Desde la seccional ANEP-AyA cuestionamos y desmentimos las declaraciones brindadas por el Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Alejandro Guillén Guardia, a Radio Monumental sobre el proceso de reestructuración del organigrama de la institución.
Guardia manifestó a Radio Monumental en nota titulada “AyA valora salida de personal ante reestructuración de organigrama de la institución” del miércoles 30 de agosto del 2023, varias informaciones inexactas.
Dentro de lo manifestado por el Presidente Ejecutivo de AyA se consigna “Como le acabo de decir en algunas de las cajas mencione que son Áreas Administrativas puede haber si efectivamente algunas personas que pueden salir de la organización, eso todavía no lo tenemos determinado, ahorita estamos en discusiones socializando internamente el nuevo organigrama con la Junta Directiva etc, por ahí vamos.”
Sobre estas aseveraciones, la Administración Superior de AyA, presentó de forma preliminar una estructura base en la cual no se ha aportado información clara y detallada. La seccional ANEP-AyA se dio a la tarea de solicitar los diagnósticos que dan como resultado una estructura totalmente diferente a la que hoy está vigente, dicha información nunca fue remitida ni a esta seccional ni al personal de la institución.
Por otra parte, no es verdad que el nuevo organigrama de AyA fue socializado pues, varias jefaturas nos han informado que no participaron, ni fueron tomadas en cuanta durante el proceso de reorganización.
Guillén también explicó a Radio Monumental porque es que se ordenó este proceso, el cual corresponde a un crecimiento de áreas administrativas dentro de la institución:
“Con el organigrama de ese momento se aprobaron 129 cajas ósea áreas administrativas en el organigrama, desde el 2007 AyA se fue a la libre por decirlo
así y creció a 243 cajas en el organigrama o áreas administrativas. Eso significa 4421 plazas y el mandato de Mideplan es que nosotros tenemos que irnos lo más cercano posible a lo que se aprobó en aquella época, que sería la eliminación de más o menos como 61 áreas administrativas o reubicación etc. Entonces eso es lo que estamos haciendo para tratar de quedar como con 92 aproximadamente áreas administrativas”
Nos preocupa, porque se está dando información incompleta. Además de los argumentos expuestos por el señor Guillen interpretamos que esa nueva estructura, obedece a una solicitud de Midepla, apegada a la nueva Ley Marco de Empleo Público y no a un planteamiento para modernización del AyA.
El señor Guillén indica que, “el AyA quedará con aproximadamente 92 áreas administrativas”, pero no indica por qué no fueron funcionales las restantes 151 áreas que han operado por muchos años en la institución, ni cómo van a quedar cubiertas esas funciones que serán eliminadas como consecuencia de la eliminación de Áreas Administrativas. Dónde y cómo justifica que el AyA puede eliminar 151 áreas, sin deteriorar la calidad del servicio público.
Como consecuencia vemos que esas áreas podrían ser tercerizadas para finalmente hacer de esta una institución cada día más pequeña y debilitada, consecuentemente encarecer y deteriorar la calidad del servicio que se brinda. Por el contrario se requiere fortalecerla ante las necesidades de desarrollo del país, de la protección de las cuencas o fuentes y del aprovechamiento del Capital Humano de que se dispone en diferentes especializaciones técnicas, operativas, de ingeniería, economía administración entre otras.
Ahora bien, qué sentido tendría eliminar áreas agregadas desde el año 2007, llamada estructura paralela, si se pretende reubicar al personal que labora dentro de las mismas. Evidentemente esto contradice las políticas de reorganización.
¿Quitar el problema de un lado para pasarlo a otro? ¿Despedir a algunas personas o reubicarlas? mentira, lo que verdaderamente buscan es minimizar la estructura y despedir a la mayor cantidad posible del personal que las conforman, sin tomar en cuenta que el AyA dispone de trabajadores con un alto grado de especialización y experiencia.
Podríamos afirmar que, en términos políticos y basados en la directriz de la Ley Marco de Empleo Público, esto sería: reducción del aparato estatal.
Esta es una reorganización inventada, totalitaria y dictatorial, impuesta para el beneficio de quienes buscan negociar con el agua potable que genera Acueductos y Alcantarillados para enriquecer a unos cuantos.
¡Poner en venta y privatizar la Institución es el principal objetivo en esta novela!
Por lo tanto, la ANEP y su Seccional en AyA, bajo ningún extremo apoyaran esta propuesta de reestructuración.
ANEP presentó una demanda contra el Estado por no realizar el pago por reajueste salarial por costo de vida de 7.500 colones a la base, decretado a finales de 2019. En la demanda se contemplas las deudas de los años 2020,2021,2022 y lo que va del 2023.
