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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Si a alguien se le ocurrió pensar que Alvarado Quesada desistiría de someternos al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de las vibrantes e intensas protestas populares lideradas por el Movimiento Rescate Nacional, debemos decirle, con respeto, que está sumamente equivocado.

Luego de la estrepitosa derrota política que significó para él, para el gobierno que encabeza, para la élite de poder mediático-empresarial-político que le sostiene, retirar del conocimiento parlamentario la primera versión del “convenio” con el FMI; Alvarado Quesada va de nuevo en la misma dirección.

En comentarios consignados por el Semanario Universidad, Alvarado Quesada indicó: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado. Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución, y eso, eventualmente, podrá ser sujeto a lo que llevemos al FMI», dijo.

La nueva jugada política de Alvarado Quesada, actualmente en desarrollo, es simular el ejercicio de un “diálogo social”, encabezado por él mismo, buscando, de manera desesperada, alguna base social que le permita argumentar ante la Asamblea Legislativa que para esta segunda versión de un “convenio” con el FMI, él sí cuenta con la aprobación, con el beneplácito, con el favorecimiento de grupos organizados de la denominada sociedad civil, algunos de los cuales tienen carácter sindical.

Con base en la visión de mundo profundamente ideologizada que alimenta el quehacer político de los grupos económico-mediáticos a los cuales Alvarado Quesada responde, directamente; no es concebible la solución al grave problema fiscal nacional sin pasar por el FMI.

De esto no deberíamos tener la más mínima duda todas las personas y las organizaciones que les aglutinan que andamos en busca de un nuevo ordenamiento social para un país que, como el nuestro, ha llegado a intolerables niveles de exclusión social y económica, con una corrupción galopante y descarada, “condimentada” con la aparición de la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los asuntos de la cosa pública.

En el caso de la corriente sindical que encabezamos, desde un primer momento afirmamos que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el FMI, de que es posible una salida nacional a la crisis fiscal.

Dijo Alvarado Quesada: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado…”. Nosotros nos preguntamos:¿cuál será el consenso-acuerdo entre los representantes del sector corporativo-empresarial, evasor y elusor descarado que, en la última década (2010-2019), pudo haber tenido una acumulación ilegal de hasta 3 mil 800 millones de dólares, ¡anuales!; con personas y organizaciones “dialogando” con Alvarado Quesada, en tanto son voceras de sectores altamente endeudados, en la casi ruina de sus actividades agropecuarias y/o sumidas en el flagelo del desempleo?

Dijo Alvarado: “Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución…”. Nos preguntamos: ¿Qué propuesta “balanceada” se le puede pedir a las micro-pequeñas y medianas empresas, golpeadas durísimamente con el combo fiscal, Ley No. 9635, del año 2018? ¿Qué propuesta “balanceada” se podría generar entre los representantes del capital beneficiado ampliamente con las políticas públicas de los últimos gobiernos vs. la gran parte de la población sumida en el desempleo, en la precariedad y en el alto endeudamiento salarial y… en el hambre?

Costa Rica lleva ya muchísimo tiempo de haber sido sumida en el más grande “desbalance”. Prestigiosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado mediando el más riguroso análisis científico, cómo el reino de la desigualdad se ha entronizado en nuestra Patria, al punto de que hoy estamos ubicados entre las diez naciones más desiguales del planeta.

El concepto de “propuesta balanceada” que maneja y que manipula Alvarado Quesada en su mesa de diálogo, en nada beneficia al pueblo trabajador, al pueblo excluido y con hambre; en nada beneficia a una estrujada clase media viajando hacia la pobreza; en nada beneficia al micro-pequeño y mediano empresariado al que la pandemia terminó de impactar negativamente, luego de sufrir las agresiones financiero-económicas producto del combo fiscal 2018.

Todo hace indicar que la insistencia de Alvarado Quesada en someternos al Fondo Monetario Internacional (FM), pese a que haya grupos organizados de la sociedad dispuestos a apoyarle en esta nueva provocación contra los sectores populares, será discutida y con mucha vehemencia, en las calles.

