Los hechos por los que se denuncia a Chaves Cordero, ante el Ministerio Público, se deben al incumplimiento de un acuerdo firmado, el 1 de noviembre del 2023, por el ahora imputado y el Secretario General de ANEP y representantes de la Seccional de ANEP de la Orquesta Sinfónica Nacional; así como con representantes del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.
Etiqueta: noticias
ANEP respalda discurso de la nueva directiva del Colegio de Abogados en usar el dialogo nacional
El licenciado Francisco Cruz Marchena, nuevo Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas y además afiliado a ANEP, en su discurso detalló que el camino del dialogo será el que marque la ruta para rescatar al país de la grave situación política, económica y social que se salió de las manos.
Municipalidad de la Unión respetará tiempo de almuerzo de trabajadores de campo
Aclaración: Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento
CONGELAMIENTO SALARIAL TOTAL. Desde el día 1 de enero de 2020 a la fecha, la práctica totalidad del personal asalariado del sector Público NO RECIBE NI SIQUIERA UN CENTAVO de reajuste en sus salarios por variaciones en el costo de vida. Nótese la diferencia: una cosa es aumento salarial; y otra, muy distinta, reajuste por costo de vida para, supuestamente, recuperar pérdida en el poder de compra del salario que no aumenta.
Ni en el 2020, ni en el 2021, ni el 2022, ni el 2023, prácticamente nadie en el empleo estatal recibió dinero alguno por la pérdida del poder adquisitivo del salario, lo cual, como venimos señalando, se agrava en este 2024 que acaba de iniciar: serán cinco años consecutivos de congelamiento salarial total.
Es en el sector municipal, con algunas excepciones y gracias a la lucha sindical de la ANEP, que se han logrado reajustes por costos de vida, moderadamente decentes, en esos años.
Esta cruel situación de congelamiento salarial total está afectando al personal de todo el Gobierno Central (incluyendo cuerpos policiales, Magisterio Nacional) y sus entes adscritos, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); a instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, como el ICE, como el A y A, entre otras.
Este congelamiento salarial total ha venido siendo denunciado y combatido, fuertemente, por la ANEP. Sin embargo, el valor cívico de la Democracia de la Calle puede revertirlo, en todo o en parte, mediando, eso sí, un gran acuerdo gremial multisectorial que está en construcción.
DEUDA POR REAJUSTE POR COSTO DE VIDA. Ahora bien, la última vez que se dio por parte del Gobierno de la República un reajuste por costo de vida al Sector Público y valedero para la totalidad del mismo, fue en diciembre de 2019, mismo que entró a regir desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, hoy, miércoles 3 de enero de 2024, no se ha aplicado en estos sectores:
Todos los cuerpos policiales: Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI. Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.
El personal trabajador de todas estas entidades públicas está con “condena doble” en cuanto a sus salarios: Ni les pagan el último reajuste por costo de vida que hubo para el sector Público, el de diciembre de 2019; y, ahora, acaban de ingresar al quinto año de congelamiento salarial total sin reajuste alguno por costo de vida: en 2020, 2021, 2022, 2023 y, ahora, en 2024.
En este caso, la deuda salarial pendiente por el reajuste por costo de vida definido en diciembre de 2019, legalmente hablando, está dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR) como patrimonio personalísimo de cada policía, de cada persona educadora, etc. En cada caso y como se indicó ya, promedialmente hablando, esa deuda es de unos 400 mil colones per cápita.
En esta segunda circunstancia y ante la desidia del actual Gobierno en responder y resolver, la apelación a la Democracia de la Calle va cogiendo forma y fuerza.
CONCLUSIÓN. En ambas situaciones, el grueso de las personas trabajadoras estatales afectadas, reciben ingresos salariales medios o bajos, no perciben “salarios dorados”. Sus ingresos salariales, en franca caída, han venido empobreciéndoles y, por ende, a sus familias. Se les ha sacrificado por la situación injusta de la impagable deuda pública y su más que obsceno para de intereses, asunto éste que es denuncia constante de la ANEP.
