La clase trabajadora asalariada y no asalariada tiene la suficiente moral y todo el capital ético del caso para alzar su voz y exigir las más duras medidas, tanto administrativas como legislativas, contra el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
Si se gana un salario por encima del límite exento del impuesto sobre la renta, este se rebaja de planilla, “inmisericordemente”. Si es el otro impuesto más importante del sistema tributario, el de ventas (el más injusto de todos), este hay que pagarlo al momento mismo de la compra en el supermercado, por ejemplo. Son otros los que roban impuestos. No son los trabajadores.
Considerando la magnitud del robo de impuestos en Costa Rica, lleva razón el Gobierno de la República en promover la aprobación parlamentaria del expediente legislativo No. 19.245, “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”.
Para quienes en el seno de los movimientos sociales y sindicales venimos abogando por la tesis de que otra Costa Rica es posible, este proyecto de ley resulta fundamental y estratégico. Toda la ciudadanía patriótica y honesta que cree en la promoción del bien común, en la inclusión social y que está angustiada por el crecimiento de la desigualdad y de la violencia, debe apoyar esta iniciativa del Gobierno.
En nuestro caso y desde la corriente sindical y sociopolítica que representamos, dejamos constancia pública de todo nuestro respaldo al proyecto “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”.
Y es que no solamente se trata de una legislación más que necesaria para atajar el crecimiento de la desigualdad, que es el problema número uno de nuestra sociedad actual.
Es que se trata, lamentablemente, de una exigencia que se nos formula desde el exterior, habida cuenta de las reglas del juego que nos impone la perniciosa globalización neoliberal bajo la hegemonía del capital financiero-bancario.
Bien claro lo ha dejado el distinguido ciudadano don Guillermo E. Zúñiga Chaves quien, con profundo conocimiento de la cuestión económico-financiera, nacional y global, nos alertó al respecto y desde estas mismas páginas en sus más recientes columnas “Se declaró la emergencia” y “Nos amenazan con cerrar financiamiento externo”, respectivamente de los pasados sábados 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2015.
Aunque no lo compartimos y por el contrario lo condenamos enérgicamente, un país como el nuestro es fácil víctima de la dictadura financiera-global que ejercen los calificadores internacionales de riesgo.
Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings son la “policía financiera” del planeta y en un dos por tres son capaces de promover verdaderas debacles sociales para sufrimiento de miles y de miles personas trabajadoras y de los sectores populares, empleando a mansalva esa poderosa arma del “riesgo-país”. Ahí están clarísimos los ejemplos de varios países de la Unión Europea (UE), siendo Grecia el caso más dramático y doloroso.
Además, ahora que como país pretendemos ingresar al “club de los países ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el sistema tributario que tenemos es “prehistórico” según las reglas que tal entidad establece para los estados que aspiren a ser parte de la misma.
Nosotros pensamos que en esto de que se nos meta en la OCDE no traerá beneficios para la generalidad de la población y, por el contrario, representará una gran carga fiscal la cuota de afiliación anual que el país tendrá que pagar, anualmente. Sin embargo, ya la OCDE está indicándonos que, si queremos “jugar de vivos” como país entrando en ella, debemos arreglar (entre otros factores), el sistema tributario costarricense.
Considerando este escenario y estas pretensiones “nacionales” de ingreso a la OCDE, podemos catalogar casi que como un acto de traición a la Patria las posiciones diputadiles que están bloqueando la aprobación del proyecto “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”.
Desde la lógica de la hegemonía política dominante se puede suponer que le están haciendo un gran daño al país bloqueando tal iniciativa, habida cuenta de que algunas entidades bancarias internacionales ya están amenazando al país con “…cortar el financiamiento a empresas que estén domiciliadas en Costa Rica”, según el llamado de atención que formuló don Guillermo E. Zúñiga Chaves.
Más condenable resulta que una legislación tan relevante se vincule al problema del marchamo pues no hay proporcionalidad entre las circunstancias y los desafíos involucrados en uno u otro caso.
Esta especie de “populismo de derecha” es más que espernible, toda vez que aparte de mostrar un frenesí diputadil de protagonismo mediático enfermizo, utilizan esta cuestión sensible del pago del marchamo para proteger los más oscuros intereses del gran capital ladrón y evasor de impuestos.
Este es el fondo del asunto. Les importa un bledo el ingreso de Costa Rica a la OCDE a pesar de que es congruente con su propia ideología política; les importa un bledo que las satánicas calificadoras de riesgo degraden al país, a pesar de que las “adoran” como emblema paradigmático del tipo de sociedad que defienden. Para nada les importa el bien común: es la protección a los ladrones de impuestos lo que les motiva al bloquear dicha iniciativa de “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”, misma que toda la gente buena y sana del país y sus respectivas organizaciones debe apoyar.