Si a alguien se le ocurrió pensar que Alvarado Quesada desistiría de someternos al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de las vibrantes e intensas protestas populares lideradas por el Movimiento Rescate Nacional, debemos decirle, con respeto, que está sumamente equivocado.

Luego de la estrepitosa derrota política que significó para él, para el gobierno que encabeza, para la élite de poder mediático-empresarial-político que le sostiene, retirar del conocimiento parlamentario la primera versión del “convenio” con el FMI; Alvarado Quesada va de nuevo en la misma dirección.

En comentarios consignados por el Semanario Universidad, Alvarado Quesada indicó: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado. Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución, y eso, eventualmente, podrá ser sujeto a lo que llevemos al FMI», dijo.

La nueva jugada política de Alvarado Quesada, actualmente en desarrollo, es simular el ejercicio de un “diálogo social”, encabezado por él mismo, buscando, de manera desesperada, alguna base social que le permita argumentar ante la Asamblea Legislativa que para esta segunda versión de un “convenio” con el FMI, él sí cuenta con la aprobación, con el beneplácito, con el favorecimiento de grupos organizados de la denominada sociedad civil, algunos de los cuales tienen carácter sindical.

Con base en la visión de mundo profundamente ideologizada que alimenta el quehacer político de los grupos económico-mediáticos a los cuales Alvarado Quesada responde, directamente; no es concebible la solución al grave problema fiscal nacional sin pasar por el FMI.

De esto no deberíamos tener la más mínima duda todas las personas y las organizaciones que les aglutinan que andamos en busca de un nuevo ordenamiento social para un país que, como el nuestro, ha llegado a intolerables niveles de exclusión social y económica, con una corrupción galopante y descarada, “condimentada” con la aparición de la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los asuntos de la cosa pública.

En el caso de la corriente sindical que encabezamos, desde un primer momento afirmamos que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el FMI, de que es posible una salida nacional a la crisis fiscal.

Dijo Alvarado Quesada: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado…”. Nosotros nos preguntamos:¿cuál será el consenso-acuerdo entre los representantes del sector corporativo-empresarial, evasor y elusor descarado que, en la última década (2010-2019), pudo haber tenido una acumulación ilegal de hasta 3 mil 800 millones de dólares, ¡anuales!; con personas y organizaciones “dialogando” con Alvarado Quesada, en tanto son voceras de sectores altamente endeudados, en la casi ruina de sus actividades agropecuarias y/o sumidas en el flagelo del desempleo?

Dijo Alvarado: “Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución…”. Nos preguntamos: ¿Qué propuesta “balanceada” se le puede pedir a las micro-pequeñas y medianas empresas, golpeadas durísimamente con el combo fiscal, Ley No. 9635, del año 2018? ¿Qué propuesta “balanceada” se podría generar entre los representantes del capital beneficiado ampliamente con las políticas públicas de los últimos gobiernos vs. la gran parte de la población sumida en el desempleo, en la precariedad y en el alto endeudamiento salarial y… en el hambre?

Costa Rica lleva ya muchísimo tiempo de haber sido sumida en el más grande “desbalance”. Prestigiosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado mediando el más riguroso análisis científico, cómo el reino de la desigualdad se ha entronizado en nuestra Patria, al punto de que hoy estamos ubicados entre las diez naciones más desiguales del planeta.

El concepto de “propuesta balanceada” que maneja y que manipula Alvarado Quesada en su mesa de diálogo, en nada beneficia al pueblo trabajador, al pueblo excluido y con hambre; en nada beneficia a una estrujada clase media viajando hacia la pobreza; en nada beneficia al micro-pequeño y mediano empresariado al que la pandemia terminó de impactar negativamente, luego de sufrir las agresiones financiero-económicas producto del combo fiscal 2018.

