Asesores y asesoras sindicales de la ANEP presentaron a la Junta Directiva Nacional de ANEP el proceso de sistematización para fortalecer la labor sindical y la defensa de los derechos laborales en todo el país.
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Trabajadores del Hospital México reciben charla sobre acciones internacionales de la ANEP para casos de interinazgos prolongados
Diversos trabajadores del Hospital México, recibieron la charla explicativa de las acciones legales internacionales que interpondrá la ANEP, con la asesoría del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), ante los interinazgos prolongados en la Caja y otras instituciones públicas.
ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral
–La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.
–Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.
ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.
El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.
En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.
Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.
Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.
La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.
Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.
Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.
Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.
Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.
ANEP acudirá a Sala IV con Acción de Inconstitucionalidad para frenar Ley Marco de Empleo Público
En días próximos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudirá a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, misma que deberá entrar en vigencia el próximo 10 de marzo, supuestamente.
La ANEP, que férreamente desarrolló una rotunda oposición a su aprobación en los momentos álgidos de su tramitación parlamentaria, está convencida de que la misma no solamente contiene roces severos con los postulados de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; sino que, más grave aún, se violentan estipulaciones jurídicas en Derechos Humanos que el país se ha comprometido a observar según varios tratados que en la materia Costa Rica ha firmado y aprobado, incorporándolos al cuerpo de leyes que rigen la vida republicana de nuestro país.
Adicionalmente, la ANEP ha tomado nota de que estamos de cara a una gravísima circunstancia política en el seno del Poder Ejecutivo por cuanto, a pocos días de la entrada en vigencia de tal legislación, no solamente se desconoce los alcances de su reglamentación; sino que, más grave todavía, hay inseguridad tecnológica de que las plataformas de pago de salarios, dentro del Gobierno Central y fuera del mismo, respondan a los abruptos cambios que esa ley impone.
Se impone una prudencia en tal sentido; es decir, que la Acción de Inconstitucionalidad de la ANEP (u otras que se presentarán según tenemos entendido), suspenda la entrada en vigencia de la ley ante lo que calificamos como un verdadero caos en desarrollo su proceso de implementación.
ANEP realizará un acto público con ocasión de la presentación de la mencionada Acción de Inconstitucionalidad, informándose la fecha exacta con antelación.
San José, lunes 23 de enero de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Sala Constitucional ordena a Municipalidad de Puriscal entregar información a Seccional de ANEP
Investigan al alcalde de León Cortés por aparentes irregularidades en cobros y contrataciones
Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ante consulta de anep.cr donde indican que se tramita una denuncia bajo el expediente 21-000226-1218-PE donde figuran como imputados dos hombres de apellidos Ulate Ulate, Ulate Oviedo y otro de apellidos Mora Valverde, este último alcalde de León Cortes. Por aparentes cobros irregulares a los contribuyentes del cantón.
Sindicalismo en el sector agrícola crece y se fortalece
ANEP honra memoria de Lydia Lacayo Mena junto con su familia
En un emotivo acto de parte de nuestra organización se oficializó la asignación del nombre Lydia Lacayo Mena a la sala de sesiones de ANEP en donde se develó una placa y un retrato por parte de sus familiares, así como la presentación de su último logro: la firma de la Convención Colectiva en la Municipalidad de Santa Ana.
Junta Directiva Nacional de la ANEP presentó escrito ante Sala IV por crítica situación social del país
Interpelación Cívica: ANEP entregó escrito sobre el papel de la Sala Constitucional y los Derechos Humanos
San José, viernes 13 de enero de 2023.
S.G. 21-25-1256-23
Honorables señores y señora
Magistrados y magistrada
Dr. Fernando Castillo Víquez
Dr. Paul Rueda Leal
Dr. Luis Fernando Salazar Alvarado
Dr. Jorge Araya García
Dra. Anamari Garro Vargas
SALA CONSTITUCIONAL
Poder Judicial
Respetables autoridades judiciales de la Republica:
01- Quienes suscribimos el presente documento, al cual le hemos dado carácter de Interpelación Cívica para dirigirnos a sus distinguidas autoridades constitucionales, inspirándonos en el concepto de Democracia Participativa establecido en la actual Constitución Política de nuestro país; así como en el derecho humano a la participación política establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, somos integrantes del pueblo trabajador costarricense, activistas y dirigentes sindicales, conformantes de la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
02- Como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva OC-27, los sindicatos tenemos capacidad y legitimación de accionar ante el sistema de peticiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por derecho propio.
