta entidad, son base fundamental para el desarrollo de programas de prevención y tratamiento que se ofrece a personas con adicción a sustancias psicoactivas.
El personal trabajador asalariado del IAFA no es culpable de los conflictos personales o conflictos de interés que puedan desatarse entre autoridades de la institución; y, por tanto, nos parece una grosería, un irrespeto y un abuso usar, en el marco de tal controversia, a quienes con mística y dedicación trabajan en el tratamiento y rehabilitación en la institución, combatiendo día a día el flagelo de la adicción a las drogas, al alcoholismo y/o al consumo de sustancias psicoactivas.
El personal del IAFA labora con eficiencia, profesionalismo y mística y no es merecedor de la más mínima descalificación de su trabajo; menos si ello obedece a buscar justificar los errores, omisiones, intereses o malas prácticas de quienes en el ejercicio de sus cargos de dirección quieren distraer la atención.
Miente intencionalmente quien quiera señalar, sin pruebas, sin argumentos y atropellando derechos al personal del IAFA.
La ANEP, como representante oficial de los intereses del personal trabajador asalariado del IAFA, censura enérgicamente todo acto, sea de quien sea, que intente utilizar al colectivo laboral de esta entidad para sacar provecho propio.
Denunciaremos estas prácticas y estamos ofreciendo a tan digno personal trabajador, todo el acompañamiento que se requiera, incluyendo el apoyo jurídico. No vamos a permitir atropellos a la dignidad de los funcionarios y de las funcionarias de la institución.
La ANEP repudia, rechaza y condena los ataques infundados, carentes de toda prueba contra el personal asalariado del IAFA, mismos que podrían tener origen en otras intenciones.
Por tanto, exigimos a la más alta autoridad ministerial tomar medidas urgentes en la siguiente dirección
Dar inicio a una profunda investigación dentro del IAFA, en lo económico, en cuanto los programas y la administración de recursos. De encontrarse irregularidades, separar de inmediato a los presuntos responsables e iniciar los procesos pertinentes para que respondan por sus actuaciones.
Suspender todo acto, medida o similar intento tendiente a lesionar los derechos del conglomerado laboral del IAFA.
Ordenar el cumplimiento del estudio aprobado por el Consejo de Salud Ocupacional, respecto a las condiciones de trabajo, de riesgo y seguridad para los trabajadores de la institución.
Incorporar la representación de la Seccional ANEP-IAFA y al apoyo técnico profesional que la organización sindical considere, en aquellos temas de orden laboral tomando en cuenta acuerdos de partes previos suscritos.
Ordenar dar atención especial a la mesa solicitada por ANEP, para dirimir una agenda de temas bajo la mediación del MTSS, pendiente de resolver.
Realizar una actividad con el personal donde se brinde disculpas y se limpie clara y seriamente la imagen de quienes laboran en la institución, momento que puede ser aprovechado para que se exponga y se atienda las necesidades más sentidas y urgentes que tiene la población laboral del IAFA, en busca de mantener un clima de armonía y paz laboral, que devuelva la confianza perdida y ofrezca la paz laboral dentro del IAFA.
Nuestra organización será vigilante de las actuaciones al respecto y no descartamos otras medidas que valoraremos en su debido momento.
San José, lunes 20 de mayo de2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Seccional ANEP-IAFA
El 75% de eurobonos serán para pagar deuda y sólo un 25% se destinará a la reactivación económica
- De esa plata habría que pagar 75% en los próximos dos años y medio
- El país se seguirá hundiendo sin una transformación tributaria estructural, es urgente realizar una auditoría ciudadana de la deuda
El país sigue siendo sometido a un estrangulamiento económico-financiero por una deuda pública imposible de pagar, sin hablar de los intereses más que obscenos que los acreedores exigen.
Además, cada día que pasa nos convencemos más de la necesidad de la realización de una urgente Auditoría Ciudadana de la Deuda ante los monstruosos datos de esa deuda pública y las obligaciones que representa, sobre lo cual la gente es poco concientizada al respecto.