Todo hace indicar que la insistencia de Alvarado Quesada en someternos al Fondo Monetario Internacional (FM), pese a que haya grupos organizados de la sociedad dispuestos a apoyarle en esta nueva provocación contra los sectores populares, será discutida y con mucha vehemencia, en las calles.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada presentó para su correspondiente trámite legislativo, el proyecto Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense (Expediente No. 21.531); una importante, necesaria y más que oportuna iniciativa que, festejamos y felicitamos, comprometiendo nuestro apoyo explícito y activo a la misma, una vez estudiada.

La iniciativa llega en momentos muy oportunos desde el punto de vista de la crisis social y de empleo en la provincia de Puntarenas, cuyas autoridades locales han anunciado una profundización de la misma, ahora que la pesca de arrastre ha quedado legalmente prohibida.

La recuperación de la riqueza atunera costarricense es un viejo anhelo, muy acariciado por amplios sectores cívico-patrióticos y económicamente sanos de nuestra sociedad.

Tres objetivos fundamentales presentan el proyecto del diputado del Partido Frente Amplio: 1) Proteger y aprovechar para beneficio del pueblo costarricense la descomunal e inigualable riqueza natural del Domo Térmico de Costa Rica. 2) Cerrar todos los portillos legales que actualmente permiten el regalo de la riqueza atunera de Costa Rica a embarcaciones extranjeras sin pagar ni un cinco al pueblo costarricense por las grandes cantidades de atún extraídas anualmente o pagando montos ridículos muy por debajo de su valor real. 3) Fomentar la creación y el desarrollo de la flota pesquera nacional, que aproveche esta riqueza de forma sostenible, a través de cooperativas y otras formas de organización asociativa de economía social que generen significativas fuentes de trabajo para la población empobrecida de nuestras costas.

No nos habíamos percatado de que otra iniciativa de ley en tal sentido ya estaba en la corriente legislativa. Se trata del expediente No. 21.016, Ley para proteger la riqueza atunera de Costa Rica, impulsada por la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana. Don Pedro Muñoz Fonseca, legislador de esta colectividad política, de manera atinada, nos llamó la atención al respecto.

En este texto-proyecto 21.016 podemos leer: “…, el recurso atunero de nuestro país es un bien público que debe y puede generar mayores beneficios a mayor número de costarricenses de una forma sustentable”.

Pensamos que es éste el momento político más oportuno para que en la Asamblea Legislativa el tema de la recuperación de la riqueza tunera costarricense cobre alta prioridad.

En tal sentido, abogamos porque los equipos de asesores de ambas fracciones parlamentarias (Frente Amplio y Unidad), pudieran trabajar una unificación de las dos iniciativas de ley que venimos comentando, de forma tal que quede un solo expediente para que logre un apoyo parlamentario masivo.

Evidentemente, el Gobierno de la República tiene que asumir su parte en este proceso y darle su “visto bueno político”, para potenciar el abordaje del tema desde el Poder Ejecutivo.

La riqueza atunera tica, criminalmente cedida y robada durante muchísimos años, ofrece enormes potencialidades de generar sólidas oportunidades de inclusión económica y social, así como de una justa distribución de los beneficios de explotación nacional de la misma, por parte de costarricenses.

Éstos, organizados grupalmente en cooperativas y/o emprendimientos de economía social, de manera tal que no propiciemos una apropiación privada y el fomento de un lucro personalísimo, evitarán que se deje por fuera a grandes grupos de personas trabajadoras, hoy desempleadas y con hambre.

Sin duda alguna que, mediando un sistema tributario justo para esta actividad en manos ticas, también el Estado saldrá ganando y, por ende, será una contribución fiscal fresca para el problema del déficit fiscal.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“…que Carlos Alvarado acepte un papel ceremonial de jefe de Estado tras designar una figura de mucho peso como ministro de la Presidencia para que gobierne con un gabinete tecnocrático por el resto del período presidencial”. Así entendemos nosotros que se daría en el país un Golpe de Estado; un Golpe de Estado “a la tica”.

