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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca” es el nombre de un manifiesto ciudadano que se presentó de manera pública en la ciudad de Berlín, capital de Alemania, este 25 de noviembre de 2019, durante el desarrollo del Foro de Gobernanza de Internet, organizado por la Just Net Coalition (JNC), la Coalición por una Internet Justa y Equitativa, surgida en Delhi, India, en 2014.

Deseamos compartir con las personas lectoras de nuestra columna semanal para La Prensa Libre las dos motivaciones centrales que animan este naciente y nuevo movimiento crítico surgido en este mundo de globalización excluyente y de sesgo totalitario.

Just Net Coalition plantea lo siguiente: “Con la creciente digitalización de nuestras sociedades, los datos constituyen un recurso económico clave, cuyo acopio y procesamiento permite transformarlos en algoritmos e inteligencia artificial, de alto valor económico.  Actualmente este recurso es apropiado por las corporaciones globales de datos para su propio provecho, sin pedir permiso ni ofrecer recompensa, como un derecho de facto. ¿Debemos seguir permitiendo que las corporaciones se adueñen de nuestros datos? O, más bien, ¿somos nosotros, como personas y comunidades, que debemos poder sacar provecho de ellos, en función de las necesidades que establezcamos?”. Bien provocadora es la anterior consideración.

Y, ¿qué proponen los impulsores de este nuevo movimiento global? “La Coalición Just Net (JNC) propone que se necesita urgentemente establecer regímenes legales que afirmen los derechos y la potestad de las personas sobre sus datos, tanto individual como colectivamente, así como un mayor control sobre las tecno-estructuras dentro de las cuales operan los datos y la inteligencia.  También apela a la necesidad de estructuras democráticas de gobernanza de la esfera digital, que vaya de lo local a lo global.

“Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca”, lanza al mundo su Manifiesto por la Justicia Digital conteniendo 16 principios clave que deben servir de base para un debate en los planos internacional, nacional y local. Son estos:

1. Todas las personas deben tener potestad sobre sus datos, ya sea de manera individual o colectiva.

2. Nuestros datos requieren protección contra el abuso.

3. Necesitamos las herramientas para controlar nuestros datos.

4. Los bienes comunes de datos requieren marcos de gobernanza adecuados.
5. La protección, el intercambio y la utilización de datos requieren nuevas instituciones.

6. El trabajo que genera datos debe ir acompañado de derechos digitales.

7. Los datos deben procesarse cerca del punto de su origen.

8. Los flujos transfronterizos de datos deben regirse a nivel nacional.

9. Es necesario reivindicar las tecno-estructuras como espacios personales y públicos.

10. Deberíamos tener potestad sobre el software que utilizamos y poder controlarlo.

11. Las infraestructuras digitales clave deben ser administradas como servicios públicos.

12. Las tecno-estructuras deben ser descentralizadas para un uso abierto, con interoperabilidad.

13. Los monopolios digitales globales deben desarticularse.

14. La datificación de las sociedades debe gestionarse democráticamente.

15. El desarrollo de los estándares digitales debe ser la responsabilidad de organismos de interés público.

16. La esfera digital debe ser gobernada de lo local a lo global.

Este Manifiesto por la Justicia Digital, ahora promovido bajo el lema “Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca”, hace referencia a la “Declaración de Delhi para una Internet justa y equitativa”; misma que, a su vez, contempló 23 enunciados en los ámbitos de una internet como bien común global, democratizar la arquitectura de internet, internet y derechos, gobernar internet para el interés público. (https://www.alainet.org/es/articulo/84664).

En un segundo artículo vamos a ampliar sobre el particular. “La sociedad digital ya está aquí”, dice el Manifiesto por la Justicia Digital; sin embargo, parece que estamos en mayores estados de indefensión en relación con el inicio de la era digital.

Es inobjetable que estamos en un escenario de polarización político-social con fuerzas en pugna de descomunal disparidad. La hegemónica tiende a consolidarse; la que está llamada ser contrahegemónica, con todo su potencial, no logra la necesaria articulación para posicionarse en cuanto tal y, al menos, mantener un frágil balance de cara a la ofensiva totalizante de esa hegemónica, que es de corte, neoliberal, que está apostando el todo por el todo: tierra arrasada con lo diferente.

En este perverso accionar totalizante, cuya más reciente acción concreta es el primer debate legislativo a la calificada como “ley mordaza”. En el largo tránsito recorrido de estos últimos años de lucha social, la hegemonía dominante no ha dudado en emplear la violencia en varias manifestaciones o categorías que conviene dejar en evidencia: violencia política, violencia económica, violencia jurídica y, la más intensa, violencia mediática.

Indudablemente que estamos hablando de un “manjar” para aquellas personas estudiosas de los fenómenos psicociales, sociopolíticos y económicos de estos tiempos tormentosos en los cuales dos visiones de desarrollo se han venido enfrentando, mediando múltiples circunstancias y situaciones, a lo largo de los últimos 35 años.