La desesperación que está mostrando el gobierno Alvarado-Piza para que en la Asamblea Legislativa le aprueben el proyecto de ley para la colocación de nueva deuda por 6 mil millones de dólares, en lo que han denominado como eurobonos; no va aparejada con un esfuerzo sincero y honesto de transparencia en cuanto hablar con contundencia de las verdaderas razones del Poder Ejecutivo para embarcarse en una aventura de tal calibre.
Según se hace público por parte del Ministerio de Hacienda, el país está contra la pared en cuanto a obligaciones de pago de deuda en el cortísimo plazo y esa plata no está disponible.
Solamente en este mismo año, 2019, hay que pagar $1.381 millones; para el 2020 la cifra es de $1.170 millones y de $1.944 millones en el 2021.
Hablamos de $4.495 millones para entregar a los acreedores internos en los próximos dos años y medio. ¡Para eso son los eurobonos, básicamente!
Esa descomunal cifra equivale al 75 % de los $6 mil millones que el gobierno Alvarado-Piza está pidiéndole a la Asamblea Legislativa que le autorice en el corto plazo pues, efectivamente, el país está ahogado en deuda.
Si le creyéramos al gobierno Alvarado-Piza (algo sumamente difícil dado su desprestigio actual ante una abrumadora mayoría ciudadana enojada e indignada con el mismo), que esos $6 mil millones se ocuparían para reactivación económica; tan solo un 25 sería con tal fin pues, como se indicó, se debe honrar $4.495 millones en los próximos 30 meses (2 años y medio), en deuda que se debe pagar a acreedores nacionales: ¿Quiénes son?
Imposible que el país salga avante sin una combinación estratégica entre una transformación tributaria estructural (el informe legislativo sobre Los Papeles de Panamá abre el camino); una auditoría ciudadana de la deuda pública; un acuerdo nacional sobre la magnitud del déficit fiscal posible de tolerar; una reactivación económica para la inclusión social y para la promoción del bien común; y una reforma del Estado congruente al respecto, no la ideológicamente sesgada que se quiere imponer a costa de las libertades democráticas de organización sindical y del derecho constitucional de huelga.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestiona al ICD por trabajar con Plan Nacional sobre Drogas desactualizado
–Al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) le corresponde diseñar el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sin embargo desde el 2017 trabaja bajo el mismo documento.
La Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública cuestiona al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por trabajar en un Plan Nacional sobre Drogas desactualizado, pese a la incursión y a lo habilidoso de las redes del narcotráfico y legitimación de capitales para lograr su cometido.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública enfatizó que existe una preocupación ciudadana en torno a la incursión del narcotráfico en el territorio nacional y que el último Plan Nacional sobre Drogas tenía una vigencia hasta el año 2017.
Ante dichas observaciones, el ICD indicó que actualmente “el Plan Nacional sobre Drogas está siendo sujeto a la actualización de su plan de acción, debido a recientes aprobaciones de políticas vinculantes, como la aprobación reciente del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la estructura base, pilares de acción y principales referencias, se mantienen en vigencia.
Otra de las inquietudes de la seccional es que presuntamente, el retraso en la elaboración del Plan Nacional de Drogas se debió que le delegaron dicha tarea al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Sin embargo, en el documento en manos de la ANEP denominado “Observaciones técnicas y metodológicas al Plan Nacional Sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2018-2022”, trae una serie de correcciones, textos que no citan su fuente, posible plagio y además, se omite realizar cuatro ejercicios importantes que constituyen los pilares para el Plan Nacional.
Los cuales son: 1)Documental y participativo que permita conocer los principales problemas que enfrenta el país en la materia, 2) documento de análisis conjunto de actores decisores políticos para la identificación vía consenso de los principales desafíos como país se tiene que abordar de manera integral y equilibrada, 3) Uno en el cual se definan las prioridades y se tomen las decisiones consensuadas a partir de éstas, o sea, se precisen de los enunciados de política pública que permitirá intervenir positivamente la realidad nacional, 4) Uno final, meramente técnico, que operacionalice mediante diversas iniciativas, intervenciones, programas o proyectos de índole intersectorial e institucional, las políticas públicas definidas por los actores decisores competentes.
