La expoliación presidencial de Japdeva

Expoliación: acción y resultado de expoliar. Expoliar: acción y efecto de quitar a una persona algo de su pertenencia de manera violenta e injusta. Quitar una cosa a una persona injustamente.

No encontramos otro concepto para calificar lo que está ocurriendo en Limón, con ocasión de la entrada en vigencia del leonino contrato de concesión de la operación portuaria de contenedores, cuando se suponía que esta sería con participación de la histórica Japdeva, con el cuento ese de la competencia.

Parece que no es así y lo que está ocurriendo es el surgimiento de un monopolio privado que, según los especialistas portuarios, contraviene el cuestionado y controversial contrato. Según este, a la transnacional le tocaba el manejo de los grandes contenedores (fully celular container), la “carnita”; mientras que la empresa pública atendería “lo sobrante”.

Impresiona constatar que, aparentemente, la decisión de darle el manejo monopólico de toda la operación portuaria limonense no estaría siendo impulsada por el propio concesionario transnacional; sino que es el mismo Gobierno de la República, la Casa Presidencial  y el MOPT los que estarían siendo más papistas que el Papa, según se desprende de la lectura y del análisis que hicimos de acuerdo del Consejo de Administración de Japdeva, fechado 8 de marzo en curso (SG-134-2019), en comunicación directa que le dirigen a Carlos Alvarado Quesada, en su condición de Presidente de la República.

Si esto es así, si APM está diciendo que no lo quiere todo, pero es el mismo Gobierno el que se lo da, entonces cabe aquí aplicar el concepto de expoliación porque le quitarán lo poco que le queda a Japdeva; y, por tanto, como es el propio Alvarado el que dijo que la posición del MOPT al respecto, él la apoya, entonces no queda más que hablar de expoliación presidencial de Japdeva.

La valiente posición del Consejo de Administración de esta entidad, de su Presidencia Ejecutiva, de su legítima organización sindical Sintrajap, encuentra fuerte asidero jurídico, al momento en que se da la unidad institucional, misma que, como un todo conjuntado de esfuerzos diversos, decide enfrentar el expolio presidencial que le quieren aplicar.

El prestigioso jurista y especialista en Derecho Constitucional, el distinguido ciudadano don José Miguel Villalobos Umaña, nos indica: “El MOPT no tiene competencia jurídica para dar órdenes a Japdeva. La potestad de dirección del Poder Ejecutivo sobre las instituciones autónomas no incluye la de ordenar los actos específicos de ellas y pretender hacerlo podría configurar un delito de prevaricato”. Continúa don José Miguel: “Y la situación es aún más grave cuando el ministerio interpreta el contrato con APM en favor de la empresa privada y en claro detrimento de los intereses públicos”.

Ahora nos queda más claro que es correcto emplear la expresión de expoliación presidencial de Japdeva.

Este episodio de la expoliación presidencial de Japdeva que está ocurriendo en estos momentos, es la parte presuntamente culminante, de una serie de acontecimientos del proceso de confrontación ideológica entre las fuerzas cívico-populares y patrióticas a favor de Japdeva y del pueblo de Limón; con los sectores neoliberales hegemónicamente dominantes en las sucesivas administraciones gubernativas Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y la actual, Alvarado Quesada, más propiamente Alvarado Piza.

Uno de esos episodios más abominables fue la intromisión del entonces presidente Óscar Arias Sánchez, en los asuntos internos de Sintrajap, cuando intentó imponer una papeleta sindical afín a los intereses de la transnacional que pujaba por la concesión.

Otro deplorable episodio fue la promesa de campaña electoral del entonces candidato presidencial Luis Guillermo Solís Rivera de que, si ganaba las elecciones, revisaría el contrato con APM Terminals pues lo consideraba leonino. Ganó las elecciones del 2014 y ya sabemos que deshonró su palabra.

Se nos dice que la transnacional APM invirtió mil millones de dólares para que le dieran la operación portuaria de Limón en condición monopólica, prácticamente. Esa concesión fue una decisión de negocios de profundo contenido ideológico, bajo el axioma neoliberal de “Todo mercado-nada Estado”.

¿Por qué afirmamos esto? Pues el sistema financiero-bancario del país, mezclando el público con el privado, tiene depósitos de dinero de más de 20 veces esa suma; es decir, Japdeva pudo haber sido ultra-modernizada para una operación total de los fully celular container, a partir de una inversión netamente nacional.

Limón merece mejor suerte. Limón tiene un extraordinario potencial para la inclusión social y para la reducción de las desigualdades. Japdeva no merece la expoliación presidencial de que es víctima, acción gubernativa esta que podría ser penalmente censurable como prevaricato, según la prestigiada fuente jurídica que citamos líneas arriba.

Limón, el pulmón económico de Costa Rica, pues por sus vías transita el 80% del comercio internacional del país, en realidad hace bastante tiempo sufre un proceso de expoliación sostenido y sistemático.

Lo de Japdeva pareciera ser la gota que derrama el vaso de la estoica paciencia limonense. Las fuerzas vivas de la comunidad caribeña están destinadas a una comprensión cabal del poder que les da la fuerza de tener la razón, ante tanta exclusión, burlas, engaños, tropelías… y expoliaciones.

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