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Benjamín Sevilla García, Secretario Juventud, ANEP

Los “datos personales” tienen que ver con toda aquella información respecto de un ser humano. Información que físicamente identifica a una persona, o bien, aquella información que hace que una persona sea identificable, como es el nombre, su apellido, la dirección de correo electrónico, estado civil, profesión, identidad, entre otros.

También hay “datos personales sensibles” que son todos los datos que existen sobre una persona, pero que de ser manejado de manera indebida o divulgados de forma incorrecta, le podrían ocasionar a esta persona un grave riesgo, por ejemplo: la indebida divulgación del estado de salud de una persona, la afiliación sindical, la orientación sexual o bien, las creencias religiosas que profese.

Debido a la importancia de la privacidad y la relevancia de preservar los datos personales frente a un mundo globalizado y un vertiginoso desarrollo de la tecnología, el Sistema Interamericano aborda algunos principios de particular relevancia.

Primero: La lógica que se persigue es que los datos personales deben ser recopilados solamente para fines legítimos, es decir, para aquellos propósitos que la ley expresamente indique y se deberán recoger de manera estricta por medios justos y legales. Ninguna autoridad estatal, respecto de este asunto, tiene el permiso para actuar al margen de la ley o de manera oculta. Debe indicar de manera clara y transparente cuáles son los objetivos que llevan a recopilar, usar, almacenar o divulgar los datos de una persona. No se puede obtener la información a través del engaño o actos fraudulentos.

Segundo: La regla general es que sólo se podrán obtener los datos personales con el consentimiento libre e informado de la misma persona. Este consentimiento se debe dar luego de que la persona haya recibido la información pertinente, para que no existan dudas que puedan generar incertidumbres respecto de quién o quiénes tienen acceso a esos datos; y, cuál es el procedimiento normal y legal que se debe seguir.

Tercero: La recolección de datos tiene que responder a una necesidad real y, además, este acto tiene que ser pertinente, lo que implica que los datos tienen que guardar armonía razonable con esos propósitos específicos por los cuáles se está dando la recopilación de datos.

Cuarto: La información o datos personales deben ser usados de manera limitada y su retención también tiene límites. Esto quiere decir que los datos se deben mantener por el tiempo requerido para los fines específicos y luego deben ser eliminados, ya que la retención innecesaria y excesiva de datos personales tiene evidentes implicaciones para la privacidad.

Quinto: Respecto del deber de confidencialidad, los datos no podrán ser compartidos con terceros, ni usados para propósitos que no se corresponden con aquellos para los cuales se obtuvieron. Debe atenderse no sólo la seguridad de los datos personales, sino evitar su uso y divulgación para fines distintos.

Sexto: Los datos personales deben ser protegidos de manera minuciosa para evitar el acceso no autorizado de los mismos, el uso indebido, la destrucción o la divulgación sin previa autorización o de manera irrazonable. El tema de la seguridad de los datos debe responder de manera precisa ante el constante cambio y avance de la tecnología; y, ante los ataques cibernéticos. Esto permite entender que las personas, que en aquellos casos excepcionales puedan tener acceso a los datos personales (controladores de datos), están en la obligación de asegurarlos y, además, mantener informadas a las personas de cualquier irregularidad en el manejo de estos datos.

Sétimo: Los datos que se recopilen se deben mantener actualizados, completos y exactos, pero en relación con los fines y usos legítimos para los cuales se están recopilando, esto es lo que algunos expertos denominan fidelidad de los datos.

Octavo: En todo momento las personas titulares de los datos tienen derecho al acceso y corrección de los mismos. Esto quiere decir que en cualquier momento pueden solicitar acceso a esos datos para controlar, pedir la corrección o eliminación de lo que no se ajuste a la realidad. En el eventual caso de restringirle a una persona la posibilidad de eliminar o corregir cierta información, se deberá hacer conforme a la legislación nacional y no como un acto antojadizo de los controladores.

Finalmente, es importante indicar que el error que cometen algunos controladores de datos o autoridades nacionales es que no dan seguridad diferenciada a los datos personales sensibles de los meramente personales, vulnerando con ello los aspectos más íntimos de las personas y afectando su dignidad con intromisiones innecesarias e infundadas. Lo que es peor aún, no se tienen reglas claras respecto de la responsabilidad no sólo de las medidas a implementar para que no se dé un uso indebido de los datos, sino para sentar las responsabilidades penales y administrativas que en buen Derecho corresponden cuando haya violación a estos principios.

En la misma lógica, las autoridades estatales fallan en la implementación de mecanismos de control y seguridad para manejar los datos personales en un mundo moderno en el que se presenta un impresionante flujo transfronterizo de datos. También erran, a la hora de fijar las excepciones a los principios anteriores, sobre todo cuando se trata de usar datos personales o datos personales sensibles para otros fines que no guardan relación con la soberanía nacional, la seguridad interna o externa, el combate a la criminalidad y el tan malinterpretado “orden público”. En todo caso, aun cuando se justifique excepcionalmente el uso y almacenamiento temporal de datos personales, el Estado tiene la obligación de ponerlo previamente en conocimiento a la ciudadanía y publicar dicha excepción.

Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional, ANEP

El intento del gobierno por establecer de manera permanente y “con todas las de la ley” un departamento de recopilación de información ha generado cientos de reacciones que no debemos pasar por alto. Desde ANEP, como organización social, y orgullosa abanderada de los derechos humanos, en nuestras ramas de competencia, de inmediato que se anuncia la “creación” de esta oficina especializada, comienzan a trabajar los engranajes de análisis que nos caracterizan.

No es nuevo para nosotros, y tampoco debería serlo para una población bien informada, enterarse que en casa presidencial existe personal dedicado a reunir información específica sobre sus objetivos de interés. O bueno, no creerán que en realidad la DIS se dedica solo a compartir datos de relevancia con algunas autoridades de naturaleza investigativa, sería muy ingenuo de su parte amable lector, con todo respeto.

La novedad aquí es la forma descarada en que admiten que hace tiempo mantienen a personal enfocado en la única tarea de recopilar información, y escudan su absurda justificación con el alegato de que el objetivo es mejorar la toma de decisiones políticas. ¡AJÁ! Nuestra población debe darse cuenta, ahora más que nunca, que estos políticos que nos gobiernan, liderados por Carlos Alvarado, quien a su vez sigue órdenes de los grupos de poder económico (círculo al que él no pertenece, solo quiere encajar), están convencidos que somos tontos y nos quieren ver la cara.