Este tema de las distintas formas de violencia a las que han venido apelando los sectores dominantes en los últimos tiempos: ya sea para frenar el desarrollo de la Democracia con inclusión social; ya sea para hacer avanzar sus políticas públicas concentradores de riqueza y promotoras de la desigualdad; y, ya sea para la aniquilación de todas las formas de resistencia a su hegemonía depredadora (como lo que estamos presenciando en estos momentos); merecen amplios análisis que nosotros no estamos en condición de hacer en estos momentos. Sin embargo, desde nuestra experiencia práctica en la lucha social de todos estos años, podemos puntualizar en lo siguiente:

VIOLENCIA POLÍTICA: Se ha venido manifestando cuatrienalmente, con cada proceso electoral de orden nacional (presidencial y diputadil): un recurrente proceso de estafa política al electorado pues a éste se le promete una cosa y ya en el gobierno se hace otra. Alvarado resulta ser el más grande estafador político de los últimos tiempos, en este ámbito del engaño electoral: violencia política contra esas mayorías que le votaron.

VIOLENCIA ECONÓMICA: Sin duda alguna, el último ejemplo es la nefasta ley 9635, mal llamada, oficialmente, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Para quienes han tenido que cerrar negocios, para quienes han visto ya reducciones en sus salarios y mermados sus derechos, para quienes se han quedado sin trabajo por estos meses producto de tal legislación, para quienes ven disminuido sus ingresos por la aplicación del IVA; para todos estos sectores, dicha legislación es una expresión de violencia económica que les conduce a la pauperización, a la incertidumbre, a la zozobra; en suma, a la exclusión.

VIOLENCIA JURÍDICA: Cuando los guardianes de Constitución Política, la piedra mayor de nuestro sistema jurídico, ceden a la presión fiscal circunstancial y se acomodan a una particular visión de tal problema, de corte político-ideológico; se falla a favor de esa parte de la sociedad y en contra de la otra, misma que también tiene su visión sobre el grave problema fiscal nacional y sus posibilidades de atención sin dañar a las mayorías. También es violencia jurídica cuando la contratación laboral se hizo con determinadas características y de un porrazo, se cambian éstas, en detrimento de situaciones jurídicas consolidadas y de su correspondiente estatus socioeconómico individual y familiar.

VIOLENCIA MEDIÁTICA: Esta podría ser la de mayor incidencia a la hora de definir la construcción de un proceso de integración social, realmente democrático e incluyente. Sin haber ido a elecciones, desde un estudio de televisión o de una sala de redacción se dictan pautas y se giran directrices políticas al gobernante endeble que no tiene el suficiente carácter para honrar su compromiso electoral y pasa a ser servil de los intereses de pequeños grupos de gran poderío económico, cuyas vocerías mediáticas dañan honras opositoras y direccionan la opinión de la ciudadanía, manipulándola, para que ésta adopte como suyas las percepciones de mundo de esos grandes factores de poder económico. En los actuales tiempos, esa violencia mediática tiene una expresión concreta en lo que nosotros denominamos como periodismo de odio: excluyente y satanizador al máximo de la visión diferente, ejercicio informativo parcializado y editorializante, con cruel empleo de la agresión psicológica y del terrorismo ideológico.

Como usted habrá notado, la exacerbación de un incidente con evidente sesgo provocador en una manifestación pública, no es más que un aspecto que nutre el ejercicio de la violencia mediática en estos tiempos de fuerte polarización; y de ejercicio de estas cuatro formas de violencia con carácter concatenado; de suerte que se posibilite la aniquilación de lo diferente ante la necesidad de disciplinamiento social, que incluye la destrucción de las voces insumisas, especialmente cuando éstas muestran fuertes posicionamientos que obligan al control por imposición; no por inclusión.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cuatro distinguidos costarricenses, procedentes de distintos espacios del acontecer nacional, tanto por sus responsabilidades profesionales como por sus sensibilidades sociales, se juntarán el próximo miércoles 30 de octubre de 2019, a partir de las 5 de la tarde, para desarrollar un intercambio de impresiones y de reflexiones acerca del estado actual de cosas en nuestro querido país.

Democracia, Derechos Humanos y Disidencia Política es el nombre provocador del evento que les reunirá y que está llamando mucho la atención entre las personas que ya se han enterado de esta actividad, a las cuales les ha surgido un gran interés en ser testigos de la misma.

Don Pablo Barahona Kruger, don Claudio Alpízar Otoya, don José Miguel Villalobos Umaña y don Iván Barrantes Ruiz, han aceptado la invitación que se les ha formulado de parte de las organizaciones sindicales tutelantes del reclamo laboral presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; cuyos tres Relatores-Expertos en Derechos Humanos emitieron un impactante criterio con relación a un proyecto de ley, ya aprobado en primer debate, de enorme controversia: el Expediente Legislativo No. 21.049, oficialmente denominado Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.

