Reproducción del Editorial de La Prensa Libre (28/06/07)
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Y, no cabe ninguna duda de que en trama hay, también, altas autoridades del Poder Ejecutivo, con lo cual se termina por golpear la imagen del Gobierno, en medio de un escenario en el que ya de por sí, ante la polarización que vive el país en el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya este tiene mucho en riesgo.
Siempre hemos defendido los acuerdos políticos transparentes, en beneficio del país. Creemos en la negociación, y sabemos que en ella, las partes tienen que ofrecer y ceder. Pero lo que no cabe es un tipo de negociado en que lo que se ofrece y lo que se cede sean los recursos públicos.
El que un diputado para más, pastor o predicador de la palabra de Dios reactive una Fundación en la que participan casi todos los miembros de su familia, y que esta fundación logre obtener del Gobierno una partida por la nada despreciable suma de 90 millones de colones, incluidos en un presupuesto que debe ser aprobado por el foro al cual pertenece ese legislador, es una de esas tramas que ningún país debe vivir.
Como mínimo debe haber algún grado de decencia en la función pública que impida estas prácticas. Y lo peor del caso es que, ahora que se ha destapado todo, ninguna de las partes suelta prenda sobre cómo se llegó a este punto. El diputado dice que desde el Gobierno le ofrecieron el dinero. El ministro de Hacienda dice que lo pidió el Ministerio de Relaciones Exteriores, y aquí dicen que lo pidió el Ministerio de la Presidencia, donde para cerrar el escandaloso círculo, se limitan a decir que lo pidió el diputado.
Es obvio que alguien miente en toda esta trama. Y como todos se cubren entre ellos, termina el pueblo por dudar de todos. Eso le hace daño al Gobierno y al país.
Los que llegan a ocupar puestos en la función pública deben entender que no pueden festinar los recursos públicos de esa manera. 90 millones de colones es mucho dinero como para que se le hayan otorgado a una fundación que hasta no hace muchos meses estaba inactiva. Peor aún si quien la encabeza es un diputado.
Por supuesto que aparecerán quienes digan que con los recursos se desarrollarían obras de bien social. Pero esto no es lo importante aquí. Porque obras similares son realizadas todos los días por otras organizaciones, el incluso el mismo Gobierno tiene entidades que, por ley, deben realizar acciones similares. En otras palabras: igual se podría haber realizado programas de la misma naturaleza sin pasar dineros a través de la organización del diputado Massey.
Además, a fin de cuentas parece obvio que se trata aquí de un pago por algo. Ese algo huele a votos para el TLC con Estados Unidos y los proyectos de ley de implementación de ese acuerdo. Si fue así, definitivamente la Asamblea Legislativa perdió un diputado aunque las 57 curules sigan ocupadas todas las tardes.
Editorial La Prensa Libre, 28 de junio de 2007
