Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Cuando la gente trabajadora asalariada de todos los niveles, tanto la que labora para el sector público como las que lo hacen para el privado, empieza a percatarse de la realidad y de la profundidad de la agresión económico-financiera que significa la ley del combo fiscal, No. 9635, se agiganta el valor de la lucha sindical y social del año pasado en contra de esta legislación.
Quienes no creyeron, empiezan a creer; quienes creyeron desde un inicio y lucharon, acrecientan su autoridad moral para reclamar. Y, colectivamente, unos y otros, se percatan de la naturaleza de clase del presente Gobierno Alvarado-Piza, cuya gestión no es a favor de las mayorías.
Cuando hablamos de la naturaleza de clase de la presente Administración gubernativa, lo que queremos indicar es que esta vuelca todos sus esfuerzos en propiciar medidas de política pública a favor de los mega-negocios; a favor de mantener y reforzar el actual statu quo de concentración de la riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de precariedad salarial, de reversión de derechos laborales, de conducta antisindical; de procesos de negociación que resultan falsos, espurios y manipuladores con las organizaciones legítimas de la clase trabajadora: los sindicatos; aunque -dolorosamente- algunos, en función de una desesperada legitimación procedente desde arriba, aceptan el juego.
Adicionalmente, si hay un ámbito en el cual la desnudez de clase de la presente Administración se aprecia en toda su dimensión, es el tributario-fiscal.
Creíamos que, en este sentido, todo lo habíamos visto y escuchado en tal sentido. ¡No era así!
El mismísimo Director General de Aduanas, figura hegemónicamente dominante dentro del conglomerado que maneja la política hacendario-tributaria del país, se rajó de lo lindo y sin asco, sin pizca de pena, sin asomo de dignidad, sin mayor emoción que el frío relato, para venirnos a decir que se “desaparecieron” 13 mil contenedores y que nadie sabe adónde se encuentran.
¡Y aquí no pasa nada! Como no está pasando nada con las listas que, forzosamente, han salido a la luz pública acerca de las grandes firmas corporativas que no declaran ganancias, que declaran pérdidas; como no pasa nada con relación a los enormes consorcios empresariales territoriales con comportamientos tributarios fraudulentos; como tampoco pasa nada con las 96 mega-entidades de negocios privados que le adeudan al fisco unos 560 mil millones de colones; con la postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas; con los 28 proyectos de ley en línea con la transparencia y la justicia fiscal-tributaria que no avanzan en trámite parlamentario; etc., etc., etc.
Es definitivo que, sino todos, gran parte de los 13 mil contenedores “desaparecidos”, pertenecen al gremio corporativo que hemos dado en denominar “empresaurio”; cuyos tentáculos de poder en el seno de la actual gestión ejecutiva (y la parlamentaria también), resultan impresionantes.
Tengamos presente que por esta categoría de “empresaurio”, entendemos al empresario evasor de impuestos, declarante de cero ganancias y solo pérdidas; con redes de poder corruptas de alto nivel gubernativo; buscador de amnistías tributarias al amparo de políticos de indescriptible caracterización. Rabiosamente antisindical.
Como sociedad estamos ya pisando arenas movedizas que puedan hundirnos de manera definitiva.
Todas las modalidades de fraude fiscal-tributario, entre ellas esta “novedosa” de “desaparición” de contenedores, sigue aumentando la magnitud la cuantía del robo de impuestos; por un lado; y, por otro, también aumenta peligrosamente el endeudamiento público, el pago de los intereses de la deuda, la carga de la misma sobre el presupuesto de la República.
Ambos factores se coluden para el perjuicio de la mayoría, con la connivencia de los detentadores reales de poder (los “empresaurios”), servidos por el funcionariado político-tecnócrata ubicado en zonas de confort para el servicio de ese contenido de clase de la presente administración gubernativa.
Para fortuna de la Democracia, cada día crece el sentimiento cívico de que este estado de cosas puede ser transformado radicalmente.
