¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Una de las tareas cívicas de mayor postergación y que más urgen en materia de transparencia de la gestión institucional y de manejo de los recursos públicos, tiene que ver con la multimillonaria suma de dinero que, anualmente, se destinan vía el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para construcción y manteniendo vial.
La magnitud de este dineral, cerca de 3 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡por año!, no ha emergido con potencia en el marco de la discusión del problema fiscal del país.
Con toda seguridad, debido al mega-poder que representan las cuatro-cinco corporaciones privadas que, actuando como oligopolio, tienen un desproporcionado poder de incidencia política que el pueblo costarricense ni se imagina.
Demasiadas son las situaciones en este campo que, repetimos, en su monumentalidad fiscal, siguen siendo invisibilizadas, con evidente intencionalidad política de por medio.
¡Cómo nos viene a decir ahora que hay que pagar 4 millones de dólares para el mantenimiento y la vigilancia a la parte que ya está construida de la carretera a San Carlos en su tramo central! Parte que, por cierto, estaría mal construida o que no sirvió del todo.
Esa parte es de 30 kilómetros en total. Entonces, atenderlos cuesta 133.333.333 dólares por kilómetro, lo que equivale en colones, a 78 millones 666.666 colones; o, de otra forma, a 78 mil 666 colones por metro. ¿Es esto caro? ¿Qué dicen los especialistas?
Según nos informamos, esos 30 km., median entre los pueblos de La Abundancia de Ciudad Quesada y Sifón de San Ramón, cuya construcción demandó 300 millones de dólares, es decir, 177 mil millones de colones (177.000.000.000). ¡Por Dios Santo!
Prácticamente, estamos hablando de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), 0.50%, en tan sólo 30 kilómetros.
Cada uno de esos 30 kilómetros costó, entonces, 5.900 millones de colones; y, cada metro construido, entonces, costo 5 millones 900 mil colones. ¿No creen ustedes que esto merecería un proceso de auditoraje político-público con urgencia?
¡Aquí no termina todo! Todo ese montón de plata “no alcanzó”. Según el Gobierno apenas se construyó el 80 por ciento de esos 30 kilómetros. O sea, estarían faltando 60 millones de dólares, es decir, unos 35 mil 400 millones de colones más. ¿Hay o no hay razón para pegar el grito al cielo? Algo se habría construido mal, repetimos y según nos cuentan. ¿Y los responsables?…
Ahora resulta que todo esto no es suficiente. Según dice el MOPT, el proyecto es llevar la carretera desde Sifón de San Ramón hasta San Miguel de Naranjo y, ¿adivinen qué? Que se requieren OTROS 300 MILLONES DE DÓLARES. Lo hemos puesto en letras mayúsculas procurando resaltar la magnitud de los dineros públicos en juego. ¡Quedamos, sinceramente, atónitos!
Otros 300 millones de dólares, haría que la inversión en esta obra pública vial ascendiera a un 1% del PIB, adicionándose unos 15 kilómetros más para alcanzar el punto final de destino, San Miguel de Naranjo. Hablamos que, de manera equivalente, esta obra representaría un 0.83% de todos los dineros que pretende recoger el combo-fiscal, ya ley de la República, No. 9635.
¿Quién se opone al progreso? ¡Nadie! Menos nosotros, sabiendo que de por medio en este tipo de construcciones de infraestructura pública media empleo. Sin embargo, somos del criterio de que estos procesos merecen gran auscultación pública.
Los fondos manejados por el Conavi a lo largo de los últimos tiempos, los poderosísimos intereses mega-corporativos relacionados con ellos y la necesaria función auditora real que se requiere, es parte de un todo integral de la discusión nacional del tema del déficit fiscal; misma que no se ha dado y que ocupa de un potenciamiento político del poder popular que sabemos que existe, pero que no está materializado ante la ausencia de conciencia plena de las personas responsables en cada faceta organizativo-política en la cual el mismo está latente.
Este escandaloso desastre vial multimillonario es una pequeña muestra de esa gigantesca parte del problema fiscal del país a la cual no se le quiere entrar pues, precisamente, ha de dejar en evidencia la naturaleza del perverso crimen social que ha significado la intensa y maléfica campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que ha representado el ataque virulento y descomunal contra el empleo público.