El ciudadano Juan Carlos Hidalgo, quien se identifica como “analista de políticas públicas”, está conmoviendo el escenario político del país con su propuesta de Golpe de Estado “a la tica”, formulada de manera pública en su columna de opinión de este lunes 26 de octubre de 2020.

Conocido como gran promotor de las ideas del mercado absoluto, don Juan Carlos ya no solamente aboga por darle un Golpe de Estado “a la tica” a Carlos Alvarado Quesada, sino que se atreve a designar a sustituto, el no menos conocido Rodrigo Arias Sánchez, a quien califica como “el ministro de la Presidencia más eficiente de las últimas décadas”; quien gobernaría como Presidente de facto, para lo cual sería “legitimado” mediando un “simbólico voto de confianza” por parte de la actual Asamblea Legislativa de forma tal que ésta le dé la investidura de un mandato político.

Creemos que don Juan Carlos no habla por sí mismo. Si su columna golpista se publica en el periódico más fundamentalista en cuanto a la consigna ideológica del “todo mercado-nada Estado”, es necesario suponer que cierto sector de los capitalistas más ricos del país ha perdido la paciencia; y que su “benjamín político”, al que encumbraron a la Presidencia de la República mediando una conjura mediática urdida en un estudio de televisión y en una sala de redacción, ha resultado un fiasco, un bueno para nada,a tal punto que el país está a las puertas de un default.

Don Juan Carlos, a quien denominaremos de ahora en adelante como el columnista golpista, tiene intenciones de ser diputado de la República a partir del 2022 y por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), al cual se afilió recientemente. De seguro, él y los sectores golpistas que representa, desearían que de aquí a mayo de ese año la solución al grave problema fiscal del país esté implementada totalmente; claro está, bajo su visión ideológica del todo mercado-nada Estado.

La desesperación que invade a los sectores por los cuales habla el columnista golpista, les lleva a cambiar de opinión con pasmosa velocidad. Hasta hace un tiempo, el columnista golpista afirmaba lo siguiente: “Me espanta cada vez que va en aumento la posibilidad de que Rodrigo Arias sea el próximo presidente”. También esto: “Con el retiro de Rodrigo Arias de la contienda presidencial desaparece una seria amenaza a la institucionalidad democrática de Costa Rica”. Y, éste es brevísimo pero muy elocuente: “¿Quién nos puede librar de Rodrigo Arias?”. Las redes sociales lo dejaron en evidencia; o, ¿esos comentarios suyos, don Juan Carlos, son ahora fake news? ¡Después de endiablar a don Rodrigo Arias, ahora don Juan Carlos lo endiosa! ¿Qué pasó aquí?…

En realidad, ese anhelo golpista de don Juan Carlos no es más que la aspiración más aguda del proceso autoritario que actualmente está en desarrollo en nuestra Democracia. La desesperación que invade al columnista golpista no necesariamente esté relacionada con la calificación que le da a Alvarado de un bueno para nada. Lo que pasa es que es cada vez más creciente la resistencia de amplios sectores de la sociedad para someterse, final y definitivamente, a un modelo de organización social que incrementa la cantidad de gente excluida y descartada (según la terminología empleada por el papa Francisco).

El columnista golpista y el grupo del gran capital que por él habla, está abogando por un ajuste fiscal-terapia de shock, algo rechazado ampliamente por grandes sectores populares, como ya fue demostrado mediante la acción cívico-patriótica del Movimiento Rescate Nacional. El arreglo del grave problema fiscal del país no puede basarse en el recetario dogmático clásico que no prioriza en el bienestar de la gente y que, por ende, no tiene ni una gota de Humanismo. La peligrosa salida que nos recomienda don Juan Carlos terminará por llevarle a él mismo y su grupo por el cual habla al despeñadero que dice él que hay que evitar. Requerimos de más Democracia y de menos autoritarismo. A la fecha de escribir este artículo, no sabemos si don Juan Carlos mantiene su tesis golpista. Un Golpe de Estado a la tica, nunca dejaría de ser más que un repudiable, desastroso, condenable y doloroso Golpe de Estado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En la corriente sindical que ocupa nuestro desvelo cotidiano, el tema fiscal-tributario del país ha ocupado primerísimo lugar, en la última década, de nuestra lucha sindical-social con visión de país.

