San José, Costa Rica, febrero 6, 2023
Señor
Mathias Cormann
Secretario General
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)
S.M.
Estimado señor Cormann:
Costa Rica atraviesa un proceso de transformación de las condiciones de viabilidad macroeconómicas del Estado y si bien hemos encontrado un aliado trascendental para la adopción de las mejores medidas de política pública, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, este proceso tiene repercusiones muy importantes, tanto a nivel interno como externo.
Las evaluaciones de OCDE son insumos imprescindibles para normalizar y adaptar las prácticas internacionales a nuestro país. Desde esa perspectiva, consideramos fundamental que tales evaluaciones reflejen la realidad económica y social que vivimos los costarricenses.
En grupo, varios exfuncionarios públicos, académicos y líderes de diversas organizaciones sociales, hemos considerado oportuno dirigirle a Usted, Señor secretario general, un documento que complemente su visita a Costa Rica.
Consideramos que hay temas que tienen gran trascendencia en el desempeño económico y social de nuestro país y que, premeditadamente se están obviando o son tratados de manera tangencial.
En línea con ese espíritu, quisiéramos señalar algunos principios que consideramos debe contener el ajuste macroeconómico y social, que ha de realizar Costa Rica:
1. Todo ajuste debe considerar aspectos sociales y económicos, no solo valoraciones financiero-contables.
2. El programa de ajuste no puede debilitar o dinamitar la paz social: debe tener viabilidad social.
3. Debe de orientarse a corregir la escandalosa concentración del ingreso, nunca contribuir a incrementarla y agravar más este problema.
4. Debe orientarse a reactivar la economía o, al menos, no ser recesivo.
5. No puede sustentarse en la venta de empresas públicas estratégicas, que han permitido al país contar con altos estándares de calidad de vida, solidaridad y universalidad de los servicios.
7. Interiorizar y tener claridad de que las crisis recientes y la actual, cambiaron totalmente los estándares macroeconómicos que hace 4 años eran los normales.
En ese sentido, conviene que los representantes de la Academia, concretamente el Consejo Nacional de Rectores; las facultades de economía de las universidades, el Estado de la Nación; las cámaras empresariales, los gremios de pequeñas y medianas empresas (UPA Nacional, UPIAV, entre otras), las organizaciones de trabajadores (sindicatos y Federaciones de Asociaciones Solidaristas), las organizaciones de defensa de consumidores, sean consultadas para el diseño del programa de ajuste.
El contacto con la más amplia diversidad de actores, le permitiría a OCDE contar con una visión integral, sobre la complejidad económica y social para conocer, con mayor veracidad y transparencia, la situación prevaleciente.
Desde nuestra perspectiva, consideramos que los siguientes aspectos no pueden quedar fuera de la evaluación que aspiran realizar:
– Urge un examen riguroso sobre la eficiencia en la gestión del sistema tributario: estudios de la autoridad hacendaria estiman que prevalece entre el 8% y el 6% del PIB de evasión y un 2% del PIB de elusión tributaria, además de presentarse múltiples casos de relocalización de utilidades hacia paraísos fiscales.
– El sistema tributario lejos de ser un elemento que mejora la distribución de ingresos es regresivo, poroso, complejo e ineficiente en su funcionamiento y su administración.
– La gestión aduanera es igualmente deficiente, compleja, y vulnerable a la evasión de aranceles, el contrabando, y el trasiego de bienes mal habidos.
– El modelo económico vigente desde hace 35 años ha conducido al país a un débil crecimiento del PIB, con una alta concentración del ingreso, lo que refleja los cálculos recientes del coeficiente de GINI; con una pobreza endémica de al menos una cuarta parte de la población; niveles altos de desempleo y un déficit fiscal elevado.
– Los análisis por realizar deben incluir una revisión profunda sobre la eficiencia y eficacia de las instituciones del Estado, con o sin los problemas que conlleva la pandemia sanitaria, aún prevaleciente.
Desde nuestra perspectiva, ninguno de estos aspectos debería ser pasado por alto en la evaluación del funcionamiento económico de nuestro país.
Estamos convencidos de que subsiste un mal funcionamiento de algunos mercados, manifiestos en un funcionamiento deficiente y consideramos que es apremiante implementar medidas correctivas, pues las condiciones actuales han transformado a Costa Rica en un país de los más caros en América Latina para vivir.