Ellos cuatro son personajes públicos de incuestionable trayectoria en sus respectivos campos de acción.

En el marco de tal circunstancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estimó relevante la promoción de un acontecimiento cívico de tal calibre; junto con la Asociación Sindical del Empleados de la Energía y de las Comunicaciones (ASDEICE) y del Sindicato de Ingenieros del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE); entidades laborales integrantes del reconocido Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE). La Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), está de lleno, también, patrocinando este esfuerzo.

Precisamente, y es nuestro pensar, que las actuales circunstancias sociopolíticas del país, marcadas por una polarización creciente y por el ejercicio de un estilo autoritario de la política pública que está alarmando a las conciencias de firme convicción democrática y cívica; la oportunidad de reflexionar sobre ello con mentes tan especializadas y críticas, es más que un privilegio… es toda una necesidad inherente a un ejercicio responsable de ciudadanía activa.

Desde las concepciones y desde la práctica de lo que nosotros denominamos Sindicalismo Sociopolítico, tener la oportunidad de conjuntar criterios tan calificados y con sentido crítico en materia de Democracia y de Derechos Humanos, representa una retroalimentación altamente calificada que nos permita tener insumos de lujo para caracterizar, más integralmente, los desafíos que nos esperan en estos momentos tan cruciales de nuestra sociedad actual; pues a nuestro modo de ver se están impulsando transformaciones estructurales que desmontan, casi que de manera irreversible, bases fundamentales de lo que supone un Estado Social de Derecho, del cual Costa Rica gozó durante las últimas décadas.

El tercer elemento conceptual del evento, disidencia política, resulta más provocador aún. En nuestro propio criterio personalísimo, estamos hablando de un amplio espacio en construcción para, a lo mejor, conjuntar múltiples formas de expresión insumisa, con conciencia de ello o no; que, concatenadas y articuladas, pudieran mostrar un polo diferente y más convocante para enfrentar el desenfreno de quienes estiman que la formalidad democrática les sobra y basta para transformaciones en el orden social que profundizan la entronización en su interior de la exclusión y de la anulación de lo distinto al oficialismo hegemónico-mediático y político, altamente concentrador, con propensión autoritaria y de muy baja credibilidad si juzgamos por las conmociones sociales en desarrollo y que están en nuestras narices.

El evento, como indicamos arriba, se realizará este próximo miércoles 30 de octubre de 2019, a partir de las 5 de la tarde, en el auditorio del piso 11, del Instituto Nacional de Seguros (INS). La entrada es libre.

“Sobre el tema de renta mundial, y sobre todo ante las aspiraciones de pasar a formar parte de la OCDE, es pertinente recordar que, siguiendo cifras del Global Financial Integrity, Costa Rica es el país de Centroamérica que reporta un mayor nivel de flujos ilícitos de capitales que derivan de simulación de operaciones vinculadas a tributación internacional y manejo de precios de transferencia, entre otros aspectos, y que conforme un cálculo realizada por Icefi con datos para 2014, implicaría la evasión del Impuesto Sobre la Renta por un equivalente del 6.0% del PIB, unos USD 3.024.0 millones”.

¡Espeluznante! Pero, vamos por partes. La cita que usted acaba de leer procede del documento Costa Rica: Una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicado como Nota de Coyuntura 04-2018, teniendo como fecha de publicación octubre de 2018. Hace un año.

Afortunadamente, los estudios del Icefi nos permiten tener al alcance otra perspectiva del tema fiscal costarricense, diferente a la ideológicamente dominante centrada en el fundamentalismo neoliberal; la cual (como bien sabemos), intoxica a la sociedad mediante las matrices mediáticas hegemónicas que son las que están dictando las políticas públicas preponderantes en la materia en los gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC. Por el contrario, el Icefi tiene su accionar centrado en el fomento de una Política Fiscal para la Democracia y para el Desarrollo.

Nos da mucha seguridad, además, que el Icefi cuente con apoyo del gobierno de Suecia, aunque no le compromete a éste; pero siendo este país uno de los mayores estados con equidad tributaria y justicia redistributiva, los planteamientos del Icefi podríamos decir que están impregnados de contenidos que buscan la inclusión social.

La seriedad de los estudios del Icefi nos permite basarnos en ellos para plantear elementos alternativos de lucha social en la cuestión fiscal. A la vez, nos permite expresar nuestro más profundo sentimiento de preocupación acerca de que la política fiscal de los sectores dominantes continúa apuntando a la concentración de la riqueza, a mantener altos déficit, a fomentar el negocio de la deuda y sus intereses obscenos y a la reducción sustancial del papel del sector Público en la sociedad.

Nos llevan al precipicio fomentando un endeudamiento loco cuando lo procedente es la transformación tributaria estructural pasando por, precisamente, por controlar lo que el Icefi, diplomáticamente denomina “flujos ilícitos de capitales”.

