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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Desde antes de la llegada oficial de la pandemia el país mostraba ya peligrosos signos del avance de conductas autoritarias, más allá de la prepotencia, como forma fundamental del ejercicio de la acción gubernativa; autoritarismo que bajo la formalidad democrática pareciera haber contaminado la toma de decisiones en temas de altísimo calibre en los diferentes poderes fundamentales del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pareciera que, lejos de amainar, el autoritarismo en tiempos del coronavirus tiende a incrementarse.

La gestión gubernativa desde los ámbitos del real poder hegemónico dominante que tira línea a los indicados tres poderes acude al autoritarismo ante el descrédito constante de la clase político-ejecutiva que da la cara a nombre de esa gestión gubernativa, dado que la legitimidad de muchas de sus decisiones, por su carácter contrario al bien común, ha venido decayendo notablemente en los últimos tiempos. Por supuesto que en el camino se han venido dando excepciones, pero no tienen mayor impacto en el viajar del autoritarismo por el tejido institucional-republicano en la toma de decisiones de potencial conflictivo en lo económico y en lo social.

Precisamente hemos venido notando que transitar la ruta del autoritarismo está encontrando un fuerte valladar, un gran obstáculo, un impensado escudo democrático: la Constitución Política todavía vigente, también conocida como Carta Magna, que entró a regir en 1949, teniendo ya 70 años de vida política activa. 

La imposición de la reelección presidencial en 2003 (precisamente para facilitarle a Óscar Arias Sánchez una segunda presidencia de la República -lo cual se dio, finalmente-) abrió ese camino del autoritarismo; camino que ha tenido varios episodios de descalificación constitucional impresionantes y que, con ocasión de la tramitación-imposición-aprobación parlamentaria de la hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635), refrendó que el autoritarismo se impuso a la construcción democrática de las relaciones político-sociales (hubo un fallo constitucional de compadre hablado, se torció el reglamento legislativo para obtener los votos diputadiles suficientes a fin de imponer tal legislación, y el propio tribunal guardián de la Carta Magna dijo que lo fiscal está por encima de lo constitucional). Luego vino la ley mordaza y la eliminación del derecho constitucional de huelga, que por cierto ha iniciado ya su proceso de litigio en el plano internacional.

Cuando creíamos haberlo visto todo nos llega el proyecto Ley Marco de Empleo Público, cargado con tales niveles de autoritarismo que sus promotores ideológico-políticos y sus redactores concretos dejan en evidencia, prácticamente en cada uno de sus articulados, un desprecio profundo por los valores que impregnaron la Constitución Política de 1949, especialmente aquellos que validaron la descentralización institucional del poder público.

Prácticamente pretenden imponernos un todopoderoso Estado central, de corte autoritario y antidemocrático, con el cuentito de regular las relaciones de empleo público; con su superministerio, el Mideplan, ya no “rector”, sino con un rango de comisario político-institucional para definir, diszque a futuro, las relaciones obrero-laborales en el seno de la Administración Pública, de toda la Administración Pública del país.

No se trata del salario único; no se trata de eliminar un plus en particular ni de las anualidades; no se trata, incluso, de derogar uno de los derechos humanos fundamentalmente reconocido, como es el de la negociación colectiva; ¡qué va! Es más profundo que todo eso junto.

Mideplan es el parlante ideológico y el megáfono político de esos sectores antidemocráticos que, bajo ese modelo del ejercicio del poder político con formas autoritarias cada vez más densas y descaradas, desean una derogatoria de facto de la Constitución Política de 1949 porque ya ésta les es evidentemente molesta e incómoda para la instauración final de la desigualdad social total y del mercado como único mecanismo de legitimación de la vida en sociedad. Es demasiado grave lo que está ocurriendo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Si antes de la aparición oficial en el país, con el primer caso reportado el 6 de marzo de 2020, de la pandemia del coronavirus covid-19, la urgencia de una profunda transformación tributaria estructural era ya imposible de eludir, ¡ahora lo es más!

Creemos que no existe en los actuales momentos un desafío político-histórico y económico-social más relevante que, de una vez por todas, asumir una beligerante y militante acción cívica en tal sentido: la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense.

Las fuerzas sindicales y sociales, así como político-partidistas que todavía están sanas, tienen una obligación moral ineludible para crear nuevas bases de sustentación sólida con la finalidad de que las generaciones venideras pueden tener acceso a las diferentes ofertas de política pública diseñadas para la inclusión social en materia de salud, de educación, de asistencia y promoción social, entre otras.