03- Tenemos, además, como fortaleza para ello, la amplísima normativa jurídica de carácter nacional y de majestad internacional que nos otorga tal Derecho Humano Fundamental: a modo de ejemplo, el Inciso 4 del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
04- En esa misma línea y en el ámbito de esa concatenación democrática de reconocimiento de derechos, resulta medular resaltar lo que señaló ese alto tribunal interamericano en esa Opinión Consultiva:
“Previo al análisis de las cuestiones sustantivas planteadas por la Comisión Interamericana, a manera de introducción, la Corte resaltó que el combate a la pobreza y a la desigualdad, y la garantía de los derechos humanos, resultan un componente esencial para el pleno desarrollo democrático de los pueblos. En este sentido, recordó que los propósitos establecidos en la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, y la Carta Democrática Interamericana, se dirigen a la consolidación de un régimen de protección de los derechos humanos y de justicia social, dentro del cuadro de instituciones democráticas”.
05- En este contexto es que nos apersonamos en las afueras de esta sede constitucional que alberga su delicado y relevante quehacer, en este día, viernes 13 de enero de 2023; dando curso así y de esta manera, a la primera sesión directiva de la JDN de la ANEP del año que acaba de iniciar, en el marco del período jurídico-legal de la ANEP que está transcurriendo, 2021-2025; sesionando a cielo abierto, con el quorum de ley, constituyendo este documento el punto primero de nuestra Orden del Día para que luego de su lectura pública y subsiguiente discusión-aprobación, procedamos a entregarlo en la recepción documental habilitada por este alto tribunal. Luego nos retiraremos a nuestra sede central, de la calle 20 de esta ciudad, para continuar con la sesión de la fecha. Dos motivaciones centrales nos estimularon para estar aquí y en las condiciones que les acabamos de explicar:
06- PRIMERA: “Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-Presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Bien saben ustedes que fue una manifestación contenida en amplia entrevista periodística que le hiciera un medio de comunicación escrito de este país.
07- Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, dice ANEP y muchas más personas y organizaciones de todos los niveles y actividades. Además, esta desigualdad social marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres, como el mismo don Fernando fue enfático en plantearlo en esa entrevista.
08- De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal constitucional de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional, nos indicó que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este alto magistrado, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.
09- Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas; considerando que es piedra angular del sistema democrático la correcta separación de poderes que garantice pesos y contrapesos y el sublime principio de seguridad jurídica.
10- Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país. Total coincidencia de la ANEP con esta opinión, del señor magistrado Presidente de la Sala Constitucional.
11- SEGUNDA: El próximo 14 de diciembre de 2023, el planeta entero conmemorará el 75 aniversario de la proclamación, en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en París, Francia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
12- Costa Rica fue una de las 48 naciones que la aprobaron en el mismo momento de su emisión, dándose así a la apertura de una nueva etapa de nuestro desarrollo republicano sustentado en que el Derecho Internacional es un bastión de nuestra propia existencia como nación soberana.
13- Las personas especialistas en el tema indican que la DUDH representa la codificación internacional de la primera y segunda generación de los Derechos Humanos: los de carácter civil y político; y, los económicos, sociales y culturales.
14- Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, esa misma instancia aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, por sus siglas en español), que viene a ser el primer tratado internacional que universaliza la segunda generación de los Derechos Humanos: los económicos, sociales, culturales y ambientales. Costa Rica, siguiendo su tradición garantista, lo ratificó oportunamente y, además, ratificó su Protocolo Facultativo para recibir casos individuales, el 23 de setiembre de 2014.
15- ¿A dónde queremos llegar, honorables señores magistrados y señoras magistradas constitucionales? El 14 de diciembre próximo, con la llegada del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el planeta Tierra ajustará tres cuartos de siglo bajo tales principios, aunque la realidad que nos presenta la Humanidad en estos mismos momentos, es radicalmente diferente a la esperada con el camino abierto por la Doctrina Universal de los Derechos Humanos. La multiplicidad y profundidad de las razones para ello, no vienen al caso.