Las 19 organizaciones firmantes del documento detallaron que tanto el proyecto que se tramita en el Congreso y el que impulsa el Ejecutivo no son congruentes para solucionar el desastre tributario que existe en Costa Rica, motivo por el cual pidieron ser escuchados para desnudar la realidad del país.
En aras de no solo denunciar sino proponer, los representantes de cada una de las policías ofrecieron al diputado Gilberth Jiménez Siles su ayuda para generar soluciones reales que mejoren la función policial y luchar contra la desmedida delincuencia que afecta al país.
Desde hace meses ANEP solicitó a las máximas autoridades del MSP que quienes forman parte de la PCD puedan mantener su arma de reglamento pese a haber terminado sus labores, ya que el riesgo persiste en todo momento, por lo que gracias a la insistencia se aprobó la medida.
La seccional detalló ante los directivos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) muchas de las problemáticas que hay dentro de esta población, motivo por el cual se buscarán acciones que permitan revertir esto.
-También advierten por desobediencia al presidente de la institución
– Proceso debió finalizar en setiembre de 2021 y a la fecha no hay resultados
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), finalizar con el proceso de reorganización administrativa para otorgar plaza en propiedad a 196 trabajadores interinos, esto luego de que la institución incumpliera el plazo de seis meses otorgados por la misma sala para finalizar dicho proceso.
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, manifestó que desde el 12 de marzo del 2021 se dio el fallo 2021-005033, donde la Sala Constitucional le otorgó seis meses de plazo al INDER para finalizar el proceso de reorganización administrativa interna. Sin embargo, pasaron más de dos años y no hay resultados, por lo que debieron acudir nuevamente a la Sala.
“Por esto presentamos una acción de desobediencia en contra de la administración. posteriormente otro de los sindicatos presentó un pronto despacho, lo anterior ante la afectación y zozobra que están sufriendo estos 196 trabajadores destacados en diversas sedes de la institución en todo el país” detalló Fernández.
Por lo anterior la Sala Constitucional, también advirtió al presidente Ejecutivo de la institución Eduardo Robert Ureña, o a quien ocupe su cargo, acatar lo dispuesto por el órgano constitucional, de lo contrario se le abrirá un proceso administrativo en su contra o bien se le acusará ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Actualmente en el INDER existe un total de 196 funcionarios nombrados en forma interina, con prórrogas que datan de hace 6 años aproximadamente. Además, existen un total de 84 plazas vacantes que a la fecha no se han utilizado.
Este proceso ante la Sala Constitucional fue presentado por la Seccional ANEP-INDER, SITRAINDER, SIPROINDER y UNEINDER.
– Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.
La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.
Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.
El reglamento, que empezó a regir este mes de agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.
No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.
El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.
Este reglamento, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.
Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.
Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.
Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.
Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.
Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.
En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.
En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.
Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.
El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.
Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.
Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.
En la Seccional ANEP Fuerza Pública, vemos con suma preocupación el anunció hecho por el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, en torno de que decenas de vehículos no podrán ser reparados, debido al recorte presupuestario de 350 millones de colones. Esto, luego de que hace poco se dijera que se contaba con un presupuesto extraordinario para la compra de nuevas patrullas.
En datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, luego de una consulta de la seccional ANEP-Fuerza Pública, se indicó que, a la fecha, hay 594 patrullas y 358 motocicletas fuera de servicio. Entre las principales causas se encuentran fallas mecánicas, falta de repuestos y accidentes de tránsito.
Tal como hemos denunciado otras veces, en los últimos años se ha presentado escases de botas tácticas, botas para operación en montaña, uniformes, jackets, capas impermeables, focos, fundas para la portación del arma de reglamento, chalecos antibalas, se ha reducido la dieta alimenticia, en fin, se ha dejado de invertir en seguridad ciudadana, medida que afecta la operación de los cuerpos policiales y, por ende, se podría agudizar la situación de inseguridad que afronta nuestro país.
En la Seccional ANEP Fuerza Pública, de manera responsable habíamos señalado el riesgo para el país en materia de seguridad pública, si se incluía al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “Regla Fiscal”, que, efectivamente vino a repercutir negativamente en la gestión de seguridad ciudadana. Ahora, anuncia el ministro como medida paliativa que las comunidades “adopten” una patrulla, o sea, que se encarguen de su reparación, lo cual, deja ver que los cuerpos policiales nunca debieron entrar el la Ley 9635 y de manera urgente deben ser excluidos de la aplicación de la misma.
