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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hace un año y por estas fechas escribimos el pensamiento siguiente. Hoy, en vísperas de la conmemoración obrera más relevante del planeta, la cual en este 2020, tiene la circunstancia dolorosa de la pandemia del coronavirus covid-19, sentimos la gran necesidad de reiterar nuestro escrito del año pasado.

El PRIMERO DE MAYO debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. En el caso costarricense, el PRIMERO DE MAYO implica dos conmemoraciones, un doble significado. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.

PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN OBRERA DE ALCANCE MUNDIAL. Hace 107 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas. La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.

En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.

Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados. Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.

Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.

La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden. La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer primero de mayo en nuestro país.

A nivel internacional, fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del primero de mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.

Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.

PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN PATRIÓTICA CÍVICO-NACIONALISTA. Ahora hablemos de la otra conmemoración del PRIMERO DE MAYO, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista. Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.

En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.

Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.

El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria, se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.

Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.

Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.

Hoy en día, a 163 años de la rendición de William Walker, son muchísimas las personas compatriotas para las cuales este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.

Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido. Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria.

Como vemos, el PRIMERO DE MAYO nos convoca por partida doble.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

6 mil 300 millones de colones diarios (en cifras así: ¢6.300.000.000) es el negociazo de los intereses por usura en las diversas entidades banquero-financieras y comerciales financieras que prestan plata y/o venden a crédito. 

“Mociones irrelevantes retrasan proyecto usura” es el titular de la información periodística de este pasado lunes 20 de abril, publicada en DIARIO EXTRA (página 15), el medio escrito más popular, vendido y leído de nuestro país; nota de prensa de la cual sacamos el dato que la acabamos de citar, cifras para el año 2018, según estimaciones (nos dice dicha información)“…de la Academia de Centroamérica, el Estado de la Nación y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)”. En sus respectivos ámbitos y considerando la naturaleza de sus quehaceres, las tres entidades mencionadas son muy serias. 

Para ese año 2018, los intereses de usura en las entidades comerciales sumaron 2.3 billones de colones, los cuales, divididos entre los 365 días del año, arrojan el impresionante y espeluznante dato de 6 mil 300 millones de colones diarios que se ganan reducidísimos grupos económico-financieros cobrando tasas de usura que, en algunos casos, llegan hasta el 90%. 

Imaginamos que para el 2019 las cifras deben andar parecidas, lo cual nos indica que a estos grupos la pandemia del coronavirus Covid-19 les cogió con plata acumulada en cantidades inconmensurablemente altísimas. 

Traemos el tema a propósito de un proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario, Expediente Legislativo No. 20.861, con el cual se pretende ponerle un límite, aunque sea modesto, al cobro de intereses por el uso de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y financieros, casas de empeño y similares; de modo tal que la escandalosa usura quede en un límite máximo de 39% para créditos en colones y de 31% en dólares.

Sin embargo, con estas cifras la usura no dejará de serlo, quedando mucho camino por recorrer pues sus beneficiarios directos seguirán siendo multimillonarios y la acumulación de riqueza que han logrado, sigue siendo un elemento central de una sociedad tan desigualdad como la costarricense de hoy, más todavía con los efectos económico-sociales producto de la indicada enfermedad viral.

En realidad, las cifras por cobro de intereses, ya desagregadas en diferentes actividades de crédito, son difíciles de creer. Vean estas barbaridades realmente obscenas.

Se nos dice que los bancos cobraron en ese año 2018, vía tarjetas de crédito, a un promedio de 49%, 638 mil millones de colones; es decir, casi mil 750 millones al día. ¡Sí!, 1.750.000.000 diarios.

En el caso de las casas de empeño y de algunos bufetes, la usura andaba en un promedio del 90% para ese año 2018, logrando sus prestamistas atesorar unos 610 mil millones de colones; es decir, unos mil 670 millones de colones cada 24 horas: 1.670.000.000 diarios.

Si nos vamos al negocio de la compra a plazos del negocio de electrodomésticos, con tasas de usura, en promedio, del 60%, la ganancia por cobro de intereses ascendió, en ese año 2018, a 883 mil millones de colones; lo que es lo mismo que decir, poco más de 2 mil 400 millones de colones cada 24 horas: 2.400.000.000 diarios.

