Tres graves casos del gobierno anterior deben investigarse

Ciudadanía espera acción ejemplarizante:

PRIMERO: MINERÍA A CIELO A CRUCITAS. Hoy martes 14 de diciembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) dará a conocer la sentencia completa, de carácter integral, en el caso de la ilegal concesión que se dio, en el gobierno anterior, 2006-2010, encabezado por el Presidente Oscar Arias Sánchez, para la explotación minera a cielo abierto, en la localidad conocida como Crucitas.

A la vez, dicho tribunal está ordenando a la Fiscalía General de la República abrir un proceso investigativo para determinar si el hoy exmandatario incurrió (junto con otros excolaboradores de su administración), en delitos violatorios de la ley en la materia. Sin temor a equivocarnos, creemos que la ciudadanía espera una actuación contundente de parte de la Fiscalía General de la República, en este sentido.

SEGUNDO: PRIVATIZACIÓN DE MUELLES LIMONENSES. Otro proceso espera por decisiones de esta importante instancia judicial: El ofrecimiento de 137 millones de dólares, unos 80 mil millones de colones, para ser “repartido” entre el actual personal de Japdeva, a cambio de que éste aceptase la concesión-privatización de los muelles de Moín y de Limón, como si tal entidad fuese propiedad privada, particular, de tal colectivo laboral.

Una solicitud para determinar si este “ofrecimiento” se puede tipificar como soborno y, por tanto, constituiría un delito impulsado por el propio Expresidente Oscar Arias Sánchez, lleva ya varios meses en el seno de la Fiscalía General de la República. Estamos esperando que esta prestigiosa entidad judicial se pronuncie al respecto.

Se hace más necesario determinar si a la luz de las leyes anticorrupción recientemente promulgadas, tal “ofrecimiento” es delito, por cuanto ya quedó en evidencia el gigantesco negocio que sería una eventual privatización de tales muelles, dada la duplicación de la tarifa actual por movilización de contenedores en los indicados puertos. Es tal la cantidad de millones de dólares en juego que, efectivamente, podría pensarse en que tal “ofrecimiento” tendría “sentido” desde una lógica meramente mercantil.

TERCERO: NUEVA CARRETERA A CALDERA. Se ha denunciado que la puesta en operación de la nueva carretera a Caldera, se hizo sin que la misma estuviera completamente terminada, corriendo gran riesgo los automovilistas que empezaron a transitar por ella, llegando al extremo doloroso de una pérdida humana ya. En el seno de la comisión legislativa que investiga la concesión privada de esta trascendental vía de comunicación terrestre, se denunció no solamente que hubo una directriz política de “altísimo” nivel para forzar la apertura de la misma, sino que, podría haber hasta un sobreprecio de 200 millones de dólares, unos 10 mil millones de colones, que saldrán de los bolsillos de la gente.

Recordamos cómo se lució el Expresidente Oscar Arias Sánchez cortando el lazo inaugural de tal vía, poco antes de terminar su gobierno, lo que hace suponer que, presuntamente, fue él quien ordenó forzar la inauguración de esa carretera. Estimamos que en todo ello, la Fiscalía General de la República podría actuar por propia iniciativa para valorar si también en esta situación cabe otro proceso de análisis de presuntas violaciones a la ley de parte del propio Oscar Arias Sánchez y algunas de las personalidades políticas más cercanas a su gestión, incluyendo su propio hermano, Rodrigo Arias Sánchez.

Dejamos por esta vía constancia pública de nuestra apelación respetuosa a la Fiscalía General de la República, para una actuación contundente y con celeridad, considerando que en estos temas miles y miles de costarricenses creen que hay impunidades intolerables y episodios de presunta corrupción que merecerían severas sanciones.

San José, martes 14 de diciembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

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