San José, miércoles 3 de enero de 2024.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento
•No tiene reajuste por costo de vida en este 2024: Quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
•Estado no paga el reajuste pendiente desde el 2020 a la fecha.
•Electricidad sube un 15 %
Los y las oficiales del personal de la Fuerza Pública y de los otros cuerpos policiales del país: Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI, arriban al año 2024, teniéndose que enfrentar a una mayor profundización en el proceso de precarización salarial del cual son víctimas desde el 1 de enero del año 2020.
Llegan al Año Nuevo sin un centavo de incremento salarial por costo de vida y deben enfrentar, desde este mismo 1 de enero 2024, un aumento 15 % en la tarifa de electricidad en sus respectivos hogares, sin hablar de más alzas en camino. Este 2024 es el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
Además, el Gobierno-Ministerio de Hacienda guarda un sepulcral silencio en cuanto si, ¡por fin!, honrará la deuda salarial del reajuste por costo de vida que entró a regir el 1 desde el 1 de enero de 2020, a razón, promedialmente hablando, de 7.500 colones a la base de cada una de esas personas trabajadoras policiales, hombres y mujeres, integrantes de los sectores de ingresos medios y bajos del aparato estatal costarricense.
En promedio, repetimos, esa deuda abarca 48 meses: los 12 meses del año 2020, los 12 del 2021, los 12 del 2022, los 12 del 2023; más, lo proporcional correspondiente a 4 aguinaldos y a 4 salarios escolares. Hablamos de unos 400 mil colones, en promedio y per cápita.
Esta deuda salarial que el Estado tiene con este personal estatal policial ya es patrimonio personalísimo de cada uno y de cada una. Su legalidad es incontrovertible, así dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.
Una vez más, ANEP hace emplazamiento público vehemente al propio Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, señores Rodrigo Chaves Robles y Nogui Acosta Jáen, para que hablen con contundencia:
1) ¿Pagarán el retroactivo de esos 4 años que, presuntamente, cada entidad pública deudora ya presupuestó para honrar tal deuda salarial que no es por aumento sino por un reajuste por costo de vida?
2) ¿Invocarán la perversa regla fiscal y a última hora nos dirán que la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB), arrancó el año 2024 por encima a los 60 puntos para con ello dilatar y seguir dilatando ese pago?
El pago-depósito se puede efectuar de manera automática. Los sistemas digitales institucionales tienen la información precisa de si a alguna persona funcionaria acreedora de esa deuda se le deben reconocer los 48 meses o menos. No se vale venir a plantear que cada quien debe formular un reclamo administrativo: ESO ES HACER TRAMPA para dilatar el pago y hacer colapsar las diferentes dependencias públicas involucradas. ANEP rechaza, contundentemente, la triquiñuela del reclamo administrativo.
Al parecer, la movilización social se impone y parece que se está evidenciando que sin la misma no se atenderá este justo reclamo. ANEP exhorta a las personas trabajadoras afectadas a mantener una disposición para algo semejante. Por el contrario, los acreedores de la deuda pública no tienen problema alguno: a ellos se les paga puntualmente.
San José, martes 3 de enero de 2024.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
2024: Clase trabajadora asalariada seguirá pagando el ajuste fiscal
•El crecimiento de la economía no se refleja en el incremento en el salario mínimo
•Empleados públicos ingresan al quinto año consecutivo de congelamiento salarial total
La clase trabajadora asalariada, la que tiene “suerte” de tener un empleo fijo con salario formal, aunque cada vez con menor poder adquisitivo, llegará al año 2024 con un panorama de mayor empobrecimiento y mayor precariedad sociofamiliar.
En el caso del sector Público, prácticamente la totalidad del mismo entrará en este 2024 a su quinto año consecutivo de congelamiento salarial total, lo cual está generando una grave violación de derechos, tanto constitucionales como humanos, si nos atenemos a criterios ya emitidos por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
Para agravar esta circunstancia de serio empobrecimiento salarial del bloque laboral estatal, la deuda del Estado para con el mismo, correspondiente al último reajuste por costo de vida que se decretó, a finales del 2019 y que es valedero para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de un promedio general de 7.500 colones a cada base salarial; sigue en total incertidumbre de si será, finalmente, honrado.