Y este nivel de ganancias seguirá por varios años más puesto que el proyecto de ley 20.861 no es retroactivo; es decir, todos los negocios pactados con esos altísimos niveles de tasas de usura se tendrán que honrar; es decir, que los banqueros-financistas, los dueños de casas de empeño y de ventas de electrodomésticos podrán seguir acumulando riqueza por el orden de los más de 6 mil millones de colones mensuales; o bien, superando los dos billones de colones anuales. 

El proyecto de ley indicado, 20.861, es como darle un pellizco a un mastodonte; mastodonte financiero-bancario que tiene un excesivo poder real en nuestra sociedad al punto de que muchos políticos le tienen miedo y/o reciben dádivas de parte de tales grupos para que les cuiden sus negocios. 

Inspirados en este pensamiento del papa Francisco, pronunciado durante una audiencia, precisamente, en ese año 2018, es que hemos admitido, públicamente, que tal proyecto debe aprobarse, con todas esas limitaciones y aunque un 39% de tope máximo de cobro de intereses por préstamos y/u operaciones financieras similares, sigue siendo usura. 

Digamos que se abrió el camino y habrá que transitarlo con reales ofensivas político-populares ahora que las derivaciones de la pandemia del coronavirus Covid-19, estarían abriendo nuevos senderos para la acción liberadora de los pueblos. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con el mayor respeto nos atrevemos a recomendarle, ya sea que usted simpatice o no, con nuestras causas sociales, una lectura al documento que hemos denominado La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del covid-19 en el país – “Una propuesta desde la otra acera”; el cual representa un esfuerzo combinado de generación de propuesta propias y de compilación de otras a fin de que nuestra sociedad tuviera un abanico de posibilidades, una especie de plan integral, para hacerle frente a las duras consecuencias sociales y económicas que se derivan del padecimiento colectivo que como país estamos enfrentando producto de la pandemia mundial del coronavirus covid-19.

Como el nombre oficial del documento es algo largo, nosotros preferimos usar la frase “Una propuesta desde la otra acera” para identificarle y simplificar la alusión al mismo cuando se requiera.

En su elaboración-compilación partimos, por un lado, de que la llegada de tal enfermedad tomó a la sociedad costarricense (entre otras características), entrampada en un escenario de desigualdad, sistemática y creciente; de alto desempleo e informalidad, con una clase trabajadora asalariada altamente endeudada; con micro-pequeñas y medianas empresas en proceso de extinción producto de la ley del IVA-combo fiscal; alto déficit fiscal y un sistema tributario en condición calamitosa pero altamente beneficiosa para grupos económico-financieros de gran poder.

Por otra parte, la pandemia del covid-19 llega en un momento en el cual el Gobierno de la República, matriculado ideológicamente con ese modelo económico de tantos resultados negativos como los apuntados en el párrafo anterior; no muestra un plan integral, con inclusión social y económica, para hacerle frente a la nueva realidad que tenemos en el país; opinión ésta compartida por muchas personas especialistas y estudiosas del actual devenir del país.

“Una propuesta desde la otra acera” tiene 5 apartados centrales denominados medidas: 1) para aportar liquidez financiera a la institucionalidad del Estado; 2) para fortalecer el sistema tributario; 3) para el apoyo económico de quienes sufren la crisis; 4) para el rescate con inclusión social y productiva; 5) para atender brechas y sectores vulnerabilizados.

Tales 5 apartados centrales denominados medidas, a su vez, expresan un conjunto de 31 propuestas que, según nuestra visión de la sociedad a la cual aspiramos, expresan intencionalidades sanas de que enfrentemos la especial coyuntura con real justicia social y económica.

Otro detalle relevante de “Una propuesta desde la otra acera” es que contiene algunas ideas y planteamientos de varios costarricenses que han venido formulando sus criterios, muy documentados y autorizados, con relación a los desatinos políticos y socioeconómicos que tienen a Costa Rica postrada en cuanto a estos delicados temas de la inclusión social, de la promoción del bien común y de la reactivación económica para el mercado interno; asuntos éstos que, como se está notando ya, van a una agudización que podría generar conmociones sociales que nadie desea.

