¿Qué debe contemplar la venidera “negociación” salarial para el sector Público?

El Gobierno ha convocado a las principales organizaciones sindicales con representación laboral en el seno del conglomerado trabajador del sector Público, para “negociar” el monto-porcentaje del reajuste salarial por costo de vida correspondiente al segundo semestre del 2013; definición que de un modo u otro incidirá en la calidad de vida de las 288 mil personas que trabajan para la Administración del Estado en todos sus niveles.

La ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), llevarán su propio planteamiento cuyos puntos centrales son:

El “desenganche” de la ley salarial de los profesionales en ciencias médicas del país con relación a los 22 puestos del Gobierno Central

Salarios policiales: a) Revisión del reajuste salarial extraordinario para los policías de “abajo” de la Fuerza Pública; b) el pendiente manual de puestos de la Policía Profesional de Migración; c)así como las deudas por homologación y disponibilidad en la Policía Penitenciaria.

Sacar del sótano salarial a los vigilantes de los centros educativos público que están ganando por debajo del mínimo-minimorum. Algo similar debe hacerse con los guardaparques nacionales.

La especialización técnico-profesional para el personal, básicamente femenino, de los CEN-CINAI.

Otros puestos del Estado central en condición salarial precaria: administrativos y operativos-técnicos, por ejemplo.

Para hacer verdadera justicia salarial y para empezar a atacar el crecimiento de la desigualdad vía una nueva política salarial, se necesita considerar lo siguiente para el reajuste:

Inflación vencida del primer semestre del 2013: 3.24%
Inflación proyectada al final del segundo semestre del 2013: 2.5%
Un porcentaje por crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): 0.46%

6.20%, en consecuencia, sería un reajuste por costo de vida, realmente digno y compensatorio del deterioro del poder de compra del salario de quienes laboran para el sector Público; especialmente, en los puestos más bajos de la Administración Central del Estado (Poder Ejecutivo), gran parte de los cuales son afectados por su ligamen con la ley salarial médica.

Finalmente, se hará un planteamiento para la emisión de una directriz política al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a fin de que se abra una línea de investigación estadística para, por un lado, hacer mediciones más puntuales y específicas sobre el crecimiento de la desigualdad; y, por otro, para pormenorizar sobre el problema del alto endeudamiento salarial y cómo éste carcome las economías familiares asalariadas.

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