Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
En el arranque de la campaña propagandística con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 6 de febrero de 2022, hay un tema de trascendencia histórica que, con toda seguridad, no será abordado por ninguna de las personas aspirantes a los cargos públicos en disputa; y, si fuera abordado, jamás lo será con la contundencia que se necesita.
Nos referimos al desafío que el país ocupa para abrir el camino más que estratégico hacia una Transformación Tributaria Estructural, planteada por nosotros en este y en otros espacios, durante ya bastante tiempo. Sin embargo, habrá que seguir insistiendo en ello, especialmente en las actuales condiciones históricas, sociales y económicas que estamos viviendo producto de la pandemia.
A la llegada de la misma, dos características fundamentales venían caracterizando el carácter del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción. Así de simple pero profundo.
¿Por qué la injusticia? Porque, en términos generales, quien paga más tributos es quien, proporcionalmente hablando, tiene menos. Y quien más tiene hace malabares jurídicos y acude a triquiñuelas legales para: a) tratar de pagar lo menos posible de lo que le corresponde; b) burlar la débil legislación tributaria para no pagar, del todo, nada; c) sacar la plata ganada en el país hacia otros países, por lo general, catalogados como paraísos fiscales.
¿Por qué la corrupción? Las autoridades políticas de máximo poder en los últimos gobiernos, poco o nada han hecho para cambiar la situación anteriormente descrita, por una parte; por otra, el control estratégico de la gestión tributaria responde a una ideología hegemónica en materia de política fiscal, que no es la del bien común ni es la de la inclusión social y económica. Además, los operadores político-ejecutivos de la gestión tributaria, constituyen una misma élite tecnocrático-burocrática que, alternativamente, se mueve en la esfera de lo público para luego pasar a la privada y, viceversa. Se garantiza así, pese al cambio ejecutivo de administración gubernamental, el control estratégico de la operatividad de la gestión tributaria para que ésta siga en el mismo plano: el de la corrupción y el de la injusticia. La evasión y la elusión fiscales-tributarias sigue siendo monstruosa.
Si bien es cierto la situación que vivimos producto de la pandemia está generando demasiados problemas político-sociales y económicos, no por ello debemos renunciar a considerar que el haber tolerado por tanto tiempo un sistema tributario injusto y corrupto, ha agravado el diario vivir de la mayoría de la población costarricense en estos tiempos pandémicos.
Además, es imposible seguir tolerando que las principales figuras de la denominada clase política tradicional, especialmente las que aspiran a ser electas en los cargos en disputa, miren para otro lado y no se refieran a esta situación de la imperiosa transformación tributaria estructural y la pandemia.
Como si todo esto no fuese más que necesario y de alto contenido estratégico, está el tema del altísimo endeudamiento público y su pago de intereses, exageradamente usureros. ¿Cómo puede ser posible que si de las arcas públicas, muy debilitadas por todas las razones expuestas, se estén sacando, diariamente, unos 7 mil millones de colones para el pago de esos intereses, ninguna persona precandidata presidencial esté refiriéndose al punto?
Desde el campo popular nos corresponde, creemos nosotros, intensificar el clamor de que estos temas se consideren en el marco de la campaña electoral, aunque no encontremos receptividad alguna. Particularmente, debemos desempolvar el documento-informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, generado por la comisión parlamentaria que investigó las derivaciones en Costa Rica del escándalo financiero internacional muy sonado a nivel planetario, en el año 2016.
Parece que podemos encontrar un nuevo escenario para considerar el debate público sobre los contenidos del informe legislativo costarricense Los papeles de Panamá, en el marco de lo que se está planteando en los centros hegemónicos del poder político-económico del capitalismo mundial, hablándose de nuevos criterios de tributación a nivel de empresas multinacionales, pero, indudablemente, con repercusiones en los planos nacionales en los cuales éstas operan.
Al vincular la doble naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción que le carcome; agregando el asfixiante, exorbitante y aplastante pago diario de los intereses de la deuda pública (sin dejar de lado la carga que la misma, en cuanto tal, representa para el país en estos momentos); además, poniendo en la mesa el informe legislativo Los papeles de Panamá, adicionándole lo que podría ser la apertura de un nuevo espacio político global para plantear transformaciones estructurales por el lado de la progresividad; tendremos en Costa Rica la posibilidad de construir y relanzar, con nuevos bríos y renovados argumentos, desde el campo de lo social-popular, el tema tributario con fuerte contenido de justicia social y real equidad.