De los distinguidos ciudadanos Claudio Alpízar Otoya, Jaime Ordóñez Chacón, José María Villalta Flórez-Estrada, Luis Paulino Vargas Solís, Olman Segura Bonilla, Pablo Barahona Kruger, Welmer Ramos González, William Hayden Quintero, se tomaron algunas brillantes ideas, compilándose las mismas -como ya indicamos-, para hacer de “Una propuesta desde la otra acera”, un esfuerzo de propuesta desde sectores sociales con mayor solidez intelectual.

Tenemos noción certera de que “Una propuesta desde la otra acera” debe tener una fuerte base social que le dé sustento, tanto integralmente como parcial y sectorialmente según las 31 propuestas delimitan ámbitos de cobertura y/o de aplicación.

También, al igual que otros ejercicios de propuesta salidos desde los sectores sociales, en su amplia diversidad, no podrán materializarse hacia una transformación social más que urgente y necesaria hoy, si no se da el surgimiento de algo así como “la otra política”; es decir, la aglutinación de esfuerzos coordinados de todos cuantos, de un modo u otro (y particularmente, a partir de la pandemia), venimos siendo expoliados y excluidos por una minoría plutocrática que se hizo del control de la institucionalidad republicana para operacionalizarla en su propio provecho, que no es ni el del bien común ni el de la inclusión social y económica.

La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La semana pasada leímos en prensa, como una noticia destacada de primera plana, que el “sector privado aportará camas de cuidados intensivos ante coronavirus”, comunicando a la opinión pública que varias empresas privadas del negocio con la salud de las personas dejaron ver su intención de “ponerse a las órdenes” de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el caso de que la pandemia del coronavirus Covid-19 desbordara las capacidades de atención de la medicina pública, especialmente en las denominadas UCI: unidades de cuidados intensivos; punto este más que neurálgico y estratégico para atender a las personas gravemente enfermas producto del nuevo mal.

Sinceramente no deja uno de pensar en cuál podría haber sido el destino de la salud de los y las costarricenses, de la abrumadora mayoría de la población del país, si no hubiésemos tenido estos últimos 30 años esa férrea resistencia popular y cívica ante las diversas intentonas de distinto carácter y a lo largo de las administraciones gubernativas nacionales luego de la Caída del Muro de Berlín, las cuales de un modo u otro han estado cuestionando el modelo de salud pública representado por la CCSS, básicamente, para privatizarlo mediante iniciativas de índole multiforme.

Sin discusión alguna se puede afirmar ya categóricamente que, estando en medio de tal pandemia, la existencia de la CCSS como bien patrimonial público es un asunto de seguridad nacional; como gusta definir los gringos a aquellos aspectos de su institucionalidad que estiman imprescindibles para su supervivencia y su supremacía como nación.

Pero bien, la historia de la resistencia cívico-popular en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social está por escribirse, pese a que, también hay que decirlo, desde su propio seno han salido intentonas privatizadoras perversas, pues paradójicamente cuenta con enemigos internos colocados en posiciones de poder.

Volvamos ahora al eje central de nuestro comentario semanal en esta importante sección de opinión de El Periódico de más Venta en Costa Rica. 

$30.000 diarios es el costo de atención, por día, que representa el internamiento de una persona enferma en la unidad de cuidados intensivos de esas empresas privadas de salud que funcionan en Costa Rica. 

Es decir, poco más de ¢17 millones diarios viene a ser el costo de permanencia en una UCI; y, un internamiento, mínimo, de unos 10 días pensando en la gravedad de la persona contagiada con Covid-19, estamos hablando de ¢170 millones; subiendo esta cifra hasta un 50% más si tal internamiento llegare a ser necesario por 15 días.

Prácticamente solo una cantidad reducida de costarricenses que tienen altísimos ingresos podría pagar tan calificada atención médica como la que implica el internamiento en cuidados intensivos en caso de sufrir Covid-19, o cualquier otro padecimiento que requiera ser ingresado en una UCI privada.

Dimensionemos ahora lo que significa tener acceso a los servicios de una UCI brindados por la Caja para el pueblo trabajador, mismo que jamás podría tener acceso a medicina privada en cuidados intensivos en el caso de la pandemia que nos afecta. 

Para este lunes 13 de abril de 2020, según el reporte gubernamental diario de las personas que presentaban síntomas del coronavirus Covid-19, 14 de ellas estaban internadas en varias UCI de hospitales de la Caja.