Pensemos por un momento en la monstruosidad de que para el año 2014, esos “flujos ilícitos de capitales”, habrían implicado, como nos dice el Icefi, la evasión del Impuesto Sobre la Renta por un equivalente del 6.0% del PIB, unos USD 3.024.0 millones”.

¡Por Dios Santo! 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), deja el Estado costarricense de percibir por la circulación en el sistema financiero y en la economía costarricenses del dinero sucio, del dinero producto de la actividad ilegal del crimen organizado en cuanto al perverso negocio del narcotráfico, mediando “simulación de operaciones vinculadas a tributación internacional y manejo de precios de transferencia, entre otros aspectos…”.

¡6 puntos del PIB! Cifra similar al déficit fiscal con el cual siguen atormentando a la gente y sacrificándola en el “altar de la deuda pública” y su obsceno pago de intereses.

Y si esos datos fueron referidos al año 2014, cinco años después, en este 2019 por terminar, la cantidad debe ser muy superior. Si nos atenemos a las noticias diarias de los decomisos de droga, de los pleitos de balas entre pandillas, de los asesinatos por ajustes de cuentas, de la cada vez más creciente cantidad de comunidades penetradas por el narcomenudeo y por el bodegaje de coca, entonces esos “flujos ilícitos de capitales” deben haber crecido.

No tenemos noción de si existe una política pública decididamente dedicada al saneamiento del sistema financiero costarricense de la toxicidad que el mismo presenta producto de esos “flujos ilícitos de capitales”. ¿Será acaso que nuestra clase dominante se ha “acomodado” ya a vivir con los mismos, a incrementar sus rentas negociando con éstos, pero viendo para otro lado? ¡Parece que sí!

Cada vez nos convencemos más de que el fracaso del modelo neoliberal lleva a sus defensores y promotores a cohonestar situaciones tan terribles como las planteadas en el documento del Icefi al cual nos hemos venido refiriendo.

El actual círculo del poder real, el financiero-económico-mediático, así como quienes medran en torno al mismo como sus operadores-ejecutores políticos (en los poderes principales del Estado y sus correspondientes tecnocracias de salarios de lujo), ya no están en capacidad de articular con la ciudadanía, la construcción de una solución integral al grave problema fiscal nacional.

Su cada vez más estrecho margen de gobernabilidad lo pretenden sostener mediante el autoritarismo en Democracia, mediante el totalitarismo hegemónicamente mediático, mediante la criminalización de la protesta social; y, mediante la colusión con esa especie de poder paralelo y alterno, en crecimiento, que es la penetración del dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado en la economía costarricense.

Se acerca la relevante fecha del 10 de diciembre. Es la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que nos recuerda el 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Creemos que el Movimiento Sindical Costarricense debe considerar como parte de su agenda estratégica, de ahora en adelante, el conocimiento, el estudio, la asimilación, la divulgación, la promoción, la lucha y la defensa activa de los Derechos Humanos; considerándolos como una fuente fundamental para una respuesta estratégica de cara a la ofensiva del criminal neoliberalismo y su estrategia de imposición autoritaria y dictatorial en países como el nuestro, a partir de los mecanismos de control ideológico-mediático que tiene a su alcance.

Junto a una decisión de tal calibre, es decir, la vinculación directa entre el accionar sindical de la lucha social con los Derechos Humanos en estos tiempos de adversidad; disponemos, afortunadamente, de las redes sociales para romper el bloqueo mental al cual son sometidos miles y miles de compatriotas que están sufriendo en estos momentos, pero que son víctimas de criterios falsos ya no solamente de la naturaleza sindical en Democracia; sino de que no tienen a su alcance la herramienta de la invocación de los Derechos Humanos para el mejoramiento integral de su situación social en sociedades como la costarricense que han sido forzadas a vivir en la exclusión, al menos, para la abrumadora mayoría de su población.

En esta cruzada de nuevo tipo de la lucha sindical, nada mejor que transcribirles, de manera literal, esta definición del significado de los Derechos Humanos, según el mismísimo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Su sitio web nos ilustra al respecto: (https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx)

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos”.

Tres grupos de características son inherentes a los Derechos Humanos. Veamos:

“Universales e inalienables. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos.

Interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.  

Iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

Por otra parte, se nos hace hincapié en lo siguiente, de lo cual Costa Rica no escapa:

“Derechos y obligaciones. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.

La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás”.

Sin duda alguna, nuevos horizontes de lucha sindical tenemos aquí en estos tiempos de duro neoliberalismo. Y para el caso costarricense, prácticamente nuestro sistema jurídico ha reconocido todos los tratados y pactos en materia de Derechos Humanos. Un fructífero camino para nuevos escenarios del desarrollo de la Democracia y en contraposición al neoliberalismo, tenemos en esto de los Derechos Humanos.

