Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
No nos llamemos a engaño. Los y las de arriba, con sus respectivos partidos políticos, constituyen una sola élite. Los mismos, si bien muestran “diferencias”, estas son de estilo y de accionar. “Se agarran del pelo”, unos y otros en la campaña electoral de turno, pero tienen una comunidad ideológica que se ve reflejada, muy claramente, en los siguientes aspectos fundamentales (aunque hay otros no menos relevantes).
Primero: la gran prioridad macroeconómico-fiscal de esta élite es el “servicio” de la deuda pública con su obsceno pago de intereses. Note usted que, la práctica totalidad de los partidos políticos representados en el parlamento, junto a los partidos seguidistas de Chaves Robles, ni se inmutan, ni se escandalizan (aunque sea de “mentirillas”), con el pago diario de 30 millones de dólares USA que habrá que hacer a partir del 1 de enero de 2024 y cada uno de los 365 días del año entrante por esa deuda pública. Todos esos partidos: los viejos y los “nuevos”, tienen una máxima prioridad mental: que el FMI dé el visto bueno al manejo de ese “servicio” de la deuda pública y sus colaterales variables macrofiscales. La deuda pública, su obsceno pago de intereses, el déficit fiscal y los préstamos, alimentan el negocio bancario-financiero, piedra angular del proceso concentrador de riqueza.
Segundo: Tienen un acuerdo tácito de que no se debe transformar, ni en lo más mínimo, la naturaleza doblemente perversa del sistema tributario costarricense: que es injustamente regresivo y suciamente corrupto. Por ejemplo, usted no verá a ningún partido político al servicio de la élite hablando de “Los papeles de Panamá” con el listado de legislación pendiente que se debe tramitar para empezar a impulsar una Transformación Tributaria Estructural. La élite de los y de las arriba duerme muy tranquila todos los días.
Esta doble perversidad tributaria se está agravando con la degeneración que está sufriendo el régimen de Zonas Francas: cada vez son más las empresas de capital nacional que se “infiltran” en ese régimen para evitar pago de impuestos, para lo cual cuentan con complicidades burocráticas de cuadros tecnocráticos afines a los partidos de la élite.
Tercero: Los partidos políticos de la élite (los viejos y los “nuevos”), no tienen el más mínimo interés en que la persona trabajadora asalariada, ya sea del sector público o del sector privado, tenga un real poder de compra en sus respectivos salarios. No hay interés en concebir la política salarial del país cómo un factor de movilidad social ascendente ni como factor reductor de la desigualdad. Lo vemos muy bien en la concepción restringida del valor del salario mínimo aplicable al sector privado; o, en el congelamiento salarial total que se ha impuesto en el sector público, aunque es inconstitucional y violatorio de Derechos Humanos.
Se exceptúan de esto, por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial del aparato estatal; así como la alta gerencia corporativa del sector privado. En ambos casos, por lo general, están ligados a, o lo sirven, a la partidocracia de la élite con los abultados salarios que se pagan en uno u otro caso.
Cuarto: La corrupción es factor común a toda la partidocracia de la élite. Los ejemplos son abundantes, por ejemplo, la corrupción que se da en el financiamiento de las campañas electorales cuatrienales. Tan grave es esto que ya es secreto a voces la presencia de dinero sucio-narco financiando candidaturas, antes y ahora. La lista de las corruptelas con fondos públicos es larguísima.
El tema es, prácticamente, inagotable. Lo más grave es que este sistema de una sola élite con múltiples partidos políticos a su servicio, está minando las bases mismas de la confianza de la gente en la propia democracia costarricense.