Eso significa que al precio de cotización de mercado de la medicina privada que se ofreció para atender en sus propias UCI personas contagiadas de Covid-19, la Caja Costarricense de Seguro Social estaría erogando unos ¢240 millones por día, que es el importe de inversión en salud por tener esas 14 personas en sus propias unidades de cuidado intensivo.

Si esas 14 personas internadas en las UCI de la CCSS tuvieran que permanecer, en promedio y cada una unos 10 días de internamiento, estamos hablando de ¢2.400 millones: una cifra demasiado atractiva para colegir que la salud sí es un negocio cuando fuese privatizada. Esperemos que ello nunca suceda.

Solamente pensemos, a partir de estos datos, el significado de la Caja Costarricense de Seguro Social para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, especialmente de su clase trabajadora; clase trabajadora que en un ciento por ciento nació cuando ya existía la Caja y que por tanto no tiene la menor idea de lo que es vivir sin ella.

Por cierto, la información de prensa que venimos comentando también indicó que un día de internamiento por cuestiones de salud en esas empresas privadas, y que no sea en una UCI, implica erogar al menos $1.000, o sea casi ¢600.000. 

No hay discusión: la Caja representa la vida misma y ahora eso ya no amerita discusión alguna. Debe seguir en manos públicas y bajo nuevas formas y sistemas de cuido ciudadano para matarle los virus privatizadores que siempre están esperando oportunidades para atacarla.

El denominado bono “Proteger” que está poniendo en práctica el Gobierno de la República para “ayudar”, fundamentalmente, a las personas trabajadoras del sector privado a las cuales les fue aplicado el despido, la reducción salarial y de jornada y/o la suspensión transitoria de sus contratos de trabajo; representa una protección a medias, va a incrementar la miseria y dejó a miles más desprotegidas todavía, pues ya estaban en tal condición antes del estallido en el país de la pandemia del coronavirus covid-19.

La cantidad de 125 mil colones (y, peor aún, el 50% de la misma, 62.500 colones), no alcanza para solventar, en condiciones de dignidad, situaciones de pobreza surgida de manera súbita, lo cual hará crecer la vulnerabilidad de los hogares de escasos recursos que ya antes de la pandemia, sobrepasaban la cifra de 400 mil.

Será, por tanto, sumamente crítico para la fuente de ingresos del hogar que quedó en la calle, las jefaturas de familia, comprar los alimentos básicos, pagar recibos de servicios públicos, alquiler de vivienda y atender deudas con esos 125 mil colones.

Es urgentísimo ampliar las posibilidades de estos hogares para enfrentar la desgracia socioeconómica que ya tienen encima, haciéndose necesario una condonación del pago de los recibos de agua, de luz y de teléfono durante el próximo trimestre, pues ni siquiera una moratoria será beneficiosa dado que, al término de la crisis, esos hogares estarán mucho más endeudados.

Lamentablemente, en sociedades como la nuestra donde las personas han sido condenadas para que estén al servicio de la economía y, más grave aún, si dentro de la misma la prioridad es las cifras macrofiscales asociadas al pago de la impagable deuda pública; quienes menos tienen son quienes más sufren.

En el caso costarricense, este grupo de personas ciudadanas ya había crecido considerablemente antes de la pandemia y, como ahora es notorio, sigue aumentando su número.

En tal sentido, la consigna oficial del “quedarse en casa” incrementa el sufrimiento, la congoja y el estrés de más de la mitad de la población costarricense, lo cual nos da la posibilidad de recordar que sí hay iniciativas de corte alternativo, más humanistas y más congruentes con la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual Constitución Política de Costa Rica.

Con la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS), formulada por la ANEP hasta un número de 660 mil personas-familias habrían podido recibir 250 mil colones mensuales, cogiéndose el pago diario de intereses de la deuda pública, declarándose una moratoria para tal efecto, mismo que anda en la cantidad de 5.500 millones de colones diarios. El fundamentalismo ideológico dominante en Casa Presidencial lo impide.

Con estupor y con indignación contemplamos que dentro del presupuesto extraordinario que el Gobierno plantea en estos días a la Asamblea Legislativa para que lo tramite, con toda celeridad y para darle contenido financiero a su bono Proteger, incluye 224 mil millones de colones para atender la deuda pública; es decir, casi 2 mil 500 millones de colones diarios en un período de 90 días, que es el plazo del bono gobiernista.

