Gracias a las acciones de las seccionales, personal trabajador de la Municipalidad de Tibás y Santa Ana obtendrán un ajuste salarial por costo de vida de un 5% y 4%, respectivamente.
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Regla fiscal debilitó cuerpos policiales mientras el crimen organizado y la inseguridad ciudadana crecen
– Cuerpos policiales carecen de recursos y equipamiento para hacerle frente a esta situación país, que se agrava cada día.
– No descartan realizar manifestación para solicitar los recursos necesarios y solicitar ser excluidos de la regla fiscal
Nuestro país enfrenta una difícil situación en materia de seguridad ciudadana. A la fecha se contabilizan más de cien homicidios, con un promedio de tres por día, superando por mucho al año 2022 y proyectando un nuevo récord. Ante dicho panorama, en ANEP y en sus seccionales en los diversos cuerpos policiales del país, consideramos pertinente solicitarle una vez más a los diputados y a las diputadas, que vuelvan la mirada hacia los cuerpos policiales, pero, no para estarles pidiendo explicaciones en torno del incremento en la inseguridad ciudadana, sino para dotarlos de los recursos necesarios.
“Es notorio y evidente el incremento en la violencia e inseguridad ciudadana que golpea a todas las comunidades de nuestro territorio. Si bien, es un asunto que se debe abordar de manera integral, es a la Fuerza Pública a la que le corresponde la tarea de prevenir la comisión de delitos, resguardar los bienes de los habitantes y mantener el orden público. Pero, cómo hacerlo sin contar con los recursos necesarios, tanto humanos como logísticos; es imposible fortalecer la lucha contra el crimen organizado, sino se mejoran las condiciones laborales de los cuerpos policiales” expresó Mainor Anchía Angulo, presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Entre las principales afectaciones que presenta la Fuerza Pública se encuentran: la falta de personal, no se crece, por el contrario, se decrece en cantidad de efectivos, se tiene escasez de calzado táctico policial “vemos policías en tenis, zapatillas, o con botas rotas”; es notoria la falta de mantenimiento y repuestos para la flotilla vehicular; la infraestructura es deficiente en la mayoría de los casos, no se cuenta con insumos para el embalaje de evidencia, “dicho en términos operativos, la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales esta disminuida”.
“Las condiciones laborales de los Cuerpos Policiales se han desmejorado, algunas decisiones tomadas en el pasado reciente provocaron regresividad salarial y afectaron la capacidad de gestión del Ministerio de Seguridad Publica, en ANEP lo habíamos advertido, en el momento oportuno advertimos que no era prudente incluir al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635, conocida como la Regla Fiscal. Nuestras previsiones se han materializado, el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra ¨amarrado¨ por dicha normativa, de ahí que, es imperativo que los diputados y las diputadas, que se dicen preocupados por la situación de inseguridad, excluyan al MSP de la aplicación de la Ley Fiscal”, aseveró Anchía.
Servicio de Vigilancia Aérea
Situación similar se presenta en el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), con falta de personal policial, las plazas de personas que se jubilan, renuncian o fallecen, no son repuestas, Además las plazas policiales deben ser utilizadas en labores administrativas, necesarias para continuar la operación, lo que provoca una disminución del recurso policial en aeropuertos.
Jonathan Flores, Asesor Sindical de la ANEP en cuerpos policiales, también detalló el faltante de radios de comunicación, así como el deterioro de patrullas y demás equipos.
Policía Profesional de Migración
Flores detalló que, en este cuerpo policial a mediano plazo, corre el riesgo de caer en cierre técnico, pues los recursos con los que cuenta son insuficientes para cubrir las demandas operativas de alimentación, alquileres, equipamiento policial, viáticos y demás.
“La institución carece de presupuesto para contratar la cantidad de personal que le urge al país para atender las crisis migratorias; así como para adquirir los vehículos, y equipo tecnológico que pueda ayudar a una atención más eficiente de tema migratorio en fronteras y aeropuertos”, explicó el Asesor Sindical.
Policía de Control de Drogas
Este Cuerpo Policial, adolece del presupuesto necesario para contratar la cantidad de oficiales antidrogas necesarios para hacer frente de manera más o menos digna al reto que el narcotráfico y actividades conexas demandan.
No se cuenta con los recursos económicos para cubrir las necesidades operativas verdaderas en cuanto a combustible, viáticos, pago por información y equipo tecnológico, como escáneres que se requiere en las investigaciones antidrogas.
“Ni siquiera se cuenta con recurso económico para dotar de equipamiento básico, requerido para la revisión de camiones en los puestos fronterizos, ni presencia policial para cubrir todos estos puntos, como es el caso del puente Binacional en Sixaola, frontera con Panamá”, cuestionó Flores.
Policía Penitenciaria
Las limitaciones de la regla fiscal en la Policía Penitenciaria impacta negativamente el tema de la contratación del personal requerido, la compra e implementación de la tecnología requerida para el combate de la actividad delictiva intracarcelaria, el mejoramiento de la infraestructura, Afectación directa al reconocimiento de derechos laborales de los agentes de policía y, en general, en el adecuado abordaje de protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas a lo interno de los centros penitenciarios del país.
Para los representantes sindicales de la ANEP en los cuerpos policiales y sus seccionales, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, seguirá siendo perdida mientras no tomen las medidas para fortalecer y dotar de recursos y equipo a las policías, situación que se agravó aún más con la aplicación de la regla fiscal.
Conferencia de prensa realizada por cuerpos policiales afiliados a la ANEP.
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La seccional expuso varios puntos para ser abordados en la audiencia entre ellos, el abuso de poder por parte de algunas autoridades, irrespeto al debido proceso para establecer sanciones a los trabajadores, salario mínimo inembargable, entre otros. La empresa revisará todas las peticiones y dará respuesta a ANEP en un plazo de 10 días hábiles.