Es una cuestión muy simple, si se quiere conocer el estado de la infraestructura de los centros educativos, de las delegaciones policiales, transporte público, carreteras es solo cuestión de preguntarle a los jerarcas que el mismo presidente ha colocado al frente de tales instituciones. ¿Sino que hacen a lo interno de cada entidad gubernamental, solo tomarse selfies? Recabar información sobre la cantidad de centros educativos con problemas de infraestructura es un asunto que la lógica nos dicta se conoce en el propio MEP, cientos de padres se quejan a diario por esta situación. Conocer las cifras de pobreza, comunidades vulnerables, falta de oportunidades y demás, bueno, sobran las instituciones que abordan estos temas; para nombrar solo algunas, tenemos el informe del Estado de la Nación, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, ICD, INEC, IAFA…entre muchas otros. Y bueno, sobre las carreteras, si el propio jerarca del MOPT no posee informes con la sectorización de los principales problemas viales de nuestro país, entonces estamos más fritos de lo imaginamos. ¿O es que la falta de capacidad y liderazgo del señor presidente no le permiten establecer una coordinación con su equipo para tener conocimiento de toda esta información?

Pues sobre la capacidad y liderazgo no me voy a referir (lo obvio no se dice), pero si queda muy en claro que las razones extendidas por casa presidencial no obedecen con honestidad a la realidad, y que los objetivos de recopilar data de la ciudadanía persiguen otros fines.

La lucha política es muy sucia, y sería una gran herramienta para una agrupación política específica poseer información personal de aquellos que pueden aspirar a ser sus contendores, señalándoles defectos de pago, amoríos, nexos con figuras polémicas de otros partidos, u otras equivocaciones de cada político en su plano personal. Tal accionar por si mismo es repulsivo, pero aprovecharse de los recursos públicos para fortalecer esta herramienta de espionaje, es sencillamente intolerable.

Pero los objetivos no serían solo políticos, también se incluirían líderes de organizaciones sindicales, de grupos comunales, periodistas, padres de familia que protesten contra las posibles acciones cuestionables de un director en un centro educativo. La información es poder, y cuando se tienen datos sobre la familia, sus horarios, los sitios que frecuentan y demás, es fácil extorsionar o coaccionar a alguien (si justo como hacen otros grupos organizados). Es decir, cualquier persona que desee protestar contra el sistema, o las decisiones políticas, sea pro vida, por derechos de algún sector específico, porque se quedan sin agua frecuentemente en la zona, porque conocieron de un auténtico “chorizo”, se convierte al instante en objetivo para buscar la forma de “invitarle” a dejar de ser una piedra en el zapato para los que tienen el poder.

Por si se pregunta inteligente lector: ¿De qué manera discriminarán a quienes se pueden convertir, a corto o mediano plazo, en un objetivo? No pueden. ¿Entonces? Ah, simple, se meterán con la información personal de toda la población posible, para tenerla a mano en caso de que lleguen a necesitarla. Esta severa invasión a la privacidad preocupa, pues, aunque ya sabemos que desde hace décadas se ha recogido información privada de figuras que no son afines a los gobiernos de turno, pretender legalizar esta ilícita y burda actividad, y extenderla de forma descarada, es inaudito. Es increíble la cantidad de características que coinciden entre nuestro actual gobierno, con las formas de gobierno autoritarias y dictatoriales de otras latitudes en diferentes momentos de la historia.

Cerremos esta breve disceptación pensando en las peligrosas consecuencias de que nuestra información personal caiga en manos equivocadas (y ya hemos hablado antes que parecen haber vínculos entre algunos políticos y las estructuras de crimen organizado). En la actualidad experimentamos la forma en que algunas empresas se apoderan de la data, y la venden: ¿O cómo creen que en los navegadores o juegos de sus móviles les salen ofertas que muy seguido son congruentes con sus gustos personales? Ahora imaginen lo que nos podría suceder si nuestras galerías de fotografías, movimientos bancarios, transporte físico, lugares de visita, y el de nuestras familias, se recopila en un solo sitio, en el que no sabemos las personas que tendrían acceso a nuestra intimidad, ni mucho menos el uso le darían…Cada quien haga su propio análisis.

Por: Mainor Anchía Angulo

Para contrarrestar, o contener la incursión del crimen organizado en nuestro país, no he logrado ver algo diferente de lo que se ha venido haciendo durante los últimos quince años. Contrario sensu, es evidente que la mafia organizada diversifica sus operaciones, e incrementa su incursión en nuestro territorio; prueba de ello, los decomisos constantes de drogas en el sector de Corcovado y la más reciente incautación de poco más de cinco toneladas de clorhidrato de cocaína en las instalaciones de APM Terminals.  

Nuestras máximas autoridades siguen celebrando los “decomisos” de drogas, ilusoriamente aducen que ello representa un “duro golpe” al narcotráfico, lo cual, evidentemente, es una falacia. Ahora bien: ¿Cuál es el precio que hemos venido pagando como sociedad? En el año 2015, se registraron en nuestro país 557 homicidios, en el año 2016 se registraron 578 homicidios, en el año 2017, la cifra fue de 603 homicidios, y en el año 2018 la cantidad final fue de 585 homicidios. Tal como lo ha señalado el Organismo de Investigación Judicial, la mayoría de casos obedecen a temas vinculados con el crimen organizado.

¿Cuál es el plan? En el pasado (2014), los otrora jerarcas de la cartera de Seguridad Pública (Mario Zamora y Celso Gamboa), nos anunciaron la pomada canaria, bajo el título “los seis pilares de la seguridad ciudadana”. Haré mención del sexto pilar según lo anunciado y escrito en Diario Extra, bajo la firma del entonces viceministro de Seguridad Celso Gamboa:

“Estrategia contra el narcotráfico y crimen organizado: Con el uso de la inteligencia antes que la violencia, el país se convierte en el mayor incautador de drogas de la región, casi 35.000 mil kilos de cocaína y contando, 3.978.108 plantas de marihuana erradicadas y contando 389 organizaciones criminales desarticuladas, 282 vehículos decomisados y $11.457.858, así como poco más de ¢247 millones, responden a una estrategia dirigida a controlar: Tráfico internacional, tráfico local, violencia, corrupción, legitimación de capitales y lo más importante reducción en consumo.”