Casi 300 mil familias podrían haber recibido un Subsidio Social Solidario de 250 mil colones para cada una, durante los meses de abril, mayo y junio, con esos 224 mil millones de colones correspondientes a los acreedores de la deuda pública del país y sus correspondientes intereses obscenos.

Sin discusión alguna, quienes menos tienen son los que más sufren. Pero alternativas hay para que esto no fuera así.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con la pandemia del coronavirus covid-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a la misma.

Ya no solamente en el campo de la Salud en el cual su éxito es irrefutable (al menos, hasta el momento y no hay elementos fuertes para sostener lo contrario); sino, necesariamente, en el campo de las derivaciones de orden económico y social de su impacto en las comunidades, especialmente las más vulnerables; muchas de las cuales ya mostraban indicadores de impacto negativo fuerte en la calidad de vida de las personas que las habitan, desde antes del nuevo escenario-país que tenemos encima.

En tal sentido, es más que urgente que usted, don Carlos Alvarado Quesada, usando la facultad constitucional que se le da al Presidente de la República en la Constitución Política, para fijar la agenda parlamentaria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa actualmente en desarrollo, mismo que vence el próximo 30 de abril; proceda a convocar dos expedientes legislativos citados a continuación, los cuales son imprescindibles para la devolución, para el retorno, a las municipalidades costarricenses de la autonomía que la ley 9635 les cercenó, generándose así una de las más graves violaciones de facto constitucionales, ocurridas por la imposición de tal legislación.

Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocido como del combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que la misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.

Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que la misma golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.

Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.

Las municipalidades cobran un papel fundamental para hacerle frente, de mejor manera, a los perniciosos efectos socioeconómicos de la pandemia, los cuales parecen volverse más injustos con la gente que menos tiene y que es la que más sufre en este tipo de coyunturas.

Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es algo ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia covid-19.

Es imperiosamente urgente que la actual Asamblea Legislativa, misma que está tramitando de manera veloz legislación para enfrentar la coyuntura difícil que Costa Rica vive (ya sea que se comparta o no; en todo, o en parte); les dé viabilidad política a dos expedientes legislativos relacionados directamente con la recuperación de la autonomía municipal cercenada por el combo fiscal-ley 9635.

Hablamos de los proyectos de ley números 21.430 y 21.494, presentados en el último año y luego de que importantes figuras legislativas se dieran cuenta del grave error que representó incluir a las municipalidades en esa ley 9635; y, peor todavía, sujetarlas a la nefasta regla fiscal.

Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia covid-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.

El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.

Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494, ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.

Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal. La misma representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.

Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del covid-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la Republica.

Una vez más tenemos que insistir que antes de la llegada oficial de pandemia del coronavirus Covid-19 al país, el 6 de marzo de 2020, los indicadores sociales y económicas más relevantes y de mayor credibilidad según las entidades que nos los dan a conocer; nos permitían sacar estas cincos conclusiones determinantes: alto desempleo e informalidad, alta concentración de la riqueza y desigualdad, alto endeudamiento salarial, alta exclusión social y económica, alto endeudamiento público y déficit fiscal.

En lo específico, se nos informó de, al menos, unas 309 mil personas desempleadas, 12.4%  de desempleo abierto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Podríamos colegir que en unos 309 mil hogares costarricenses las dificultades económicas llegan al punto de determinar problemas para que hubiese comida, lo que es lo mismo que determinar dificultades de subsistencia, al mínimo, para esos y esas compatriotas en desventaja económica y social.

En tal sentido y considerando los efectos de la pandemia del covid-19 más allá de la cuestión de Salud, se nos viene un problema ético y moral a considerar desde el punto de vista de la política económica y fiscal gubernativa: darle prioridad al pago de la deuda y/o de sus intereses vs. darle prioridad a que el encierro obligado que se nos recomienda, sea con hambre o sin ella.