“En ANEP, hemos recibido informaciones que indican un aparente incumplimiento de deberes, así como el presunto pago a un ente externo para la realización sobre el Plan Nacional de Drogas, pese a que la realización del mismo es competencia única del ICD; según así lo establece la Ley 8204”, indicó Anchía.
Anchía explicó que según fuentes cercanas a la ANEP, el pago aparentemente fue realizado por medio de una donación de la Embajada de los Estados Unidos y a pesar de que reiteradamente se ha solicitado la información explícita al Director del ICD, Guillermo Araya, el mismo responde con evasivas o de manera omisa.
“Mientras el narcotráfico evoluciona, no se detiene y sigue penetrando nuestro territorio, a la fecha se trabaja en la elaboración de un plan que debió estar listo a inicios del 2018, o sea, se trabaja con plan del periodo 2013-2017”, agregó.
No es ninguna sorpresa que se baje la categoría en seguridad aeroportuaria por parte de la FAA
Cuando recibimos la noticia de la baja en la categoría asignada a Costa Rica, de parte de la Administración Federal de la Aviación (FAA), de aspectos de seguridad aplicados en Costa Rica, no nos sorprendimos, de antemano sabíamos que esto sucedería, y la cosa puede aún ser peor. Ya que se aproxima una Auditoria de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que con este precedente vendrá con una especial rigurosidad.
Nuestra organización sindical, cuenta con la digna representación de funcionarios que laboran en las distintas terminales aeroportuarias del país, Policía de Control de Drogas (PCD), Policía Profesional de Migración (PPME) y, por supuesto, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). Es por ello que, con conocimiento de causa se han cuestionado algunas de las decisiones, facilidades, convenios y administración que ha permitido y/ impulsado Aviación Civil, especialmente en materia de seguridad, donde ha quedado claro, carecen de un interés sobre el tema, o conocimiento real del mismo.
“En la Policía Aeroportuaria hemos participado activamente en las recomendaciones y confección de protocolos y procedimientos de atención de diferentes situaciones que se presentan, o previniendo, las que se podrían presentar. Hemos advertido también sobre el crecimiento de pasajeros que circulan en las terminales aéreas, y el desmejoramiento del personal ante esta situación, situaciones que se vuelven desventajosas para las diferentes Policías que se encuentran en estas terminales aéreas”, afirma el presidente de la Seccional ANEP-SVA, Tony Chavarría.
Nuestro país afronta un crecimiento en la demanda del servicio aeroportuario, pero lamentablemente, de forma paralela la región entera experimenta un incremento de las actividades delictivas, sin mencionar la posibilidad de que llegue el momento en que nuestra patria observe actos de terrorismo. Por ello, desde ANEP abogamos a diario por establecimiento de verdaderas políticas criminales y de seguridad ciudadana. Pero de forma contraproducente (y posiblemente por un interés económico de particulares) en Aviación Civil, lejos de fortalecer el tema de la seguridad, lo debilita al imponer seguridad privada en la mayor puerta de ingreso y egreso de personas del país, la terminal de Juan Santamaría. Y eso se da ante el silencio cómplice y reprochable del Poder Ejecutivo.
Por ello reiteramos, no es sorpresa esta categoría asignada, es solo el primer reflejo de las pésimas decisiones tomadas por Aviación Civil en materia de seguridad aeroportuaria, en confabulación con el gobierno, que demuestra cada vez que puede, que sus intereses no son los mismos del pueblo, sino que comulga con las preocupaciones del gran capital neoliberal; y bueno, la seguridad no es tema prioritario.
ANEP pide investigar licitación otorgada por Municipalidad de San José para limpieza de tragantes por posible tráfico de influencias
–Denuncia fue presentada ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de San José, denunciaron ante la Fiscalía General y la Contraloría General de la República (CGR), la adjudicación otorgada por parte del Concejo Municipal de SanJosé a la empresa Maquinarias, Camiones, Grúas de Centroamérica (MCGSA-WUEISA) para realizar el servicio de limpieza de tragantes del sistema pluvial de San José.