Nuestra patria vive una crisis en materia de inseguridad ciudadana, como si tratara de todo un plan maquiavélico, nuestros cuerpos policiales están atados, literalmente reducidos a la impotencia por la falta de recursos. Además de estar en primera línea, enfrentando el crecimiento delincuencial, ¿será que también deban los cuerpos policiales salir en defesa de recursos?
– Denuncia también recae sobre cuatro funcionarios de la institución
–También se denuncia decusaciones en torno a el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como ante la Contraloría General de la República (CGR), para que se investigue el accionar de la Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, así como de los miembros de la Junta Directiva y cuatro funcionarios de la institución, por presuntos elementos graves en torno al posible amañamiento de datos actuariales y el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS.
Dentro de la denuncia planteada, también se solicita se investigue a la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; a Carolina González Gaitán, Directora Actuarial; a Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, todos los anteriores por presuntos actos contrarios a la ley. Así como, a Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la CCSS, por presunto incumplimiento de deberes.
Para la ANEP, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un pilar de la democracia del país, institución fundamental para el desarrollo y la protección social, a través de los aportes en salud y pensiones, así como las ayudas económicas directas e indirectas y la gran inversión que realiza anualmente para beneficio de miles de personas en el mercado laboral.
“En estos primeros seis meses del 2023 hemos sido testigos, como organización sindical, de una política de terror, persecución con rasgos de autoritarismo, como nunca en la historia institucional. Actitud que, sin duda entre otros objetivos no menos importantes, atiende preferentemente el de debilitar la imagen de la CCSS y su gobernanza, que, aunque con defectos, virtudes y focos de diversas formas de corrupción, no dudamos es una institución que es una insignia del país y su democracia y desde esa caracterización sumamente objetiva, la ANEP es uno de los actores que ha alzado la voz en defensa de esta institución, por lo que denunciamos a las autoridades correspondientes los hechos que se presentan en la institución ” manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Posible maquillaje de informes
Nos presentamos, nuevamente, a denunciar las actuaciones de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, del licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente y de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social; quienes, hasta donde ha sido público y notorio, adoptaron, presuntamente, acuerdos en contra de los criterios técnicos y financieros en posible perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente los generados por la Dirección Actuarial y Económica para la sesión de Junta Directiva donde se informó a la población de una crisis financiera grave.
La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez tiene, posiblemente, una mayor cuota de responsabilidad como superior jerárquico de la Dirección de Planificación y la Dirección Actuarial; pero, sobre todo, porque medios de comunicación digital y otros, entendemos, han expuesto que desde el despacho de ella se conocían los ajustes propuestos en los escenarios actuariales.
Además, confirman en principio que la misma Junta Directiva fue informada por ella, 8 días antes de que se tomara la decisión de suspender las obras del portafolio de infraestructura y equipamiento.
La Junta Directiva de la CCSS, el 9 de marzo 2023, conoció un informe, presuntamente alterado, por parte de la licenciada Carolina González Gaitán, Directora de Actuarial, la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico, de la Presidencia Ejecutiva.
Dicho informe fue utilizado para indicar que la CCSS estaba en crisis financiera y desencadenó la suspensión de las obras del portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología, aun así, en la sesión donde se presentó el tema presuntamente no advirtieron de las modificaciones y reiteraron que era un trabajo de equipo técnico.
El 26 de julio 2023, en el oficio DFOE-SEM-1266 – DFOE-BIS-0454, la Contraloría General de la República señala hasta donde se conoce, el incumplimiento de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, estableciendo posibles situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales y el posible incumplimiento de disposiciones en esta materia. Además, de disposiciones que se giraron para blindar el proceso actuarial.
Señala la Contraloría que la valuación actuarial dispone de dos versiones adjuntas al mismo oficio y que tienen el mismo nombre, solo cambiando el contenido. Eso, lamentablemente, es gravísimo para la CCSS y los funcionarios que participaron pareciera se prestaron para encubrir tal situación, lo cual debe sin lugar a dudas dilucidarse con urgencia.
Para rematar, el 11 de agosto 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la segunda y final Opinión técnica ( sin recibir por parte de la CCSS toda la información requerida según se desprende del propio texto de la opinión de marras), sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, prácticamente deja al descubierto que los números actuariales están sobrestimados; y, todo apunta que no fue un error de cálculo, sino que pudo existir una posible intencionalidad para dañar la imagen financiera de la CCSS y fundamentar la narrativa de crisis y suspensión de obras. Esto es en un alto grado así, en razón de:
A- Posible alteración de tasas de utilización, ya que se denotan cambios abruptos que pareciera muy complejo defenderlos.
