Etiqueta: opiniones

Por: Claudio Alpizar Otoya

En estos días críticos, varios amigos me enviaron para mi lectura un artículo titulado “Si hay patadas, hay pa´todos” (La Nación, pág. 27), firmado por Guiselly Mora, Eli Feinzaig, Dennis Meléndez, Luis Mesalles y Thelmo Vargas. Una línea con la visión economista más pura y auténtica que se pueda tener en momentos de una fuerte crisis social, con un reduccionismo total a los aspectos económicos, donde los factores económicos priman sobre cualquiera otros.

Los analizo desde mi sesgo que prioriza la visión social, la cual me ha hecho seguidor del economista más reconocido e icónico del Siglo XX, John M. Keynes, aún vigente y no muy amigo de los articulistas mencionados, sobre todo cada vez que aparece una crisis económica en la que intentan ignorarlo, pero en la práctica, irónicamente también terminan siendo keynesianos.

John M. Keynes no creía que el sector privado pudiera ser el que resuelva los problemas más determinantes del sistema económico, como por ejemplo el desempleo. Era menos partidario de la autorregulación del mercado, pues este con frecuencia demuestra su incapacidad, más en las crisis, cuando hasta quienes endiosan al mercado imploran la acción estatal para influir en la actividad económica y lo ven como factor clave para reactivación económica.

Los mencionados articulistas inician su escrito solicitándole al Gobierno que tome medidas más fuertes para ayudar a las empresas privadas. Esa es la premisa inicial y clave de todo su planteamiento y el ciudadano en este caso pasa a ser secundario, pues es medio y no fin.

Luego continúan pidiendo que el Estado disminuya sus gastos, pero a la vez le piden más acciones. ¡Cuán contradictorio! Tratan de disimular el ventajismo que pretenden de la actual crisis hablando de “cerrar instituciones que no satisfagan un fin social”.

Yo pregunto: ¿Quién define entonces cuáles son sociales; acaso ellos? Una generalidad pasmosa que les permitiría meter en ese paquete de cierre a CNP, FANAL, EBAIS, RECOPE, ICE y otras tantas muy debilitadas en las últimas décadas. Porque es algo que siempre han soñado y que hoy, en la crisis, ante el papel protagónico y la eficacia que demuestran las instituciones públicas sienten que se les frustra.

Ellos prácticamente -si pudieran hacerlo- reducirían el Estado con fin social a la CCSS. Claro no sin antes afectarla en sus finanzas y dejarla funcionando al mínimo, pues desde su sesgo economicista el mercado de salud supliría todo lo demás y a “mejores” precios.

Dicen estar complacidos con la reducción unilateral de jornadas laborales en el sector privado como medida para no despedir personas mientras duren las calamidades, a la cuales le sacarán ventaja para perpetuarlas, pues en río revuelto ganancia de pescadores. Ese es su objetivo: aprovechar la crisis para precarizar salarios y beneficios.

Pero olvidan, miento, obvian, que será el Estado quien deberá brindar auxilio a esas personas con subsidios que irán desde el efectivo hasta abaratar o donar los servicios públicos, y eso no lo dicen porque se sentirían muy keynesianos, pero en el fondo lo esperan, no sin antes promover la precarización estatal, la cual disimulan con una falsa solidaridad en sus propuestas. Nadie duda que el Estado debe en esta crisis racionalizar sus gastos e inversiones y que de ello deberíamos aprender para el futuro, pero cuidado con quienes intentan disminuir su papel a futuro, pues esta no será la última crisis de nuestra historia y ocupamos un Estado cada vez más solidario.

Está claro que dichos articulistas no alaban en una sola línea el papel fundamental que muchas instituciones del Estado Solidario costarricense están y estarán desarrollando por días, semanas y meses, tal vez hasta por años, ahora y posterior a la crisis del COVID-19. Ellos saben muy bien que el mundo será otro y que sus premisas economicistas, que por años promovieron, han quedado desnudadas hoy y que se caen no por culpa de una Guerra Mundial o por la avaricia y la usura del sector financiero y bancario (Crisis del 2008), sino por algo que jamás imaginaron; por eso que tanto han alabado siempre: por una “mano invisible”.

Empero, una “mano invisible” que vino de una pandemia, la cual no se solucionará con bajar o subir el dólar, con más dinero circulando, con más o menos impuestos, sino que se soluciona con atención médica y prevenciones para la salud y la alimentación de todos. Que, por dicha de Dios, para el caso de Costa Rica, está en su mayoría en manos del Estado, el que dará sus servicios con equidad e igualdad a todos los costarricenses. No será el mercado quien defina quienes pueden disfrutar de los servicios requeridos: será la solidaridad.

El Estado costarricense no tiene problemas por su tamaño, y esa es la premisa más falsa promovida por quienes hablan de 330 instituciones estatales para asustar a los costarricenses, sumatoria que incluye a las 82 municipalidades, a 50 colegios profesionales y otras más que están en ámbitos diferentes.

El problema de nuestro Estado es la carencia de mayor eficacia y eficiencia. No es un asunto de tamaño o de despedidos, pues apenas representa el 13% de la mano de obra del país, y disminuye año con año.

Costa Rica no requiere de un estado lleno de “grasa”, pero tampoco de uno precarizado que muestre sus “costillas”; lo que requiere es un Estado fuerte y “tonificado”. Por ello, esta crisis que vivimos nos debería hacer coincidir y reclamar aún más su importancia. El Gobierno tendrá sus necesidades, y no deberá permitir el gasto indiscriminado, sino que deberá asegurarlo pues lo que viene estará lejos del alcance del sector financiero.

Estos “adalides” del mercado deshumanizado piden que el Estado costarricense se reduzca a la mitad; piden la reducción del salario de funcionarios públicos a 50%, igual que lo que se pretende hacer por ley con los funcionarios privados que son el 87% de los empleados.

Aquí lo que predican es “mal de muchos, consuelo de tontos”. Insisten en la guerra entre empleados públicos y privados que han promovido por años, pero ni por asomo solicitan una disminución de los compromisos y deudas adquiridas por los funcionarios públicos o privados, o de las utilidades en las empresas de productos de primera necesidad, pues pretenden mantener las utilidades abaratando solamente el empleo.

El empleado privado es tan importante como en empleado público. Se necesitan unos a otros, y ciertamente “si hay patadas hay pa’todos”, pero esta premisa también debe ser implementa en los momentos de bonanza, pero les aseguro que estos economicistas nunca encontrarán ese momento.

No dicen los articulistas que el Estado también tendrá una caída fuerte en sus ingresos, que ya venía con problemas, pero se le seguirá exigiendo servicios y atención oportuna. Pero siguen insistiendo en que todo es culpa del empleo público. Además, desde el Estado se deberá promover y reactivar la economía, y recuérdenme, estos mismos economicistas estarán pidiendo pronto suspender la famosa y vilipendiada regla fiscal que amarra a todo el Estado costarricense y serán ellos mismos quienes lo pedirán a gritos para la reactivación económica.