¡Póngale cuidado a estos nombres!: David Kaye, Clement Nyaletossi Voule y Michel Forst. ¿Nunca los ha oído nombrar? Vuestro servidor tampoco, hasta que supe de ellos. Estos tres señores son personas de mucho prestigio en la comunidad mundial relacionada con los Derechos Humanos. Tienen mucha credibilidad y se les considera sabios, entre los sabios, en cuanto a Derechos Humanos.

Ellos forman parte del Sistema de Naciones Unidas, pero no son asalariados de la ONU. Son designados, precisamente por su sapiencia, su experiencia y, sobre todo, por su independencia como Expertos (así, en mayúsculas), por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (al cual Costa Rica pretende entrar a formar parte de él). Se les denomina, también, Relatores Especiales, precisamente por su credibilidad y formación altamente especializada en esta sensible materia de los Derechos Humanos.

El Sr. Kaye es el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. El Sr. Nyaletsossi Voule, es el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación. El Sr. Michel Forst es el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos. Solo muy poquísimos costarricenses sabían de su existencia y de la naturaleza estratégica de su trabajo para la paz y para la real democracia: la cuestión cabal, integral, inclusiva de los Derechos Humanos. Algo que no se está haciendo en Costa Rica.

Pues bien, estas mentes brillantes y de altísimo respeto planetario analizaron y se pronunciaron sobre el Expediente Legislativo No. 21.049, cuyo nombre oficial es Ley para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos, misma que fue bautizada por el pueblo como “ley mordaza”. Emitieron un criterio demoledor que ha conmocionado a los sectores político-empresariales hegemónicos y mediáticos del país; opinión que podemos resumirla en esta frase: ese proyecto no es compatible con los tratados de derechos humanos vigentes para Costa Rica.

Tal fue el impacto que, por ejemplo, el máximo jerarca parlamentario, don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, desconcertado, solamente atinó a decir que esas mentes brillantes habían sido “engañadas” por los sindicalistas que solicitamos tal pronunciamiento. ¡Qué insensatez! Por otra parte, a la recientemente nombrada señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Geannina Dinarte Romero, la “obligaron” a firmar un comunicado descalificante de las opiniones de los señores relatores especiales indicados, redactado en Casa Presidencial. Solamente para citar dos desafortunadas reacciones de la máxima esfera política del país ante el criterio contundente que venimos comentando formulado por esos Expertos. Podríamos citar más ejemplos de semejantes reacciones en la cúpula político-empresarial que nos gobierna, pero sólo nos queda afirmar que cuando la ignorancia es política de Estado, las bestialidades compiten entre sí.

El periodismo de odio no se quedó atrás. Su matriz principal, la tira-línea, hasta primera página nos dio. Las repetidoras parlanchinas mañaneras no se quedaron atrás. Y a cierta prensa digital se le salía la bilis por las esquinas de la pantalla del celular.

Se centraron en lo meramente formal acerca de si el criterio experto de los tres relatores se podía considerar oficial de Naciones Unidas; mostrando, en unos casos, igual nivel de ignorancia bestial; en otros, deliberado afán desvirtuador y descalificante del reporte de los tres Relatores-Expertos. Por demás y según conocedores de estas lides del litigio internacional en Derechos Humanos, que los tres coincidieran era porque la gravedad violenta del proyecto “ley mordaza”, así lo exigía. Algo que nunca antes había sucedido.

Para los señores Relatores Especiales la ley anti-huelgas de la coalición político-ideológica-empresarial y mediáticamente gobernante, se excedió en limitaciones al ir más allá de lo aceptable en una sociedad democrática. ¡Cierto! Hemos denunciado que está en proceso de implantación en el país una democracia de corte autoritario y hasta totalitario.

Para ellos, “…el proyecto de ley impone prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente para todos los servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso”. ¡Han sido totalmente contundentes!

Las reacciones adversas generadas por el informe de las tres relatorías especializadas en Derecho Humanos nos dicen de un país con doble moral al respecto. Nos hablan de un gobierno farsante y descalifican la candidatura presentada por el gobierno de Alvarado Quesada de pretender que Costa Rica consiga un asiento en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas; precisamente la que designó a los señores David Kaye, Clement Nyaletossi Voule y Michel Forst, como sus especialistas, sus expertos de alcance mundial y de criterios archi-independientes.

Ya los honorables señores integrantes de la Sala Cuarta, que está en estos momentos analizando el citado proyecto de ley, luego de recibir primer debate, tienen conocimiento oficial de la opinión de los tres Relatores Especiales. Ellos saben el calibre de la misma y su peso político obligante, especialmente para un país que pretende dictar cátedra a otros Estados sobre cómo aplicar los Derechos Humanos cuando en estos momentos tenemos un techo de vidrio más delgado que el ala de una frágil mariposa. Hasta aquí no llega eso de que cuando la ignorancia es política de Estado.