Por eso venimos insistiendo en que se debe utilizar la partida presupuestaria que el Ministerio de Hacienda tiene asignada para el reconocimiento del pago de intereses de la deuda pública y destinarla para darle de comer a los varios miles de personas-familias que no tenían cómo llevar comida a sus hogares producto del desempleo y de la informalidad; personas compatriotas o que viven en suelo nacional que ya tenía problemas de ese tipo antes de la pandemia del covid-19.

Esa plata destinada a pagar intereses cuyo monto se estima en unos 165 mil millones de colones mensuales alcanza para darle un Subsidio Social Solidario a todas esas personas-familias afectadas por carecer de ingreso mínimo desde antes de la pandemia y las que ésta está afectando ya o lo va a hacer en el futuro cercano. En total, unas 660 mil familias podrían beneficiarse si se les explica a los acreedores-tenedores de bonos de deuda pública que no se les pagará sus intereses en los próximos tres meses, al menos; pues esos dineros se emplearán, más bien, se invertirán en paz social.

¡Sí!, en paz social. ¿Es que acaso no se ha pensado en qué podría derivar la desesperación de padres de familia, de madres de familia (muchas de ellas al frente de sus hogares), que no tienen cómo darle un plato de arroz, un plazo de frijoles a sus hijos e hijas?

En las próximas horas, en la Asamblea Legislativa y con la urgencia del caso y que nosotros aplaudimos, se tramitará una iniciativa del Gobierno para darle asistencia económica mínima a familias de personas desempleadas que perdieron su trabajo producto de la pandemia del covid-19; o bien, víctimas de rebajas salariales producto de reducciones de jornada, así establecido legalmente. Se pretende legislar un contenido de 225 mil millones de colones para un trimestre, a razón de 75 mil millones por mes.

¡Eso no alcanzará! Son más personas, son más familias, son más niños, son más niñas y son más adolescentes con problemas de comida producto de la pandemia covid-19. A los que ésta ha afectado, se suman los que ya estaban afectado y que, por tal circunstancia, estarán en peor o nulas condiciones de conseguir un sustento por vía legal, el trabajo, para sí mismos y para sus propios seres queridos.

La propuesta de la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, que no afectará el principal adeudado y cuyos acreedores ya tienen bastante poder económico-financiero acumulado, permitirá ayudar hasta 660 mil familias en los próximos tres meses. La propuesta del Gobierno, en el mejor de los casos, solamente aliviará la vivencia cotidiana a unas 375 mil. Es ésta la gran diferencia. Posterguemos el pago de los intereses de la deuda. Es más rentable en términos de paz social, de estabilidad y de seguridad. Los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de que, al menos, en los próximos tres meses, todos y todas tendremos cabida en Costa Rica en lo que respecta, al menos, a tener un plato de comida seguro en nuestras mesas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

No sabemos cuándo esto terminará. No sabemos cómo terminará. Por supuesto que todo el mundo quiere que esto termine pronto y que termine bien… ¡para todos y para todas!

Sin embargo, diversos líderes mundiales ya están aceptando que esta es la peor crisis planetaria desde la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, de este acontecimiento surgió un reordenamiento del escenario político internacional del cual su más notable resultado fue la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU)… para bien, o para mal.

Cada cual puede tener su criterio al respecto. Tal nuevo orden, como es lógico suponer, fue diseñado por las potencias vencedoras; pero, para excluir no para incluir. Desde antes del estallido de la pandemia del covid-19, los resultados hablaban ya por sí solos.

En el caso de nuestra amada Patria, Costa Rica, el último acontecimiento traumático y doloroso fue, sin duda, los sucesos armados entre costarricenses ocurridos en el año 1948. De ello derivó un nuevo orden interno, plasmado en la Constitución Política de 1949… también diseñada por el bando de los vencedores. Aquí pareciera que la conclusión es más para bien que para mal. También, cada cual puede tener su criterio al respecto; sin embargo, hasta hace un tiempo fue que nos perdimos (o, nos perdieron) y se empezó a excluir. Desde antes del estallido de la pandemia del covid-19, los resultados hablaban ya por sí solos, al igual que a escala planetaria.

Estamos viviendo un acontecimiento que ya, sin terminar y sin saber cómo ha de concluir, es histórico. Sin embargo, a como estamos viendo todo esto y, especialmente, conmovidos y horrorizados por lo que vemos en otras latitudes, la historia no va a ser escrita ni por los vencidos, ni por los vencedores. Será escrita por las personas sobrevivientes.