He sido pequeñito empresario toda mi vida, y estoy de acuerdo que se deben revisar con detalle las cargas sociales impositivas a los empresarios; pero no estaría nunca de acuerdo en que se aprovechen coyunturas de crisis para acabar y debilitar la solidaridad y la justicia social, pues siempre habrá hienas y tiburones esperando su oportunidad para hacerlo por beneficio particular.

El problema de nuestro Estado es la necesidad de promover mayor eficiencia y eficacia en las políticas públicas. Los servicios públicos tienen que mejorar en tiempo y calidad, y aquí la culpa es repartida entre gobernantes, sindicatos y empleados públicos, que hoy ante la crisis del COVID-19 tienen la gran oportunidad de mostrarse solidarios con sus mejores tareas para retomar credibilidad.También soy fiel creyente de la iniciativa privada, lo soy, pero nunca bajo el sustento de la desigualdad de oportunidades, porque ese no fue el país que forjamos y que debemos recuperar.

Los autores del artículo que critico aprueban las medidas que está tomando el gobierno para debilitar la seguridad de trabajo y los ingresosde los empleados privados, apuntando que si las mismas se hubiesen tomado con anticipación, la crisis por COVID-19 no nos habría tomado en una precaria coyuntura económica.

Al contrario, pienso que por dicha no se adoptaron cuando ellos las propusieron pues hoy la situación sería peor para todos los costarricenses. Por ejemplo, cuántas veces han querido debilitar nuestro sistema de salud por esa visión economicista? ¡Muchas!

En el artículo hablan de “vivir hoy para pelear otro día”. Por dicha estaba con vida nuestro Estado Solidario y gracias a ello hoy en día podemos seguir peleando.

Urgen, pues, medidas de auxilio para los pequeños y medianos productores en todas las áreas; urge ayuda para los asalariados en general, y saben ustedes quien las proporcionará: por supuesto que el Estado, ese mismo que tiene enemigos adentro y afuera; que siempre lo verán grande e ineficiente, y son precisamente esos ciegos que aun viendo… no ven.

Esta crisis pone la atención sobre la importancia del Estado, repito por tercera vez, eficiente y eficaz. Un Estado para los que lo necesitan, no para los que abusan de él, y de él abusan tanto actores públicos como actores privados.

Esta crisis pone a Costa Rica en una posición inmejorable para retomar el control del destino de nuestro país por los propios costarricenses, y será una manera de reafirmar nuestra soberanía nacional, por lo que tendremos obligatoriamente que volver a ver hacia adentro, hacia lo rural, tanto de la nación como de nuestros corazones.

– Politólogo

Lic. Benjamín Sevilla García , Secretario Juventud, ANEP

Este caso cobra particular importancia, precisamente, porque constituye un ejemplo claro de lo que puede hacer y llegar a ser una marca empresarial. El caso Odebrecht tiene relevancia, no sólo por lo mediático de sus presuntos actos de corrupción, sino por la cantidad de personas, empresarios y políticos que resultaron involucrados en el tema.

Implica, a su vez, casos tan sonados de soborno y cohecho entre altos mandos de distintos países de la región que esperan resolución judicial. Como aspecto relevante destaca su carácter transnacional, su permanencia en el tiempo y la cantidad de personas involucradas.

Como es de esperar, muchísimas personas están a la expectativa de las resoluciones judiciales. Pues tienen mucha credibilidad respecto de la fortaleza de los Estados democráticos de la región y en el presente caso, se pone a prueba la madurez y consolidación de cada uno de estos Estados, la capacidad de los poderes judiciales para conservar su independencia y también, aunque no se diga abiertamente, las sociedades esperan una sanción sobre las personas que se determine son responsables. La impunidad sería un indicador directo de la perdida de legitimidad política y del debilitamiento de los Estados de Derecho.

Otro factor a tomar en cuenta es que dependiendo del manejo que se les dé a estos casos, que por su implicación y alcance son tan mediáticos, podrían fortalecerse o no los liderazgos populistas que tanto daño le han hecho a nuestros sistemas sociales y políticos.

Como sabemos Odebrecht constituye un conglomerado empresarial de Brasil especializado en la construcción, la ingeniería y la petroquímica. Una de las razones de su permanencia y fuerza operativa radicaba, al parecer, en el nexo que ha conservado con el poder político. Además, se especula que dentro de su propia organización funcionaba otro grupo que se encargaba de velar por la operatividad y eficacia de los actos de corrupción a lo interno de la empresa. Con ello se aseguraban que, a través del soborno o el chantaje, Odebrecht siempre iba a tener las licitaciones de las principales obras públicas.

¿Qué puede hacer una empresa cuya organización es compleja para evitar que sus directivos incurran en estas conductas irregulares o delitos?

La idea es que las empresas, cuyo sistema operativo sea complejo, puedan hacerle frente a este tipo de situaciones y dejar de buscar excusas. Quizá, y si actúan de buena fe, podrían lograr cierto grado de éxito si ponen en práctica una serie de medidas que tienen que ver con controles en concreto o bien, con el desarrollo de la cultura de legalidad.

Al respecto, sería importante prestarle atención a temas como la valoración del riesgo, que son aquellas conductas que pueden ser previsibles y aquellas que no lo son, lo cual, eventualmente, podrían salvaguardar a la empresa de responsabilidades. Pues si la empresa metodológicamente realiza bien su trabajo y logra demostrarlo, los juzgadores no entrarán a conocer las valoraciones de las empresas, sino el método.

Por otra parte, en nuestros países aun cuando hay altos niveles de inseguridad, violencia y poca cultura de legalidad, lo correcto es impulsar este último elemento. La idea es que los controles estén bien diseñados, el tema de si una persona no aplicó correctamente estos controles puede ser manejado de manera distinta. Por eso es que suele decirse que, en estos casos, el juez debe ponderar “entre cuál es el grado que se tiene de cultura de la legalidad y cuáles son los controles que existen en concreto”.

Pero también se debe tener presente que no en todos los casos se le puede exigir a una empresa los debidos controles. Por ejemplo, se adquiere una empresa constituida, pero esta no cuenta con ningún programa de cumplimiento normativo y a los días se descubre que se realizó un pago indebido. Difícilmente, en este caso, se le pueda indilgar la responsabilidad a los nuevos directivos.

Finalmente, aunque una empresa logre mejorar sus controles y tenga un excelente plan de cumplimiento normativo, para evitar los actos de corrupción se requiere algo más, el compromiso y la voluntad de todos sus colaboradores y directivos.

Benjamín Sevilla García, Secretario Juventud, ANEP

Los “datos personales” tienen que ver con toda aquella información respecto de un ser humano. Información que físicamente identifica a una persona, o bien, aquella información que hace que una persona sea identificable, como es el nombre, su apellido, la dirección de correo electrónico, estado civil, profesión, identidad, entre otros.

