Por Mainor Anchía, Directivo Nacional ANEP
En los últimos días varios medios de comunicación nos han informado sobre la “desarticulación” de un grupo, presuntamente, ligado con el narcotráfico. Se ha informado que dicho grupo tenía entre sus actividades, desarrollar proyectos hoteleros y habitacionales.
Sin duda alguna, estamos hablando de lavado de dinero, legitimación de capitales, algo sobre lo cual se refirió en su momento el entonces Ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chaves Robles, quien mencionó algo así como que, veintidós puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (22 % PIB), provienen del lavado de dinero. Dicho de otra manera, es dinero proveniente del narcotráfico.
Como si caer en cuenta de la penetración del narcotráfico no fuera suficiente, se nos informa que, al menos, trece legisladores, ¡sí!, trece diputados y diputadas de la República habrían mantenido alguna relación o contacto con el grupo recientemente desarticulado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); mismo que habría venido siendo asesorado por funcionaros judiciales.
No hacía mucho se había detenido otro grupo, presuntamente vinculado con narcotráfico, a los cuales se les relacionó con un diputado y con algunos alcaldes de la zona sur del país, grupo que aparentemente también habría logrado reclutar a funcionarios del Poder Judicial. Tendrá alguna relación la aparente penetración del narcotráfico, con la inercia en torno con aprobar la Ley de Extinción de Dominio, legislación que permitiría incautar bienes obtenidos producto del ilícito negocio de las drogas.
En días recientes, decía el ex ministro de Seguridad, don Fernando Berrocal Soto, que por Sierpe de Osa y por la zona sur, en general, en promedio, pasan 500 toneladas de cocaína por año ¿Cuánto se detiene por año en todo el país? Si acaso un 0.5%, que posiblemente es el “diezmo”, algo así como para que el actual ministro del ramo salga a dar conferencia de prensa para anunciar un nuevo “golpe” al narcotráfico.
“Antes los colombianos pagaban con dinero en efectivo, ahora el negocio lo controlan los mexicanos, ellos pagan con droga. Se calcula que un poco más del 20 % se queda en Costa Rica, eso quiere decir que cerca de 200 toneladas de cocaína, o más, se quedan en el país. Esto lo saben las autoridades actuales y pasadas; si no lo saben, es cuestión de que envíen al ministro de Seguridad Pública y al director de la DIS a enterarse en Washington o Bogotá, ahí se los van a explicar. Esto no puede seguir así.” Lo dijo el señor don Fernando Berrocal Soto.
La penetración del crimen organizado (narcotráfico) en la institucionalidad del país, ha dejado de ser una presunción, Por ello, más allá de sus discursos trillados, las diputadas y los diputados que han sido señalados por no solamente mantener contacto, atender, sino inclusive interceder por personas líderes de estas organizaciones criminales, deberían renunciar de inmediato a sus cargos.
Ese cuento de que andaban recogiendo una “llave maya o documentos”, como si tal fueran mensajeros; o de que únicamente estaban tratando de impulsar proyectos de vivienda en algunas comunidades, no nos termina de convencer, porque un diputado de la República, máximo si es integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, tiene acceso al Ministro de Seguridad, a la DIS, a la institucionalidad, lo que le permitiría conocer detalles sobre las empresas y las personas con las cuales se está reuniendo.
No me vengan con el cuento de que “son diputados de puertas abiertas”, porque nosotros, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, llevamos mucho tiempo tratando de acceder a varias comisiones, entre ellas la de Seguridad y Narcotráfico. En lo individual, hemos procurado dialogar con algunos legisladores con la finalidad de solicitar respaldo para varios proyectos que favorecerían al gremio policial y, por ende, a la seguridad común, sin que hayamos conseguido la atención que sí recibieron las personas presuntamente integrantes de una agrupación narcotraficante.
Mi experiencia en la función policial me permite decir que, el Ministerio de Seguridad Pública y, por ende, los cuerpos policiales adscritos al mismo, son manejados siguiendo intereses políticos. Por ello, no puedo dejar de lado que el debilitamiento que se ha venido dando a la capacidad operativa de nuestros cuerpos policiales; las paupérrimas condiciones que deben enfrentar nuestros uniformados para el desempeño de sus cargos, en delegaciones insalubres, con patrullas en mal estado, con uniformes deteriorados, con chalecos balísticos vencidos, sin una póliza que les cubra 24/7, con armamento obsoleto, en una gran incerteza jurídica, podría obedecer a una estrategia que tienda a favorecer la actividad delictiva.
La presunción surge en virtud de que, en paralelo de una mayor incursión del narcotráfico en nuestro país, se habla de una aparente penetración del mismo en algunos partidos políticos.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional de ANEP