Evidentemente, no se cumplió con el ideal de controlar el tráfico internacional, el tráfico local, la violencia, la corrupción, la legitimación de capitales y lo más importante, el consumo de drogas nivel local. Por el contrario, se ha generado un alarmante incremento en todos los casos, y como todos sabemos, el gran mercado los EEUU y algunos países europeos, establecen alianzas y colaboran en el combate al narcotráfico, no obstante, en Costa Rica ponemos los muertos. La mayoría de homicidios están ligados con ajustes de cuentas, o sea, se dan como resultado de la disputa de territorio entre grupos narcotraficantes que han instalado sus operaciones en nuestro país.

Por ello, urge una verdadera estrategia, misma que debe incluir mejorar las condiciones laborales, la calidad de vida de nuestros uniformados. Resulta vergonzoso, verecundo, paradójico, que se desmejoren las condiciones de las personas que integran los Cuerpos Policiales; al mismo tiempo que se viene dando un incremento en la inseguridad ciudadana, como resultado de una mayor incursión del crimen organizado en nuestro territorio. Hago mención de la precarización salarial, la regresividad en materia de derechos laborales, producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número 9,635. A lo cual se le puede agregar la incerteza jurídica que viven cada día nuestros uniformados.

La constante en homicidios que ha mantenido nuestro país, repercute de manera negativa en su imagen internacional, lo cual, podría agudizar aún más el problema social de desempleo que vive nuestro país, por cuanto, en el corto y mediano plazo, se podría presentar una disminución en torno con la llegada de turistas, no en vano hemos bajado de categoría en dicha materia. Hago la pregunta con preocupación, toda vez, que el conocer desde adentro y de primera mano la vivencia policial, me permite decir que, históricamente se ha trabajado en función de la “supervivencia” del mando superior, o sea, de generar estadísticas para mostrarla a los medios de comunicación, sin que ello se refleje en una verdadera mejoría en la seguridad ciudadana. Por ello, una vez más es menester preguntar ¿Cuál es el plan?

Jonathan Flores, Criminólogo y Directivo Nacional de ANEP

Para muchos, las palabras del actual Ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chaves, con las que afirmó que en Costa Rica circulan unos 22 puntos porcentuales del PIB, provenientes del lavado de dinero, son escandalosas. Aunque, a decir verdad, los números son impresionantes, la “revelación” de que por nuestro país se mueven gigantescas cantidades de capital, producido por actividades ilícitas, no es ninguna sorpresa para aquellos que seguimos la pista al tema de la seguridad ciudadana, y todas las aristas que la misma incluye. Que esta fuerte aseveración lleve a cuestionar con seriedad la vinculación entre el poder económico de las estructuras criminales y las estructuras político-partidarias, tampoco es algo nuevo, y desde ANEP ya lo habíamos señalado antes, en diversos espacios.

Hay situaciones que a la ciudadanía se le escapan, ven con normalidad y hasta acusan de paranoico a aquel que plantee la teoría de una posible doble intención detrás de acciones “aisladas” que van siendo impulsadas, o apoyadas, por la clase política que nos gobierna. Ejemplo claro de ello es el ver seguridad privada en un aeropuerto, o que el contrato de concesión portuaria no contemplara la revisión de los contenedores con los escáneres, por mencionar solo dos circunstancias, que para muchos son simples negocios estatales que no se atendieron con la mejor eficacia.

Sin embargo, ahora que en el imaginario del pueblo flota la incógnita de los posibles vínculos entre el financiamiento de partidos políticos y líderes del crimen organizado, resulta más sencillo apuntar aquellas acciones que dan evidentes reflejos de que hay una serie de movimientos que solo favorecen a una parte de la ecuación, y es justamente la que se dedica a actividades ilícitas.

Veamos: con un pueblo económicamente vulnerable, se golpeó aún más a la población con impuestos, y se disminuyó considerablemente el poder adquisitivo de la clase trabajadora, mediante la aprobación de la ley 9635 (paquetazo fiscal). Pero, a sabiendas las autoridades de Hacienda de los flujos importantes de dinero que solo pasan por nuestro sistema bancario para redirigirse a otros destinos, no se aplicaron impuestos a estos capitales golondrina. ¿A quién favorece eso? Correcto, a quienes evaden, eluden y blanquean capital.

Otro aspecto, ya antes mencionado, y que desde ANEP se ha denunciado, el negocio tremendo con la seguridad privada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la mayor puerta de entrada y salida de nuestro territorio. Poco a poco, se está desplazando la policía estatal y se contrata seguridad privada, por cierto, esa empresa de seguridad privada está siendo investigada por posible contrabando. Las acciones del gobierno se han supeditado a decir: “no tenemos la potestad de prohibir esta tercerización” ¿Y el poder de imperio intransferible en materia de seguridad? Pensemos lo fácil que sería para un grupo narco, o de similar naturaleza, adquirir por completo una empresa privada de seguridad y operar a sus anchas. Es muy lógica la posición vulnerable del país en este aspecto, ya la F.A.A. (Federal Aviation Administration) nos bajó la categoría en materia de seguridad aeroportuaria, y, aun así, seguimos viendo como la administración del recurso policial en el lugar sigue dando pie a debilitar la operación principal en el aeropuerto.

Sigamos. ¿Sabían que Costa Rica se retiró del programa de revisión de contenedores de la ONU? Pues sí, hasta el año anterior, se “incorporó” de nuevo, ante una serie de cuestionamientos muy evidentes. No obstante, al contactar con el personal de la Policía de Control de Drogas, se nos indica que se sigue trabajando exactamente igual, solo atendiendo las alertas provenientes del exterior, sin una programación real de revisión preventiva de los contenedores. Sobra preguntar quienes ganan con esta débil seguridad en los puertos, es suficiente con observar las noticias de los cargamentos de droga que han llegado directamente a Europa desde Costa Rica.

A esto debemos sumar la actual imposibilidad que tienen nuestras autoridades de revisar, con escáner, los contendores en la terminal de A.P.M. en Moín; porque en el contrato de concesión no se incluyó este “pequeño” aspecto de seguridad. De manera que, por el alto costo que debe pagar el gobierno para el uso de los escáneres, no es posible implementar revisiones preventivas serias, y seguimos dependiendo de las alertas internacionales para hacer algún decomiso en dicha terminal.

Sobre todos los peros, los obstáculos y los “yerros” que han imposibilitado la implementación de escáneres en las fronteras terrestres del país, ni hablamos. El punto es el mismo, si las autoridades del país de verdad estuvieran enfocadas en la seguridad, y la evasión fiscal, estos escáneres estuvieran operando hace años, y ya tendrían muy buenos frutos. Nuevamente, los beneficiados con esto son únicamente quienes evaden, eluden, contrabandean y blanquean.

