Si hay un ámbito que nos refleja el estrepitoso fracaso de las políticas neoliberales, aparte del fiscal-tributario, es el del empleo.
Si nos atenemos a lo dictado en el artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica, cada costarricense que está sin empleo en este mismo momento, es víctima de una violación a sus derechos constitucionales, pues en nuestra carta magna el indicado artículo establece, en su parte medular, lo siguiente:
“Artículo 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”.
Adicionalmente, la Constitución previó que no se debería abandonar a su suerte a las personas trabajadoras desempleadas dado que su artículo 72 ordenó lo siguiente:
“El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo”.
Para empezar a revertir el fracaso neoliberal en materia de generación de empleo, redimensionando para las condiciones actuales del país la obligación constitucional del Estado al respecto, es imperioso resaltar la naturaleza del papel de una política pública estratégica al respecto, expresada en el marco de legalidad que le corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para asumir ese necesario reto; enfocándonos en el rol que se espera de su Dirección Nacional de Empleo.
Desde el año 1955, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, No. 1860, se estableció la Oficina de Empleo, “…con el fin de establecer una política nacional en ese sentido, incluyendo colocaciones y formación profesional”.
Además: “Asegurar, hasta donde sea posible, una mejor distribución de la mano de obra, encauzando a los trabajadores hacia los empleos disponibles dentro de las ocupaciones de su escogencia”.
Entonces tenemos que esa Oficina de Empleo (luego Dirección Nacional de Empleo), tuvo desde sus orígenes una misión estratégica, misma que se revitalizó cuando se estableció el Sistema Nacional de Intermediación de Empleo y su implementación operativa expresada en el Consejo Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, en el año 2008.
Este Consejo, al cual se le dio una Secretaría Técnica, de la cual forma parte el propio MTSS, es el órgano rector de toda política pública nacional en materia de empleo.
Obvio es, en consecuencia, que la cabeza política, el titular de esa cartera ministerial, no solamente debe gestionar todo lo concerniente al empleo, sino la persona a la cual hay que demandarle cuentas de manera directa.
El rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por tanto, debe potenciarse en grado sumo ahora que la cuestión del desempleo es un problema nacional de primerísimo orden.
No puede el país ponerse a generar “experimentos” de gestión al respecto, cuando la legislación no solamente es contundente en lo que atañe al organismo interventor en toda la cuestión del empleo; sino, lo que corresponde es ponerse a activar, operativamente, las estipulaciones de ley y no, repetimos, impulsar “juegos de laboratorio político”, porque la familia de la persona trabajadora desempleada lo que ocupa es asegurar su sustento vital mínimo y decente ya.
Entendemos que dentro de la política pública que tiene que ver con el trabajo y con el empleo, la sectorialización debe articular al propio MTSS con dos entidades fundamentales y necesarias para la promoción de ocupaciones dignas y decentes para el pueblo trabajador: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
En este último caso, el del Infocoop, es válido precisar que la recuperación de su independencia política y el cese de la ilegal intervención que le afecta, puede posibilitar mejores resultados de articulación interinstitucional para atender el flagelo social del desempleo.
Como lo venimos apuntando, el marco legal está dado y no admite dudas, en esto de la política pública promotora de empleo: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en general; y, en lo específico, su Dirección Nacional de Empleo, debe dar la cara ante la sociedad.
Al respecto, una orientación política clara desde las esferas del ejercicio del real poder, en materia de convertir el tema del empleo en asunto-país, debe exigirle al MTSS su encuentro con la sociedad civil organizada, en cuyo seno existen planteamientos integrales sobre el empleo y el trabajo como fundamentos vitales de atajar el crecimiento de la exclusión y de la desigualdad sociales.
Ahora que lo de Limón estalla en la cara con todo su dramatismo social, la inyección real de potenciación de lo que pueda hacer el Ministerio de Trabajo y su ámbito de promoción del empleo, no da espacio en lo más mínimo para “competencias de rectoría”, que dilaten el sufrimiento que genera estar sin trabajo.
Debemos exigirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social que ejerza su rol de rectoría en este campo del empleo.
Hay que fortalecer lo que se tiene, institucionalmente hablando y que cuenta con fuerte contenido jurídico. Una política de empleo con sentido integrador y social es lo que se ocupa en estos momentos; no una de alcance corto y corporativo que no expresa una visión de conjunto sino uno gremial y reducida.