Al igual que nos estamos posicionando en la misma línea y desde nuestra perspectiva de la lucha social-sindical, otros están pensando lo mismo: Grave error político está cometiendo Carlos Alvarado Quesada con su inoportuna pretensión de postular a Costa Rica, para que logre un escaño en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en una elección que está prevista para las próximas horas), juntándose con su colega Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil. Esto está empañando la imagen del país “pura vida”, “defensor” de los Derechos Humanos.

Pero no son cualesquiera “otros” los que están pensando parecido a nosotros. Esos “otros” son integrantes de la comisión política “Garantes de la Ética” que el propio mandatorio Alvarado Quesada designó para que se le fiscalizase a él y a su gobierno en este relevante campo de la acción del poder, como lo es la ética en el servicio público. ¡Los mismos de su lado lo están dejando solo!

Quienes todavía siguen en esa comisión, la señora Margarita Bolaños Arquín, así como los señores Quince Duncan Moodie y José Manuel Arroyo Gutiérrez, pegan el grito al cielo y se desmarcan de Alvarado por esa asociación con el gobierno brasileño de Bolsonaro, el cual según afirman “…contradice los ideales de una democracia respetuosa, inclusiva y sin discriminación. Abiertamente alaba la última dictadura militar, la tortura y el terrorismo de Estado, así como promueve la violación de derechos de las minorías debido a su etnia, género o identidad sexual. Estamos ante un gobierno que legisla para usurpar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, privatiza los parques nacionales y no le importa arrasar con toda la Amazonía, pulmón del planeta”.

Noten usted con qué clase de político se ha alineado el Gobierno de la República, el canciller Ventura Robles y el mandatario Alvarado Quesada. Y lo afirman los integrantes que quedan de la comisión de Garantes de la Ética nombrados por el mismo señor Alvarado. Lo dijeron ellos y ella, personas ciudadanas costarricenses que nos merecen mucho respeto. ¡Así lo admitimos! Pero, ¡no lo dijo un sindicalista!, aunque suscribimos totalmente la apreciación que tienen de ese señor Bolsonaro.

Lo que queda del equipo garante de la ética en el gobierno de Alvarado afirman que su junta con Bolsonaro “…se inscribe en circunstancias que podrían poner en entredicho la trayectoria, el prestigio y el derecho de nuestro país a ese reconocimiento internacional”, sea, ser integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La regañada al mandatario tico lleva a la señora Bolaños y a los señores Duncan y Arroyo a exigirle proceder “… a corregir cualquier alianza explícita que pueda comprometer el prestigio de nuestro país en materia de derechos humanos, rectificando la estrategia a seguir con su candidatura y sobre todo dejando claro la inexistencia de compromisos con el pensamiento y acción del gobierno Bolsonaro”.

¡Demasiado tarde! La política exterior del Gobierno de Alvarado nos ha matriculado ideológicamente, comprometiendo la paz, “la neutralidad activa, perpetua y no armada”, que alguna vez afirmaron como principio fundamental de la política internacional del país, pero no fue más que falsa proclama que marcó uno de los puntos degenerativos del otro partido socialdemócrata Liberación Nacional, mismo que pretendió el PAC sustituir como “heredero” de tal filosofía política. ¡Qué va! La Socialdemocracia sigue huérfana. Este partido y el PLN transitan el mismo camino neoliberal. Y en política exterior, son idénticos… lo mismo. Alvarado confirma esa ruta. Y, al juntarse con Bolsonaro, los mismos de su lado lo dejan solo.

Sin pena ni gloria. Apenas un acto “palaciego” que pasó muy desapercibido, llevado a cabo en la sede del, lamentablemente, desprestigiado Parlamento, con la presencia del no menos desacreditado mandatario del Poder Ejecutivo. 

El pasado jueves 7 de noviembre se cumplieron 70 años de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, la también denominada Carta Magna, por ser la piedra angular (se dice), de la convivencia civilizada en el seno de nuestra nación.

Una fecha conmemorativa inherente a la institucionalidad republicana como esta debió haber tenido mucha más proyección, inclusión y divulgación. ¡No fue así! Se juntaron solo entre ellos, la clase política tradicional, cada vez más aislada de la gente, de la ciudadanía; certificando, tal y como lo hemos venido señalando, que en Costa Rica la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace cada vez más grande, más larga, más profunda.

La llegada del 70 aniversario de la Constitución Política se da en un momento en que la abrumadora mayoría de la población, en porcentajes jamás surgidos antes, estiman que el rumbo del país está equivocado. 

Además, que el actual mandatario presidencial es la persona en ese puesto más impopular y más rechazada desde que se hacen encuestas, que miden el nivel de aceptación de quien ocupa la Presidencia de la República.