También hay “datos personales sensibles” que son todos los datos que existen sobre una persona, pero que de ser manejado de manera indebida o divulgados de forma incorrecta, le podrían ocasionar a esta persona un grave riesgo, por ejemplo: la indebida divulgación del estado de salud de una persona, la afiliación sindical, la orientación sexual o bien, las creencias religiosas que profese.

Debido a la importancia de la privacidad y la relevancia de preservar los datos personales frente a un mundo globalizado y un vertiginoso desarrollo de la tecnología, el Sistema Interamericano aborda algunos principios de particular relevancia.

Primero: La lógica que se persigue es que los datos personales deben ser recopilados solamente para fines legítimos, es decir, para aquellos propósitos que la ley expresamente indique y se deberán recoger de manera estricta por medios justos y legales. Ninguna autoridad estatal, respecto de este asunto, tiene el permiso para actuar al margen de la ley o de manera oculta. Debe indicar de manera clara y transparente cuáles son los objetivos que llevan a recopilar, usar, almacenar o divulgar los datos de una persona. No se puede obtener la información a través del engaño o actos fraudulentos.

Segundo: La regla general es que sólo se podrán obtener los datos personales con el consentimiento libre e informado de la misma persona. Este consentimiento se debe dar luego de que la persona haya recibido la información pertinente, para que no existan dudas que puedan generar incertidumbres respecto de quién o quiénes tienen acceso a esos datos; y, cuál es el procedimiento normal y legal que se debe seguir.

Tercero: La recolección de datos tiene que responder a una necesidad real y, además, este acto tiene que ser pertinente, lo que implica que los datos tienen que guardar armonía razonable con esos propósitos específicos por los cuáles se está dando la recopilación de datos.

Cuarto: La información o datos personales deben ser usados de manera limitada y su retención también tiene límites. Esto quiere decir que los datos se deben mantener por el tiempo requerido para los fines específicos y luego deben ser eliminados, ya que la retención innecesaria y excesiva de datos personales tiene evidentes implicaciones para la privacidad.

Quinto: Respecto del deber de confidencialidad, los datos no podrán ser compartidos con terceros, ni usados para propósitos que no se corresponden con aquellos para los cuales se obtuvieron. Debe atenderse no sólo la seguridad de los datos personales, sino evitar su uso y divulgación para fines distintos.

Sexto: Los datos personales deben ser protegidos de manera minuciosa para evitar el acceso no autorizado de los mismos, el uso indebido, la destrucción o la divulgación sin previa autorización o de manera irrazonable. El tema de la seguridad de los datos debe responder de manera precisa ante el constante cambio y avance de la tecnología; y, ante los ataques cibernéticos. Esto permite entender que las personas, que en aquellos casos excepcionales puedan tener acceso a los datos personales (controladores de datos), están en la obligación de asegurarlos y, además, mantener informadas a las personas de cualquier irregularidad en el manejo de estos datos.

Sétimo: Los datos que se recopilen se deben mantener actualizados, completos y exactos, pero en relación con los fines y usos legítimos para los cuales se están recopilando, esto es lo que algunos expertos denominan fidelidad de los datos.

Octavo: En todo momento las personas titulares de los datos tienen derecho al acceso y corrección de los mismos. Esto quiere decir que en cualquier momento pueden solicitar acceso a esos datos para controlar, pedir la corrección o eliminación de lo que no se ajuste a la realidad. En el eventual caso de restringirle a una persona la posibilidad de eliminar o corregir cierta información, se deberá hacer conforme a la legislación nacional y no como un acto antojadizo de los controladores.

Finalmente, es importante indicar que el error que cometen algunos controladores de datos o autoridades nacionales es que no dan seguridad diferenciada a los datos personales sensibles de los meramente personales, vulnerando con ello los aspectos más íntimos de las personas y afectando su dignidad con intromisiones innecesarias e infundadas. Lo que es peor aún, no se tienen reglas claras respecto de la responsabilidad no sólo de las medidas a implementar para que no se dé un uso indebido de los datos, sino para sentar las responsabilidades penales y administrativas que en buen Derecho corresponden cuando haya violación a estos principios.

En la misma lógica, las autoridades estatales fallan en la implementación de mecanismos de control y seguridad para manejar los datos personales en un mundo moderno en el que se presenta un impresionante flujo transfronterizo de datos. También erran, a la hora de fijar las excepciones a los principios anteriores, sobre todo cuando se trata de usar datos personales o datos personales sensibles para otros fines que no guardan relación con la soberanía nacional, la seguridad interna o externa, el combate a la criminalidad y el tan malinterpretado “orden público”. En todo caso, aun cuando se justifique excepcionalmente el uso y almacenamiento temporal de datos personales, el Estado tiene la obligación de ponerlo previamente en conocimiento a la ciudadanía y publicar dicha excepción.

Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional, ANEP

El intento del gobierno por establecer de manera permanente y “con todas las de la ley” un departamento de recopilación de información ha generado cientos de reacciones que no debemos pasar por alto. Desde ANEP, como organización social, y orgullosa abanderada de los derechos humanos, en nuestras ramas de competencia, de inmediato que se anuncia la “creación” de esta oficina especializada, comienzan a trabajar los engranajes de análisis que nos caracterizan.

No es nuevo para nosotros, y tampoco debería serlo para una población bien informada, enterarse que en casa presidencial existe personal dedicado a reunir información específica sobre sus objetivos de interés. O bueno, no creerán que en realidad la DIS se dedica solo a compartir datos de relevancia con algunas autoridades de naturaleza investigativa, sería muy ingenuo de su parte amable lector, con todo respeto.

La novedad aquí es la forma descarada en que admiten que hace tiempo mantienen a personal enfocado en la única tarea de recopilar información, y escudan su absurda justificación con el alegato de que el objetivo es mejorar la toma de decisiones políticas. ¡AJÁ! Nuestra población debe darse cuenta, ahora más que nunca, que estos políticos que nos gobiernan, liderados por Carlos Alvarado, quien a su vez sigue órdenes de los grupos de poder económico (círculo al que él no pertenece, solo quiere encajar), están convencidos que somos tontos y nos quieren ver la cara.

Es una cuestión muy simple, si se quiere conocer el estado de la infraestructura de los centros educativos, de las delegaciones policiales, transporte público, carreteras es solo cuestión de preguntarle a los jerarcas que el mismo presidente ha colocado al frente de tales instituciones. ¿Sino que hacen a lo interno de cada entidad gubernamental, solo tomarse selfies? Recabar información sobre la cantidad de centros educativos con problemas de infraestructura es un asunto que la lógica nos dicta se conoce en el propio MEP, cientos de padres se quejan a diario por esta situación. Conocer las cifras de pobreza, comunidades vulnerables, falta de oportunidades y demás, bueno, sobran las instituciones que abordan estos temas; para nombrar solo algunas, tenemos el informe del Estado de la Nación, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, ICD, INEC, IAFA…entre muchas otros. Y bueno, sobre las carreteras, si el propio jerarca del MOPT no posee informes con la sectorización de los principales problemas viales de nuestro país, entonces estamos más fritos de lo imaginamos. ¿O es que la falta de capacidad y liderazgo del señor presidente no le permiten establecer una coordinación con su equipo para tener conocimiento de toda esta información?