La pandemia y sus efectos perversos para la integración y para la movilidad sociales, sólo nos están mostrando que todavía podemos caer más bajo en los respectivos indicadores económico-sociales como los del desempleo (especialmente, el juvenil), de la informalidad, de la criminalidad, de la violencia, entre otros.

Prácticamente, la mayoría de la población costarricense sentimos que gracias a las herencias institucionales del mejor patrimonio de lo que, por lo general, es asumido como el Estado Social de Derecho, el país está enfrentando la pandemia en mejores condiciones que otras naciones cercanas e, incluso, supuestamente superiores en cuanto a desarrollo.

Si tales herencias institucionales del patrimonio público destinado a la promoción del bien común y de la inclusión social nos están permitiendo, como sociedad, sentirnos un poco más seguros de que el covid-19 puede ser “vencido” en suelo nacional; con más razón el reto cívico-popular y patriótico para la preservación de tales herencias institucionales ha adquirido una nueva dimensión.

Esa nueva dimensión tiene dos perspectivas que conviene precisar. Una es la de la hegemonía ideológica y político-económica dominante que se siente frustrada pues su tesis de privatización-venta de tales herencias institucionales del patrimonio público, al menos, lo mejor de la misma, no están contando ya en estos tiempos de pandemia con el mejor ambiente, si es que antes del covid-19 tenían esperanzas al respecto.

Sin embargo, no renuncian a esta parte del catecismo ideológico en tal sentido y nos recetan préstamos internacionales con cláusulas de venta de activos que debemos rechazar radicalmente; y, ponen al país contra la pared forzándole a endeudarse a niveles que podrían ser tan inmanejables como para llevarnos a las puertas del default (cesación de pagos), antesala de una declaratoria de quiebra estatal de consecuencias demoledoras para las mayorías. Uno no deja de pensar que, efectivamente, ciertas maquinaciones políticas en el averno del poder, consideran eso como una “salida” a la crisis.

La otra dimensión es la más responsable, la más sensata y la más segura: debemos actuar con base en las cuantificaciones estructurales ya oficialmente aceptadas en materia de evasión y elusión tributarias, así como en materia de exenciones y exoneraciones (incluyendo las de las zonas francas que muestras casos de “prostitución” de los objetivos macro-económicos con las cuales se promovieron en el país).

A la llegada al país de la pandemia, casi 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), están en espera de un abordaje integral por parte de ese gobierno que aún no ha llegado: el gobierno de nuevo tipo que se necesita para retar a esos poderes detrás de esos 15 puntos; poderes que, incluso, son los que han acumulado la más grande parte de los 35 mil millones de dólares que, al último día de febrero 2020, están depositados en los bancos del país y en otras entidades del sistema financiero nacional.

Esta tarea cívica de tanta trascendencia no empezará de cero. Al contrario, estudios y propuestas están a la orden del día; incluso, hasta han salido de informes de la propia Asamblea Legislativa, sin hablar de experiencias de corte sindical-social tanto en el plano interno como en el internacional. Paradójicamente y con todo el dolor que la circunstancia representa, la pandemia nos da un nuevo aire, nos aporta renovados bríos y, lo más importante, le da a la tarea de la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense un contenido ético-moral imposible de confrontar y/o de descalificar. Somos optimistas: ¡El tiempo está de nuestro lado!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Pese a las fuertes presiones provenientes de los principales sectores y vocerías de la ideología política hegemónicamente dominante, la del neoliberalismo excluyente y depredador, el Presidente Alvarado firmó la ley que saca a las municipalidades del país de la regla fiscal; expediente legislativo No. 21.922 que recibió una votación más que suficiente como para haber garantizado un resello si el veto exigido por tales sectores y vocerías se hubiera dado.

La regla fiscal es considerada uno de los dogmas fundamentales de la ideología neoliberal del mercado totalizante; y, valga la acotación, la aplicación de la regla fiscal con sus programas de austeridad rigurosamente presupuestaria, encontró a muchos sistemas sanitarios totalmente en ruinas al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19, como se está constatando en varios países del mundo, generándose así miles de personas muertas.

El asunto central es que a pocas horas de la votación de segundo debate de dicho expediente el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, le mandó una carta, más que abierta, al Presidente Alvarado, solicitando la interposición del veto a dicha legislación, acabadita de salir del horno, empleando él la instantaneidad de la comunicación digital de hoy en día, la de las redes sociales, para que todo el mundo supiera de su inconformidad con la aprobación de tal ley y, por ende, su tácita exigencia de interposición del veto presidencial.

Tal acción evidenció que en cuanto a lealtades la prioridad del ministro Robles no era hacia el mandatario; sino hacia esos sectores político-económicos y mediáticos, guardianes ideológicos del neoliberalismo de la regla fiscal.

