El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), da una nueva muestra contundente de haber renegado de su supuesta filosofía socialcristiana (si es que alguna vez la tuvo en serio), con la posición que está asumiendo para combatir las sanas tesis y necesarias transformaciones legales que se están planteando en contra del fraude fiscal, en contra del robo de impuestos.
Las declaraciones de su diputada Rosibel Ramos Madrigal, Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, no nos dejan lugar a dudas: los ladrones de impuestos pueden estar tranquilos: el PUSC les defenderá y ella, en particular, se encargará de ejercer como “capataz político” al servicio de los defraudadores fiscales.
Tampoco sorprende que sea la oligarquía mediática, esa que tiene expediente de evasión de impuestos, la que promueva la pérfida causa de obstaculizar que se materialicen las transformaciones jurídico-legales necesarias que potencien el poder administrativo de la política tributaria para enfrentar la magnitud del robo, de la evasión y de la elusión de impuestos que ya supera el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Las iniciativas de ley del Poder Ejecutivo para controlar el gigantesco y criminal robo de impuestos merecen el más grande apoyo de quienes, precisamente, los pagan drástica y puntualmente: la clase trabajadora en todas clasificaciones. Ésta paga el impuesto sobre las ventas al momento mismo de la compra en la caja registradora; y si gana salario como para declarar renta, ésta se le rebaja de planilla de manera puntualísima.
Las primeras revisiones que hemos efectuado de las iniciativas del Gobierno contra el robo de impuestos, como su proyecto de “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”, nos indican que no lleva razón los servicios técnicos parlamentarios en su pronunciamiento que potencia la impunidad en el robo de impuestos. ¡Buen servicio se le hace al capital ladrón de impuestos y al empresariado evasor con tal posición!
Por el contrario, la extraordinaria oportunidad que en días pasados tuviéramos al reunirnos en nuestra propia sede con los calificados expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nos indican que los proyectos de ley del Poder Ejecutivo en la materia están, técnica y sólidamente, en la línea correcta. La delegación del BID que nos visitó fue clara en cuanto a su señalamiento de que Costa Rica tiene el peor sistema tributario de la América Latina.
Que el impuesto de ventas que paga la clase trabajadora se lo deje el empresariado comerciante inescrupuloso, debe sancionarse fuertemente y hay que aplaudir que se presenten proyectos de ley para sancionar duramente este robo a la sociedad.
Lamentablemente, el PUSC y la diputada Ramos Madrigal ya nos anuncian que su lealtad no es con el pueblo trabajador, sino con los ladrones y los evasores de impuestos.
Por eso es más que urgente una firme posición de las organizaciones sindicales y sociales que desde distintas perspectivas abogamos por una sociedad más inclusiva y solidaria, en la cual el bien común se convierta en el eje central de toda política pública, para que se den drásticas leyes contra el robo de impuestos, como se castiga en los Estados Unidos, por ejemplo.
Por eso es que debemos promover contra el PUSC, contra la diputada indicada y contra todos los agentes del capital ladrón de impuestos infiltrados en el parlamento costarricense, la más decidida acción cívica y patriótica, con el ejercicio de la Democracia de la Calle, para frenar la catastrófica situación de crimen social que significa la evasión tributaria en todas sus manifestaciones.
Particularmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones profesionales, gremiales y sindicales que aglutinan a la gran diversidad de sectores laborales de la Administración Pública para que abracen la causa de combate legal al fraude fiscal, como su agenda estratégica de lucha social en los actuales momentos.
Es el robo de impuestos en todas sus manifestaciones el gran culpable del déficit fiscal. No son los salarios que paga el Estado a su personal.
La perversa posición del PUSC y su diputada Ramos Madrigal se mezclará con las irracionales tesis neoliberales que su partido y que ella en lo particular defienden, del recorte presupuestario irracional y de la austeridad en el gasto social llevada al extremismo. De triunfar en ello, la parálisis institucional para el 2016 será dolorosamente dramática y harán emerger la imperiosa necesidad de la movilización social en todas sus dimensiones.
En el caso de la corriente social representada por el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, ya decidimos que el combate al robo de impuestos y por la más fuerte legislación contra el fraude fiscal, sean ejes estratégicos de nuestra agenda de lucha y de apelación a la movilización sobre, social y ciudadana bajo el ejercicio cívico de la Democracia de la Calle.
Si el PUSC y su diputada Ramos Madrigal no quieren entender el señalamiento contundente que el pueblo, legítimamente, dio con sus decisiones electorales del 2014, habrá que recordárselos en la calle.
Si las urnas hablaron y esta gente y la oligarquía mediática que les protege pretenden desconocer el pronunciamiento de las mismas, habrá que, repetimos, indicárselos con toda la potencia cívica que mostró, por ejemplo las gestas patrióticas del Combo ICE y del NO al TLC. Es este nuestro más grande sueño y reto del momento.