Podemos seguir uniendo el rompecabezas manifestando, una vez más, el debilitamiento de los Cuerpos Policiales. Servidores estatales que trabajan 12, 16 y más horas, y que deben estar acudiendo a los estrados judiciales a reclamar los derechos laborales que a diario les violentan. Funcionarios que, según cálculos propios proyectados a seis años, perdieron el poder adquisitivo de su salario en alrededor de 90 mil colones. Destacados lejos de su hogar, sin poder pasar tiempo de calidad con su familia, rogando para poder tener oportunidad de estudio universitario, sin la posibilidad de concursar por un ascenso, porque estos se dan a dedo. En pocas palabras, tenemos policías sumamente desmotivados y las renuncias son cada vez más cuantiosas. ¿Sabía que la PCD tiene menos de 150 oficiales para todo el país? Y mes a mes siguen renunciando más.

Entonces, unamos un poco las piezas del rompecabezas, el sistema bancario no se toca, se disminuyen las posibilidades de revisión en puertos y fronteras, se vulnera la seguridad del principal aeropuerto y se desmotiva al policía. Pregunto para resaltar: ¿Todo este escenario a quienes beneficia? Correcto, repetimos: a las estructuras de crimen organizado, que lavan, contrabandean, chantajean, roban, asesinan…y que ponen su dinero sucio a merced de ser usado por las verdaderas estructuras de poder en el sistema bancario. Y quedan miles de aspectos sin analizar, como la elección de los magistrados del Poder Judicial, la falta de una política criminal real, y de proyectos verdaderos de implementación de políticas de seguridad ciudadana…entre otros.

Así cerramos el círculo, la delincuencia organizada opera con cada vez más ventajas, ponen sus ganancias a disposición del poder, que financia las campañas políticas, colocan a sus “apadrinados” en las posiciones estratégicas para seguir impulsando movimientos que les permitan seguir haciendo sus actividades ilícitas, y el ciclo vuelve a empezar.

En conclusión, más grave que descubrir que nuestra economía puede estar dependiendo de estructuras criminales, es descubrir que los escenarios que permiten a las organizaciones criminales seguir varios pasos por delante de las autoridades son generados por estas mismas. La gran cuestionante ahora es: ¿Cuáles políticos son los que han sido colocados en su posición gracias a los grandes señores, dueños del dinero sucio?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La distancia entre el gobernante y los gobernados se hace más grande y profunda; que la institucionalidad democrática se desprestigia; que la decepción de la gente con la política y con los partidos está más que justificada.

La diputada oficialista doña Paola Vega Rodríguez se quejó, hace varias semanas y en el propio plenario de la Asamblea Legislativa, sobre lo que sería, según ella, la fuerte influencia de los intereses del alto corporativismo de negocios de este país en las decisiones que se vienen tomando en el parlamento costarricense; específicamente la gran presión que ejerce el mayor sindicato empresarial del país, la UCCAEP. Valga indicar que en las filas del mismo hay un notable sector “empresauriado”.

Por otra parte, el legislador liberacionista don Daniel Ulate Valenciano, aunque ahora excomulgado de su propia fracción parlamentaria, denunció lo que él cree es una poderosa influencia del mega-negocio cervecero por la fuerte presión que estarían ejerciendo sus cabilderos, presuntamente bloqueando el avance de una legislación para combatir el contrabando de licores.

Por otra parte, proyectos de ley que tendrían un gran impacto en aliviar la carga financiero-económica de miles de hogares costarricenses altamente endeudados, como la regulación de las obscenas tasas de usura, enfrentan fuerte resistencia del sector bancario-financiero; e, incluso, la propia institucionalidad pública que regula el mismo, se ha parcializado completamente, bloqueando el avance de urgente y sana legislación en tal sentido.

La regulación del precio de los medicamentos, o la urgentísima legislación para ayudar a miles de agricultores y productores agropecuarios al borde de la extinción por deudas asfixiantes, representan iniciativas de ley que no están contando con la viabilidad política necesaria, dado que se perjudicarían intereses corporativos muy poderosos, aunque minoritarios y egoístas.

Además, tomemos en consideración que las dos leyes más nefastas tramitadas por la presente Asamblea Legislativa, la No 9635 (combo fiscal), así como la 9808 (ley mordaza anti-huelgas), representan el más grave ataque parlamentario a la mayoría de la población costarricense; por cuanto, en el primer caso, se incrementó la carga tributaria y se disminuyó el ingreso de quienes menos responsabilidad tienen por el problema fiscal del país. En el segundo, la proscripción del Derecho Humano Fundamental a la huelga golpea la capacidad movilizatoria y de expresión abierta de amplios sectores ciudadanos, especialmente los de clase media, que se resisten a ser lanzados a la pobreza, o a caer en alto riesgo de vulnerabilidad en tal sentido.

Por el contrario, notables firmas privadas del alto corporativismo de negocios del país han sido cuestionadas, en listas oficiales forzosamente hechas del conocimiento público, por conductas tributarias impropias que llegan hasta el fraude fiscal descarado; consorcios que nosotros hemos catalogado como “empresauriado”.

Recordemos que, en nuestro criterio, el “empresaurio” es una persona de negocios multimillonarios (por lo general, un hombre), con conexiones políticas co-gobernantes; de dudosa reputación tributaria; declarante de “cero” ganancias y “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal. Rabiosamente antisindical y de tendencia totalitaria. Usuario de paraísos fiscales.

El actual parlamento no ha emitido una sola ley que le ponga freno a las sucias prácticas tributarias “empresauriales”. Por el contrario, la ley del combo fiscal, No. 9635, posibilitó perdón y olvido de esas deudas fiscales para con la sociedad; algo inaudito y ofensivo para la generalidad de la población, si consideramos que ya es oficial que el fraude fiscal, en todas sus manifestaciones, oscila entre el 6 y 8 del Producto Interno Bruto (PIB).

Todo lo anterior nos lleva a formular la conclusión de que son los intereses del alto corporativismo empresarial, incluidos los de corte “empresaurial”, los que están siendo privilegiados en la tramitación de legislación en el actual parlamento costarricense; y, por el contrario, los que tienen que ver con la promoción del bien común, la reducción de la desigualdad, el fomento de la integración y de la movilidad social, los que son postergados, relegados, negados y hasta pisoteados.

