El Rep. Grijalva reveló lo siguiente sobre el voto:
“Esta decisión oficial de oponerse a CAFTA es una clara declaración que nosotros, como miembros del Caucus Congresional Hispano, consideramos que la comunidad hispana merece un tratado superior a este acuerdo. El CAFTA es una extensión del modelo de NAFTA, el cual ha tenido un record terrible en más de once años.
Los defensores de CAFTA han tratado de hablar en nombre de la comunidad hispana, y no haber desistido de su estrategia de difamar a oponentes del CAFTA como “anti-hispanos”. Me da gusto que el CHC haya tomado acción para disipar estas tonterías. El “Comercio Libre”, tal como ha sido ejercido, ha dañado a Latinos en los EE.UU. y ha ampliado el hueco entre el rico y el pobre. No vamos a dejar que la Administración de Bush trate de decirnos que nos conviene”.
Aunque los Latinos representan sólo el 13 por ciento de la población, constituyen una cifra certificada de 47 por ciento de trabajadores quienes han perdido sus empleos debido al Tratado de Libre Comercio y así haber calificado para ayuda conforme al programa de Ayuda de Ajuste Comercial.
Grijalva reconoció el impacto que CAFTA tendría en inmigración, un tema de gran interés para el sur de Arizona:
“Hemos visto el impacto de NAFTA hacia la inmigración, ya que el flujo ha aumentado debido a 1.3 millones de agricultores mexicanos quienes se han visto evacuados de sus tierras debido a importaciones baratas estadounidenses. Las economías de América Central dependen aún más en la agricultura, y una réplica de la experiencia de NAFTA sería devastadora. Cuando las importaciones baratas estadounidenses empiecen a inundar, los trabajadores agrícolas Centroamericanos, aproximadamente el cincuenta por ciento de la población, tendrán que tomar empleos en las maquila o emigrar a los EE.UU.”
Grijalva también criticó fuertemente las provisiones de trabajo del CAFTA, las cuales sólo requieren que las naciones centroamericanas hagan cumplir sus leyes existentes, a pesar de que estas leyes no se conforman a los estándares de la Organización Internacional de Trabajo. La insuficiencia de asegurar los derechos básicos de trabajo ha sido notada en informes de la Organización Internacional de Trabajo y fue recientemente dirigido por documentos que el Ministerio de Asuntos Exteriores fue obligado a divulgar a petición del Congreso. La pena máxima por violaciones de trabajo es 15 millones de dólares por año, cantidad que el gobierno ofensor pagaría a sí mismo.
Grijalva agregó:
“Una ‘multa’ de trabajo que es una gota dentro del mar, y que un gobierno se paga a sí mismo, después de un proceso que excluye peticiones de ciudadanos, es completamente inadecuada. Al mismo tiempo que el CAFTA disminuye exigencias en programas regionales comerciales existentes, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el Sistema Generalizado de Preferencias requieren que naciones reesfuercen leyes de trabajo para satisfacer los estándares principales de la Organización Internacional de Trabajo.
Finalmente, este acuerdo no hará nada para proteger el rico y bio-diverso medio ambiente de América Central, mas dará instrumentos a inversionistas extranjeros para socavar las pocas protecciones del medio ambiente existentes al reclamar que sus expectativas de ganancias no fueron realizadas.
Sobre toda cuestión pertinente a nuestra comunidad, el CAFTA es un pésimo trato. Espero ansiosamente colaborar con mis colegas del Caucus Congresional Hispano para derrotar este acuerdo”.
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San José, 27 de mayo de 2005.