Pues sobre la capacidad y liderazgo no me voy a referir (lo obvio no se dice), pero si queda muy en claro que las razones extendidas por casa presidencial no obedecen con honestidad a la realidad, y que los objetivos de recopilar data de la ciudadanía persiguen otros fines.

La lucha política es muy sucia, y sería una gran herramienta para una agrupación política específica poseer información personal de aquellos que pueden aspirar a ser sus contendores, señalándoles defectos de pago, amoríos, nexos con figuras polémicas de otros partidos, u otras equivocaciones de cada político en su plano personal. Tal accionar por si mismo es repulsivo, pero aprovecharse de los recursos públicos para fortalecer esta herramienta de espionaje, es sencillamente intolerable.

Pero los objetivos no serían solo políticos, también se incluirían líderes de organizaciones sindicales, de grupos comunales, periodistas, padres de familia que protesten contra las posibles acciones cuestionables de un director en un centro educativo. La información es poder, y cuando se tienen datos sobre la familia, sus horarios, los sitios que frecuentan y demás, es fácil extorsionar o coaccionar a alguien (si justo como hacen otros grupos organizados). Es decir, cualquier persona que desee protestar contra el sistema, o las decisiones políticas, sea pro vida, por derechos de algún sector específico, porque se quedan sin agua frecuentemente en la zona, porque conocieron de un auténtico “chorizo”, se convierte al instante en objetivo para buscar la forma de “invitarle” a dejar de ser una piedra en el zapato para los que tienen el poder.

Por si se pregunta inteligente lector: ¿De qué manera discriminarán a quienes se pueden convertir, a corto o mediano plazo, en un objetivo? No pueden. ¿Entonces? Ah, simple, se meterán con la información personal de toda la población posible, para tenerla a mano en caso de que lleguen a necesitarla. Esta severa invasión a la privacidad preocupa, pues, aunque ya sabemos que desde hace décadas se ha recogido información privada de figuras que no son afines a los gobiernos de turno, pretender legalizar esta ilícita y burda actividad, y extenderla de forma descarada, es inaudito. Es increíble la cantidad de características que coinciden entre nuestro actual gobierno, con las formas de gobierno autoritarias y dictatoriales de otras latitudes en diferentes momentos de la historia.

Cerremos esta breve disceptación pensando en las peligrosas consecuencias de que nuestra información personal caiga en manos equivocadas (y ya hemos hablado antes que parecen haber vínculos entre algunos políticos y las estructuras de crimen organizado). En la actualidad experimentamos la forma en que algunas empresas se apoderan de la data, y la venden: ¿O cómo creen que en los navegadores o juegos de sus móviles les salen ofertas que muy seguido son congruentes con sus gustos personales? Ahora imaginen lo que nos podría suceder si nuestras galerías de fotografías, movimientos bancarios, transporte físico, lugares de visita, y el de nuestras familias, se recopila en un solo sitio, en el que no sabemos las personas que tendrían acceso a nuestra intimidad, ni mucho menos el uso le darían…Cada quien haga su propio análisis.

Por: Mainor Anchía Angulo

Para contrarrestar, o contener la incursión del crimen organizado en nuestro país, no he logrado ver algo diferente de lo que se ha venido haciendo durante los últimos quince años. Contrario sensu, es evidente que la mafia organizada diversifica sus operaciones, e incrementa su incursión en nuestro territorio; prueba de ello, los decomisos constantes de drogas en el sector de Corcovado y la más reciente incautación de poco más de cinco toneladas de clorhidrato de cocaína en las instalaciones de APM Terminals.  

Nuestras máximas autoridades siguen celebrando los “decomisos” de drogas, ilusoriamente aducen que ello representa un “duro golpe” al narcotráfico, lo cual, evidentemente, es una falacia. Ahora bien: ¿Cuál es el precio que hemos venido pagando como sociedad? En el año 2015, se registraron en nuestro país 557 homicidios, en el año 2016 se registraron 578 homicidios, en el año 2017, la cifra fue de 603 homicidios, y en el año 2018 la cantidad final fue de 585 homicidios. Tal como lo ha señalado el Organismo de Investigación Judicial, la mayoría de casos obedecen a temas vinculados con el crimen organizado.

¿Cuál es el plan? En el pasado (2014), los otrora jerarcas de la cartera de Seguridad Pública (Mario Zamora y Celso Gamboa), nos anunciaron la pomada canaria, bajo el título “los seis pilares de la seguridad ciudadana”. Haré mención del sexto pilar según lo anunciado y escrito en Diario Extra, bajo la firma del entonces viceministro de Seguridad Celso Gamboa:

“Estrategia contra el narcotráfico y crimen organizado: Con el uso de la inteligencia antes que la violencia, el país se convierte en el mayor incautador de drogas de la región, casi 35.000 mil kilos de cocaína y contando, 3.978.108 plantas de marihuana erradicadas y contando 389 organizaciones criminales desarticuladas, 282 vehículos decomisados y $11.457.858, así como poco más de ¢247 millones, responden a una estrategia dirigida a controlar: Tráfico internacional, tráfico local, violencia, corrupción, legitimación de capitales y lo más importante reducción en consumo.”

Evidentemente, no se cumplió con el ideal de controlar el tráfico internacional, el tráfico local, la violencia, la corrupción, la legitimación de capitales y lo más importante, el consumo de drogas nivel local. Por el contrario, se ha generado un alarmante incremento en todos los casos, y como todos sabemos, el gran mercado los EEUU y algunos países europeos, establecen alianzas y colaboran en el combate al narcotráfico, no obstante, en Costa Rica ponemos los muertos. La mayoría de homicidios están ligados con ajustes de cuentas, o sea, se dan como resultado de la disputa de territorio entre grupos narcotraficantes que han instalado sus operaciones en nuestro país.

Por ello, urge una verdadera estrategia, misma que debe incluir mejorar las condiciones laborales, la calidad de vida de nuestros uniformados. Resulta vergonzoso, verecundo, paradójico, que se desmejoren las condiciones de las personas que integran los Cuerpos Policiales; al mismo tiempo que se viene dando un incremento en la inseguridad ciudadana, como resultado de una mayor incursión del crimen organizado en nuestro territorio. Hago mención de la precarización salarial, la regresividad en materia de derechos laborales, producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número 9,635. A lo cual se le puede agregar la incerteza jurídica que viven cada día nuestros uniformados.

