Llamó mucho la atención un campo pagado publicado en este prestigioso Diario Extra (el más leído del país), el pasado martes 19 de noviembre de 2013, sobre el régimen de disponibilidad de los trabajadores y de las trabajadoras de lo que oficialmente se denomina la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, más conocida como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Hablamos de un espacio pagado que probablemente fue financiado con fondos provenientes de las arcas públicas asignadas a esta entidad.
Además, se podría suponer que el costo de esta publicación utilizó fondos que no fueron previstos para esos fines.
Se hace necesaria una respuesta laboral a la posición oficial de la CNE, para compartirla con usted por esta vía; toda vez que esta entidad es más que estratégica para el bienestar de toda la población del país, especialmente para sus sectores de mayor vulnerabilidad ante los embates de la naturaleza que estamos presenciando; y ante un pernicioso entorno de cambio climático que está generando enormes desastres y grandes tragedias humanas.
La prevención de los riesgos y la atención misma de las emergencias se tornan, actualmente, en cuestiones esenciales para la vida; por tanto, y tal como lo señala el titular de este comentario, nos preguntamos: ¿qué quieren hacer con la CNE?
En términos generales, el personal de la CNE es sumamente especializado, tanto técnica como profesionalmente. Incluso, desde el ámbito administrativo se despliegan una serie de funciones y de procedimientos que requieren de una particular acumulación de capacitación y de experiencia, para la mayor agilidad de gestión gerencial en los casos que ameritan de oportunísimas y más que eficaces intervenciones.
Hasta la llegada de la controversia que nos ocupa, entendíamos que la política pública del país, la decisión de la sociedad, estaba centrada en repotenciar todavía más, la función social de la CNE; en un entorno de degradación ecológica y, por tanto, de incremento en las posibilidades de mayores y más cantidad de riesgos de desastres naturales en contra de la vida humana.
Con base en esa decisión-país, quien aceptó brindar sus servicios para la CNE, en condición asalariada, también aceptó ceder, sino toda, gran parte de su vida personal y de su propia privacidad, para estar siempre expectante, siempre disponible ante cualquier eventualidad, en grado de prevención de riesgo o para la atención del mismo ya en desarrollo, en su fase de emergencia.
A cambio, la política pública decidió que ese sacrificio de vida personal, conocido en la terminología del régimen de empleo público, como Disponibilidad, tenía un valor salarial fijado en montos específicos según circunstancias ocupacionales y de intensidad en la respuesta ante la eventualidad.
El país, la sociedad, el pueblo, logró tener así a un conjunto de personas servidoras públicas de muchísima especialización, muchos de ellos y de ellas con una trayectoria de formación académica universitaria y técnica, en el ámbito de la particular naturaleza institucional de la CNE.
Ello generó un altísimo nivel de eficiencia, de eficacia y de oportunidad de respuesta en materia de emergencias y todo lo asociado a ellas.
Hemos recabado el aporte laboral desde una perspectiva sindical de toda esta problemática para compartirla con usted que nos hace el gran honor de leernos semana a semana.
Nosotros pensamos que se está cometiendo un grave error de la actual jerarquía político-institucional de la CNE; error que merece ser ventilado públicamente porque la sociedad debe saber a qué atenerse, de ahora en adelante, ante las eventualidades de los vaivenes de una naturaleza inestable que, en cualquier momento, nos puede pasar una alta factura.
Primero: Una fría decisión tecnocrática, de sesgo leguleyesco, ese que ha venido atrofiando la cosa pública llevando a extremos absurdos la “judicialización de la política”, ha determinado que los valores que se venían pagando al especializado personal de la CNE, ya no serán “x”, sino serán “y”.
Se desconoce la naturaleza de la “rigurosidad científica” y de la “excepcional metodología” que determinó que en vez 20%, ahora sea 10% y así sucesivamente. Caricaturizamos así la “magistral” decisión de política pública que determina bajar la intensidad expectante ante la inminencia del riesgo de tragedia natural del servidor público de la CNE; precisamente obligado a esa actitud expectante, de día y/o de noche, los 365 días del año.
Segundo: Es evidente la presencia de un sesgo fiscalista de reducir el monto de la planilla institucional de la CNE, modificando el decreto sobre pago de disponibilidad, acatando, muy probablemente, directrices hacendarias, a modo de ensayo de lo que vendrá: la reducción y/o eliminación del pago de disponibilidad a nivel de todo el sector Público.
No podemos dejar de fijarnos en este contexto fiscal, pese a que en algunos casos de jerarquía, les irá mejor ahora que antes en ese pago de disponibilidad.
Tercero: A nuestro juicio el otro elemento involucrado en esta discusión es más delicado todavía. Pensamos que es el inicio del cambio del carácter histórico-estratégico de la prestación de servicios por parte de la CNE, pasando de una intervención directa a una de corte “asesor”, asistencialista, de “segundo piso”.
Cuarto: Otra circunstancia no menos delicada que las anteriores, es la certificación, la constatación, la comprobación una vez más, de que nuestra clase tradicional gobernante y sus cuadros jerárquico-tecnocráticos, siguen potenciando la ingobernabilidad; en este caso, al deshonrar lo que se firma, al actuar con doble discurso y al accionar político en doble vía.
La legítima representación laboral de la CNE, constituida precisamente por servidores públicos y servidoras públicas de la misma con suficiente conocimiento de los desafíos institucionales, dada su larga trayectoria y su aquilato bagaje en esto de la prevención de los riesgos y la atención de emergencias; creyó que la vía del diálogo y de la negociación constituían el camino más acorde para enfrentar, de manera compartida, la actualización de la naturaleza de las responsabilidades de servicio público de la CNE en estos tiempos de cambio climático y de deterioro ecológico; siendo el tema de la disponibilidad tan sólo un punto de una agenda integral.
La sorpresa laboral fue constatar que, prácticamente, al mismo tiempo que se abría un espacio bipartito al respecto con la venia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en otro lado del mismo Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Presidencia, se daba el zarpazo fiscalista, reduccionista, oficinesco, improvisado y aventurero de iniciar el cambio de rumbo de la CNE hacia la atención y prevención de los riesgos por intermedio de un “segundo piso”, indirectamente; trasladándose la histórica responsabilidad de la política pública en esta materia a las propias comunidades, para abaratar costos de operación institucional de la CNE. Avisados quedamos que este conflicto laboral está en desarrollo.