Tenemos entendido de que lo usual y lo correcto es que la inconformidad de un ministro de Estado para con una ley ya aprobada en el parlamento, es discutirlo en privado antes de dar a conocer a la opinión pública la decisión oficial del Poder Ejecutivo si el veto se interpondrá.

Es evidente que la ley aprobada derivada del expediente 21.922 contó con una fortaleza política que el Presidente no podía desconocer pues, como nunca antes, toda la comunidad municipal nacional respaldó tal iniciativa defendida fuertemente por la ANEP. Ya desde antes de la aprobación del combo fiscal, hoy Ley de la República 9635, estuvimos denunciando que esta legislación violentaba la autonomía constitucional del régimen municipal, lo cual, por cierto, continúa debatiéndose todavía en sede judicial-constitucional.

Lo cierto del caso es que, por segunda vez, el Ministro Robles recibió una segunda desautorización política en el corto período de dos meses, de parte de su jefatura superior, el Presidente de la República; al menos, de parte de la autoridad política formal, puesto que para este señor su lealtad real está en otro lado, como apuntamos líneas arriba.

Nos preguntamos: si el cargo de Ministro de Hacienda viene siendo el más importante desde el punto de vista de la ideología dominante: la del fundamentalismo del mercado neoliberal; si el señor Robles es un cuadro tecnocrático de uno de los pilares de tal ideología en el plano internacional como lo es el Banco Mundial; y, si es la segunda vez que es la propia autoridad presidencial de la República la que le serrucha el piso (la primera fue cuando propuso un impuesto a los salarios que, al instante, explosionó las redes sociales en contra y el mandatario tuvo que salir a desautorizarlo, de manera inmediata); repetimos, nos preguntamos: ¿no es lo lógico que se vaya, que renuncie, que deje el cargo?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Pésimo momento escogió el Gobierno para poner en la Asamblea Legislativa a discutir su propia versión de un proyecto de empleo público, en momentos en los cuales el país está conmovido por la crisis de salud, social y económica que representa la pandemia del coronavirus Covid-19 en suelo nacional.

Evidentemente los entretelones palaciegos mediante comunicaciones entre Casa Presidencial, Cuesta de Moras y las vocerías del sindicalismo empresaurial están mediando en todo esto; de suerte que, de entrada, el proyecto y su propio proceso de gestación adolece de un gran problema: ausencia de transparencia.

Hay demasiados aspectos para abordar y destacar en torno a esta nueva fase del retorno del tema del empleo público a titulares de primera plana. Y, precisamente, es ese tema de la transparencia, más bien, de la ausencia de transparencia, lo que queremos resaltar en esta oportunidad. 

Para empezar, la propia jerarca política máxima de Mideplan no está diciendo toda la verdad en cuanto a la supuesta consulta a sectores para llegar a la redacción del proyecto presentado a la opinión pública, en conferencia de prensa gubernamental, este pasado lunes 18 de mayo.

Hace un año la emplazamos, mediando documentación oficial que canalizamos por los medios de rigor, para que nos diera copia de las minutas elaboradas a partir de reuniones con personas que, presuntamente, eran dirigentes sindicales, de unas “conversaciones” sobre el tema del empleo público. Nos respondió que no existían, aunque esos encuentros se habían dado. En una segunda comunicación ante tal respuesta, le pedimos que, al menos, nos diera la lista, el registro de asistencia, de esas personas representantes sindicales y, ¡oh sorpresa!, tampoco se llevaron registros. Tenemos los documentos que respaldan lo anterior y que pueden localizarse en www.anep.cr.

Es decir, aquí pudieron pasar una de las dos siguientes situaciones: a) que la ministra Pilar Garrido Gonzalo se reunió con “fantasmas” y/o ella se inventó que hubo negociaciones-conversaciones sobre el proyecto de empleo público con personas dirigentes sindicales. b) Que ella se “complotó” con esas presuntas representaciones sindicales para que no quedara registro alguno de sus encuentros que definirían, de manera clandestinamente compartida, la suerte de miles de personas trabajadoras del sector público de aquí a la eternidad.

Como vemos, hay aquí, de entrada, un grave problema de transparencia que se subsanaría, aunque fuera de manera torpe, si la ministra Garrido Gonzalo se atreviera a dar una declaración pública indicando que ella se reunió con fulano y con zutana, quienes le habrían “bendecido”, desde el plano laboral-sindical, el proyecto gubernativo de empleo público. Evidentemente, no lo hará.