Particularmente, en esta columna de opinión, hemos abordado el asunto en incontables oportunidades. Nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de no habernos preocupado y ocupado por leer, estudiar, asesorarnos, escribir, comentar, denunciar y proponer alternativas. De todo ellos, constancia documental sobra. Aunque no con total exactitud, lo que nos está pasando como sociedad y, particularmente, como pueblo trabajador, lo hemos venido anunciando en estos últimos años.

En la antesala de lo que podría ser una real catástrofe social y económica, le presentamos a continuación los aspectos de mayor relevancia que según nuestra visión-país, deberían estar en la mesa de un eventual y real diálogo nacional; pero no solamente diálogo, sino negociación que genere acuerdos y que instale un sistema de verificación del cumplimiento de esos acuerdos. Así las cosas, iríamos a un espacio tal cual, con los siguientes (aunque no los únicos) 15 puntos:

1- Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos a favor de una salida nacional a la crisis fiscal. Alternativamente, disponer de las reservas monetarias internacionales custodiadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Prestigiosos economistas lo han venido planteando y argumentando son solidez profesional.

2- ¡No más impuestos! ¡No más impuestos para las capas medias ni para las clases populares, mucho menos para las empobrecidas o sumidas ya en total desamparo! Impuestos sí a las grandes rentas y a los altísimos salarios (en este caso, mayores a 3 millones de colones).

3- Impuesto solidario, al menos transitorio, a las mega-fortunas con base en lo que han planteado al respecto tanto el Banco Mundial como el mismísimo FMI.

4- Aplicación de la Tasa Tobin como, realmente, fue concebida: para las enormes transacciones financiero-bancarias en los mercados de capitales, en la Bolsa Nacional de Valores y similares. Esto nos lleva a hablar, como sociedad, sin tapujos, de los flujos de capital sucio proveniente del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, en cifras tan enormes que algunos se atreven a plantear que es “gracias” a esos dineros de “dudosa reputación”, la causa fundamental de que el país no haya quebrado todavía.

5- Establecimiento de la renta global y de la renta mundial.

6- Impuesto a las zonas francas.

7- Guerra frontal a la evasión tributaria, a la elusión fiscal, al contrabando. Revisión de las exenciones y de las exoneraciones. Urgente instalación de los escáneres en las aduanas. Impulso a las recomendaciones del informe legislativo del período constitucional 2014-2018, conocido como Los papeles de Panamá.

8- Transformación institucional-estructural del Ministerio de Hacienda (“refundación”). Se debe llamar a cuentas y denunciar penalmente a todas las personas que, al menos, en la última década ocuparon los máximos cargos en el propio despacho ministerial de la cartera de Hacienda; así como en las máximas cúpulas político-gerenciales y tecnocráticas de las direcciones generales de Tributación, de Hacienda, de Adunas y de Cobro Administrativo.

9- No a la venta de activos.

10- Auditoría ciudadana de la deuda pública, reingeniería de la misma y revisión del obsceno pago de intereses. La meta aquí es obtener, al menos, 2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), dada la urgencia de la situación fiscal.

11- Reactivación económica urgente y directa con recursos de la banca para el desarrollo. Específicamente, cancelación de las deudas del sector agropecuario. Además, inyección de capital directo y sin requisitos “estrambóticos” para los cientos de micro-pequeñas y medianas empresas que ya habían sido golpeadas por el combo fiscal del IVA y, luego, por la pandemia del covid-19

12- Implementación de la Política de Trabajo Decente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual en Costa Rica tiene rango de Política de Estado desde la administración gubernativa 2010-2014.