Por otra parte, la entropía que esta situación provoca posibilita concentrar el ingreso, deprimir los mercados y frenar el crecimiento económico, tan necesario para nuestra población. Sobre esta situación podemos mencionar algunos casos particulares como el funcionamiento del mercado de los alimentos o el de los bienes de cuidado personal, que pasan por una gran operación minorista, imponiendo márgenes abusivos que distorsionan el sistema de precios para los demás participantes.
Los mercados de insumos agrícolas, medicamentos, insumos de la construcción, en análisis comparado con respecto a otros países, muestran que los precios en Costa Rica son sensiblemente más altos. Esta realidad es evidente, a pesar de que existe una autoridad que vela por la defensa de la competencia, pero que no cuenta con los recursos económicos y humanos, por lo que puede hacer poco para garantizar el funcionamiento “justo” del mercado.
Particular mención debemos hacer del mercado financiero. Los costarricenses y el Estado pagan tasas de interés promedio y comisiones muy por encima de otros países con un nivel de desarrollo similar, como consecuencia de un mercado financiero altamente oligopólico y colusionado, con demasiados mecanismos comunicantes, expresamente ideados para coordinar acciones y estrategias, que han imperado libremente, pero que eliminan tácitamente la competencia.
Como ejemplo debemos mencionar los mecanismos de articulación existentes entre la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), las Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, la Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines, las Cámara de Emisores de Títulos Valores, la Cámara de Fondos de Inversión, Asociación y las Operadoras de Pensiones, entre otras.
Lo que existe en el país, son apenas un grupo de 11 bancos comerciales, 5 entidades financieras y con 16 puestos de bolsa, pero donde los mismos grupos financieros, ostentan la propiedad de bancos, puestos de bolsa, empresas financieras, operadoras de pensiones, sociedades de fondos de inversión, siendo la competencia casi nula, y en donde prevalece como norma, la existencia de “puertas giratorias” en los entes regulatorios.
Costa Rica tiene total apertura en el de capitales, difícilmente se encuentra un país en América Latina con más libertad al mercado de capitales; la ley de un solo precio debería operar, aplicando los ajustes necesarios por riesgo país y cambiario, pero las tasas son de lejos de las más altas de la OCDE.
La eficiencia del mercado financiero es clave para la reactivación económica y el buen funcionamiento de la economía en general, de no serlo, produce costos excesivamente altos para todos los agentes sociales, que se ven compelidos a pagar macroprecios injustamente altos (tasa de interés, márgenes de intermediación financiera y cambiarios y comisiones por servicios), en comparación con países semejantes al nuestro, al respecto hay señalamientos de la OCDE.
Con una deuda del Gobierno Central del 68% del PIB, de la cual, aproximadamente el 50% es deuda interna, si los sobrepagos de intereses alcanzaran los 3 puntos porcentuales, el Estado estaría pagando de más hasta 1,5% del PIB, años tras años.
Por la misma causa, los mecanismos de transmisión de la política monetaria son lentos e inciertos. En el pasado se ha evidenciado que reducciones en los encajes mínimos, tasas de interés de referencia, o la mayor liquidez puesta a disposición por el Banco Central, prácticamente no producen efecto en las tasas de interés activas.
En la formación de los precios en el mercado agrícola, según estudios de la Universidad de Costa Rica, en algunos bienes el productor obtiene una quinta parte o menos del precio final que paga el consumidor, quedando la mayor parte de los recursos generados por ese mercado en manos de agentes con poder de mercado.
El sistema de Compras del Estado, con 330 proveedurías, tiene enormes fallos que permiten a las empresas obtener sobreprecios importantes. El total de adquisiciones del Estado alcanza un poco más del 15% del PIB anualmente, y se han estimado sobreprecios que pueden rondar entre el 20% y el 30%, lo permite visualizar un espacio para lograr significativos ahorros. Hoy en día existen los mecanismos para que por medio de la facturación digital y técnicas de Big Data se puedan construir índices comparativos de vigilancia y evitar estos abusos.