Un segundo problema de transparencia en este delicado asunto tiene que ver con lo que en corrillos legislativos se está afirmando, en secreto a voces, de que hay negociaciones subterráneas y oscuras en el intercambio de votos diputadiles: se le da al gobierno de Alvarado Quesada la aprobación de los créditos internacionales que hacen fila en la agenda la legislativa a cambio de que este enviara el ya contaminado proyecto de empleo público que fue lo que hizo este pasado lunes 18. 

El dedo acusador se dirige, especialmente, a las figuras neoliberales más prominentes de la fracción parlamentaria liberacionista, especialmente a su “cerebro intelectual”, Carlos Ricardo Benavides Jiménez. El PLN neoliberal se siente gobierno a partir del 2022 y desea que le limpien la cancha: librarse de la brasa caliente del empleo público, al que tanto ha golpeado en los últimos años; y, además, jugar con un supuesto control del problema fiscal del país a costa del hoy también neoliberal PAC. “En medio”, la Unidad, “agazapada” cree que saldría bien librada del calamitoso crecimiento del descrédito ciudadano ante la inconsecuencia filosófica-ideológica de sus principios fundacionales; algo en lo que compite con el PLN y con PAC. Seguiremos con el tema la próxima semana.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Imposible es aceptar que el tema del empleo público se aborde sin conectarlo con las cuestiones relativas al sistema tributario y el endeudamiento público del país.

Hasta la saciedad nos hemos encargado de demostrar que no hay relación alguna entre el déficit fiscal y empleo público. Pero sí hay relación estratégica entre el déficit fiscal, el sistema tributario y la deuda pública.

Ni los más fanáticos y extremistas ideológicos, del neoliberalismo fiscalista tienen cómo justificar que este país tenga 8.5 puntos PIB de evasión-elusión tributaria; como tampoco resulta defendible, 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones.

Estas dos situaciones son suficientes para explicarnos las razones por las cuales hay grandes capitales depositados en la banca comercial del país, en moneda extranjera (dólares), capitales cercanos a una cifra tan gigantesca como los 35.000.000.000 de dólares.

Esto lo sabe muy bien el gobierno de Alvarado Quesada. También lo tuvieron siempre claro los gobiernos Solís Rivera, Chinchilla Miranda y los otros que les antecedieron.

De la misma manera, el endeudamiento público del país, creciente, insostenible y “catastrófico”, tiene los mismos orígenes: un sistema tributario perversamente injusto, una acumulación de capital realmente obscena y una clase empresaurial que ha hecho clavos de oro a través de sus negocios con la Administración Pública.

La cuestión del empleo público no ha podido ser debatida de cara a la sociedad con total libertad, necesaria trasparencia y total integralidad. La campaña ideológico-mediática de los últimos tiempos en contra del empleo público durante los últimos años, así lo ha impedido. Consta para la historia nuestra denuncia sistemática y multifacética en tal sentido.

Pero un nuevo factor entró en el escenario de la cuestión del empleo público, que es la respuesta de las instituciones estatales, al desafío de salud que está presentando la pandemia; reto mayúsculo que está pasando a los ámbitos social y económico, con consecuencias desastrosas cuya magnitud están por verse a plenitud. Entonces, nos preguntamos: ¿Queremos seguir como sociedad precarizando el empleo público todavía más de lo que se ha venido haciendo por parte del sistema gobernante inter-partidos? ¿Queremos tener técnicos y profesionales en el empleo público con una cualificación salarial que desconozca los años de fuerte esfuerzo educativo individual universitario y parauniversitario?

Adicionalmente, ¿cuál es la valoración que ya debería estarse haciendo de los roces constitucionales, de las inobservancias jurisprudenciales e incluso, de normativa jurídica internacional para justificar la existencia, de dos personas empleadas públicas, ubicadas ambas en la misma unidad laboral y realizando las dos idénticas laborales; pero, con regímenes jurídico-laborales radicalmente diferentes?

Definitivamente, no cuenten con nosotros ni con nosotras para abordar el tema del empleo público, sino es bajo una integralidad como la que aquí hemos desarrollado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A partir de datos oficiales provenientes del Banco Central de Costa Rica (BCCR), información solicitada en su momento por la ANEP (oficio No. GER-0337-2018, fechado 14 de diciembre de 2018, firmado por el señor Eduardo Prado Zúñiga, Gerente del BCCR), sacamos la conclusión de que en el período comprendido que va del 1 de enero de 2011 al 30 de setiembre de 2018 (93 meses, en total), la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), creció, en promedio mensual, a razón de 160 millones 65 mil dólares (160.065.000).

¿Por qué afirmamos lo anterior? El BCCR nos indica que, al 31 de diciembre de 2010, los depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), estaban en 17.933 millones 900 mil dólares. Y, 93 meses después, al 30 de setiembre de 2018, la cantidad por tal rubro era de 32 mil 820 millones de dólares.

