Nuevamente, debemos hacer referencia pública a las enormes preocupaciones que en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), tenemos con relación a la disposición de los recursos del denominado “Préstamo para el Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Reinserción Social”; préstamo comúnmente referenciado como para construcciones carcelarias y otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), No. 2526/OC-CR.
Estamos en presencia de un proceso de instauración de una especie de “planillas paralelas”, producto de onerosas contrataciones de consultores que se ejecutan por parte de la Unidad Ejecutora del Préstamo, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.
En el marco de la llegada de la nueva Ministra de Justicia y Paz, la distinguida señora Cecilia Sánchez Romero, la ANEP desea solicitarle, públicamente y por esta vía, un abordaje crítico e integral de lo que viene sucediendo en la indicada Unidad Ejecutora de ese préstamo; toda vez que:
PRIMERO: La misma está compuesta por 29 funcionarios públicos contratados específicamente para la ejecución de ese empréstito, mismo que anda por los 130 millones de dólares, aproximadamente. Además, hay tres funcionarios más que responden, jerárquica y administrativamente, de manera directa al Ministerio de Justicia y Paz, a quienes se les ha dado el rango de gerentes técnicos.
SEGUNDO: A pesar de la existencia de este equipo profesional de servidores públicos, se ha estado realizando una serie de contrataciones de consultores que, en nuestra perspectiva, debe encender señales de alarma en materia de control de gasto público (dicho préstamo lo pagará el pueblo costarricense): biólogos, abogados, psicólogos, arquitectos; ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos; geólogos, geógrafos, estadísticos, politólogos y arqueólogos…
TERCERO: A marzo de 2015, todas estas consultorías y asesorías técnicas han implicado la erogación de unos 3 millones de dólares: ¡Unos 1.500 millones de colones! Sin embargo, el avance físico de las obras que presupone tal préstamo, estaría llegando, apenas, al 7 %.
Tal circunstancia genera enorme preocupación, toda vez que la misma corre el riesgo de “institucionalizarse” burocráticamente hablando en el seno de la mencionada Unidad Ejecutora; si se logra consolidar la emisión de un “Reglamento Operativo para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social”, decisión que la ANEP estima improcedente para lo cual, repetimos, llamamos la atención de la nueva jerarca ministerial de la cartera de Justicia y Paz, por esta vía.
El indicado reglamento no puede ser emitido desde la perspectiva del muy cuestionado sistema de las “planillas paralelas” en el sector Público, vía este tipo de consultorías. En el caso que nos ocupa, la Unidad Ejecutora de este empréstito, ha provocado que:
Caso a): La “Especialista en Infraestructura” pagada por el Ministerio de Justicia y Paz, recibe como salario promedio 1 millón 316.750 colones (salario base más dedicación exclusiva). Por el contrario, a quien decidieron nombrar como “Consultor General para Infraestructura”, se le paga un promedio mensual de 8 mil dólares: poco más de 4 millones de colones.
Caso b): El “Especialista en Adquisiciones”, pagado por el Ministerio de Justicia y Paz, recibe como salario promedio, 1 millón 316.750 colones (salario base más dedicación exclusiva); sin embargo, se contrata a un “Especialista Senior del Área de Adquisiciones”, como consultor, con un salario promedio mensual de 4.500.oo dólares: unos 2 millones 300 mil colones.
Caso c): La labor de asistencia secretarial según la escala de sueldos del Ministerio de Justicia y Paz, devenga unos 318.350 colones por mes; sin embargo, una función idéntica por este sistema de consultorías, está siendo retribuida con dineros de ese empréstito con un promedio mensual de 2 mil 500 dólares: 1 millón 250 mil colones.
De seguir esta situación, se estarían erogando (además de los 3 millones de dólares ya erogados por este tipo de consultorías y asesorías técnicas), unos 600 mil dólares adicionales, por año, de dicho empréstito, solamente para sostener esta especie de “planillas paralelas”.
Adicionalmente, este “paralelismo gestor” lleva implícitos graves problemas (aparte del dispendioso sistema de retribuciones por consultorías), que tienen que ver con la cuestión legal; toda vez que las responsabilidades de empleo público que contiene dicha Unidad Ejecutora, colisionan con las de quienes ejercen consultorías; pues éstas, en principio, estarían al margen de los controles de transparencia que exige el manejo de fondos públicos.
La esencia de nuestra preocupación central es que el funcionamiento de la Unidad Ejecutora de ese empréstito, es como si fuese una especie de “república independiente” dentro del Ministerio de Justicia y Paz.
Se debe pasar a un directo manejo controlado de la disposición de los recursos públicos de tal préstamo, pues, como lo indicamos en ocasión anterior, tanta cantidad de dinero es manejada por una única persona. Debe ser la propia jerarca ministerial quien asuma tan delicada responsabilidad.
Es por ello que, reiteramos, hacemos un llamado público por esta vía a la nueva Ministra de Justicia y Paz, la distinguida señora Cecilia Sánchez Romero, para que considere esta denuncia que desde ANEP hemos venido formulando; a la vez, nos otorgue una cita para ampliar sobre el particular.