La constante en homicidios que ha mantenido nuestro país, repercute de manera negativa en su imagen internacional, lo cual, podría agudizar aún más el problema social de desempleo que vive nuestro país, por cuanto, en el corto y mediano plazo, se podría presentar una disminución en torno con la llegada de turistas, no en vano hemos bajado de categoría en dicha materia. Hago la pregunta con preocupación, toda vez, que el conocer desde adentro y de primera mano la vivencia policial, me permite decir que, históricamente se ha trabajado en función de la “supervivencia” del mando superior, o sea, de generar estadísticas para mostrarla a los medios de comunicación, sin que ello se refleje en una verdadera mejoría en la seguridad ciudadana. Por ello, una vez más es menester preguntar ¿Cuál es el plan?

Jonathan Flores, Criminólogo y Directivo Nacional de ANEP

Para muchos, las palabras del actual Ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chaves, con las que afirmó que en Costa Rica circulan unos 22 puntos porcentuales del PIB, provenientes del lavado de dinero, son escandalosas. Aunque, a decir verdad, los números son impresionantes, la “revelación” de que por nuestro país se mueven gigantescas cantidades de capital, producido por actividades ilícitas, no es ninguna sorpresa para aquellos que seguimos la pista al tema de la seguridad ciudadana, y todas las aristas que la misma incluye. Que esta fuerte aseveración lleve a cuestionar con seriedad la vinculación entre el poder económico de las estructuras criminales y las estructuras político-partidarias, tampoco es algo nuevo, y desde ANEP ya lo habíamos señalado antes, en diversos espacios.

Hay situaciones que a la ciudadanía se le escapan, ven con normalidad y hasta acusan de paranoico a aquel que plantee la teoría de una posible doble intención detrás de acciones “aisladas” que van siendo impulsadas, o apoyadas, por la clase política que nos gobierna. Ejemplo claro de ello es el ver seguridad privada en un aeropuerto, o que el contrato de concesión portuaria no contemplara la revisión de los contenedores con los escáneres, por mencionar solo dos circunstancias, que para muchos son simples negocios estatales que no se atendieron con la mejor eficacia.

Sin embargo, ahora que en el imaginario del pueblo flota la incógnita de los posibles vínculos entre el financiamiento de partidos políticos y líderes del crimen organizado, resulta más sencillo apuntar aquellas acciones que dan evidentes reflejos de que hay una serie de movimientos que solo favorecen a una parte de la ecuación, y es justamente la que se dedica a actividades ilícitas.

Veamos: con un pueblo económicamente vulnerable, se golpeó aún más a la población con impuestos, y se disminuyó considerablemente el poder adquisitivo de la clase trabajadora, mediante la aprobación de la ley 9635 (paquetazo fiscal). Pero, a sabiendas las autoridades de Hacienda de los flujos importantes de dinero que solo pasan por nuestro sistema bancario para redirigirse a otros destinos, no se aplicaron impuestos a estos capitales golondrina. ¿A quién favorece eso? Correcto, a quienes evaden, eluden y blanquean capital.

Otro aspecto, ya antes mencionado, y que desde ANEP se ha denunciado, el negocio tremendo con la seguridad privada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la mayor puerta de entrada y salida de nuestro territorio. Poco a poco, se está desplazando la policía estatal y se contrata seguridad privada, por cierto, esa empresa de seguridad privada está siendo investigada por posible contrabando. Las acciones del gobierno se han supeditado a decir: “no tenemos la potestad de prohibir esta tercerización” ¿Y el poder de imperio intransferible en materia de seguridad? Pensemos lo fácil que sería para un grupo narco, o de similar naturaleza, adquirir por completo una empresa privada de seguridad y operar a sus anchas. Es muy lógica la posición vulnerable del país en este aspecto, ya la F.A.A. (Federal Aviation Administration) nos bajó la categoría en materia de seguridad aeroportuaria, y, aun así, seguimos viendo como la administración del recurso policial en el lugar sigue dando pie a debilitar la operación principal en el aeropuerto.

Sigamos. ¿Sabían que Costa Rica se retiró del programa de revisión de contenedores de la ONU? Pues sí, hasta el año anterior, se “incorporó” de nuevo, ante una serie de cuestionamientos muy evidentes. No obstante, al contactar con el personal de la Policía de Control de Drogas, se nos indica que se sigue trabajando exactamente igual, solo atendiendo las alertas provenientes del exterior, sin una programación real de revisión preventiva de los contenedores. Sobra preguntar quienes ganan con esta débil seguridad en los puertos, es suficiente con observar las noticias de los cargamentos de droga que han llegado directamente a Europa desde Costa Rica.

A esto debemos sumar la actual imposibilidad que tienen nuestras autoridades de revisar, con escáner, los contendores en la terminal de A.P.M. en Moín; porque en el contrato de concesión no se incluyó este “pequeño” aspecto de seguridad. De manera que, por el alto costo que debe pagar el gobierno para el uso de los escáneres, no es posible implementar revisiones preventivas serias, y seguimos dependiendo de las alertas internacionales para hacer algún decomiso en dicha terminal.

Sobre todos los peros, los obstáculos y los “yerros” que han imposibilitado la implementación de escáneres en las fronteras terrestres del país, ni hablamos. El punto es el mismo, si las autoridades del país de verdad estuvieran enfocadas en la seguridad, y la evasión fiscal, estos escáneres estuvieran operando hace años, y ya tendrían muy buenos frutos. Nuevamente, los beneficiados con esto son únicamente quienes evaden, eluden, contrabandean y blanquean.

Podemos seguir uniendo el rompecabezas manifestando, una vez más, el debilitamiento de los Cuerpos Policiales. Servidores estatales que trabajan 12, 16 y más horas, y que deben estar acudiendo a los estrados judiciales a reclamar los derechos laborales que a diario les violentan. Funcionarios que, según cálculos propios proyectados a seis años, perdieron el poder adquisitivo de su salario en alrededor de 90 mil colones. Destacados lejos de su hogar, sin poder pasar tiempo de calidad con su familia, rogando para poder tener oportunidad de estudio universitario, sin la posibilidad de concursar por un ascenso, porque estos se dan a dedo. En pocas palabras, tenemos policías sumamente desmotivados y las renuncias son cada vez más cuantiosas. ¿Sabía que la PCD tiene menos de 150 oficiales para todo el país? Y mes a mes siguen renunciando más.

Entonces, unamos un poco las piezas del rompecabezas, el sistema bancario no se toca, se disminuyen las posibilidades de revisión en puertos y fronteras, se vulnera la seguridad del principal aeropuerto y se desmotiva al policía. Pregunto para resaltar: ¿Todo este escenario a quienes beneficia? Correcto, repetimos: a las estructuras de crimen organizado, que lavan, contrabandean, chantajean, roban, asesinan…y que ponen su dinero sucio a merced de ser usado por las verdaderas estructuras de poder en el sistema bancario. Y quedan miles de aspectos sin analizar, como la elección de los magistrados del Poder Judicial, la falta de una política criminal real, y de proyectos verdaderos de implementación de políticas de seguridad ciudadana…entre otros.