Esos 93 meses (31 diciembre 2010 – 30 setiembre 2018), siete años y nueve meses, representaron, por tanto, un aumento de 14 mil 886 millones 100 mil dólares (14.886.100.000), de más, en poder de las entidades públicas y privadas del sistema financiero-bancario del país.

Tal cantidad, 14 mil 886 millones 100 mil dólares, dividida entre esos 93 meses (siete años y nueve meses), nos da el promedio mensual de 160 millones 65 mil dólares (160.065.000)

Si lo pasamos a colones, en ese período de 93 meses (1 de enero de 2011 a 30 de setiembre de 2018), la cantidad se torna impresionantemente grande: 8 billones 485 mil 77 millones de colones (8.485.077.000.000).

Son números de locura. Si hablamos en moneda nacional, tenemos que cada uno de esos 93 meses representó un incremento, promedio, de 91 mil 237 millones de colones, cada (91.237.000.000), cada 30 días.

Sigamos y, de seguro, enredándonos más. Partamos del dato de que durante los 93 meses indicados (1 de enero 2010 – 30 de setiembre de 2018), el promedio de crecimiento de los depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), fue de 160 millones mil dólares (160.065.000), por mes.

Tomemos ese promedio,160.065.000 millones de dólares y multipliquémoslo por el número de meses comprendido entre el lapso de tiempo del 1 de octubre 2018 al 29 de febrero de 2020: un total de 17 meses. Entonces, 2 mil 721 millones, 105 mil dólares (2.721.205.000).

¿Por qué al 29 de febrero de 2020? Porque fue el cierre de mes antes de la llegada oficial de la pandemia del coronavirus covid-19 al país, señalada como el 6 de marzo siguiente.

¡Continuemos complicándonos! A los 32 mil 820 millones de dólares que había en depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), al 30 de setiembre de 2018 (informe oficial del BCCR dirigido a la ANEP); le agregamos 2 mil 721 millones, 105 mil dólares (2.721.205.000), del período que va del 1 de octubre del 2018 al 29 de febrero de 2020 (17 meses), para así tener un gran total de 35 mil 541 millones 105 mil dólares (35.541.105.000).

Ese gran total de 35 mil 541 millones 105 mil dólares (35.541.105.000), traducido a nuestra moneda nacional representa la inimaginable e incomprensible cantidad de 20 billones 258 mil 429 millones 850 mil colones; que sería la suma total de los depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados) al 29 de febrero de 2020.

El período explicado de tantos y tantos millones de dólares y de colones en poder de las entidades financieras del Sistema Bancario Nacional, arrancó, a partir del 31 de diciembre de 2010, con la suma de 17 mil 933 millones 900 mil dólares (10 billones 222 mil 323 millones de colones: 10.222.323.000.000); para transformarse en 35 mil 541 millones 105 mil dólares: 35.541.105.000 (20 billones 258 mil 429 millones 850 mil colones), al 29 de febrero de 2020, en un período de 110 meses (poco más de 9 años). Ese capital bancario, en consecuencia, aumentó en un 50.45% en ese período.

¿Cuáles son esos 110 meses?: 40 meses de la Administración Chinchilla Miranda, 48 meses de la de Solís Rivera y 22 de la actual Alvarado Quesada.

Esos 35.5 billones de colones que podrían constituir suma total de los depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), al 29 de febrero de 2020; alcanzaría para pagar la totalidad de la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), misma que anda en los 2 billones de colones. También alcanzaría para financiar el tren eléctrico cuyo costo actual es de unos 883 mil 500 millones de colones (que no es 1 billón de colones).

Tampoco habría necesidad de que se contrajesen créditos externos en condiciones desfavorables para el país, como los que se vienen mencionando para endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y otras entidades financieras globales y continentales.

La deuda de los productores agrícolas y agropecuarios nacionales (cuya lucha merece el más grande apoyo ciudadano), con el sistema bancario-financiero del país, apenas está representando un 0.084 centésimas de los 35.5 billones de colones que habría a la llegada de la pandemia depositados en el mismo.