16- Sin embargo, que Costa Rica esté al borde de un estallido social, como lo indica el magistrado Presidente de la Sala Constitucional, nos confronta con lo que nos ha venido pasando en las últimas administraciones gubernativas, en las cuales, a nuestro juicio, el país ha estado involucionando en desarrollo social y en inclusión económica; por una parte, y por la otra, la cosa pública de los últimos tiempos parece que es fiel al perverso postulado maquiavélico que indicó que “…la política es independiente de la moral y solo persigue el poder”.
17- En uno y en otro caso, según nuestra visión de país y experiencia de vida propia y de la de la lucha social en que estamos inmersos, las dos situaciones apuntadas expresan gran deterioro en la voluntad política del país de observar, como es su obligación, esas dos piedras angulares del Derecho Internacional en materia de la Doctrina de los Derechos Humanos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
18- Demasiadas, sólidas y consistentes argumentaciones nos llevan a afirmar lo anterior: ¡Sí! Tanto a nivel de la DUDU como a nivel del PIDESC, gran cantidad de compatriotas, por lo general, integrantes de la clase trabajadora costarricense, está sufriendo graves violaciones de sus Derechos Humanos a tenor de lo que ambos postulados establecen; postulados que Costa Rica ha jurado observar y ha jurado someterse a sus procedimientos, recomendaciones y dictados.
19- Por ello es que la actual Junta Directiva Nacional (JDN), del período jurídico 2021-2025, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), está hoy aquí, viernes 13 de enero de 2023, en las afueras de la sede del más alto tribunal de la República de Costa Rica: el tribunal constitucional; para expresar, con toda vehemencia y con el necesario y merecido respeto, que ha llegado el momento de que ustedes, máximas autoridades constitucionales del país, procedan a detener la peligrosa ruta de separación entre los valores constitucionales que nuestro país proclamó el 7 de noviembre de 1949, con los valores eternos de los Derechos Humanos que establecen la DUDH y el PIDESC.
20- No es posible seguir tolerando violaciones de Derechos Humanos en contravención a los obligados compromisos del país en la materia, aceptando cuestionamientos constitucionales a las normas jurídicas que impulsan e imponen los detentadores de los poderes político y económico; pero que, sin embargo, no detienen sus perversos efectos inmediatos con lo cual, de facto y mientras se resuelve el fondo, quedamos en escenarios de graves violaciones de esos derechos, tal y como sucede con situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, pilar de la seguridad jurídica contenido en el artículo 34 constitucional.
21- Esa amenaza se concretó, entre otros casos, con la aprobación de la Ley 9635 que esa Sala Constitucional tiene para resolver y analizar vía acción de inconstitucionalidad, acción que ya va a cumplir 4 años de espera. Mientras tanto, esa vacatio procesal ha representado desde el punto de vista humano, la existencia y zozobra de muchas personas trabajadoras que han sufrido y siguen sufriendo perversos efectos económicos y sociales, clara y sostenidamente regresivos. Y es éste tan solo un ejemplo que ha venido fomentando, como dice el señor magistrado Presidente, la creciente distancia entre ricos y pobres.
22- No es posible permanecer imperturbables si los fallos constitucionales relacionados con claras violaciones a derechos económicos, sociales y culturales se supeditan a cuestiones macrofiscales, completamente ideológicas, contrarias a los Derechos Humanos pues, precisamente, esas cuestiones macrofiscales encubren, a su vez, flagrantes injusticias, inequidades e insospechados privilegios de los sectores de mayor fortuna económica.
23- Con base en el precepto constitucional de Democracia Participativa es posible apelar a mayor diversidad de pensamiento en estos temas macro-fiscales, a fin de construir escenarios de reconstrucción del tejido social ya muy vulnerado, pero a tiempo de evitar que lleguemos a extremos por nadie deseados: el imperio total del crimen organizado.
24- En los últimos gobiernos, iniciativas en tal sentido, de considerar diversidades de pensamiento en este delicado asunto de lo macrofiscal, fueron burladas a pesar de los nobles esfuerzos comprometidos, por ejemplo, desde el mundo laboral organizado. Hoy ni siquiera algo superfluo en ese sentido, se ve por ningún lado.