Con el fin de corregir las ineficiencias en los mercados, es necesario realizar estudios de mercado al menos en las siguientes áreas, pero años tras años son eludidos por los entes encargados:
1. Mercado financiero
2. Mercado de insumos agrícolas.
3. Mercado de insumos de la construcción.
4. Mercado de abarrotes y ventas al detalle.
5. Mercado de la obra pública.
6. Sistema de transporte público.
7. Mercado de la educación privada.
8. Mercado de Medicamentos.
9. Formación de precios de los productos agrícolas
El nivel del Coeficiente de Gini, antes de impuestos y después de impuestos, prácticamente no cambia. Esta situación refleja la necesidad de que el país cierre enormes portillos que permiten la evasión y la elusión tributaria a los grupos más privilegiados y que se evalúe y corrija la impactante regresividad del sistema. Hay evidencia fuerte al respecto en la investigación realizada por la Asamblea Legislativa de los Panamá Papers y revelaciones de centenas de “grandes contribuyentes” que por años han declarado pérdidas, todo consecuencia de la deficiente gestión de la administración tributaria
La relocalización de utilidades de las empresas nacionales es común y, Costa Rica no tiene normativa que obligue a la declaratoria de la renta mundial, ni planes para implementar las normas BEPS. Por otra parte, tampoco se hacen esfuerzos por instaurar el Impuesto mínimo global del 15% para empresas transnacionales que ha impulsado por el G20.
Peor aún, el Régimen de Zonas Francas se está utilizando como un mecanismo de erosión de la base tributaria, ya que permite que empresas que siempre ha sido parte del régimen tributario definitivo, se trasladen a ese régimen especial, con solo cambiar de personería jurídica, sin que el país aumente la inversión o el empleo, pero generando una caída importante en los ingresos tributación e impulsando la consecuente competencia desleal para las empresas (pymes) que producen los mismos bienes desde el régimen definitivo.
Seguir forzando el ajuste fiscal vía recorte del gasto social, no es justo, no es equitativo, no es sostenible, no es conveniente para la salud y el dinamismo de los mercados. Si lo antes expuesto persiste, prevalecerá el riesgo y “la certeza” de que el ajuste fiscal que se decida implementar, constituya un programa altamente desbalanceado e injusto para la sociedad, que probablemente conduzca a la conflagración social.
Finalmente, respecto a los ajustes en temas macrofinancieros, hay que señalar, que las crisis recurrentes nos obligan a pensar acciones novedosas, que permitan proveer liquidez urgente a nuestras economías. Como parte de los mecanismos que podríamos utilizar, señalamos las siguientes:
- Rediseñar el manejo de reservas monetarias internacionales de los países de la región: El sistema actual obliga a nuestros países a mantener liquidez en bancos internacionales de primer orden que pagan, por esos recursos, intereses descomunalmente bajos (menos del 1% anual), mientras que nuestros países deben pagar, por la deuda, tasas significativamente altas (entre del 5% y el 6%). Siendo que Costa Rica posee Reservas Internacionales de más de US$7.000 millones, el deferencial de tasas de interés significa un costo de oportunidad de unos $350 millones anuales, cifra muy alta para un país pequeño y, más aún, en la crisis actual (esto es igual a que una persona mantenga muchos millones en la cuenta corriente, a cero interés, mientras tiene una deuda por la cual debe pagar intereses muy altos). La OCDE debe liderar una discusión para racionalizar el mecanismo de manejo de las reservas internacionales, con ideas “fuera de la caja”, para solucionar esta injusticia.
- Impulsar un proceso de reingeniería de la deuda pública, para trasladar una proporción importante de esta de mercados internos, caro y de corto plazo, a opciones internacionales a plazos largos y tasas inferiores; mediante la capitalización de los organismos financieros multilaterales, con el fin de disminuir el costo de la deuda del país y alargar los plazos lo suficiente para aliviar la presión sobre los presupuestos y los mercados financieros.
Todos los aspectos señalados anteriormente, creemos deben ser abordados en las evaluaciones y planes de trabajos de la OCDE con las autoridades nacionales, con el fin de definir claramente las iniciativas que nos permitan poner las bases para superar sosteniblemente la crisis económica, generando una economía dinámica y con mejores perspectivas a futuro, no solo en el campo económico, sino también en el social.