Así cerramos el círculo, la delincuencia organizada opera con cada vez más ventajas, ponen sus ganancias a disposición del poder, que financia las campañas políticas, colocan a sus “apadrinados” en las posiciones estratégicas para seguir impulsando movimientos que les permitan seguir haciendo sus actividades ilícitas, y el ciclo vuelve a empezar.

En conclusión, más grave que descubrir que nuestra economía puede estar dependiendo de estructuras criminales, es descubrir que los escenarios que permiten a las organizaciones criminales seguir varios pasos por delante de las autoridades son generados por estas mismas. La gran cuestionante ahora es: ¿Cuáles políticos son los que han sido colocados en su posición gracias a los grandes señores, dueños del dinero sucio?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La distancia entre el gobernante y los gobernados se hace más grande y profunda; que la institucionalidad democrática se desprestigia; que la decepción de la gente con la política y con los partidos está más que justificada.

La diputada oficialista doña Paola Vega Rodríguez se quejó, hace varias semanas y en el propio plenario de la Asamblea Legislativa, sobre lo que sería, según ella, la fuerte influencia de los intereses del alto corporativismo de negocios de este país en las decisiones que se vienen tomando en el parlamento costarricense; específicamente la gran presión que ejerce el mayor sindicato empresarial del país, la UCCAEP. Valga indicar que en las filas del mismo hay un notable sector “empresauriado”.

Por otra parte, el legislador liberacionista don Daniel Ulate Valenciano, aunque ahora excomulgado de su propia fracción parlamentaria, denunció lo que él cree es una poderosa influencia del mega-negocio cervecero por la fuerte presión que estarían ejerciendo sus cabilderos, presuntamente bloqueando el avance de una legislación para combatir el contrabando de licores.

Por otra parte, proyectos de ley que tendrían un gran impacto en aliviar la carga financiero-económica de miles de hogares costarricenses altamente endeudados, como la regulación de las obscenas tasas de usura, enfrentan fuerte resistencia del sector bancario-financiero; e, incluso, la propia institucionalidad pública que regula el mismo, se ha parcializado completamente, bloqueando el avance de urgente y sana legislación en tal sentido.

La regulación del precio de los medicamentos, o la urgentísima legislación para ayudar a miles de agricultores y productores agropecuarios al borde de la extinción por deudas asfixiantes, representan iniciativas de ley que no están contando con la viabilidad política necesaria, dado que se perjudicarían intereses corporativos muy poderosos, aunque minoritarios y egoístas.

Además, tomemos en consideración que las dos leyes más nefastas tramitadas por la presente Asamblea Legislativa, la No 9635 (combo fiscal), así como la 9808 (ley mordaza anti-huelgas), representan el más grave ataque parlamentario a la mayoría de la población costarricense; por cuanto, en el primer caso, se incrementó la carga tributaria y se disminuyó el ingreso de quienes menos responsabilidad tienen por el problema fiscal del país. En el segundo, la proscripción del Derecho Humano Fundamental a la huelga golpea la capacidad movilizatoria y de expresión abierta de amplios sectores ciudadanos, especialmente los de clase media, que se resisten a ser lanzados a la pobreza, o a caer en alto riesgo de vulnerabilidad en tal sentido.

Por el contrario, notables firmas privadas del alto corporativismo de negocios del país han sido cuestionadas, en listas oficiales forzosamente hechas del conocimiento público, por conductas tributarias impropias que llegan hasta el fraude fiscal descarado; consorcios que nosotros hemos catalogado como “empresauriado”.

Recordemos que, en nuestro criterio, el “empresaurio” es una persona de negocios multimillonarios (por lo general, un hombre), con conexiones políticas co-gobernantes; de dudosa reputación tributaria; declarante de “cero” ganancias y “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal. Rabiosamente antisindical y de tendencia totalitaria. Usuario de paraísos fiscales.

El actual parlamento no ha emitido una sola ley que le ponga freno a las sucias prácticas tributarias “empresauriales”. Por el contrario, la ley del combo fiscal, No. 9635, posibilitó perdón y olvido de esas deudas fiscales para con la sociedad; algo inaudito y ofensivo para la generalidad de la población, si consideramos que ya es oficial que el fraude fiscal, en todas sus manifestaciones, oscila entre el 6 y 8 del Producto Interno Bruto (PIB).

Todo lo anterior nos lleva a formular la conclusión de que son los intereses del alto corporativismo empresarial, incluidos los de corte “empresaurial”, los que están siendo privilegiados en la tramitación de legislación en el actual parlamento costarricense; y, por el contrario, los que tienen que ver con la promoción del bien común, la reducción de la desigualdad, el fomento de la integración y de la movilidad social, los que son postergados, relegados, negados y hasta pisoteados.

Esto nos refuerza nuestro pensamiento que venimos exponiendo en diversos espacios y foros en cuanto a que hoy día, la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace más grande y profunda; que la institucionalidad democrática se desprestigia; que la decepción de la gente con la política y con los partidos está más que justificada; y que, por tanto, la clase política tradicional solamente tiene a su disposición para mantener el control, acudir al expediente del autoritarismo y emitir legislaciones de corte represivo. Comprendamos, en consecuencia, qué es lo que está jugando en la actualidad republicana costarricense.

Por: Jonathan Flores

El más reciente informe de la Contraloría General de la República, que fiscaliza lo atinente al proceso administrativo de compras del Ministerio de Seguridad Pública, ha arrojado conclusiones que no sorprenden a nadie. Pero, el hecho de que dicho informe evidencie en papel lo que la ANEP (ocupada en los temas de seguridad ciudadana) ha sabido y denunciado por años, no significa que haya que menospreciarlo; por el contrario, es otra oportunidad para hacer un llamado de atención a la ciudadanía, para que se unan a nosotros y exijan de una buena vez el gasto responsable del dinero de todos los costarricenses, especialmente cuando se trata del área policial.

 El contenido del informe número DFOE-PG-IF-00015-2019, del 20 de diciembre del 2020, analiza los procesos de adquisición (compras) que emplea el Ministerio de Seguridad Pública, en un periodo que comprende los años 2017, 2018 y parcialmente 2019 (hasta el mes de octubre). Por ello, le recomiendo querido lector que compruebe por usted mismo la información, el informe en cuestión puede ser descargado directamente del sitio web de la Contraloría General de la República, esto quiere decir que puede ser obtenido fácilmente desde cualquier computadora o teléfono móvil con acceso a internet. Una vez haya leído el mismo le invito a que razone, y juzgue usted si nuestras constantes críticas han sido injustificadas, o si obedecen a una verdadera preocupación de conciencia social.