B- Serias inconsistencias documentadas.
C- Referencias que denotan cambios abruptos en las proyecciones para el portafolio de inversiones en un lapso de 7 días, que no dudamos imponen una explicación científica creíble.
D- La no entrega de toda la información que la CCSS requirió (el contenido de esta segunda opinión técnica así lo establece), lo cual incluye la herramienta (algorismo), que entendemos utiliza la Dirección Actuarial para procesar y proyectar escenarios a partir de las hipótesis comúnmente utilizadas en estos procesos.
E- El video público y notorio de respuesta a la OIT, por parte de la Presidenta Ejecutiva que pareciera ser un acto administrativo unilateral ya que no existe quorum estructural en ese órgano colegiado. En tal sentido la Contraloría General debería solicitar a la funcionaria en cuestión el acuerdo de Junta Directiva que sustenta dicho acto para valorar si está apegado al ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, se solicita, respetuosamente, a la Contraloría General de la República (CGR), investigar a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva; al licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente de Junta Directiva, miembros de Junta Directiva que votaron a favor, por una posible falsedad ideológica y alteración de documentos públicos.
Además de lo anterior, se solicita valorar las actuaciones de Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; la licenciada Carolina González Gaitán; y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, para que se determine si estos funcionarios incurrieron en actos administrativos contrarios a la ley.
Esta segunda petitoria, valorando por parte de este contralor la separación inmediata del cargo, ya sea reubicándolos en una unidad donde no puedan alterar posible evidencia; o incurrir en acciones que, presumiblemente, puedan deterior la investigación objetiva que estamos formulando, por cuanto si se demuestra que las unidades técnicas de la CCSS se prestaron para montar una presunta farsa política a partir de presuntos delitos, esto aparte de generar posibles consecuencias legales, sin duda alguna deviene en hechos gravísimos que dañan la institucionalidad.
En todo este tiempo de la Administración, para algunos temas de señalar y advertir riesgos de la Junta Directiva ha existido, posiblemente, un gran ausente, la Auditoría Interna, pero para respaldar los intereses de persecución y/o desacreditar los criterios técnicos y financieros, si están presente con oportunidad, nada más bastaba un acuerdo de Junta pidiendo el producto: relación de hechos o denuncia penal.
La Auditoría Interna, hoy día, podrá hacer un mix de palabras para indicar que señaló cosas, pero ninguna dirigida al jerarca de la CCSS. Sobran ejemplos ya expuestos de nombramientos presuntamente irregulares e ilegales, y muchas otras decisiones sin fundamento, según han surgido al conocimiento público por personas comunes y corrientes que no aceptan la corrupción.
En este tema concreto, la Auditoría Interna, según entendemos, recibió denuncias formales e informales desde marzo del 2023, luego en mayo indicó que estaba investigando y en la Asamblea Legislativa según parece formuló que en “2 meses” tenía el producto, pero todo parece indicar que existe un posible, pero profundo alineamiento que no logramos entender.
Muy probable exista un daño social relevante, obras que no se iniciaran ni concretarán este 2023, por ejemplo: lo que se visualiza del Hospital de Cartago, la torre del Hospital de San Rafael de Alajuela, saturados por la gran demanda, el Hospital de Limón, el Hospital de Guápiles, la puesta a punto del Área de Salud de San Rafael de Heredia; o, la incertidumbre que quedan las obras del Fidecomiso a partir del 2024, todo eso por decisiones de esta Junta Directiva que consideramos fue presuntamente nombrada ilegalmente, lo cual ha sido ratificado por la Sala Constitucional.
Por lo anterior, como una tercera petitoria, debe valorar con sumo cuidado este ente contralor, el posible incumplimiento de deberes del licenciado Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno; del licenciado Randall Jiménez Saborío, Subauditor Interno; y, del Lic. Adrián Céspedes Carvajal, por presuntamente no advertir a la Junta Directiva de lo acontecido, ni pedir una valoración técnica de mayor rigurosidad e inclusive por aparentemente ralentizar los productos de auditoría en esta materia, para alinearse al funcionamiento de la Presidenta Ejecutiva, en lo que podríamos reiterar como un incumplimiento de deberes y pérdida de credibilidad de esta instancia “independiente” y “objetiva”.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
La drasticidad, la frialdad, la irracionalidad, la irresponsabilidad, el extremismo y el fanatismo que está mostrando la política fiscal del recortismo presupuestario impuesto por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con el beneplácito y la complacencia política del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; muestra las características perversas de ese recortismo impuesto en la hermana latinoamericana de Argentina, por el presidente Javier Milei.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
