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Guarda parques baleado: Situación sociolaboral de este personal llega al límite

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Relación dramáticamente inversa:
a mayor peligro, mayor deterioro de las condiciones de empleo y de trabajo

ANEP condena, con toda energía, la agresión con bala de que ha sido víctima un trabajador-empleado público, don Carlos Ugalde Carmona, del servicio de guardaparques del Estado, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); y, específicamente, en este caso, como servidor en el Área de Conservación de Osa (ACOSA).

El compañero, con enorme valentía y con conciencia plena de su responsabilidad de servicio público, se enfrentó a un comando narco, de esos que ya han tomado casi que control pleno de esa zona para sus actividades ilícitas

Este doloroso episodio muestra un punto de inflexión en la ya asfixiante situación del personal del servicio de guardaparques del país: prácticamente dejados a su suerte por los últimos gobiernos (incluido el actual), que muestran irresponsable desdén por su situación salarial, por sus precarias condiciones de empleo y de trabajo, por jornadas extenuantes que les sobre-explota, por la creciente peligrosidad de su quehacer, por la carencia de equipos técnicos y tecnológicos, por carecer de chalecos antibalas; y, especialmente, porque hace falta mucho personal.

Los guardaparques se exponen a los cazadores furtivos, a la delincuencia común, a las invasiones ilegales de tierras protegidas por parte de campesinos desesperados y por inescrupulosos que quieren hacer negocio con las mismas; y, como lo muestra este dramático caso, se exponen cara a cara al crimen organizado del narcotráfico, el cual les supera en dotación de equipamiento y de tecnología para realizar su ilegal quehacer en esas zonas geográficas del país que, presuntamente, son exhibidas ante el mundo como ejemplo de protección ecológica por parte de Costa Rica.

Miserablemente, el Estado les ha venido negando el pago de un reconocimiento salarial adicional por concepto de peligrosidad, de un 5 %, para “compesarles” el riesgo de vida (como ahora queda demostrado), y dado sus salarios sumamente bajos, congelados y ahora en reversión por cuanto se les aplica las perversas medidas del combo fiscal, hoy ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Este lunes 13 de mayo, a primera hora, ANEP demandará una reunión urgente, conjunta, con los ministros de Ambiente y Energía, de Seguridad y de Trabajo, con el fin de analizar el creciente y sistemático deterioro de la labor de los servidores guardaparques del país; cuyo creciente riesgo de vida en su estratégico quehacer, ya es del mismo calibre que la peligrosidad de los otros cuerpos de policía del país, también en condiciones de deterioro generalizado de la prestación de sus servicios.

Seccional Concesionarios del Cenada busca trabajo en conjunto con nueva Gerente General

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La seccional ANEP-Concesionarios del Cenada se reunió con la nueva gerente general del PIMA-CENADA, Gabriela Brenes Mendieta con el objetivo establecer un trabajo en conjunto para el fortalecimiento del mercado. 

Durante la reunión los concesionarios tuvieron la oportunidad de realizar consultas a la nueva Gerente General sobre el futuro del mercado a corto, mediano y largo plazo, así como la visión de los mercados mayoristas regionales. 

Otros de los temas abordados fueron la modificación del reglamento interno del PIMA-CENADA; en temas como horarios, plaza, sectorización, entre otros.

También se abordaron puntos de  comercialización de los diversos productos que se distribuyen en el mercado y la necesidad de posicionar externamente al PIMA-CENADA ante la ciudadanía. 


El pacto por el nuevo directorio legislativo, “el de los Carlos”, agudizará la desigualdad y la exclusión social

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-Gran aliento representa el mensaje pastoral de la Iglesia Católica

-Mantendremos nuestra firme posición de lucha y llamamos a una nueva articulación social

Ni una sola iniciativa de ley para beneficiar a las mayorías, especialmente a las estrujadas capas medias altamente endeudadas, así como a los sectores obrero-populares sumidos en la desesperanza y la precariedad económico-financiera, se incluyó en la nueva edición del pacto neoliberal, “el de los Carlos”, de la agenda parlamentaria para el período legislativo 2019-2020.

Se trata de una renovada agenda de iniciativas de ley contra el pueblo, al entrarse a una fase más agresiva del impulso del proyecto neoliberal contra la gente; luego de que se terminara de confirmar la degeneración política del PAC, al mandar éste al cajón de la basura su ya endeble ética política y su “peculiar” agenda de Derechos Humanos.