13- Establecimiento de una nueva ley del salario mínimo.

14- ¡No a la derogatoria de la histórica jornada de 8 horas! Ésta costó sangre, sudor y lágrimas y tiene rango a nivel de la Constitución Política.

15- Empleo público: legislación dentro de los preceptos constitucionales de 1949, dándole supremacía a la plena aplicación de los postulados de eficiencia y de eficacia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En la corriente sindical que ocupa nuestro desvelo cotidiano, el tema fiscal-tributario del país ha ocupado primerísimo lugar, en la última década, de nuestra lucha sindical-social con visión de país.

Particularmente, en esta columna de opinión, hemos abordado el asunto en incontables oportunidades. Nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de no habernos preocupado y ocupado por leer, estudiar, asesorarnos, escribir, comentar, denunciar y proponer alternativas. De todo ellos, constancia documental sobra. Aunque no con total exactitud, lo que nos está pasando como sociedad y, particularmente, como pueblo trabajador, lo hemos venido anunciando en estos últimos años.

En la antesala de lo que podría ser una real catástrofe social y económica, le presentamos a continuación los aspectos de mayor relevancia que según nuestra visión-país, deberían estar en la mesa de un eventual y real diálogo nacional; pero no solamente diálogo, sino negociación que genere acuerdos y que instale un sistema de verificación del cumplimiento de esos acuerdos. Así las cosas, iríamos a un espacio tal cual, con los siguientes (aunque no los únicos) 15 puntos:

1- Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos a favor de una salida nacional a la crisis fiscal. Alternativamente, disponer de las reservas monetarias internacionales custodiadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Prestigiosos economistas lo han venido planteando y argumentando son solidez profesional.

2- ¡No más impuestos! ¡No más impuestos para las capas medias ni para las clases populares, mucho menos para las empobrecidas o sumidas ya en total desamparo! Impuestos sí a las grandes rentas y a los altísimos salarios (en este caso, mayores a 3 millones de colones).

3- Impuesto solidario, al menos transitorio, a las mega-fortunas con base en lo que han planteado al respecto tanto el Banco Mundial como el mismísimo FMI.

4- Aplicación de la Tasa Tobin como, realmente, fue concebida: para las enormes transacciones financiero-bancarias en los mercados de capitales, en la Bolsa Nacional de Valores y similares. Esto nos lleva a hablar, como sociedad, sin tapujos, de los flujos de capital sucio proveniente del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, en cifras tan enormes que algunos se atreven a plantear que es “gracias” a esos dineros de “dudosa reputación”, la causa fundamental de que el país no haya quebrado todavía.

5- Establecimiento de la renta global y de la renta mundial.

6- Impuesto a las zonas francas.

7- Guerra frontal a la evasión tributaria, a la elusión fiscal, al contrabando. Revisión de las exenciones y de las exoneraciones. Urgente instalación de los escáneres en las aduanas. Impulso a las recomendaciones del informe legislativo del período constitucional 2014-2018, conocido como Los papeles de Panamá.

8- Transformación institucional-estructural del Ministerio de Hacienda (“refundación”). Se debe llamar a cuentas y denunciar penalmente a todas las personas que, al menos, en la última década ocuparon los máximos cargos en el propio despacho ministerial de la cartera de Hacienda; así como en las máximas cúpulas político-gerenciales y tecnocráticas de las direcciones generales de Tributación, de Hacienda, de Adunas y de Cobro Administrativo.

9- No a la venta de activos.

10- Auditoría ciudadana de la deuda pública, reingeniería de la misma y revisión del obsceno pago de intereses. La meta aquí es obtener, al menos, 2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), dada la urgencia de la situación fiscal.