Esto nos refuerza nuestro pensamiento que venimos exponiendo en diversos espacios y foros en cuanto a que hoy día, la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace más grande y profunda; que la institucionalidad democrática se desprestigia; que la decepción de la gente con la política y con los partidos está más que justificada; y que, por tanto, la clase política tradicional solamente tiene a su disposición para mantener el control, acudir al expediente del autoritarismo y emitir legislaciones de corte represivo. Comprendamos, en consecuencia, qué es lo que está jugando en la actualidad republicana costarricense.

Por: Jonathan Flores

El más reciente informe de la Contraloría General de la República, que fiscaliza lo atinente al proceso administrativo de compras del Ministerio de Seguridad Pública, ha arrojado conclusiones que no sorprenden a nadie. Pero, el hecho de que dicho informe evidencie en papel lo que la ANEP (ocupada en los temas de seguridad ciudadana) ha sabido y denunciado por años, no significa que haya que menospreciarlo; por el contrario, es otra oportunidad para hacer un llamado de atención a la ciudadanía, para que se unan a nosotros y exijan de una buena vez el gasto responsable del dinero de todos los costarricenses, especialmente cuando se trata del área policial.

 El contenido del informe número DFOE-PG-IF-00015-2019, del 20 de diciembre del 2020, analiza los procesos de adquisición (compras) que emplea el Ministerio de Seguridad Pública, en un periodo que comprende los años 2017, 2018 y parcialmente 2019 (hasta el mes de octubre). Por ello, le recomiendo querido lector que compruebe por usted mismo la información, el informe en cuestión puede ser descargado directamente del sitio web de la Contraloría General de la República, esto quiere decir que puede ser obtenido fácilmente desde cualquier computadora o teléfono móvil con acceso a internet. Una vez haya leído el mismo le invito a que razone, y juzgue usted si nuestras constantes críticas han sido injustificadas, o si obedecen a una verdadera preocupación de conciencia social.

  Comencemos por la realidad tangible, previo a señalar directamente las aseveraciones de algo tan abstracto como las circunstancias descritas en un informe, veamos primero aquello que nuestros sentidos pueden percibir directamente. Cualquiera que pase frente a las muchas delegaciones policiales del país notará distintas situaciones lamentables, entre ellas podemos enumerar: vehículos y/o motocicletas sin usar, estacionados en el parqueo de la unidad policial, o a la orillad e la calle (esto se dio porque se compraron autos sin tomar en cuenta la cantidad de recurso humano disponible); oficiales de policía “modelando” chalecos antibalas que no corresponden a su talla (tan grandes que les quitan la movilidad, o tan chicos que parecen minisetas); patrullas y/o motocicletas destinadas al abandono por no poder ser arregladas (porque no se ejecutaron las garantías ni se compraron suficientes repuestos), que ahora solo sirven para coleccionar óxido o servir de criadero de mosquitos; hasta edificios enteros que no pueden ser usados (como la comandancia de Cartago, una inversión de casi 100 millones de colones que no puede usarse por la no ejecución de garantía en la mala construcción)…entre muchas otras que son sencillas de observar a simple vista.

Para los que laboran en las sedes policiales saltan otras problemáticas: tener que utilizar armas obsoletas, como un revólver, alimentarse en medio del olor de aguas negras desbordadas, alimentación guardada en ambientes compartidos por alimañas y roedores, (recordemos que la suma de delegaciones policiales con orden sanitaria sobrepasa las 130); además de eso se tienen uniformes viejos, desteñidos, botas destapadas y reemplazos que no son entregados porque se enviaron tallas que no corresponden a las verdaderas de los oficiales. De todo esto doy fe, he visitado todas las regiones del país, tanto cuando ejercí la función policial como ahora desde la trinchera sindical y he verificado todo este lamentable escenario a lo largo y ancho del país.

Ahora pasemos al uso de la memoria. Recordemos la polémica surgida en 2016 por la compra de autos de lujo para ser usados como patrullas, miles de millones gastados en “equipo policial” que no tenía verdaderos fines operativo-policiales (excepto transportar a los directores hacia sus casas de habitación). Recordemos también los miles de millones gastados por un par de años consecutivos para la aeronave “Caribú”, que nunca pudo ser reparada en serio, y ahora es una costosa pieza de decoración en Liberia. Sigamos recordando, que tal los cientos de uniformes sin entregar, fundas de chalecos antibalas vencidas, y botas de tallas erróneas, abandonadas a la suerte del polvo y el olvido en el almacén institucional. Por todo esto el ministro Gustavo Mata estuvo sentado en la comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa-los diputados no hicieron nada vale aclarar. No podemos omitir de nuestras memorias aquellas sobre valoradas tiendas de campaña de 170 millones de colones, adquiridas en 2017, de uso limitado, genérico y antojadizo. Y, pues bien, a todo eso le podemos sumar las directrices internas del Ministerio de Seguridad Pública para racionar la alimentación de los oficiales.

Permítame una última anécdota estimado lector, una vez a este servidor suyo se le asignó la responsabilidad de elaborar el anteproyecto presupuestario del departamento de Planes y Operaciones. Cuando lo presenté me atendió una señora de la Unidad de Ejecución Presupuestaria, quien lapicero en mano, de manera antojadiza, sin consultar ningún documento, y con CERO experiencia policial, tachó las líneas de las artículos que ella decidía si se iban a comprar o no. Así se pueden hacer una idea de la planificación de las compras.

Todo lo anterior tiene un denominador común, y es el uso subjetivo, poco transparente, no apegado a la normativa e irresponsable, de las unidades de ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública. Y se han señalado situaciones previas al periodo de análisis del informe, con el objetivo de evidenciar que esta problemática se viene arrastrando desde hace años y nadie se ocupa seriamente del asunto. Justo por la experiencia propia, así como la diaria comunicación con los oficiales de diferentes cuerpos policiales del país, es que no me sorprenden las conclusiones del informe de la Contraloría. ANEP ya ha señalado en muchísimas oportunidades todas esas falencias, y hasta más.

Por si aún tiene dudas de algunas de las conclusiones extendidas por la Contraloría, te comento que son muy sencillas de sintetizar, a groso modo, se resumen en que, en el Ministerio de Seguridad Pública: las compras no se ajustan a procesos de planificación (o sea, que el 50% de las compras son improvisadas), no se tiene certeza de que lo adquirido coincida con las necesidades reales institucionales, se hacen varios procesos de compra de un mismo artículo, no existe valoración de riesgos de los procesos y no hay una verificación y seguimiento del cumplimiento de entrega de los productos adquiridos…entre otras señaladas por la Contraloría. Esto traducido a palabras criollas significa que mientras los policías viven en delegaciones con malas condiciones sanitarias, están faltos de uniformes y equipamiento tecnológico, el personal que se encarga de ejecutar el dinero de la institución lleva años gastando sin planificación, despilfarrando en cosas que no tienen ninguna necesidad prioritaria y la cabeza al mando no mueve un dedo por cambiar esta realidad.