En “el pacto de los Carlos” (Carlos Alvarado Quesada y Carlos Ricardo Benavides Jiménez, nombres que le dan rostro a una clase política que se olvidó de las mayorías), no incluyó ni una sola iniciativa para, al menos, que se diese una tenue desaceleración del perverso proceso de crecimiento de la desigualdad; para, al menos, la materialización de algunos cambios (aunque fueran tímidos), en las no menos perversas cifras de la evasión y de la elusión fiscales, así como de las abusivas exenciones-exoneraciones.

Los grandes grupos económicos (legales unos, al margen de la ley otros), seguirán disfrutando de la apropiación indebida de los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), en robo de impuestos; y de los 6 puntos PIB de las 440 leyes que les eximen de tributar lo que al pueblo trabajador sí le cobran a diario.

Por el contrario, le darán un nuevo impulso al ya estrangulante proceso de endeudamiento público, con el proyecto de los eurobonos: 6 mil millones de dólares más de deuda para que el país supere, aumentando el ya grave riesgo de quiebra, la barrera de los 40 mil millones de dólares de endeudamiento de aquí al 2022.

“El pacto de los Carlos” jamás pensó en la regulación de los intereses de usura y su cobro obsceno en tarjetas de crédito; jamás pensó en regular la barbaridad en cuanto a los precios de los medicamentos; ambas medidas más que urgentes para una clase trabajadora altamente endeudada, especialmente en las capas medias de la sociedad.

Los que elaboraron “el pacto de los Carlos”, jamás pensaron en la paupérrima situación de los salarios mínimos en el sector privado; ni en el establecimiento de una canasta básica que, de verdad, permitiese una sana alimentación y un solidario y justo acceso económico a los sectores populares en los cuales ya se pasa hambre.

Total ausencia en “el pacto de los Carlos”, de un abc de reactivación económica materialmente concretable y constatable en el cortísimo plazo; para que, al menos, la juventud sin empleo (casi ya 100 mil personas), recibiese un mensaje de aliento de que su clase política piensa, con sinceridad, en la gravedad de su desesperanza.

Los proyectos neoliberales de educación dual, de reversión de la histórica jornada de las 8 horas establecida en el Código de Trabajo desde 1943, el ataque antisindical y la derogatoria del carácter constitucional del Derecho de Huelga, más la precarización del empleo público y el establecimiento del despido “exprés” en el mismo; indican una ofensiva más coordinada y estructurada todavía de la que presenciamos en el año legislativo que acaba de terminar, para posibilitar mayores niveles de explotación obrera y laboral y, por supuesto, más concentración de la riqueza.

Por el contrario, las iniciativas del pacto neoliberal en su versión actualizada, “el pacto de los Carlos”, en cuanto a contratación pública y los procesos de concesiones, bloquearán la necesaria auscultación ciudadana del uso de supermillonarias cifras de fondos públicos que se gastan sin la necesaria transparencia que amerita la gravedad de una crisis fiscal como nos la vienen pregonando.

A pesar de este panorama tan adverso para el pueblo trabajador, debemos celebrar el contenido de la homilía pronunciada por monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San José, de la Iglesia Católica; y, Presidente de la Pastoral Social-Cáritas de Costa Rica; con ocasión de la celebración a San José Obrero, en la catedral metropolitana, este miércoles 1 de mayo de 2019.

Los señalamientos críticos que la Iglesia Católica formuló acerca de los perversos desajustes sociales y de la grave desigualdad que sigue creciendo en Costa Rica, deben recibir más atención de parte de las organizaciones populares y cívicas, especialmente de parte de los sindicatos. En el caso de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer, así lo haremos.

Mantendremos firme nuestro espíritu de lucha y de denuncia; reforzamos nuestro sincero llamado a la construcción de nuevos espacios de articulación de la resistencia social que, si bien está en ebullición en las redes sociales, hasta ahora no es nada más que el ejercicio clásico del derecho al berreo, solamente que ahora en sofisticada versión digital.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General de la ANEP

Coordinador del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Primer año de actividad parlamentaria: una Asamblea Legislativa que se olvidó de la gente

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  • Los “padres y madres de la Patria” se olvidaron de la gran mayoría ya que ni una sola ley fue aprobada para la reactivación económica, ni para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni para empezar a corregir la gravedad de la injusticia tributaria

Al concluir el primer año del período parlamentario constitucional 2018-2022, la actual Asamblea Legislativa deja una enorme e injusta deuda con las miles de personas ciudadanas que con sus votos les llevaron a ocupar sus respectivas curules diputadiles; deuda que podemos resumir en los siguientes tres ámbitos:

Ni una sola ley para empezar a corregir la gravedad de la perversidad de la injusta estructura tributaria costarricense, la cual hace que quienes ganan menos tengan que pagar más, proporcionalmente hablando.