  Comencemos por la realidad tangible, previo a señalar directamente las aseveraciones de algo tan abstracto como las circunstancias descritas en un informe, veamos primero aquello que nuestros sentidos pueden percibir directamente. Cualquiera que pase frente a las muchas delegaciones policiales del país notará distintas situaciones lamentables, entre ellas podemos enumerar: vehículos y/o motocicletas sin usar, estacionados en el parqueo de la unidad policial, o a la orillad e la calle (esto se dio porque se compraron autos sin tomar en cuenta la cantidad de recurso humano disponible); oficiales de policía “modelando” chalecos antibalas que no corresponden a su talla (tan grandes que les quitan la movilidad, o tan chicos que parecen minisetas); patrullas y/o motocicletas destinadas al abandono por no poder ser arregladas (porque no se ejecutaron las garantías ni se compraron suficientes repuestos), que ahora solo sirven para coleccionar óxido o servir de criadero de mosquitos; hasta edificios enteros que no pueden ser usados (como la comandancia de Cartago, una inversión de casi 100 millones de colones que no puede usarse por la no ejecución de garantía en la mala construcción)…entre muchas otras que son sencillas de observar a simple vista.

Para los que laboran en las sedes policiales saltan otras problemáticas: tener que utilizar armas obsoletas, como un revólver, alimentarse en medio del olor de aguas negras desbordadas, alimentación guardada en ambientes compartidos por alimañas y roedores, (recordemos que la suma de delegaciones policiales con orden sanitaria sobrepasa las 130); además de eso se tienen uniformes viejos, desteñidos, botas destapadas y reemplazos que no son entregados porque se enviaron tallas que no corresponden a las verdaderas de los oficiales. De todo esto doy fe, he visitado todas las regiones del país, tanto cuando ejercí la función policial como ahora desde la trinchera sindical y he verificado todo este lamentable escenario a lo largo y ancho del país.

Ahora pasemos al uso de la memoria. Recordemos la polémica surgida en 2016 por la compra de autos de lujo para ser usados como patrullas, miles de millones gastados en “equipo policial” que no tenía verdaderos fines operativo-policiales (excepto transportar a los directores hacia sus casas de habitación). Recordemos también los miles de millones gastados por un par de años consecutivos para la aeronave “Caribú”, que nunca pudo ser reparada en serio, y ahora es una costosa pieza de decoración en Liberia. Sigamos recordando, que tal los cientos de uniformes sin entregar, fundas de chalecos antibalas vencidas, y botas de tallas erróneas, abandonadas a la suerte del polvo y el olvido en el almacén institucional. Por todo esto el ministro Gustavo Mata estuvo sentado en la comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa-los diputados no hicieron nada vale aclarar. No podemos omitir de nuestras memorias aquellas sobre valoradas tiendas de campaña de 170 millones de colones, adquiridas en 2017, de uso limitado, genérico y antojadizo. Y, pues bien, a todo eso le podemos sumar las directrices internas del Ministerio de Seguridad Pública para racionar la alimentación de los oficiales.

Permítame una última anécdota estimado lector, una vez a este servidor suyo se le asignó la responsabilidad de elaborar el anteproyecto presupuestario del departamento de Planes y Operaciones. Cuando lo presenté me atendió una señora de la Unidad de Ejecución Presupuestaria, quien lapicero en mano, de manera antojadiza, sin consultar ningún documento, y con CERO experiencia policial, tachó las líneas de las artículos que ella decidía si se iban a comprar o no. Así se pueden hacer una idea de la planificación de las compras.

Todo lo anterior tiene un denominador común, y es el uso subjetivo, poco transparente, no apegado a la normativa e irresponsable, de las unidades de ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública. Y se han señalado situaciones previas al periodo de análisis del informe, con el objetivo de evidenciar que esta problemática se viene arrastrando desde hace años y nadie se ocupa seriamente del asunto. Justo por la experiencia propia, así como la diaria comunicación con los oficiales de diferentes cuerpos policiales del país, es que no me sorprenden las conclusiones del informe de la Contraloría. ANEP ya ha señalado en muchísimas oportunidades todas esas falencias, y hasta más.

Por si aún tiene dudas de algunas de las conclusiones extendidas por la Contraloría, te comento que son muy sencillas de sintetizar, a groso modo, se resumen en que, en el Ministerio de Seguridad Pública: las compras no se ajustan a procesos de planificación (o sea, que el 50% de las compras son improvisadas), no se tiene certeza de que lo adquirido coincida con las necesidades reales institucionales, se hacen varios procesos de compra de un mismo artículo, no existe valoración de riesgos de los procesos y no hay una verificación y seguimiento del cumplimiento de entrega de los productos adquiridos…entre otras señaladas por la Contraloría. Esto traducido a palabras criollas significa que mientras los policías viven en delegaciones con malas condiciones sanitarias, están faltos de uniformes y equipamiento tecnológico, el personal que se encarga de ejecutar el dinero de la institución lleva años gastando sin planificación, despilfarrando en cosas que no tienen ninguna necesidad prioritaria y la cabeza al mando no mueve un dedo por cambiar esta realidad.

Ah, y sobra decir que se han escuchado historias, sobre llamadas a proveedores, previo a sacar un cartel, que curiosamente concuerdan con empresas que gozan de varias y frecuentes adjudicaciones; el poco uso de la figura de la licitación pública en contraposición con el abuso de la compra directa. Pero esas son simples especulaciones, sin pruebas, de algunas personas que nos han contactado en ANEP, así que no podemos decir que sean ciertas, aunque, en honor a la verdad, confieso que me hacen dudar. Sin tan solo existieran investigaciones serias…saldríamos de dudas.

Una de las frases más cliché que figuran en la clase política es aquella de que la policía necesita ser dotada con más equipo policial. Obviamente estas palabras obedecen a una falta de conocimiento de la realidad policial y tienen un trasfondo populista. Si quienes ostentan un cargo con responsabilidad de representación del pueblo de verdad se preocupan por la seguridad ciudadana, previo a dotar de más equipo, exigirán una inversión planificada, apegada a las necesidades reales, con criterios técnicos elaborados por personas con experiencia en el ámbito policial; no permitirán siquiera un cuestionamiento por corrupción (por ejemplo, en su momento quien dirigía la ejecución presupuestaria de Fuerza Pública cumplió una pena por el delito de peculado y aún sigue siendo parte de la institución), y, finalmente, se iniciarán los procesos para sancionar a quienes hayan faltado a su deber de probidad, o carecen de eficiencia en su labor.

Está de más indicar que estaré a la expectativa de la reacción a tomar por parte del Ministro de Seguridad actual: ¿Engavetará el informe en su escritorio, como lo hicieron sus predecesores con las advertencias de la auditoría interna, o se ajustará el cinturón y buscará cambios reales en la forma de ejecutar el dinero de la cartera ministerial bajo su responsabilidad? Solo espero que sea más firme de lo que ha sido con otras situaciones, como todas las inconsistencias que hemos señalado en la Policía de Control de Drogas, por dar un ejemplo. Y usted inteligente ciudadano: ¿Volcará la vista a otro lado, o como es su derecho exigirá que el dinero del pueblo sea invertido de manera adecuada, transparente y eficiente? Su decisión…

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

La doctrina del efecto desaliento es una argumentación jurídica que tiene lugar en el ámbito de los derechos fundamentales. El Derecho de Huelga, sin objeción alguna, califica dentro de este rango por estar fundado en nuestra Constitución Política.

