¿Malos costarricenses por hacer valer el Estado de Derecho?




Escuche la entrevista a Douglas Carrillo, dirigente de la ANEP en Puntarenas
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San José, 15 de enero del 2008.

Licenciado
Marcos Leandro
Periodista
Diario Extra
Presente

Estimado señor periodista:

El día 14 de enero, en la página 2 de ese importante medio de comunicación colectiva, aparece una nota escrita por su persona, en la cual el señor ingeniero Urías Ugalde Varela, actual Presidente Ejecutivo del INCOP, hace mención a los nombres de los firmantes de esta nota, donde se nos imputa “ser malos puntarenenses”.

En razón de lo anterior acudimos a su persona y al Diario Extra, con el fin de que se nos facilite el derecho de respuesta, agradeciéndole desde ya su amable y valiosa atención al respecto.

De acuerdo a las infundadas manifestaciones del ingeniero agrónomo Urías Ugalde Varela: Exgerente General en el Proceso de Privatización de INCOP, y hoy, actual Presidente Ejecutivo de la mencionada institución, manifestamos:

1- El Dictamen C-317-2006 de la Procuraduría General de La República, del 9 de agosto del 2006, que es vinculante, fue entregado a las autoridades administrativas de INCOP, dos días antes de concluirse el proceso de privatización. Dictamen donde se indica, conforme al bloque de legalidad que priva en la administración pública, que ningún trabajador que reciba prestaciones, puede ser recontratado.

Si la administración o la autoridad del señor Urías Ugalde Varela obviaron este mandato, serán ellos los que deban responder ante la justicia.

Las acusaciones de “malos puntarenenses”, que gratuitamente nos receta el señor de comentario, resultan a todas luces una perversa y malsana intención para con nosotros y una burla al destacado periodista Marcos Leandro, a Diario Extra y, por supuesto, a los miles y miles de lectores que día a día se instruyen con este importantísimo medio de comunicación.

Lo anterior lo fundamentamos en lo siguiente:

a- Las organizaciones sociales no están facultadas o legitimadas para solicitar pronunciamientos ante la Procuraduría General de la República. Tal derecho únicamente le asiste al Estado o a la institucionalidad pública.

b- Es el propio Urías Ugalde, quien en oficio G.G.C.001264-2006, del 10 de mayo del 2006, el que hace la consulta a la Procuraduría.

c- Esta consulta es la que produce la Resolución C- 317-2006, que establece la prohibición de que trabajadores que reciben prestaciones del Estado sean recontratados inmediatamente por el mismo patrono

d- Ante el incumplimiento de la Administración y del señor Urías Ugalde con lo dispuesto en el dictamen indicado; el propio auditor del INCOP, se ve obligado a consultar, nuevamente, a la Procuraduría sobre el alcance y obligaciones del primer Dictamen. En un segundo dictamen, el C- 350-2007, del 2 de octubre de 2007, la Procuraduría confirma los términos de su primer pronunciamiento.

Como vemos, el señor Urías Ugalde, violentando la ley y los dictámenes vinculantes de la Procuraduría General de la República, procedió a recontratar a los trabajadores despedidos.

Ante el incumplimiento de las autoridades administrativas de INCOP, incluyendo al mismo Auditor General, Lic. Stevanovich Castro, nos vimos en la obligación de recurrir como ciudadanos, a la Contraloría General de La República, Fiscalía General y Procuraduría de La Ética, a presentar formal denuncia para que se investigue y se sienten las responsabilidades del caso, por el incumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Publica; ya que consideramos que ha existido conocimiento pleno de la violación del ordenamiento jurídico y del perjuicio causado al patrimonio público, por parte de los jerarcas del INCOP.

Nosotros no somos “malos puntarenenses”, mucho menos malos costarricenses. Estamos actuando apegados a los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, a la ley, y no estamos inventando, ni emitiendo criterios jurídicos infundados, como lo pretende hace creer el ingeniero agrónomo Ugalde Varela, confundiendo a los trabajadores de INCOP y a la comunidad costarricense, para ocultar su irresponsabilidad administrativa y obviar un grave problema, ocasionado bajo su administración.

La verdad es que el señor Ugalde Varela, no ha sabido administrar los fondos públicos que le encomendó el Gobierno y ante semejante irresponsabilidad, está buscando chivos expiatorios para salvar su pellejo. Por esa razón pretende endilgarnos responsabilidades y acusarnos de causar daños a las familias puntarenenses. ¡Que ironía!… Las pavas tirándole a las escopetas.

Douglas Carrillo Azofeifa.
Directivo Nacional ANEP
Ex trabajador INCOP

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