Ni una sola ley para empezar a cambiar la espantosa realidad de los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se dejan los ladrones de impuestos en todas las formas, algunas inimaginables, en materia de evasión y de elusión fiscales, con cobertura legal o sin ella.

Ni una sola ley para empezar a cambiar la no menos espantosa realidad de un abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones fiscales que representa, en la actualidad, 6 puntos PIB.

Esos 14.5 puntos PIB significa la gigantesca cifra anual de 5 billones 75 mil millones de colones (¢5.075.000.000.000). Cada mes, las arcas públicas dejan de percibir unos 423 mil millones de colones (¢423.000.000.000); o, lo que es lo mismo, 14 mil cien millones de colones diarios. Más dramático aún: 587 millones 500 colones (¢587.500.000), ¡cada hora!

“No hay razón política, no hay razón ética, no hay razón moral para que esto permanezca intocado por la Asamblea Legislativa; a no ser, como suponemos, que los poderosísimos intereses de los meganegocios que se reproducen con tales cifras, tengan fuertes representantes parlamentarios, como se colige indudablemente”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador del Colectivo Sindical Patria Justa.

Para la ANEP, es inconcebible que no haya ni una sola ley para la reactivación económica en un país que tiene a casi 100 mil jóvenes sin trabajo y un índice oficial de desempleo por encima del 12 % (pero que es mucho mayor); en un país cuyas mayorías presentan altísimos niveles de endeudamiento; con salarios ya en proceso abierto de precarización y cuya fuerza de trabajo, en un 50 %, está en la informalidad y al margen de la Seguridad Social…

“No hay ni una sola ley para desacelerar el creciente, sistemático y sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad, como lo sería la regulación del abusivo cobro de intereses en tarjetas de crédito y, en general, de los intereses de usura, por ejemplo. O, la regulación efectiva del precio de los medicamentos para bajarlos sensiblemente. O, para establecer una regulación financiera diferenciada para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuya afiliación es ciento por ciento de personas trabajadoras asalariadas sufriendo por esos intereses de usura, expoliadores de los ingresos familiares, cada vez más en caída libre”, agregó Vargas.

No se ha presentado ni una sola iniciativa para establecer una canasta básica realmente nutritiva, de acceso universal para las familias pobres, de ingresos bajos y medios, altamente endeudadas; una canasta básica que represente una inversión para prevención en salud y, por ende, economía nacional en materia de atención hospitalaria en un futuro, que es la medicina más cara.

Por el contrario, luego de la injusta aprobación-imposición, mediando trucos reglamentarios, le impusieron al pueblo la mal llamada ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, detestada ampliamente por la ciudadanía como ha quedado constando ya; y cuyo rechazo es más intenso y extendido hoy en día, cuando se avecina el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para agravar la situación de las mayorías populares, se disponen a aprobar un nuevo préstamo por $6 mil millones, solamente para favorecer los egos de una administración gubernativa más preocupada por quedarle bien al mercado financiero y a sus gestores de la banca; llevando a niveles realmente catastróficos un endeudamiento público y un más grave pago de intereses obscenos, que las clases populares no pueden soportar más seguir pagando.

Definitivamente, una Asamblea Legislativa totalmente aislada del sentir popular, ajena a las más básicas necesidades de la gente, aumentando el descrédito del sistema político y dando campo abierto a que siga la corrupción en todas sus manifestaciones.

Entrevista completa de Hispan Tv sobre empleo público

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El Secretario General de la ANEP conversó con el medio Hispan TV, de la televisión estatal de Irán, el cual transmite en idioma español para la región latinoamericana de esta lengua y para España; acerca del proyecto «Ley Marco de Empleo Público» que el neoliberal gobierno Alvarado-Piza ya envió a la Asamblea Legislativa.

Informe FMI: Deshonestamente ético, socialmente injusto y fiscalmente parcializado

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, deja pública constancia por esta vía del comunicado de prensa, ante el pueblo costarricense y, particularmente, ante la clase trabajadora del país; su más vehemente crítica y su rechazo absoluto al más reciente informe emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con relación a la situación fiscal del país, por considerarlo deshonestamente ético, socialmente injusto y fiscalmente parcializado.