El sentimiento generalizado de una ciudadanía que está muy decepcionada de su clase gobernante es que el espíritu de la Constitución, fundamentado este en la promoción del bien común y de la inclusión social, ya no es el determinante a la hora en que se están tomando decisiones, especialmente las de orden legislativo-parlamentario.

Una enfermiza y patológica aversión a lo público impregna la mayoría de las voluntades diputadiles actuales, muchas de las cuales son permeadas por intereses egoístas provenientes de la esfera del alto negocio empresarial, como ya fue denunciado por una legisladora nada proclive a la lucha social y, mucho menos, al papel de los sindicatos en la sociedad. La agenda del mega-corporativismo del lucro privado con la cosa pública es lo que está primando en la actual Asamblea Legislativa. Y eso no está dictado en la Constitución.

Lo que pasó con la tramitación atropellada y con la aprobación-imposición del denominado combo fiscal, hoy Ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es una muestra clarísima de que el espíritu constitucional de la promoción del bien común y de la inclusión social fue relegado, desdeñado y hasta violentado.

Esta detestada legislación, por otra parte, impuso varias modificaciones estructurales a esa Constitución, sin pasar por los procedimientos que la misma establece para su propia variación. Ejemplo de ello es la violentación de la autonomía del régimen municipal, el cual, desde un punto de vista político pasó a ser regido con el espíritu ideológico-fiscal que prima en el manejo de las finanzas públicas del país; mismo que establece la prioridad del pago de la deuda pública y de sus obscenos intereses por encima de las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo social. 

Lo peor de todo es que los guardianes de la Constitución ya no se desempeñan en cuanto tales. Al menos, esa es la sensación que anida en amplios segmentos de la ciudadanía. Ahora son guardianes de la satisfacción plena de los enfoques políticos hegemónicamente dominantes, los del perverso y fracasado neoliberalismo, en el tema macroeconómico fiscal, del déficit y de la deuda.

Algunos ciudadanos, muy honestos, capacitados y estudiosos, vienen propugnando por una nueva Constitución Política. Esto debemos verlo con cuidado. La gran ofensiva que estamos presenciando desde el actual Parlamento en contra de los preceptos fundamentales de la actual Carta Magna: bien común e inclusión social, no augura que una eventual Asamblea Constituyente pudiera llevar mayoría de representaciones leales a esos postulados constitucionales, hoy muy mancillados.

Por otra parte, el dolor del desempleo que sufren unos 300 mil compatriotas como que no importa a los grandes tomadores de decisiones políticas en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estas personas, tan costarricenses como usted y como yo, sufren una severa violación a su Derecho al Trabajo, así incluido en la Constitución Política.

El artículo 56 de la Carta Magna estipula: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”. ¿Qué pensará cada uno de esos 300 mil costarricenses de que tener un trabajo es un derecho y, a la vez, una responsabilidad para con la sociedad, si esta, mediando el Estado, no le facilita lo concerniente? Con seguridad, se siente desprotegido por la propia Constitución.

Si la Constitución empieza a ser violentada de facto (como ha ocurrido con la ley del combo fiscal); si la Constitución ya no está protegiendo los derechos obreros y sociales porque quien debe procurar ello se está haciendo de la vista gorda; si la Constitución ha quedado sin guardianes porque estos están respondiendo a intereses ajenos a sus postulados… se está abriendo un peligroso camino de inestabilidad con consecuencias insospechadas. 

En el entretanto, algunos estamos optando por una nueva protección: la del Derecho Internacional pero no porque la Constitución de 1949 ya no “sirva”. Todo lo contrario: es para garantizar su preservación desde afuera del país. ¡A esto estamos llegando!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Desde la militancia mediática del principal medio de comunicación escrita practicante del periodismo de odio, ha salido una idea para establecer una especie de control ideológico-político de lo que acontece en el seno del Parlamento costarricense, otrora conocido como Primer Poder de la República, a fin de que en cada una de sus comisiones legislativas se instale una especie de policía política designada por el Ministerio de Hacienda; para que se ejerza un procedimiento de revisión exhaustiva de cada iniciativa de ley que presenten los señores diputados y las señoras diputadas, a fin de que estas no se salgan del esquema macrofiscalista que se ha impuesto al país, a partir de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635, conocida por el pueblo como combo fiscal.

Esta especie de gendarmería ideológica respondería a los intereses que salen del Ministerio de Hacienda y su “comandante en jefe” sería su jerarca actual, Rocío Aguilar Montoya, cuya línea de imposición de políticas públicas está dirigida al bienestar del menor número y a perjudicar a las grandes mayorías; todo lo cual ya es público y notorio y no amerita argumentación adicional.

Hemos venido insistiendo en que nuestra querida Patria está sufriendo un proceso de transformación estructural muy profundo, de lo cual la ley 9635 representa apenas la punta del iceberg; proceso que tiene una intencionalidad clara para instaurar, más bien imponer, una forma de ejercicio de la Democracia de corte autoritario-totalitario.