El propio Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, está indicando que sería hasta al año 2025 cuando la relación de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB), esté por debajo de los 60 puntos porcentuales; condición está impuesta por la pérfida regla fiscal.
Lo anterior quiere decir que, aunque en el presupuesto 2024 se incluyeron partidas para pagar esa deuda, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2020, probablemente no podrá ser materializada y depositada en el bolsillo de cada persona trabajadora empleada pública acreedora de la misma, como se espera para las próximas semanas del nuevo año.
Y, complicando todavía más las cosas, la deuda debería ser cobrada por el engorroso proceso de “reclamo administrativo”: una verdadera irracionalidad que podría generar hasta más de 100 mil procesos ordinarios; lo cual es rechazado, tajantemente por ANEP, por cuanto se puede cancelar de oficio por cuanto los meses adeudados de esos 4 años, en cada caso están registrados en los sistemas informáticos institucionales respectivos.
Las víctimas del sector laboral empleado público incluyen al personal de todo el Magisterio Nacional, de todos los cuerpos policiales, de los ministerios y antes adscritos a los mismos, de diversas instituciones autónomas y semiautónomas y de empresas públicas. Está en desarrollo una verdadera conmoción social.
Por lo que respecta al sector privado, el salario mínimo cada vez se aleja más de lo ordenado en el artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Hoy en día, el salario mínimo en la empresa privada ni procura bienestar ni procura existencia digna. Una gran lucha social pendiente que merece ser asumida militantemente; incluso, invocando el Derecho Internacional previsto para ello.
Como es fácil concluir, el ajuste fiscal de la economía costarricense está sobre las espaldas del pueblo trabajador: dura realidad sumamente injusta que compromete nuestros esfuerzos en grado sumo para el año nuevo 2024.
San José, lunes 18 de diciembre de 2023.
*Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP*
*Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP*
Trasladan denuncia de la ANEP a la Fiscalía por dinero asignado para listas de espera en la CCSS
ANEP graduó a 33 dirigentes de base en curso sobre Derechos Humanos
Denuncias por irregularidades en la Cruz Roja llevan a despido antisindical
La Seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense denunció ante la opinión pública y en conferencia de prensa, el despido antisindical y sin responsabilidad patronal del presidente de dicha seccional y cruzrojista, Ricardo Castro Calderón. Este último desde su gestión de representante sindical ha venido denunciado, junto a la seccional una serie de irregularidades a lo interno de la institución, así como una férrea defensa de los Derechos Laborales de los trabajadores.
Esta voz de denuncia lo llevó a recibir incluso sanciones, como la suspensión de 5 días sin goce salarial, por denunciar ante los medios de comunicación, el faltante de camillas en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, situación que provocaba que los cruzrojista debieran esperar hasta 2 horas o más en el centro médico cuando trasladaban a algún paciente, ya que ese era el tiempo que tardaban en devolver las camillas de las ambulancias.
Otra de las fuertes denuncias que hizo eco en los medios de comunicación nacional, fue el hecho de que solo un cruzrojista se encargaba de atender cierta emergencia y a la vez debía manejar la ambulancia hacia el centro médico respectivo, mientras el paciente no recibía la atención requerida durante el traslado, esto debido al faltante de socorristas; situación que llevó al lamentable deceso de un paciente en pleno traslado.
Ricardo Castro Calderón, presidente de la seccional ANEP-Cruz Roja, indicó que este tipo de denuncias llevó a una persecución en contra de la junta directiva de la seccional.
“Todo el proceso que ha venido pasando no solo mi persona, también la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Cruz Roja con denuncias por parte de la institución es simplemente una persecución sindical. Así lo dejan ver los procesos y denuncias que se están llevando”, detalló Castro.
Otra de las fuertes denuncias realizadas fue por el mal manejo de fondos públicos entre otras cosas, por parte de la administración en el comité de la Cruz Roja Costarricense en Alajuelita. A pesar de que a la persona responsable se le encontró
culpable del mal manejo de dineros públicos, a pesar de eso solo le aplicaron 2 días de suspensión sin goce salarial.
La seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense expuso las siguientes situaciones:
1. Mal manejo de fondos públicos en el Comité de Alajuelita
2. Faltante e incumplimiento en la contratación de los socorristas
3. La creación de una convención colectiva sectorial
4. Rompimiento de las mesas de trabajo con la parte patronal por decisiones unilaterales y situaciones que nunca se resolvieron
5. Procesos administrativos en contra de varios miembros de la junta directiva
6. Denuncia por el faltante de camillas en el Calderón Guardia, que llevó a una suspensión de 5 días sin goce de salario.
7. Despido sin responsabilidad del presidente de la Seccional.
Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, este despido antisindical es más político que jurídico, ya que Ricardo Castro ha liderado un movimiento que socavó las bases de la institucionalidad de la Cruz Roja Costarricense.
“La seccional empezó a escarbar, cuestionar y pedir informes e incluso a ventilar cosas que en ese momento eran tabúes y se dieron a conocer a los medios de comunicación colectiva. Estamos haciendo una condena pública de este acto patronal, vamos a seguir adelante con todas las herramientas jurídico legales para defender a nuestro afiliado y afiliación, ya que se cometió una venganza política”, aseveró Vargas.
Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP y Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, cuestionó el accionar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este caso y anunció que Ricardo Castro debe de ser nuevamente reinstalado.
“Estamos claros que este despido es a todas luces ilegal, que no tiene asidero y lo más lamentable es que el Ministerio de Trabajo lo avaló, pero analizando los fundamentos y argumentos utilizados, estos carecen de contenido y muestran ilegalidades en su proceder, por lo que serán ventiladas en la estratos judiciales. Lo que se busca con todo esto por parte de la administración de la Cruz Roja es
eliminar la actividad sindical de la ANEP en la institución y frenar la voz de denuncia”, detalló Mora.
A pesar de este despido antisindical, Ricardo Castro Calderón seguirá al frente de la Seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense con todo el respaldo de nuestra organización, así como para los integrantes de la seccional y personal afiliado.
ANEP rechaza ataque de la SUPEN al régimen de pensiones IVM-CCSS
De manera contundente y con toda vehemencia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza la posición que se ha hecho pública en este día, de parte de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), para agravar más la situación de las personas trabajadoras ya pensionadas por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y, a la vez, para hacer más drástico el acceso al mismo a las actuales personas trabajadoras asalariadas.
La pretensión más indignante que nos anuncia la señora Rocío Aguilar Montoya, es la de poner un impuesto del 5 % a las actuales pensiones dizque para sufragar los gastos de salud de las personas de la tercera edad ya pensionadas; como si en todas sus respectivas vidas laborales activas no habrían cotizado lo suficiente.
Sin duda alguna, esto ya ha empezado a generar amplio y contundente rechazo que esperamos tenga contundentes expresiones abiertas de rechazo militante y que la ANEP estimulará.
Por otra parte, aumentar el número de cuotas de 300 (25 años), a 360 (30) años, también molestará mucho a las actuales personas trabajadoras próximas a pensionarse y/o en camino de hacerlo en mediano plazo, por ejemplo.
Esto es más grave aún si constatamos que pretenden subir la cotización obrera de la persona trabajadora; si pretenden subir el impuesto sobre las ventas (IVA), del 13 % al 15 %; y, reducir el monto de la pensión mínima que quedaría en 138 mil colones para, en contraste bajar la carta estatal al sistema.
En realidad, gran parte del trasfondo de esta repudiable propuesta de la señora Rocío Aguilar Montoya, puede estar basada en dos intenciones fundamentales: abrir el camino privatizador del sistema IVM-CCSS, por una parte: es decir, tendrá pensión quien pueda pagarla.
Por la otra, eludir la gran responsabilidad del Estado en su deuda con la Caja, misma que ya ha superado la barrera de los 3 billones de colones.
Hacemos un llamado a toda la población trabajadora asalariada y, particularmente a la pensionada por IVM-CCSS para que rechace categóricamente el siniestro plan de la SUPEN con el régimen de pensión más importante del país.
San José, miércoles 29 de noviembre de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