Como es de conocimiento público, recientemente estuvo en el país una misión de dicha entidad financiera multilateral, encabezada por el ciudadano británico Ravi Balakrishnan, quien insistió mucho en ser atendido por la corriente sindical que nos honramos en representar (y suponemos que por otras entidades no oficiales).

En tal sentido, nos sentimos con autoridad para señalar lo siguiente:

PRIMERO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es deshonestamente ético. Los responsables de su elaboración, encabezados por Mr. Balakrishnan, no se esmeran en reconocer que en la sociedad costarricense existen otras visiones sobre la realidad del problema fiscal del país; visiones que están sólidamente sustentadas; máxime cuando una seria entidad internacional-regional, de reconocida solvencia moral e independencia, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), ha puesto el dedo en la llega con relación a los diez desafíos fiscales estructurales más relevantes que tiene el país en estos momentos. Ello le fue dado a conocer a Mr. Balakrishnan, pero poco le importó. En todo caso, jamás pensamos que lo consideraría. Nuestra cortesía en atenderle no nos llevaría a la ingenuidad de pensar que algo así ocurriría.

SEGUNDO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es socialmente injusto. La expoliación fiscal-tributaria que sufre la mayoría ciudadana de este país (especialmente sus clases trabajadora y media), ya no da para más cargas impositivas, como lo ordena dicha entidad al “recomendar” que se ocupa de un nuevo ajuste fiscal. La gente no puede seguir siendo sacrificada en sus ingresos y en su situación económico-financiero en aras de atender, macrofiscalmente hablando, una carga de deuda pública abusiva y obscena. Hay un proceso acelerado de pauperización en los sectores populares y medios; hay un proceso sostenido de crecimiento de la desigualdad; y, se da un cruel y sistemático proceso concentrador de riqueza que, al parecer, le importó un bledo a la misión del FMI, al menos, al menos.

TERCERO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es fiscalmente parcializado. La interconexión entre la naturaleza perversamente injusta del sistema tributario costarricense, con la gravedad de la atención de la deuda pública y su carga obscena de pago de intereses, no fue objetivamente considerada por la misión del FMI que nos acaba de visitar, encabezada por Mr. Balakrishnan. Tal informe refuerza, por el contrario, la persistencia de la profunda inequidad impositiva que está hundiendo al país, como si en el futuro mediato el FMI prefiriera que se le pudiera un auxilio a su mejor estilo condicionante de imposición de políticas de mayor gravedad en cuanto a su impacto social demoledor que es lo que nos tememos.

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía patriótica de nuestro país a rechazar este informe del FMI y a la construcción de una alternativa de resistencia con ocasión de la histórica conmemoración del PRIMERO DE MAYO.

San José, martes 16 de abril de 2019.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Primero de Mayo: en auge el deterioro de la convivencia social del país

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Enojo obrero; desempleo, inestabilidad y amenaza al trabajo; inseguridad y violencia; clase gobernante viendo para otro lado; concentración de la riqueza en auge

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la próxima conmemoración histórica, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que es de carácter universal, en el caso de Costa Rica muestra una sumatoria de malestares nunca antes sentidos todos juntos, como en la presente circunstancia nacional.

Esa suma de malestares ha generado un acelerado deterioro de la convivencia armónica de la sociedad, poniendo en grave riesgo la misma estabilidad democrática del país que, sino fuera por la fortaleza de una institucionalidad heredada (aunque hoy en alto riesgo de ser pulverizada), hace tiempo habría colapsado.

Está en auge el deterioro de la convivencia social del país y es en tal marco de circunstancias que la clase trabajadora y sus distintas organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas se aprestan a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en un marco global de total adversidad.

De acuerdo con el seguimiento cotidiano que hacemos en ANEP de cómo se mueve el comportamiento obrero-ciudadano y con base en nuestra perspectiva-país, destacamos algunas razones:

ENOJO OBRERO: El costo de la vida sigue alto, ya no hay incrementos salariales realmente compensatorios y, prácticamente, estamos en época de congelamiento salarial. Es cada vez más creciente la estrechez y apretazón económico-financiera en los hogares del pueblo trabajador, lo cual no solamente ponen en retroceso la calidad de vida de las familias, sino que aumenta la tensión y el estrés en el seno de las mismas, creando condiciones para golpear esta base fundamental de la vida en sociedad.