Ah, y sobra decir que se han escuchado historias, sobre llamadas a proveedores, previo a sacar un cartel, que curiosamente concuerdan con empresas que gozan de varias y frecuentes adjudicaciones; el poco uso de la figura de la licitación pública en contraposición con el abuso de la compra directa. Pero esas son simples especulaciones, sin pruebas, de algunas personas que nos han contactado en ANEP, así que no podemos decir que sean ciertas, aunque, en honor a la verdad, confieso que me hacen dudar. Sin tan solo existieran investigaciones serias…saldríamos de dudas.

Una de las frases más cliché que figuran en la clase política es aquella de que la policía necesita ser dotada con más equipo policial. Obviamente estas palabras obedecen a una falta de conocimiento de la realidad policial y tienen un trasfondo populista. Si quienes ostentan un cargo con responsabilidad de representación del pueblo de verdad se preocupan por la seguridad ciudadana, previo a dotar de más equipo, exigirán una inversión planificada, apegada a las necesidades reales, con criterios técnicos elaborados por personas con experiencia en el ámbito policial; no permitirán siquiera un cuestionamiento por corrupción (por ejemplo, en su momento quien dirigía la ejecución presupuestaria de Fuerza Pública cumplió una pena por el delito de peculado y aún sigue siendo parte de la institución), y, finalmente, se iniciarán los procesos para sancionar a quienes hayan faltado a su deber de probidad, o carecen de eficiencia en su labor.

Está de más indicar que estaré a la expectativa de la reacción a tomar por parte del Ministro de Seguridad actual: ¿Engavetará el informe en su escritorio, como lo hicieron sus predecesores con las advertencias de la auditoría interna, o se ajustará el cinturón y buscará cambios reales en la forma de ejecutar el dinero de la cartera ministerial bajo su responsabilidad? Solo espero que sea más firme de lo que ha sido con otras situaciones, como todas las inconsistencias que hemos señalado en la Policía de Control de Drogas, por dar un ejemplo. Y usted inteligente ciudadano: ¿Volcará la vista a otro lado, o como es su derecho exigirá que el dinero del pueblo sea invertido de manera adecuada, transparente y eficiente? Su decisión…

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

La doctrina del efecto desaliento es una argumentación jurídica que tiene lugar en el ámbito de los derechos fundamentales. El Derecho de Huelga, sin objeción alguna, califica dentro de este rango por estar fundado en nuestra Constitución Política.

Como derecho fundamental, la huelga requiere ser valorada en su real dimensión por la normativa doméstica. Sin embargo, la huelga también constituye un Derecho Humano tutelado en algunos instrumentos jurídicos de alcance regional que, a su vez, son parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior implica que, el ejercicio del derecho a huelga requiere de una inteligente y especial atención, no sólo por constituir un derecho generador de otros derechos fundamentales, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento; sino por el rol que juega en el fortalecimiento de la democracia, en aquellos asuntos relativos al equilibrio del poder y a la participación política; aspectos que son ampliamente valorados por la normativa internacional.

El efecto desaliento entra en juego cuando se trata de limitar el ejercicio del derecho a huelga. La simpática manera de justificar la limitación es manipulando los alcances y las aplicaciones del principio de proporcionalidad. Ante el razonamiento de que una huelga “impide” el disfrute de otros derechos fundamentales de la población, se buscan alternativas jurídicas o las medidas más gravosas orientadas a impedir el ejercicio del derecho. En esta lógica, no se quita el enunciado constitucional, sólo se elimina la libertad para su ejercicio, se anula toda posibilidad práctica de huelga.

El efecto desaliento respecto de la huelga, consiste en hacer que su tramitación previa sea excesiva; que sus fines se limiten a la defensa de unos cuantos de derechos; que sólo persiga los intereses de un pequeño grupo de personas y no los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población trabajadora; que los temas a defender sean mínimos, que no tengan que ver con políticas públicas; y, que, cualquier exceso, por mínimo que sea en el ejercicio de la libertad de expresión de un sindicalista, constituye razón suficiente para llevarlo a juicio o condenarlo; sin importar que la frontera que separe lo lícito de lo ilícito de ese posible exceso, carezca de una adecuada delimitación.El legislador puede y debe crear mecanismos que sancionen los abusos en el ejercicio de un derecho fundamental. Pero, únicamente, cuando el ejercicio sea injustificadamente lesivo para otros derechos fundamentales. Lo que se busca es que las personas no pierdan la motivación de hacer valer sus derechos por el temor a cometer un error o sobrepasar los límites, algo así como evitar la autocensura.

El ejemplo clásico y sencillo de comprender el efecto desaliento se encuentra en las palabras de Juan Antonio Lascuraín, “si yo deseo que mis invitados paseen por mi finca, cosa que es excelente para su salud y para su sosiego, pero les aviso que hay algunas zonas con arenas movedizas que les podrán tragar para siempre y les aviso, además, de que no están claramente señaladas esas zonas, lo que harán mis invitados es no pasear.”

De manera que, el ejercicio del derecho a huelga como un derecho fundamental ligado a la libertad de expresión no permite que se fijen sus límites de manera tan exacta. Cualquier decisión apresurada haría que la norma se vuelva más difusa o termine conduciendo a la criminalización de la huelga. Y, en este sentido, por tratar de sancionar un comportamiento considerado “reprochable”, lo único que se logrará es desalentar el ejercicio legítimo de un derecho y la participación de grandes sectores en la vida pública del país.

El peligro de promover acciones que faciliten el efecto desaliento respecto de la huelga no sólo radica en la desincentivación de la participación democrática directa de la ciudadanía trabajadora en los temas país y la crítica a las decisiones políticas; sino que el sentimiento de repudio por no poder expresarse se podría ir acumulando progresivamente hasta llegar a manifestarse en alguna acción violenta. Por ello, algunos expertos en sociología observan en el fenómeno de la huelga una válvula de escape que no debería ser limitada o bloqueada.

Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

Desde hace algunos días vengo leyendo y siguiendo el pensamiento de don Pablo Barahona Kruger. Me impresionó su manera directa, informada y sagaz que tiene para abordar los temas del momento. Me agradó, aún más, saber que es una persona relativamente joven, pero que ante las adversidades que enfrenta la política nacional no se acomoda con la estrategia inerte de los tontos, sino que asume un rol de crítico propositivo.