Como derecho fundamental, la huelga requiere ser valorada en su real dimensión por la normativa doméstica. Sin embargo, la huelga también constituye un Derecho Humano tutelado en algunos instrumentos jurídicos de alcance regional que, a su vez, son parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior implica que, el ejercicio del derecho a huelga requiere de una inteligente y especial atención, no sólo por constituir un derecho generador de otros derechos fundamentales, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento; sino por el rol que juega en el fortalecimiento de la democracia, en aquellos asuntos relativos al equilibrio del poder y a la participación política; aspectos que son ampliamente valorados por la normativa internacional.

El efecto desaliento entra en juego cuando se trata de limitar el ejercicio del derecho a huelga. La simpática manera de justificar la limitación es manipulando los alcances y las aplicaciones del principio de proporcionalidad. Ante el razonamiento de que una huelga “impide” el disfrute de otros derechos fundamentales de la población, se buscan alternativas jurídicas o las medidas más gravosas orientadas a impedir el ejercicio del derecho. En esta lógica, no se quita el enunciado constitucional, sólo se elimina la libertad para su ejercicio, se anula toda posibilidad práctica de huelga.

El efecto desaliento respecto de la huelga, consiste en hacer que su tramitación previa sea excesiva; que sus fines se limiten a la defensa de unos cuantos de derechos; que sólo persiga los intereses de un pequeño grupo de personas y no los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población trabajadora; que los temas a defender sean mínimos, que no tengan que ver con políticas públicas; y, que, cualquier exceso, por mínimo que sea en el ejercicio de la libertad de expresión de un sindicalista, constituye razón suficiente para llevarlo a juicio o condenarlo; sin importar que la frontera que separe lo lícito de lo ilícito de ese posible exceso, carezca de una adecuada delimitación.El legislador puede y debe crear mecanismos que sancionen los abusos en el ejercicio de un derecho fundamental. Pero, únicamente, cuando el ejercicio sea injustificadamente lesivo para otros derechos fundamentales. Lo que se busca es que las personas no pierdan la motivación de hacer valer sus derechos por el temor a cometer un error o sobrepasar los límites, algo así como evitar la autocensura.

El ejemplo clásico y sencillo de comprender el efecto desaliento se encuentra en las palabras de Juan Antonio Lascuraín, “si yo deseo que mis invitados paseen por mi finca, cosa que es excelente para su salud y para su sosiego, pero les aviso que hay algunas zonas con arenas movedizas que les podrán tragar para siempre y les aviso, además, de que no están claramente señaladas esas zonas, lo que harán mis invitados es no pasear.”

De manera que, el ejercicio del derecho a huelga como un derecho fundamental ligado a la libertad de expresión no permite que se fijen sus límites de manera tan exacta. Cualquier decisión apresurada haría que la norma se vuelva más difusa o termine conduciendo a la criminalización de la huelga. Y, en este sentido, por tratar de sancionar un comportamiento considerado “reprochable”, lo único que se logrará es desalentar el ejercicio legítimo de un derecho y la participación de grandes sectores en la vida pública del país.

El peligro de promover acciones que faciliten el efecto desaliento respecto de la huelga no sólo radica en la desincentivación de la participación democrática directa de la ciudadanía trabajadora en los temas país y la crítica a las decisiones políticas; sino que el sentimiento de repudio por no poder expresarse se podría ir acumulando progresivamente hasta llegar a manifestarse en alguna acción violenta. Por ello, algunos expertos en sociología observan en el fenómeno de la huelga una válvula de escape que no debería ser limitada o bloqueada.

Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

Desde hace algunos días vengo leyendo y siguiendo el pensamiento de don Pablo Barahona Kruger. Me impresionó su manera directa, informada y sagaz que tiene para abordar los temas del momento. Me agradó, aún más, saber que es una persona relativamente joven, pero que ante las adversidades que enfrenta la política nacional no se acomoda con la estrategia inerte de los tontos, sino que asume un rol de crítico propositivo.

Nunca he tratado personalmente a don Pablo, sé que es abogado y profesor universitario y que, en ocasiones, critica fuertemente nuestras estrategias de lucha. Tampoco necesito que una persona coincida en todo con nuestras ideas para felicitarla o, mejor dicho, reconocerle su valor e inteligencia.

Costa Rica precisa de la participación enérgica de una juventud pensante, de hombres y mujeres que antes de decir sí, o decir no, tengan un argumento razonable que sustente su posición. El señor Barahona, si ustedes me lo permiten, y si él mismo me logra tolerar la expresión, es una de esas voces peligrosas: peligrosa para los corruptos, peligrosa para los aduladores, peligrosa para los de capacidad intelectual limitada.

El citado profesor, en su momento expresó dos asuntos muy interesantes respecto del caso “Cementazo” – que socialmente es considerado uno de los mayores actos de corrupción del país-. Por una parte, lo que él consideró una debilidad en la investigación legislativa; por otra, las incongruencias entre los relatos que ofreció el Ejecutivo y las declaraciones de otros actores cercanos. ¿Acaso alguien se atrevió a desmentir esas aseveraciones?

En otro momento, el abogado Barahona analizando el caso crítico de Venezuela, y para despejar dudas de una vez, no sólo desde el fracaso del socialismo, sino también desde el fracaso del capitalismo en los años ochenta, lanzó una pregunta que aún se espera las autoridades estatales puedan responder, en virtud de que Costa Rica asume ciertas conductas y posiciones respecto de la realidad internacional: ¿Debajo de cual piedra estarán ahora los campeones de la democracia y los derechos humanos?

Por otra parte, y como acto de constancia de esa manera directa y franca que caracteriza a don Pablo, se atrevió a decir que hoy “es necesarísimo que se imponga en el país un límite penal preciso a la usura”. Esto, naturalmente, es un golpe para aquellas personas que se benefician desmedidamente a costa de las personas más humildes. Tampoco se escucha que haya un interés, al menos por decencia política, para entrarle en serio al asunto.

Ante la posibilidad de que ninguno de los casos anteriores haya sido suficiente para alertarnos del tipo de politiquería que vive el país, advierte Barahona que “la reforma judicial está siendo impulsada desde adentro y, al mismo tiempo, hacia adentro”. Lo ideal es que se hable de independencia judicial para beneficio de la ciudadanía y no para provecho de una casta privilegiada. Señala que la reforma judicial se está dando con el silencio cómplice de académicos y la poca incidencia de los litigantes.

Esta es sólo una pequeña parte de los motivos por los que considero al mencionado profesor una de las voces peligrosas. Se entiende que no sigue la corriente, que no se deja doblegar por intereses espurios y que razona serenamente quiénes merecen su aplauso.

Finalmente, en ejercicio de mi libertad de expresión hablo en favor de las personas que así lo considere pertinente, con la autoridad moral de quien no le debe favores a ningún partido político, pues no milito en ninguno de ellos.