DESEMPLEO, INESTABILIDAD Y AMENAZA AL TRABAJO: La cifra oficial de la gente sin trabajo, del 12 % se queda corta ante el drama cotidiano de las personas que no encuentran trabajo, destacándose un gran segmento de jóvenes. Quienes tienen empleo con salario fijo, temen perderlo sintiéndolo en riesgo como nunca antes. Prácticamente, la famosa estabilidad laboral del empleo público está en proceso de desaparición.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA: La competencia feroz por la subsistencia, la exclusión social en ascenso y la indetenible desigualdad, están provocando un incremento tanto en la cantidad como en la calidad del delito; evidenciándose episodios de violencia entre las personas que no tenían tanta crudeza como, por ejemplo, las reacciones de furia entre los conductores de vehículos. La otra delincuencia, la del crimen organizado y la del narcotráfico, avanzan incrementando la sensación nacional de inseguridad.

CLASE GOBERNANTE VIENDO PARA OTRO LADO: Enormes segmentos de la ciudadanía se muestran hoy más distantes que nunca de los partidos políticos, especialmente los de la tríada gobernante (PLN, PUSC y PAC) y de los que gravitan y bailan el son que toca la misma. Las pocas excepciones, escasísimas, por cierto, solamente confirman ese gran divorcio entre el pueblo y su clase tradicional gobernante. Resulta emblemático de este fenómeno, contemplar la estructura-construcción del nuevo edificio legislativo: un verdadero bunker hacia lo alto y cerrado por todo lado.

CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN AUGE: El pueblo fue “castigado” con un paquetazo de impuestos de profundo sesgo regresivo. Viene otro en camino. El fraude fiscal sigue sin control y la estructura tributaria vigente solamente facilita la concentración de la riqueza. No hay reactivación económica. La deuda pública impagable y su obscena amortización diaria de intereses estrangula lo poco que queda del aparato público destinado a procurar la inclusión social.

En ANEP formulamos el más vehemente llamado para una masiva participación obrero-ciudadana este PRIMERO DE MAYO.

Seccional Administrativa del MSP denuncia pésimas y peligrosas condiciones laborales

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Pese a denuncias ante Viceministra de Seguridad y oficial mayor del MSP nada ha cambiado

Las malas condiciones de trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no sólo se dan con los oficiales de la Fuerza Pública, ya que la Seccional ANEP-Administrativa del MSP denuncia que funcionarios trabajan bajo pésimas y peligrosas condiciones.

Según la seccional, estas condiciones se presentan en su mayoría en delegaciones policiales fuera del Área Metropolitana, donde los funcionarios administrativos trabajan con carencia de equipo, hacinamiento, en infraestructuras con órdenes sanitarias y con riesgo a su integridad física.

“Los funcionaros y funcionarias administrativas carecen de computadoras e Internet, esto imposibilita cumplir con solicitudes de envío de información y documentos a oficinas centrales del ministerio. También laboran en condiciones de hacinamiento en infraestructuras que incluso cuentan con órdenes sanitarias de clausura”, indicó Mainor Anchía, Directivo Nacional de ANEP.

Otra de las problemáticas que denuncian los funcionarios, es el riesgo a su integridad física, ya que por falta de espacio en las edificaciones deben laborar junto a armerías y cajas de arena donde los oficiales manipulan las armas de fuego. Además, deben de soportar insultos y acoso por parte de detenidos que son trasladados a celdas de las delegaciones.

“Nos indican que en una ocasión mientras un oficial se encontraba manipulando un arma de fuego en la caja de arena, se escapó un tiro que por poco impacta a uno de los compañeros. A esta situación se suman los insultos y el acoso verbal de las personas detenidas principalmente hacia las mujeres. El problema se genera por no tener las condiciones adecuadas de espacio en infraestructura en las diversas delegaciones”, dijo Anchía.

La Seccional ANEP-Administrativa del MSP también cuestiona el recargo de labores que no van acorde a sus puestos y contratos; entre estas asignaciones se encuentran trabajos de cocina, misceláneo, recepcionistas, papelería, avituallamiento, entre otros.

“La molestia es bastante grande, ya que muchas de las situaciones fueron denunciadas ante la Viceministra de Seguridad Pública, Fiorella Salazar y el oficial mayor del MSP, Randall Vega, en una reunión realizada a finales del año anterior, sin embargo, a la fecha no han realizado ninguna acción para cambiar esta situación”, detalló Anchía.

Para la seccional es de vital importancia que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública presten atención a esta situación, ya que repercute en la seguridad ciudadana y la atención que se brinda a todos los costarricenses.