¿Y cómo fue que hemos llegado a esto? Es muy profundo y tiene que ver con la matriz político-ideológica fundamental del neoliberalismo, centrada en la reproducción del capital financiero-bancario a costa de lo que sea. Entender esto nos ayudará, muy apropiadamente, a comprender la naturaleza perversa del actual modelo económico que nos han impuesto a nivel-país por parte de los gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

EMPRESAURIO: Se trata de un nuevo vocablo o palabra (neologismo) producto de la fusión (acronimia) de las palabras EMPRESARIO y DINOSAURIO. El concepto está en construcción: 

Dícese de una persona empresaria (por lo general, del sexo masculino), sumamente adinerada, de negocios multimillonarios, con conexiones políticas al más alto nivel (a veces, son co-gobernantes, de facto), de dudosa reputación tributaria, declarante de “cero” ganancias y/o “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal. Rabiosamente antisindical y de tendencia totalitaria. Usuario de paraísos fiscales. Hizo gran parte de su capital al amparo del Estado mediante exenciones-exoneraciones. No pocas veces es beneficiario de amnistías tributarias y de incentivos fiscales de diversa naturaleza, otorgados por el Estado que tanto odia, paradójicamente. También gana, repetidamente, licitaciones públicas nada despreciables en cuanto a rentabilidad corporativa. Disfruta y abusa del secreto bancario y de la figura jurídica de las sociedades anónimas. El empresaurio puede presentar o reunir todas estas características o algunas de ellas.

Gran parte de los intereses del empresauriado nacional está aglutinado en sindicatos patronales, conocidos como cámaras y hasta una unión de las mismas tienen. 

El empresauriado tiene a su servicio un conjunto de personas para que escriban sobre la visión de mundo que tienen: la de la concentración de la riqueza, la de la desigualdad, la de la promoción del odio de clase, especialmente en contra de quienes trabajan en el sector público. 

Somos conscientes de que el empresauriado (conjunto de empresaurios), no es representativo genuino de la clase empresarial del país. Si bien es cierto los empresaurios ejercen, lamentablemente, un gran poder en el seno de los últimos gobiernos cuyos presidentes les han tenido miedo (incluido el actual); lo real es que la clase empresarial del país ha estado compuesta por emprendimientos corporativos micro-pequeños y medianos, cumplidores cabales de sus responsabilidades patronales para con la Seguridad Social y atentos a observar las obligaciones tributarias que las leyes les han impuesto. Sin embargo, no tienen gran peso político. 

Por otra parte, se tiene conocimiento de que existen corporaciones privadas, empresas, de tamaño económico relevante que honran, también, sus responsabilidades sociales, tributarias y fiscales. 

Las generalizaciones son odiosas y conducen a que se cometan injusticias, muchas veces sumamente graves. Es necesario que en el análisis de la actual composición de fuerzas y de sectores en la sociedad costarricense, los sindicatos hagamos una consistente distinción cuando nos referimos al sector empresarial del país, remarcando la existencia del empresauriado.

Es mejor, por ejemplo, empezar a hablar del empresauriado evasor fiscal, del empresauriado que le roba a la Seguridad Social, del empresauriado que subdeclara y comete defraudación aduanera, del empresauriado que lleva dos contabilidades. Así les diferenciamos con relación al empresariado honesto.

Con ocasión de la lucha cívico-patriótica que el pueblo costarricense libró en contra del tratado de “libre” comercio (TLC) con Estados Unidos, dos prestigiosos intelectuales y académicos costarricenses, Mauricio Castro Méndez y Juliana Martínez Franzoni, elaboraron un estudio denominado El TLC y el empleo en Costa Rica, del cual se destacó el dato de que poco más del 90% del parque productivo nacional estaba constituido por micro-pequeñas y medianas empresas. 

Al momento actual y a la llegada de la pandemia tal situación se mantenía. Lamentablemente, las micro-pequeñas y medianas empresas han sido muy golpeadas por el Covid-19 y es hacia las mismas que debe centrarse toda la política pública de emergencia y de salvamento económico-financiero para ellas; a pesar de que los grandes intereses del empresauriado lo ha venido impidiendo. 

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General

DATO 1: 32 mil 820 millones de dólares (32.820.000.000), al 30 de setiembre de 2018, era la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares). En colones y al tipo de cambio actual (570.oo colones, más o menos). Equivale 18 billones 707 mil 400 millones (18.707.400.000.000).

DATO 2: Al 31 de diciembre de 2010, y por las mismas razones, las cifras eran: 17 mil 933 millones 900 mil dólares (17.933.900.000). En colones: 10 billones 222 mil 323 millones (10.222.323.000.000).

DATO 3: Información oficial suministrada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), oficio No. GER-0337-2018, fechado 14 de diciembre de 2018, firmado por el señor Eduardo Prado Zúñiga, Gerente del BCCR, quien respondió solicitud oficial de la ANEP pidiendo la información contenida en los datos 1 y 2, entre otras cuestiones.