La solicitud de la ANEP, que también fue presentada ante la auditoría interna de la Municipalidad, radica ante el posible escenario de un tráfico de influencias y otras figuras delictivas, debido a la forma en que se otorgó dicha licitación pública (2019LN-00000-0015499999), que consiste en el alquiler por demanda de un equipo hidrovaceador para la limpieza de 14 mil tragantes y 4.200 pozos.
Según los hechos denunciados, el Área Financiera de la Municipalidad de San José informó que la empresa MCGSA-WUEISA no logró demostrar la capacidad financiera requerida, siendo que no reportó ingresos en los años 2017 y 2018, por lo que estaría violentando el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Dicho artículo indica: “Condiciones invariables. En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia”.
Sin embargo, la ANEP cuestiona que dicho criterio de la Dirección Financiera habría sido pasado por alto por parte del Gerente de Provisiones de Servicios del municipio josefino, emitiendo su propio criterio en el oficio GPS-396-2019, fechado el 26 de marzo, alegando que dichos incumplimientos financieros por parte de la empresa no deberían impedir el otorgamiento de la licitación. Con tal criterio, el Consejo Municipal toma el acuerdo de otorgar el contrato a la empresa MCGSA-WUEISA.
La denuncia también cuestiona que la empresa concursante habría traído el equipo especializado al país, esto, pese a desconocer si se le otorgaría la licitación. Situación que también se confirma en el oficio (del 26 de marzo) presentado por el Gerente de Provisiones. Finalmente el contrato fue aprobado el 2 de abril.
“Como puede verse, se colige que ya la empresa había invertido en la adquisición del equipo hidrovaceador nuevo, mismo que ya estaba en territorio nacional, por lo que lo obvio era garantizar el acuerdo del Concejo Municipal”, denuncia la Seccional ANEP-Municipalidad de San José.
Ante estos hechos, la ANEP presentó las denuncias respectivas ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José para que se realice las respectivas investigaciones.
Sindicatos del Poder Judicial denuncian penalmente a presidente de la Asamblea Legislativa por presunto delito de Legislación en Provecho Propio
• Sindicatos Judiciales también interponen denuncia penal contra el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio
Por: Noily Ruiz, Periodista Sindicatos del Poder Judicial.
Cinco Sindicatos Judiciales presentaron la mañana de este lunes, dos denuncias penales contra los Diputados Carlos Ricardo Benavidez, Presidente del Congreso, y el Diputado del Partido Republicano, Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio, fundamentados en el Articulo 48, de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Los legisladores mantenían una obligación tributaria con el Ministerio de Hacienda, que se vincula dentro de alguno de los presupuestos de la amnistía, que posteriormente, fue dispuesta en la Ley 9635, misma que votaron sabiendo que les beneficia.
Como Diputados de la Asamblea Legislativa, al ser potenciales beneficiarios de una eventual amnistía tributaria, votaron negativamente contra una moción de orden propuesta por el Diputado José María Villalta, para solicitar al Ministerio de Hacienda la lista de potenciales beneficiarios de dicha amnistía tributaria.
Entre el 2018 y 2019, el Diputado Vargas Víquez, canceló la suma de diecisiete mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma un beneficio patrimonial ilícito.
En el caso del Diputado Benavidez, entre los años 2018 y 2019 canceló la suma de un millón setecientos mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma igual beneficio.
Los Sindicatos del Poder Judicial solicitan que se aplique la normativa para juzgar a miembros de los Supremos Poderes y se inicie con la investigación respectiva.
Sindicatos que interponen denuncia:
Luis Alonso Bonilla Guzmán
Secretario General del Sindicato de Servidores y Servidoras, Ex Servidores y Servidoras del Ministerio Público, SIMIPU.
Álvaro Rodríguez Zamora
Secretario General del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, ANIC.
Mario Alberto Mena Ayales
Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD.
Hernán Campos Vargas
Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, SITRAJUD.
Jorge Morales García
Secretario General del Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD.
Conferencia de Prensa
Denuncia contra Carlos Ricardo Benavides
Denuncia Contra Carlos Rica… by on Scribd
Denuncia contra Otto Vargas
Denuncia Contra Otto Vargas by EugenioGuerrero on Scribd