25- Honorable magistratura constitucional de la República de Costa Rica: Próximamente, tocaremos estas puertas, ya de manera concreta en función de otras decisiones políticas, jurídico-ejecutivas y legislativas que se han venido tomando contrarias a los Derechos Humanos y es en tal sentido que, en lo concreto, planteamos lo siguiente:
26- Si esas decisiones, para nosotros, violatorias de Derechos Humanos, dan pie para que ustedes admitan nuestras argumentaciones en contra de ellas, no agraven la violación de esos Derechos Humanos admitiendo el cuestionamiento, pero no suspendiendo los efectos perniciosos: cientos y cientos de familias van a sufrir graves afectaciones a la luz de los postulados del PIDESC, por una parte. Las decisiones ya tomadas y que se supone entrarán en vigencia próximamente, ampliarán la brecha entre ricos y pobres que ya es preocupación oficial de la Sala Constitucional, a juicio del criterio de su magistrado Presidente.
27- Tales decisiones, por ejemplo, la denominada Ley Marco de Empleo Público, tienen efectos perversos más allá de la esfera económico-social de la convivencia de la familia afectada, pues repercutirá en la dinámica del mercado para consumo interno, desde la pulpería-supermercado de barrio hasta actividades profesionales liberales.
28- Hay otras circunstancias sociopolíticas presentadas en los últimos tiempos que, de un modo u otro, nos reafirman la importancia del desarrollo del vínculo estratégico entre los valores de la Constitución de 1949 con los valores, eternos y universales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
29- Tal vínculo, en épocas de gran desigualdad y de un potencial estallido social, debe ser elevado a criterio fundamental motivador de decisiones para que Costa Rica retorne a la senda del bien común que nunca debimos abandonar como país; a tenor con el pensamiento y con la lucha de aquellos patricios y patricias forjadores de nuestra particular idiosincrasia quienes, con pensamientos filosófico-políticos opuestos, supieron hallar coincidencias para que mostráramos al mundo y, en particular, a la América Latina, una sociedad de admiración y de respeto por su desvelo por la inclusión social y económica.
30- El país no debe seguir siendo exhibido como Estado violador de Derechos Humanos, a raíz de sentencias inapelables de los sistemas judiciales de Derechos Humanos, como el Interamericano. Si tal vínculo no adquiere la naturaleza urgida de lo que nos marca una sociedad totalmente desigual, entonces más y más procesos extra-fronteras nos esperan, con el consiguiente impacto negativo para el país en varios órdenes.
31- Nosotros y nosotras, en ANEP, pensamos que estas consideraciones son compartidas por amplios segmentos de la sociedad costarricense de la actualidad. Esos segmentos, por lo general, están organizados, aunque hay una enorme cantidad de compatriotas que sufren, en silencio y en situación de minusvalía social, el divorcio entre los valores de la Constitución de 1949 y los valores de la DUDH y del PIDESC. En uno y en otro caso, el potencial de confluencia es insospechado. Eso lo percibió el magistrado Presidente con su impactante comentario “Es una bomba de tiempo la situación social del país”.
32- Con respeto, pero con vehemencia sostenida, conminamos respetuosamente a esa Sala Constitucional a que sus resoluciones futuras en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), sean plétoras de reconocimiento de derechos tangibles y no meros saludos a la Constitucional ni a los tratados vigentes en Costa Rica. Resolver además en tiempo razonable, no es una prebenda, es un derecho y principio rector de justicia que ya se extraña en Costa Rica, incluso en esa Ilustrada Sala Constitucional.
Con respeto, firmantes,
Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Sesión No. 2250, de carácter ordinario
Viernes 13 de enero de 2023
En las afueras de la sede de la
Sala Constitucional del Poder Judicial
| Albino Vargas Barrantes | Walter Quesada Fernández | Rafael Ángel Mora Solano |
| Lorena Chavarría Martínez | Lorena Chacón Tellini | Ligia Solís Solís |
| Claudio Sánchez González | Jonathan Flores Mata | William Arias Soto |
| Energivia Sánchez Brenes | Marta Guido Serrano | Rebeca Céspedes Alvarado |
| Ronald Barrantes Moya | Giovanny Ramírez Guerrero | Benjamín Sevilla García |
| Antonio Ortiz Fiorabanti | Esteban Quesada Chacón | Roy Chaverri Chacón |
| Gerardo Mora Ordóñez | Flor de Lis Monestel Corrales | Mainor Anchía Angulo |