Nunca he tratado personalmente a don Pablo, sé que es abogado y profesor universitario y que, en ocasiones, critica fuertemente nuestras estrategias de lucha. Tampoco necesito que una persona coincida en todo con nuestras ideas para felicitarla o, mejor dicho, reconocerle su valor e inteligencia.

Costa Rica precisa de la participación enérgica de una juventud pensante, de hombres y mujeres que antes de decir sí, o decir no, tengan un argumento razonable que sustente su posición. El señor Barahona, si ustedes me lo permiten, y si él mismo me logra tolerar la expresión, es una de esas voces peligrosas: peligrosa para los corruptos, peligrosa para los aduladores, peligrosa para los de capacidad intelectual limitada.

El citado profesor, en su momento expresó dos asuntos muy interesantes respecto del caso “Cementazo” – que socialmente es considerado uno de los mayores actos de corrupción del país-. Por una parte, lo que él consideró una debilidad en la investigación legislativa; por otra, las incongruencias entre los relatos que ofreció el Ejecutivo y las declaraciones de otros actores cercanos. ¿Acaso alguien se atrevió a desmentir esas aseveraciones?

En otro momento, el abogado Barahona analizando el caso crítico de Venezuela, y para despejar dudas de una vez, no sólo desde el fracaso del socialismo, sino también desde el fracaso del capitalismo en los años ochenta, lanzó una pregunta que aún se espera las autoridades estatales puedan responder, en virtud de que Costa Rica asume ciertas conductas y posiciones respecto de la realidad internacional: ¿Debajo de cual piedra estarán ahora los campeones de la democracia y los derechos humanos?

Por otra parte, y como acto de constancia de esa manera directa y franca que caracteriza a don Pablo, se atrevió a decir que hoy “es necesarísimo que se imponga en el país un límite penal preciso a la usura”. Esto, naturalmente, es un golpe para aquellas personas que se benefician desmedidamente a costa de las personas más humildes. Tampoco se escucha que haya un interés, al menos por decencia política, para entrarle en serio al asunto.

Ante la posibilidad de que ninguno de los casos anteriores haya sido suficiente para alertarnos del tipo de politiquería que vive el país, advierte Barahona que “la reforma judicial está siendo impulsada desde adentro y, al mismo tiempo, hacia adentro”. Lo ideal es que se hable de independencia judicial para beneficio de la ciudadanía y no para provecho de una casta privilegiada. Señala que la reforma judicial se está dando con el silencio cómplice de académicos y la poca incidencia de los litigantes.

Esta es sólo una pequeña parte de los motivos por los que considero al mencionado profesor una de las voces peligrosas. Se entiende que no sigue la corriente, que no se deja doblegar por intereses espurios y que razona serenamente quiénes merecen su aplauso.

Finalmente, en ejercicio de mi libertad de expresión hablo en favor de las personas que así lo considere pertinente, con la autoridad moral de quien no le debe favores a ningún partido político, pues no milito en ninguno de ellos.

Benjamín Sevilla García

Secretario de Juventud / Junta Directiva Nacional ANEP

El aborto provocado, más allá del criterio que cada persona pueda tener al respecto, constituye un tema apasionante para el debate, particularmente en el estadio de la discusión jurídico penal. Es posible que el interés que suscita dicho tema guarde relación con el concepto que se tenga de vida: como valor superior absoluto o, como un bien jurídico sujeto a valoración. En el primer caso, la vida debe gozar de protección absoluta y en el segundo, la protección permite excepciones ante casos muy calificados.

La protección absoluta de la vida parece no tener sustento en nuestro Código Penal. Quizá los ejemplos más destacados sean, las causas de justificación que se refiere a “aquellas circunstancias que, conforme a la ley, hacen desaparecer la antijuricidad de un acto típico”. Es decir, que cuando hay conflicto entre dos bienes jurídicos, prevalece el más importante. Los casos que tradicionalmente se valoran son: la legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio legítimo de un derecho y cumplimiento de un deber.

La figura del aborto provocado se debe valorar con la seriedad que el caso amerita, para determinar con precisión, en cuáles circunstancias se podría justificar su práctica, de acuerdo con el marco normativo del bloque de convencionalidad; y, en cuáles casos, la práctica está prohibida y penada.

La tendencia moderna de ciertos grupos de activistas está orientada hacia la despenalización del aborto libre, aludiendo, entre otras razones, a la libertad que tiene la mujer para elegir sobre su propio cuerpo. Por otra parte, grupos religiosos y activistas opuestos, objetan la práctica por considerarla un grave delito de homicidio que debe ser castigado con la pena correspondiente.

En cualquiera de los casos, la discusión se torna interesante porque influye directamente sobre la política criminal y ésta a su vez, incide en el Derecho penal.

El análisis que se hace del aborto provocado resiste otras discusiones que vale la pena estudiar como son, vida independiente y vida dependiente; momento a partir del que se tutela la vida; eliminación o interrupción del embarazo; caso calificados como el de riesgo para la madre; y, el propio concepto de persona, en el marco de un Derecho penal de ciudadanos o bien, en el marco de un Derecho penal de enemigos.

Algunos autores, como Jesús María Silva Sánchez mencionan que las verdaderas no personas del Derecho penal moderno son los absolutamente excluidos, esos que en el Derecho penal son tratados como animales o cosas, circunstancias que concurren de modo esencial en el ser humano concebido y no nacido (dependientes como enemigos). Se habla aquí de esos seres humanos que también son valorados como “fuentes de riesgo”. “El aborto provocado es, pues, la destrucción de la vida del concebido y no nacido que, siendo indeseado, es percibido como una carga, o fuente de displacer”. Sin embargo, esto aplica para aquellos casos en los que el aborto es realizado por un aspecto voluntario o de placer, sin que medien circunstancias de justificación válidas.

Es importante señalar que, si se despenalizan ciertos abortos o, mejor dicho, si la ley expresamente indica cuáles abortos no son punibles y se supera la discusión respecto de los casos que médicamente justifican la conducta, no se debería hablar de la exclusión del concebido no nacido. No ocurre lo mismo en aquellos casos en los que la norma trata de establecer, para la práctica libre del aborto, a partir de cuántos días o semanas es un embrión, una persona, etc. En este segundo caso, es más que obvio que lo que se trata de desarrollar es un Derecho penal de enemigos, personas que son excluidas porque no se les reconoce como tales.