Si ya estamos conscientes de que en Costa Rica estamos viviendo el acontecimiento más relevante desde 1948 a la fecha; y, que, además, a quienes tengamos la dicha de ser sobrevivientes (pues quiero ser uno de ellos), nos corresponde la ineludible responsabilidad de construir; entonces hay que plantearse construir ese nuevo orden nacional, basado éste en esos valores eternos formulados por el cristianismo original; y valores que, precisamente, la dimensión de esta tragedia del covid-19, está mostrando cuánto se habían olvidado.

El reto mayúsculo es si podemos dar paso a la tolerancia para aceptar que debo sentarme con el otro, tan diferente a mí, por encima; pero tan igual a mí, por lo humano que somos; y, además, con el mismo riesgo ambos de sucumbir; y si conscientes de esto último, de que ambos podemos sucumbir, podemos estar en un mismo espacio como para decirnos la razón por la cual no nos soportamos.

El reto mayúsculo es comprender que la institucionalidad formal que, acertadamente, parece ir sacando la tarea de la urgencia inmediata; podría no poderlo realizar más, a la hora de la construcción, porque hace tiempo mucha gente siente que esa institucionalidad formal tomó partido a favor de una parte y no del todo; que hace tiempo renunció a potenciar el equilibrio para dar paso a la controversia que tiende a transmutarse en conflicto.

El reto mayúsculo es comprender que lo público nos está salvando de sucumbir del todo, como a ningún otro país, al parecer; pero que lo público por sí solo no será suficiente para la sobrevivencia, que lo privado juega en todo esto.

El reto mayúsculo es saber discernir cuál fue la parte de lo público que se desbordó para desnaturalizarse y olvidarse del bien común; como el reto, también, será discernir cual es la parte de lo privado que se creyó en el Olimpo y que se sobreestimó al punto que la pandemia le desnudó su incompetencia y sus insensibilidades.

La tarea de la sobrevivencia es el reto de la construcción con inclusión. Eso ya lo experimentamos en Costa Rica y desde que empezamos a ser República. La exclusión es el alimento de la destrucción. Covid-19 se ha encargado de mostrarlo y de qué manera.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con la pandemia del coronavirus COVID-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a esta circunstancia.

Ya no solamente en el campo de la Salud en el cual su éxito es irrefutable (al menos, hasta el momento y no hay elementos fuertes para sostener lo contrario); sino, necesariamente, en el campo de las derivaciones de orden económico y social de su impacto en las comunidades, especialmente las más vulnerables; muchas de las cuales ya mostraban indicadores de impacto negativo fuerte en la calidad de vida de las personas que las habitan, desde antes del nuevo escenario-país que tenemos encima.

En tal sentido, es más que urgente que usted, don Carlos Alvarado Quesada, usando la facultad constitucional que se le da al Presidente de la República en la Constitución Política, para fijar la agenda parlamentaria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa actualmente en desarrollo, mismo que vence el próximo 30 de abril; proceda a convocar dos expedientes legislativos citados a continuación, los cuales son imprescindibles para la devolución, para el retorno, a las municipalidades costarricenses de la autonomía que la ley 9635 les cercenó, generándose así una de las más graves violaciones de facto constitucionales, ocurridas por la imposición de tal legislación.

Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocida como el combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que esta misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.

Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que esta golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.

Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.

Las municipalidades cobran un papel fundamental para hacerle frente, de mejor manera, a los perniciosos efectos socioeconómicos de la pandemia, los cuales parecen volverse más injustos con la gente que menos tiene y que es la que más sufre en este tipo de coyunturas.

Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia COVID-19.

Es imperiosamente urgente que la actual Asamblea Legislativa, misma que está tramitando de manera veloz legislación para enfrentar la coyuntura difícil que Costa Rica vive (ya sea que se comparta o no; en todo, o en parte); les dé viabilidad política a dos expedientes legislativos relacionados directamente con la recuperación de la autonomía municipal cercenada por el combo fiscal-ley 9635. 

Hablamos de los proyectos de ley números 21.430 y 21.494, presentados en el último año y luego de que importantes figuras legislativas se dieran cuenta del grave error que representó incluir a las municipalidades en esa ley 9635; y, peor todavía, sujetarlas a la nefasta regla fiscal.

Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia COVID-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.

El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.

Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494 ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.

Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal, la cual representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.

Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del COVID-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la República.

Albino Vargas Secretario General, ANEP

Una vez más tenemos que insistir en que antes de la llegada oficial de pandemia del coronavirus COVID-19 al país, el 6 de marzo de 2020, los indicadores sociales y económicos más relevantes y de mayor credibilidad, según las entidades que nos los dan a conocer; nos permitían sacar estas cincos conclusiones determinantes: alto desempleo e informalidad, alta concentración de la riqueza y desigualdad, alto endeudamiento salarial, alta exclusión social y económica, alto endeudamiento público y déficit fiscal.

En lo específico, se nos informó de, al menos, unas 309 mil personas desempleadas, 12,4% de desempleo abierto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Podríamos colegir que en unos 309 mil hogares costarricenses las dificultades económicas llegan al punto de determinar problemas para que hubiese comida, lo que es lo mismo que determinar dificultades de subsistencia, al mínimo, para esos y esas compatriotas en desventaja económica y social.

En tal sentido, y considerando los efectos de la pandemia del COVID-19 más allá de la cuestión de Salud, se nos viene un problema ético y moral a considerar desde el punto de vista de la política económica y fiscal gubernativa: darle prioridad al pago de la deuda y/o de sus intereses vs. darle prioridad a que el encierro obligado que se nos recomienda, sea con hambre o sin ella.

Por eso venimos insistiendo en que se debe utilizar la partida presupuestaria que el Ministerio de Hacienda tiene asignada para el reconocimiento del pago de intereses de la deuda pública y destinarla para darle de comer a los varios miles de personas-familias que no tenían cómo llevar comida a sus hogares producto del desempleo y de la informalidad; personas compatriotas o que viven en suelo nacional que ya tenía problemas de ese tipo antes de la pandemia del COVID-19. Esa plata destinada a pagar intereses cuyo monto se estima en unos 165 mil millones de colones mensuales alcanza para darle un Subsidio Social Solidario a todas esas personas-familias afectadas por carecer de ingreso mínimo desde antes de la pandemia y las que esta está afectando ya o lo va a hacer en el futuro cercano. En total, unas 660 mil familias podrían beneficiarse si se les explica a los acreedores-tenedores de bonos de deuda pública que no se les pagará sus intereses en los próximos tres meses, al menos; pues esos dineros se emplearán, más bien, se invertirán, en paz social.

¡Sí!, en paz social. ¿Es que acaso no se ha pensado en qué podría derivar la desesperación de padres de familia, de madres de familia (muchas de ellas al frente de sus hogares), que no tienen cómo darle un plato de arroz, un plazo de frijoles a sus hijos e hijas?

En las próximas horas, en la Asamblea Legislativa y con la urgencia del caso y que nosotros aplaudimos, se tramitará una iniciativa del Gobierno para darle asistencia económica mínima a familias de personas desempleadas que perdieron su trabajo producto de la pandemia del COVID-19; o bien, víctimas de rebajas salariales producto de reducciones de jornada, así establecido legalmente. Se pretende legislar un contenido de 225 mil millones de colones para un trimestre, a razón de 75 mil millones por mes.

¡Eso no alcanzará! Son más personas, son más familias, son más niños, son más niñas y son más adolescentes con problemas de comida producto de la pandemia COVID-19. A los que esta ha afectado, se suman los que ya estaban afectado y que, por tal circunstancia, estarán en peor o nulas condiciones de conseguir un sustento por vía legal, el trabajo, para sí mismos y para sus propios seres queridos.

La propuesta de la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, que no afectará el principal adeudado y cuyos acreedores ya tienen bastante poder económico-financiero acumulado, permitirá ayudar hasta 660 mil familias en los próximos tres meses. La propuesta del Gobierno, en el mejor de los casos, solamente aliviará la vivencia cotidiana a unas 375 mil. Es esta la gran diferencia. Posterguemos el pago de los intereses de la deuda. Es más rentable en términos de paz social, de estabilidad y de seguridad. Los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de que, al menos, en los próximos tres meses, todos y todas tendremos cabida en Costa Rica en lo que respecta, al menos, a tener un plato de comida seguro en nuestras mesas.