11- Reactivación económica urgente y directa con recursos de la banca para el desarrollo. Específicamente, cancelación de las deudas del sector agropecuario. Además, inyección de capital directo y sin requisitos “estrambóticos” para los cientos de micro-pequeñas y medianas empresas que ya habían sido golpeadas por el combo fiscal del IVA y, luego, por la pandemia del covid-19

12- Implementación de la Política de Trabajo Decente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual en Costa Rica tiene rango de Política de Estado desde la administración gubernativa 2010-2014.

13- Establecimiento de una nueva ley del salario mínimo.

14- ¡No a la derogatoria de la histórica jornada de 8 horas! Ésta costó sangre, sudor y lágrimas y tiene rango a nivel de la Constitución Política.

15- Empleo público: legislación dentro de los preceptos constitucionales de 1949, dándole supremacía a la plena aplicación de los postulados de eficiencia y de eficacia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Hemos tenido la posibilidad, en todos estos días, de tener acceso a visiones del empresariado honesto del país con relación a la crisis que está en desarrollo; costarricenses como uno que se encuentran sumidos en la total desesperanza pues, desde su perspectiva (que es la nuestra, aunque con visión de clase distinta), la errática acción gubernamental del partido PAC y sus partidos aliados y turecas afines, han logrado sembrar en el mundo de los negocios ya no solamente la incertidumbre sino algo peor: la desconfianza, prácticamente absoluta.

En términos generales, nos cuentan que en el mundo empresarial el clima de inestabilidad generado por el Gobierno, está alimentando sentimientos nunca antes vistos en la historia cercana costarricense. Los empresarios han perdido la fe y comienzan a pensar en sacar su dinero de Costa Rica, situación que generaría reducción de la inversión tan necesaria para la reactivación económica.

Es decir, la fuga de capitales parece tomar niveles de dramático realismo, incrementándose la sensación, en ese ámbito del alto corporativismo de negocios de que, a las autoridades políticas del Ejecutivo, no parece importarles en lo más mínimo que haya ya capitales dispuestos a salir del país. Se adiciona, además, la circunstancia de que una devaluación no es ya descabellado tenerla en agenda, habida cuenta de que el impago, o default, de la deuda dejó de ser algo quimérico.

La inacción gubernamental, la incapacidad presidencial, o el gerenciamiento político de la cosa pública con evidente sectarismo empresarial-corporativo, o una combinación de estos tres aspectos en materia de reactivación económica, llevan quienes anhelan invertir a una parálisis en cuanto a tomar una decisión al respecto, antesala del fatídico paso de sacar su plata del país.

Estas personas costarricenses (y también, extranjeras), que entienden de que se está viviendo un alto estrés en ese ámbito de las inversiones, ya no solamente claman por un “abc” en materia de reactivación económica (que parece nunca llegar); sino que se atreven a plantear la urgentísima necesidad de que, al menos, las autoridades político-económico y monetarias del país impidan que esos dineros se vayan del país, estableciendo una serie de barreras para atravesarle el caballo a esas platas, de imprescindible necesidad, en medio de la debacle fiscal cada vez más clara en el horizonte nacional.

Lamentablemente, como es ya de amplio conocimiento público, el presente Gobierno, el sector hegemónico-mediático que lo sostiene y la élite empresarial excluyente que está tomando las decisiones más estratégicas, desarrollan un preocupante autoritarismo y un verticalismo que está poniendo en peligro a la misma Democracia; generando reacciones sociales de defensa que, controladas o no, implican estallidos de indescriptibles consecuencias. Ya hubo una muestra, lamentablemente.

Además, Alvarado hace gala de una soberbia prepotente que se ha vuelto muy peligrosa, dado que desprecia ofrecimientos sustanciales de especialistas bien intencionados que procuran aportar para evitar la debacle en desarrollo.