DATO 4: Del mes de enero de 2011 al mes de setiembre de 2018, transcurrieron 7 años y 9 meses (93 meses en total). En ese lapso, la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), pasó de 17 mil 933 millones 900 mil dólares (17.933.900.000), a 32 mil 820 millones de dólares (32.820.000.000). O sea, hubo un crecimiento bruto de 14 mil 886 millones 100 mil dólares, en esos 93 meses (7 años y 9 meses): ¡un 83%!

DATO 5: Ese crecimiento de 83% en el indicado lapso, pasado a colones nos indica lo siguiente: de 10 billones 222 mil 323 millones (10.222.323.000.000), a 18 billones 707 mil 400 millones (18.707.400.000.000); un salto de 8 billones 485 mil 77 millones de colones (8.485.077.000.000).

DATO 6: A partir de ahora, los datos son producción nuestra pues la información del BCCR indicaba, como máxima fecha, 30 de setiembre de 2018. Como el crecimiento de la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), creció del 31 de diciembre del 2010 al 30 de setiembre de 2018 (93 meses), en 14 mil 886 millones 100 mil dólares; podemos hablar de un promedio mensual de crecimiento de unos 160 millones 65 mil 591 dólares, por cada uno de esos 93 meses.

DATO 7: A partir del 1 de octubre de 2018 y hasta el 29 de febrero de 2020, transcurrieron 17 meses (recordemos que los datos oficiales del BCCR llegan hasta el 30 de setiembre de 2018); aplicando el promedio mensual de crecimiento en el indicado rubro, 160.065.591 millones de dólares (31 dic. 2010- 30 set. 2018), tendríamos que la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), habría crecido en esos 17 meses (1 oct. 2018-29 feb. 2020), en 2 mil 721 millones 115 mil 47 dólares (2.721.115.047).

DATO 8: Si esta cifra de crecimiento en el indicado período de 17 meses a partir del 1 de octubre de 2018 y hasta el 29 de febrero de 2020, de 2 mil 721 millones 115 mil 47 dólares, la agregamos al dato oficial que nos dio el BCCR, al 30 de setiembre de 2018 (32 mil 820 millones de dólares); tendríamos que decir que a la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), ascendía a 35 mil 541 millones 115 mil 47 dólares: 35.541.115.047.

DATO 9: Hablamos entonces, en moneda nacional, colones, de 20 billones 258 mil 435 millones 576 mil 790 colones: 20.258.435.576.790. Redondeemos: 20.5 BILLONES DE COLONES habría en estos momentos depositados en las instituciones financieras del Sistema Bancario Nacional (públicas y privadas).

DATO 10: La magnitud de estos números bancario financieros es tan impresionante que podemos calibrarla con estas dos informaciones. La deuda total del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es de 2 billones de colones; o sea, apenas un 10% de la plata que tiene el sistema financiero-bancario del país. O sea, se podría pagar el 100% de dicha deuda. Y quedarían 18 billones de colones. Por supuesto que esto es una ficción que mencionamos para dimensionar de qué clase de acumulación de capital ha estado ocurriendo en el país; indicador indiscutible de la desigualdad que amenaza al mismo sistema democrático.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Hoy tenemos la capacidad técnica y de análisis de datos para identificar a todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso. Esto hace técnicamente posible eliminar la pobreza en Costa Rica, mediante el adecuado direccionamiento de los recursos”. “Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”.

Las palabras y frases entrecomilladas fueron pronunciadas por Carlos Alvarado Quesada cuando este lunes 4 de mayo se apersonó ante el plenario de la Asamblea Legislativa para cumplir el requisito constitucional de dar un informe de labores de su gestión a la cabeza del Poder Ejecutivo, al cumplirse el segundo año de su mandato. Para nosotros eso fue “lo más interesante” de la perorata presidencial que escuchamos y que pasamos a comentar.

Por una parte podríamos afirmar que Alvarado Quesada mandó un aviso de cara a las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero del 2022: “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso”, ya están plenamente identificadas. Es decir, con la extraordinaria rapidez y velocidad tecnológico-digital para usar y mover toda clase de datos que existe actualmente no hay nada que garantice que la información de “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso” ya esté fuera de las instituciones estatales encargadas de la atención de estas miles de personas, votantes potenciales que, como sabemos, pueden hacer ganar una elección; es más, así lo han demostrado.

Alvarado Quesada se ufana y hace alarde de que hoy poseen “la capacidad técnica y de análisis de datos”, tanto como pueden ser requeridos en una estrategia de campaña electoral y considerando lo que pasó con la UPAD, políticamente muy “olvidada” por estos días de pandemia, hay que pensar en que la información de “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso” podría ya estar en manos del partido gobiernista y/o de la coalición partidista de facto que acompaña la actual gestión gubernativa.