En todo caso, lo que no se debe permitir en un Estado de Derecho es que, se dé una deliberada exclusión de seres humanos de su condición de persona, que no se observe a los no nacidos o “indeseados” como enemigos, sino como personas frágiles que requieren la tutela de sus derechos. Pero, no se puede caer en los extremos de negar toda posibilidad de aborto cuando ello sea requerido por el comprobado riesgo que corre la vida de la madre.

No es posible que, por el temor a sacrificar bienes y libertades, como dinero y movilidad, las personas consientes decidan terminar con la existencia de un ser humano, tampoco es de recibo alegar que la libertad está por encima del valor de la vida, como una estrategia para justificar el aborto con base en la libertad que la mujer tiene para disponer de su propio cuerpo.

En Costa Rica el aborto impune (algunos lo llaman terapéutico) se da por disposición legal en el artículo 121 del Código Penal, cuando la vida o la salud de la madre corra peligro. Sin embargo, se considera que el concepto de salud que recoge la norma es un concepto jurídico indeterminado, va a depender de lo que un médico interprete por salud, dejando la práctica del aborto a criterio de dicho médico. Por ello, se alega que es importante una norma técnica que aclare desde las ciencias médicas cómo debe comprenderse.

Quienes están de acuerdo con la “Norma Técnica” indican que se trata de unificar un criterio científico y necesario, del concepto de salud al que los médicos deberán atender sin objeción alguna. Las personas que se oponen a ella, alegan que lo que se busca es abrir portillos para permitir la práctica del aborto libre, o la ampliación de supuestos bajo los que se permitiría, sin mayores restricciones, la práctica.

El aborto es un tema polémico, aún en las sociedades más progresistas y avanzadas, ha generado discusiones serias. Lo que no se debe permitir es que, se deje de atender otros temas que son sumamente importantes y que toda la discusión gire en torno al aborto. Sería vergonzoso que un asunto tan sensible sea utilizado para distraer la atención y generar cortinas de humo.

Por: Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública

Paradójicamente, la persona que denuncia al señor Albino Vargas, aduciendo que “instiga” para que se cometan delitos en perjuicio de la tranquilidad pública, es la misma que muchas veces en ejercicio de sus funciones defendió narcotraficantes, es de todos sabido, que el narcotráfico es la principal causa de violencia en nuestro país. Sin embargo, cita parte de la denuncia “venimos a denunciar al señor Albino Vargas Barrantes, mayor, funcionario público dedicado al ejercicio de un presunto sindicalismo que cada día se torna violento en daño de la sociedad civil”.

En la denuncia se observan errores de redacción, por ejemplo: “dedicado al ejercicio de un presunto sindicalismo”, por cuanto no es una presunción, es público y notorio que don Albino Vargas es dirigente sindical, que ostenta el cargo de Secretario General de ANEP, organización sindical que cumple con los presupuestos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, mismo que incluye los Convenios Internacionales suscritos por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sigue citando la denunciante: “Dicho señor con sus discursos y acciones (no dice cuáles) ha venido a desestabilizar el orden constitucional costarricense incitando a la violencia”. Nuevamente, es preciso recordar que, según se ha establecido por parte de las autoridades policiales, el incremento en la violencia, con ajusticiamientos, homicidios y balaceras en sitios públicos, es resultado de las pugnas por territorio para la venta de drogas, o sea, del narcotráfico. Ilícito negocio que encuentra terreno fértil en el desempleo, la falta de oportunidades y en el cada vez más reducido poder adquisitivo.

Es preciso preguntar ¿por qué se decantó la señora Navas en denunciar a uno de los muchos dirigentes sindicales de nuestro país? Se debe descartar la posibilidad de obtener algún beneficio económico, ni Albino es un adinerado, ni ANEP es un emporio corporativo que pueda amasar una fortuna, así las cosas, es preciso valorar y presumir que la misma deviene del populismo punitivo, ese que busca criminalizar la protesta social. Extrañamente la denunciante en el hecho quinto señala: “Hace unos días ante una presunta huelga (no se presume, huelga es huelga, legal o ilegal) convocada por sindicatos médicos y de profesionales afines (…) léase bien, la huelga no fue convocada por ANEP, tampoco por Albino Vargas. Sin embargo continua diciendo “incitaba a las masas a reaccionar y negar la prestación de servicios esenciales como la salud poniendo en peligro la vida de muchos ante la masiva cancelación de citas y de cirugías programadas”. Luego, la experimentada abogada, establece como elenco probatorio las notas de prensa.

En tal sentido, sorprende que con tanta experiencia y con participación en manifestaciones (en contra del gobierno) afines a su ideología, introduzca una serie de hechos extraños o ajenos a la persona denunciada, pareciendo desconocer que existen varias organizaciones sindicales en los servicios de salud, mismas que cuentan con sus respectivos dirigentes sindicales, al efecto se pueden citar: SIPROCIMECA, UNDECA, UNIÓN MÉDICA, ANPE, SINAE, entre otras. Todas constituidas de conformidad con los requisitos establecidos en nuestro Código de Trabajo, y demás normativa vinculante, o sea, parte de nuestro Estado de Derecho ¿Por qué únicamente se denunció a don Albino Vargas?

Parece sumamente preocupada la denunciante por la salud de las personas. No obstante, muchas de las emergencias que atienden los hospitales, se derivan de una actividad que fue defendida por ella, claro, bajo el presupuesto de que toda persona tiene derecho a la defensa. Igual que se tiene derecho de sindicalización con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Bajo esa premisa, nuestra Constitución Política también garantiza la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de reunión, algo más, que posiblemente en su afán de aprovechar el momento coyuntural olvidó doña Gloria, el principio de autonomía de la voluntad, si, ese que cita que; “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”. En ese orden de ideas, la señora Navas usa para “fundamentar” su denuncia un video que fue tomado sin autorización y divulgado por varios medios de comunicación, de una actividad privada, en la cual participaban diversos sectores sociales con la finalidad de analizar los efectos de las políticas adoptadas por los partidos de gobierno, así en plural, porque es claro que PAC, PLN y PUSC son lo mismo en la actualidad.

Por último, se puede disentir, discrepar, pensar diferente sobre diversos temas, aun siendo parte del mismo equipo u organización; sin embargo, utilizar el derecho para pretender imponer una posición o inclusive acallar a quien tiene una postura diferente de la nuestra, resulta absolutamente reprochable y censurable.

Lic. Mainor Anchía Angulo Seccional ANEP Fuerza Pública