Solicitamos señor Secretario General, que los Organismos internacionales, como el que Usted dirige, nos permita hacer el ajuste necesario en democracia y paz social, aspectos que históricamente nos han caracterizado como Nación.
Esperamos que Usted y su equipo de trabajo, valore los aspectos señalados y los tome en cuenta al momento de dialogar con las autoridades nacionales, en vista de que nuestras propuestas no se sustentan en criterios ideológicos u ocurrencias, son que se encuentran sustentados en criterios científicos y técnicos que pueden ser contrastados con las técnicas apropiadas.
Con las más altas muestras de consideración, suscribimos,
| 1 | Adriana (Mimí) Prado Castro | Ex viceministra de Cultura, Ex embajadora de Costa Rica | 103810537 |
| 2 | Alberto Salom Echeverría | Ex rector de la Universidad Nacional, Exdiputado y Catedrático de la Universidad Nacional | 104430578 |
| 3 | Ana Josefina Guell Durán | Ex viceministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social | 104870450 |
| 4 | Carlos Palma Rodríguez | Catedrático Universidad de Costa Rica | 202780637 |
| 5 | Daniel Quesada Mora | Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (CONADECO) | 105020335 |
| 6 | Daniel Vartanian Alarcón | Economista y analista económico | 800510962 |
| 7 | Edgar Gutiérrez Espeleta | Exministro de Ambiente, Energía, Mares, Costas y Humedales (MINAE) | 104530822 |
| 8 | Elías Calderón Monge | Líder Cooperativista. Exdirector de INFOCCOP | 103730669 |
| 9 | Elizabeth Fonseca Corrales | Exdiputada y Exministra de Cultura | 400970783 |
| 10 | Emilia Molina Cruz | Exdiputada y Catedrática Universidad de Costa Rica | 104110201 |
| 11 | Eugenio Trejos Benavides | Exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) | 900410880 |
| 12 | Fabián Trejos Cascante | Gerente General de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) | 203760260 |
| 13 | Greivin Hernández González | Ex director de FODESAF y Profesor Universitario | 109930559 |
| 14 | Guido Mora Mora | Profesor Universitario, Politólogo, Empresario y Consultor SINEP | 302570217 |
| 15 | Henry Mora Jiménez | Exdiputado y Catedrático Universidad Nacional | 105120548 |
| 16 | Jaime Ordóñez Chacón | Catedrático de la Universidad de Costa Rica, ex embajador de Costa Rica. | 105370458 |
| 17 | José León Desanti Montero | Expresidente de la Cámara de Industria de Costa Rica, Exministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Exministro de Ciencia Y Tecnología (MICIT). | 700390947 |
| 18 | Leiner Vargas Alfaro | Catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica. | 204440266 |
| 19 | Luis Alfredo Durán Araya | Ex miembro del Consejo Rector del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD) de Costa Rica. | 202860342 |
| 20 | Luis Carlos Olivares Martínez | Economista, abogado. Asesor parlamentario y profesor universitario | 114450826 |
| 21 | Luis Ramón Carranza Cascante | Exdiputado, periodista y dirigente municipal | 204090052 |
| 22 | Manuel Carballo Quintana | Exdiputado, director en Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL) | 103000515 |
| 23 | Minor Rodríguez Rodríguez | Expresidente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) | 601970556 |
| 24 | Olivier Pérez González | Exdiputado | 601240682 |
| 25 | Oscar Aguilar Bulgarelli | Exdiputado, Catedrático de Universidad de Costa Rica | 103100065 |
| 26 | Ricardo Garrón Figuls | Ex ministro de Agricultura y Ganadería y Exdiputado. | 103670815 |
| 27 | Roberto Jiménez Gómez | Ex Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) | 203930679 |
| 28 | Rogis Bermúdez Cascante | Exdirector Ejecutivo de Consejo Nacional de Producción (CNP) | 602320472 |
| 29 | Ronald Villalobos Segura | Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Heredia | 401080344 |
| 30 | Sergio Alfaro Salas | Exdiputado y Exministro de la Presidencia | 204640884 |
| 31 | Welmer Ramos González | Exministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Exdiputado | 501910924 |
| 32 | Yanina Soto Vargas | Expresidenta Ejecutiva del IFAM | 104770775 |