La policía política de Hacienda en el seno del Parlamento, a través del control que esta ejercería en cada comisión legislativa, no solamente representa un acto de soberana arrogancia de parte de la indicada jerarca y su equipo íntimo de insensibles tecnócratas, los cuales prácticamente están descalificando la capacidad intelectual de las 57 personas con escaño parlamentario en estos momentos para que estas impulsen iniciativas propias sin supervisión ideológica previa; sino que sería una especie de aberración constitucional, pues lo que representa tan nefasta pretensión no es más que el control político abierto de parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.

Si ya ha quedado clara la total hegemonía que ha venido imperando en la actual Asamblea Legislativa, en el sentido de que estamos observando una mayoría mecánica dispuesta a aprobar, sin mayor discusión, las iniciativas de ley macrofiscales y hacendario-presupuestarias que ha venido presentando la cartera ministerial de Hacienda; esta parece desconfiar de que alguien se le ha venido saliendo o se le podría salir, del rebaño diputadil; poniendo en riesgo la imposición de nuevos y más profundos ajustes fiscales en detrimento de la población, sin la menor resistencia intramuros parlamentarios.

Vemos con alarma esta iniciativa que, si bien es cierto se formula desde la sala editorial del principal medio del periodismo del odio en el país, es imposible pensar que no haya ya sido discutida con la propia jerarca de Hacienda, la señora Aguilar Montoya; y, de seguro, con el propio señor Carlos Alvarado Quesada. La congruencia político-ideológica entre el pensamiento de estos dos altos personeros ejecutivos del país y el pensamiento de ese tipo de prensa ha sido de total constatación para las conciencias cívicas del país.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“El edificio más feo del mundo”, es la calificación que recibió, en un artículo periodístico de opinión, de parte del ciudadano Jaime Ordóñez Chacón, la nueva construcción, ¡horripilante! (decimos nosotros), que albergará la Asamblea Legislativa; edificación próxima a terminarse.

Hace tiempo habíamos llegado a la conclusión de que esta construcción tiene varios significados simbólicos, como el de que la dureza, la frialdad y el encierro que muestra son totalmente congruentes con el deterioro de la confianza de la ciudadanía en sus máximos dirigentes políticos nacionales, los cuales necesitan esconderse de la gente. Es decir, nada mejor que darle una imagen a la creciente distancia entre el gobernante y los gobernados que “el edificio más feo del mundo”, una especie de búnker invertido.

Para nadie es un secreto que la Costa Rica de hoy está avasallada por elementos de un poder real, por lo general de naturaleza económica, que actúan en la sombra, que no se ven, que no conocemos sus nombres, que no van a elecciones pues no postulan sus nombres de manera directa, sino vía testaferros; pero que sus decisiones contrarias al bien común son puestas en práctica por este tipo de personas, sus operadores políticos en los tres poderes del Estado; cual si fueran asalariados ideológicos del capital, pero pagados con fondos públicos que todos aportamos por medio de los impuestos que nos cobran; además de sus agentes mediáticos matriculados con el periodismo de odio, los cuales desde un estudio de televisión o de una sala de redacción dan órdenes ejecutivas. 

Las medidas de transformación estructural de la sociedad costarricense y de su correspondiente institucionalidad (misma que está vigente desde el establecimiento de la Constitución Política actual, el 7 de noviembre de 1949), que se están impulsando, especialmente aquellas con ropaje legislativo, son abiertamente impopulares. En la actual gestión gubernativa, tanto parlamentaria como ejecutiva, no se está legislando para el bien común, para la inclusión social ni para reducir las desigualdades. Todo lo contrario.

El enojo, la indignación, la ira y la molestia popular están en crecimiento. Estos sentimientos de frustración y de impotencia pueden adquirir potenciamientos de calidad, de cantidad, de variedad, totalmente insospechados. Por tanto, esa clase política, consciente de su lejanía del pueblo que le vota, le da la espalda a este; haciéndose necesario encerrarse, esconderse, ocultarse, invisibilizarse para el ojo ciudadano, pues las leyes en curso y las por venir son completamente contrarias al bienestar de las mayorías.  ¡Y qué mejor cosa para ello que estar protegidos por una fortaleza inexpugnable, un búnker!

Efectivamente, la clase política tradicional ha decidido “bunkerizarse”, concreta y simbólicamente, en “el edificio más feo del mundo”, según don Jaime Ordóñez Chacón. Al profundizarse la concentración de la riqueza y la exclusión económica y social; al incrementarse la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y salarial; al hacerse más cruel la corrupción y el tráfico de influencias, etc., etc., y no haber respuestas sólidas para corregir estos males, la respuesta del oficialismo, el formal y el real, es atrincherarse en su búnker: el nuevo edificio legislativo; para, por un lado, disminuir el riesgo del reclamo popular abierto; por otro, para esconder con mayor seguridad el carácter de la traición a su ciudadanía votante.

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)