Si la fuga de capitales que ya está cercana, no se controla a tiempo, por una parte; y, por otra, si la quiebra del Estado no se logra evitar, la llegada del bicentenario de la independencia con respecto a España, traerá dolores y tormentos inenarrables para, como siempre sucede, las mayorías populares incluyendo a los otrora vigorosos sectores de la clase media.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Luego del fracasado proceso del “buzón digital de sugerencias”, pomposa y engañosamente denominado por el desacreditado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica escucha, propone y dialoga; éste anunció otro proceso de diálogo social previamente diseñado “a su medida”, buscando algo de legitimación social a la decisión política que ya tienen tomada para someter al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La diferencia, de estilo, en esta ocasión es que han logrado involucrar al proyecto Estado de la Nación, de reconocido prestigio en la sociedad costarricense por la rigurosidad de sus análisis socioeconómicos y políticos; prestigio consolidado en la época de Miguel Gutiérrez Saxe, su gestor y primer director. Tal circunstancia puede deteriorar ese importante reconocimiento social con la decisión de su sucesor, Jorge Vargas Cullell, de prestarse a esta nueva maniobra de Alvarado en materia de diálogo social.

La ANEP considera que este proceso, sin arrancar, ya presenta serios problemas de transparencia y desconfianza en cuanto a su objetividad. Por una parte, el Estado de la Nación está bajo la autoridad del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las cinco universidades públicas. Las máximas autoridades político-académicas de las mismas fueron aliadas tácitas del gobierno PAC con ocasión de la tramitación de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018, logrando una especie de acuerdo político con Alvarado que alejó a las respectivas comunidades universitarias de la lucha popular de ese momento.

Quieren revestir de formalidad y legalidad un proceso, que de primera entrada no la tiene y parece ser que no cuenta con los respaldos necesarios, tal es el caso del apoyo en primera fila que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank para esta convocatoria a ¨diálogo nacional¨, y que no cuenta con un acuerdo de la Asamblea Legislativa, para involucrar al Primer Poder de la República.

Por otro lado, el proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el pasado 30 setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles. Desconocer la existencia, el impacto y los planteamientos de este movimiento ciudadano, surgido desde las bases de la sociedad más golpeadas por la exclusión social y económica propiciada en los últimos gobiernos, representa un grave error político.

Sobre la gravedad del tema fiscal del país, del cual el pueblo trabajador, puntual pagador de sus impuestos, no es responsable del mismo, ANEP ha venido formulando planteamientos serios a lo largo de la última década, estudiando la realidad del tema y generado propuestas, las cuales tenemos a disposición de quien nos las solicite.

Reducir el ámbito de trabajo del diálogo que mediaría el Estado de la Nación, solamente para buscar cómo se obtendrían 2 puntos de PIB de ingresos fiscales nuevos, por una parte; y, por otra, de reducir en 8 puntos PIB el problema de la deuda pública, demuestra que este proceso se utilizará, tan sólo, para legitimar al desprestigiado gobierno de Alvarado en el manejo del tema; y, a la vez, ayudarle a diseñar el nuevo contenido de una segunda proposición al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el pueblo en las calles, liderado por el Movimiento Rescate Nacional, obligó al retiro de la primera versión.

Está más que esclarecido que Alvarado no renunciará ni al convenio con el FMI ni a nuevos impuestos. Solamente ocupa una especie de legitimación social y civil. La ANEP no se prestará a la maniobra.

Tal y como nos lo está mostrando el pueblo en la calle, el gobierno cambiará de posición en la medida en que la presión popular se agigante en todas sus dimensiones.

Hacemos un llamado para potenciar la más grande articulación cívico-popular que requieren los tiempos más delicados desde que se fundara lo que la historia oficial denomina como “Segunda República”. El Movimiento Rescate Nacional, mismo que cuenta con el apoyo total de la ANEP, representa el retrato más dramático de lo que ha sido la exclusión social y económica en los últimos gobiernos; contrastándose ello con el cruel avance de la concentración de la riqueza y de la destrucción de las capas medias, otrora bastión de la estabilidad democrática.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.

Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.

Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.

Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.

Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.

Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.

Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.

Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.

Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.

Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.

No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.

Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.

Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.

Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.

Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.

Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.

Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.

Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.

Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.

Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.

No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.