No es cualquier cantidad de votantes en perspectiva: al menos 2 millones de personas la podrían estar pasando ya mal en este país, que antes de la pandemia ya mostraba una alta concentración de riqueza y de desigualdad.

“Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”, es el otro dicho presidencial que más nos llamó la atención. Se trata del decir más indignante y demagógico de la retórica pronunciado por Alvarado Quesada el 4 de mayo. Legítimas lágrimas de cocodrilo. Imposible calificarlas de otra forma.

Es totalmente falso que no haya hoy en día espacio fiscal para combatir la pobreza, ahora duplicada con la llegada de la pandemia del Covid-19. Realmente es repudiable que la máxima autoridad político-ejecutiva del país diga semejante ignominia en contra de los miles y miles de compatriotas que vienen sufriendo las consecuencias directas de unas políticas económicas macrofiscales y tributarias impuestas deliberadamente para propiciar la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, la exclusión económica pura y dura.

Alvarado Quesada sí sabe que hay espacio fiscal de sobra para aliviar el sufrimiento, la angustia, la ansiedad y el dolor que se sufre en los hogares de los y las de abajo y en hogares de los y las de en medio; porque hay que ser enfáticos en que el gobierno del tripartidismo PAC y el turequismo afín golpearon durísimo a las capas medias con el combo fiscal-Ley 9635, impuesto con triquiñuelas mediático-constitucionales, especialmente con el impuesto al valor agregado (IVA).

Alvarado Quesada y su política económica hicieron más grande el espacio fiscal para los que ya de por sí lo tenían en demasía con ese 8% del PIB en evasión-elusión fiscal-tributaria y con ese 6% del PIB en las escandalosas exenciones-exoneraciones, sin hablar de las fortunas que gravitan por la política nacional producto del negocio sucio del crimen organizado y el narcotráfico.

¡Lágrimas de cocodrilo! exhibió Alvarado Quesada en la Asamblea Legislativa, puesto que él bien sabe, no es un ignorante, tiene a su disposición el insumo profesional adecuado para abrir un real espacio fiscal a fin de aminorar, aunque sea un poco, el real dolor de esos miles de compatriotas hoy duramente castigados, doblemente castigados, por las consecuencias económico-sociales de la pandemia del coronavirus Covid-19; pero que ya la estaban pasando muy feo gracias al espacio fiscal del que disfrutan los sectores económicamente poderosos, a los cuales Alvarado Quesada se entregó cuando traicionó a los miles de votantes, especialmente de los sectores medios, que le creyeron su perorata de campaña electoral. 

Realmente indigna y enoja el cinismo político de una frase hueca, tan sarcásticamente vil como “Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”. ¡Legítimas lágrimas de cocodrilo!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!

Salvar a la Caja, garantizarle su sostenibilidad financiera futura, tanto en lo inmediato como en el mediano y largo plazo, debe convertirse en la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); sin dejar de lado la urgencia fundamental de que tengamos en el país otro sistema tributario.

Se debe atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense; deuda cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de 1 billón 900 mil millones de colones… hasta este momento. En cifras así: 1.900.000.000.000.

Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará 703 mil 950 millones de colones (703.950.000.000), por los 73 kilómetros que, en un inicio, se dijo que era el valor de construirlos. Prácticamente, 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es un promedio de 9 mil 643 millones de colones por km. (9.643.000.000).

Se indica, ahora, que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a 855 mil millones de colones (885.000.000.000).

Pasar de un costo total de 703 mil 950 millones por 74 km. a 855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de 151 mil 050 millones de colones por esos 11 km. adicionales (151.050.000.000); es decir, 13.731 millones de colones por cada uno de esos 11 km. adicionales (13.731.000.000). Algo no nos calza aquí…

Nótese que los 73 km iniciales salían a un promedio de 9.643 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?

Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de 1 billón 900 mil millones de colones, los 855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50% de esa deuda; para ser exactos, un 45%.

Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que prestará al Estado los 550 millones de dólares para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja, bajándola significativamente.

Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad (tren eléctrico y un buen abono a la deuda del Gobierno con la CCSS), considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales en poder del Banco Central de Costa Rica (BCCR); reservas que superan los 8 mil millones de dólares. Apenas un 6.8% representan esos 550 millones de dólares que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.

Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares, en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que golpeaban la Democracia misma antes de la llegada del covid-19.

Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie profesional o técnica que ya han entrado en escena cuando suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario denunciar si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, esto del tren eléctrico para construirse desde ahora ya una plataforma personal. En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. La vehemencia con que ya empezó a ser defendido este proyecto por parte de la prensa oligárquica, es motivo más que suficiente para desconfiar la naturaleza del negocio que se pretende imponer a la gente.